William de Jesús Heredia Herrera

Expediente 403/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 10 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
403/2023
Año
2023
Actuaciones
10
Última actuación
28/06/2023

Partes del expediente

  • William de Jesús Heredia Herrera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiocho de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guarda el presente asunto, se aprecia que mediante proveído de veinte de junio de dos mil veintitrés, se dio vista a la parte quejosa con lo informado por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, en dicho auto se le apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. Siendo que la notificación del acuerdo de mérito se realizó al quejoso el veintiuno de junio de dos mil veintitrés, sin que a la fecha hubiesen realizado manifestación alguna. En consecuencia, al haber transcurrido el término de tres días hábiles que les fue otorgado para tal efecto, este órgano de control constitucional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por las autoridades responsables, el fallo protector se encuentra o no cumplido en su totalidad. Cobra aplicación al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). ANTECEDENTES En sentencia firmada el veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, se concedió al quejoso********************, el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos que reclamó del Secretario de Seguridad Pública del Estado, para lo siguiente: "[.] deje sin efectos el acta de sanción administrativa (orden de arresto) de doce de marzo de dos mil veintitrés, emitida en contra del directo quejoso. La cual se hace extensiva a la resolución de trece de marzo de dos mil veintitrés, en la que se determinó que al quejoso le quedan dieciséis horas con cincuenta y cinco minutos por compurgar, derivadas del arresto administrativo del que fue objeto; en virtud de que como se puso de manifiesto, la orden de arresto de la cual surgió esa determinación resultó ilegal". Posteriormente, por auto de quince de junio de dos mil veintitrés, se tuvo por ejecutoriada la sentencia concesora del amparo y se requirió su cumplimiento a la responsable. Con la finalidad de cumplir con el fallo protector, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, informó y acreditó que mediante acuerdo de diecinueve de junio de esta anualidad, se dejó sin efectos la orden de arresto administrativo decretada en contra de********************, quedando insubsistentes las horas pendientes por compurgar (promoción 9983). ANÁLISIS Luego, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, se advierte que la autoridad responsable se ajustó a los lineamientos fijados en la ejecutoria pronunciada, pues así se desprende de las constancias remitidas, ya que atendió cabalmente a los efectos amparadores que le fueron señalados como directrices bajo las que debía ceñir su actuación; lo cual, se reitera, atendió en forma correcta. DETERMINACIÓN En ese sentido, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. ARCHIVO Previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, ello con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo. DEPURACION Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17, fracción III, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diez de mayo de dos mil veintitrés, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es CONSERVABLE, al ser un juicio de amparo negado. Asimismo, carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del citado Acuerdo General. DATOS ADMINISTRATIVOS: Fecha de requerimiento de cumplimiento: quince de junio de dos mil veintitrés. Fecha en que se recepcionó el oficio de cumplimiento: diecinueve de junio de dos mil veintitrés. Fecha del acuerdo en que se dio vista a la parte quejosa del cumplimiento: veinte de junio de dos mil veintitrés. Fecha de la notificación de la vista de cumplimiento: veintiuno de junio de dos mil veintitrés. Por último, hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veinte de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan estos autos, se acuerda: agréguese para los efectos legales correspondientes, el oficio de cuenta de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad; que remite en relación con el cumplimiento de la sentencia pronunciada en este juicio. En tal virtud, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, por el término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la legal notificación de este acuerdo, para que manifieste lo que a su derecho convenga, respecto de lo informado por la autoridad responsable en cumplimiento a lo ordenado en la sentencia constitucional. Apercibida que de no hacerlo dentro del plazo que para tal fin se le confiere, este Juzgado Federal resolverá lo conducente sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, con base en los elementos que obren en este expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, quince de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada en este juicio el veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que en su primer y segundo puntos resolutivos, se SOBRESEYÓ en el presente asunto, y en el tercero, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, prevéngase al Secretario de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad; para que cumpla con la ejecutoria de mérito, respetando el derecho fundamental violado, cumpliendo con lo que el mismo exige, como lo dispone el artículo 77, fracción II, del propio ordenamiento legal, lo que deberán informar a este Juzgado dentro del plazo de tres días. Apercibido que de no hacerlo así sin causa justificada, con apoyo en el numeral 258 de la ley de la materia, se le impondrá en lo individual, multa de Cien Unidades de Medida y Actualización, conforme al párrafo sexto, del Apartado B, del Artículo 26 de la Constitución Federal, que equivale a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, con cero centavos, moneda nacional), y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Visto para resolver el juicio de amparo número 403/2023-VII-A, promovido por ********************, a favor de ********************, contra los actos que reclama del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y otra autoridad. A N T E C E D E N T E S PRIMERO. Recepción de la demanda. Mediante escrito presentado el doce de marzo de dos mil veintitrés, ******************** solicitó a favor del directo quejoso ********************, el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclama del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán y Fiscal General del Estado, ambos con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Suspensión de plano. El doce de marzo de esta anualidad, en atención a la naturaleza de los actos reclamados, se decretó la suspensión de oficio y de plano, ordenándose prevenir al directo quejoso para que en el acto de la notificación o dentro del término de tres días, ratificara la demanda promovida a su favor, para lo cual se comisionó a uno de los actuarios adscritos a este juzgado. TERCERO. Ratificación y admisión de la demanda. Posteriormente, mediante proveído de trece de marzo de dos mil veintitrés, se tuvo por ratificada y se admitió a trámite la demanda, la que previamente quedó registrada con el número 403/2023-VII-A; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde. CUARTO. Ampliación de la demanda. Posteriormente, mediante proveído de veintiséis de abril de dos mil veintitrés, se tuvo por ampliada la demanda de amparo, teniendo como nuevo acto reclamado del Secretario de Seguridad Pública del Estado, las horas restantes por compurgar del arresto administrativo impuesto al aquí quejoso, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; asimismo, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A C I O N E S PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48, en relación con el 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa; lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, como de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, se tiene que la parte quejosa reclama: La incomunicación, detención y/o retención, golpes y tortura al directo quejoso. El arresto administrativo impuesto por el Secretario de Seguridad Pública del Estado. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Fiscal General del Estado (promoción 4447) y Secretario de Seguridad Pública del Estado, ambos con sede en esta ciudad, (promoción 5006), este último únicamente en cuanto a la incomunicación golpes y tortura que se le atribuye. Lo anterior, toda vez que al rendir su correspondiente informe justificado, negaron categóricamente la existencia de dichos actos; sin que la parte quejosa aportara prueba alguna que desvirtuara dicha negativa. En tales condiciones, ante las negativas expresadas por las autoridades responsables, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, en relación a los aludidos actos y autoridades, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y por identidad de criterio la jurisprudencia 310, que textualmente dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan ésta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto consistente en la detención y/o retención reclamado al Secretario Seguridad Pública del Estado y con sede en esta ciudad, (promoción 5006), pues así lo manifestó el Director Jurídico al rendir el correspondiente informe justificado. Es aplicable la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." QUINTO. Análisis de las causales de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, se deben analizar las causas de improcedencia propuestas por las partes o de oficio por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo tal y como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, por cuanto hace al acto reclamado consistente en la detención y/o retención, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con registro 917637, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página doscientos diez, del tomo VII, febrero de 1998, materia común, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196820, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En el caso concreto, de las constancias que anexó el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a su informe justificado, a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo previsto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se advierte que el día trece de marzo de dos mil veintitrés, el Comandante de Cuartel en turno de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado puso en libertad inmediata al directo quejoso ********************, según se desprende del acta de calificación y salida emitida en esa propia fecha. De lo anterior, se advierte que indudablemente cesaron los efectos del acto reclamado, pues al momento en que se resuelve este juicio de amparo, las cosas se encuentran como si ya se hubiera concedido al impetrante del amparo la protección de la Justicia Federal que pretendía por este conducto. Ante ello resulta evidente que ha desaparecido la violación de que se trata, restituyendo de esa forma al peticionario en el pleno goce de los derechos humanos que estimó violados, como si se hubiera otorgado a su favor la protección constitucional con los efectos a que alude el artículo 77, fracción I, de la propia ley. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 197367, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, por cuanto hace al referido acto reclamado, con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley. SEXTO. Inexistencia de diversa causa de improcedencia. En el caso a estudio, por cuanto hace al diverso acto reclamado consistente en la orden de arresto, no se advierte la actualización de alguna otra causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la ley de la materia, por lo que procede efectuar el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa los que se tienen aquí por reproducidos, toda vez que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción. Al respecto, tiene aplicación la Jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SÉPTIMO. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado consistente en la resolución de doce de marzo de dos mil veintitrés, por la que impone en contra del quejoso el arresto por veinticuatro horas. En principio, debe decirse que el quejoso combate el arresto administrativo por veinticuatro horas impuesto como sanción mediante resolución de fecha doce de marzo de dos mil veintitrés, porque refiere esencialmente que se viola en su perjuicio el derecho de audiencia previa a dicho acto privativo. Esto es, que no se le respetó el derecho de audiencia previa, contenido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al imponerle la responsable una sanción administrativa consistente en el arresto por veinticuatro horas. Es fundado el concepto de violación. Lo anterior, es así, pues del análisis de la resolución combatida, se advierte que en efecto, la autoridad responsable no observó en sus términos el derecho fundamental de audiencia previo al arresto administrativo decretado en contra del quejoso como sanción por conducir bajo el influjo del alcohol. Al tratarse dicha medida de un acto privativo debe regirse bajo la óptica del derecho fundamental de legalidad previsto en el artículo 14 de la Constitución Federal y, como consecuencia de ello, deben respetarse las formalidades esenciales del procedimiento, previo a su dictado, esto es, el derecho humano de previa audiencia, el cual consiste, acorde al criterio reiterado del Máximo Tribunal de Justicia de la Nación, en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Apoya lo anterior, la jurisprudencia siguiente emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que estatuye: Época: Novena Época Registro: 200234 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo II, Diciembre de 1995 Materia(s): Constitucional, Común Tesis: P./J. 47/95 Página: 133 FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado". Formalidades esenciales que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en lo siguiente: a) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; b) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; c) La oportunidad de alegar; y, d) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse alguno de estos requisitos, se deja de cumplir con el fin del derecho humano de audiencia previa al acto de autoridad, que es evitar la indefensión del afectado. Por tanto, tratándose del acto privativo de la libertad personal ambulatoria del gobernado, con motivo de la imposición de un arresto administrativo por conducir con aliento alcohólico, para que se considere que la autoridad responsable observó en sus términos el derecho fundamental de audiencia previa; es indispensable que previamente a la imposición de la sanción consistente en el arresto, le respete al gobernado su derecho a ser oído y vencido ante la autoridad competente, a efecto de salvaguardar eficazmente ese bien constitucionalmente protegido a través del mencionado artículo 14 de la Constitución. Por ello, previo a la imposición de la sanción administrativa de que se trata, que en el caso es por la infracción al artículo 328 del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, el presunto infractor debe ser escuchado en el momento oportuno, y estando en las condiciones adecuadas para comprender completamente el hecho, a fin de que manifieste lo que a su defensa convenga, por tanto, dicho propósito sólo se puede lograr a través del respeto a la formalidad esencial del procedimiento, a la cual hace referencia el artículo 14 constitucional. En este contexto, debe entenderse por "momento oportuno" cuando se encuentra en las instalaciones del órgano calificador y esté en condiciones de comparecer a efecto de alegar lo que a su derecho convenga en torno a la infracción atribuida, lo cual implica, necesariamente que no se encuentre en estado de ebriedad o con el grado de alcohol en la sangre o aspirado que no le permitía conducir. De tal manera que, si después de conocer los hechos por los cuales se le pretende aplicar la sanción, el individuo logra desvirtuar la comisión de la infracción, entonces no se le podrá decretar el arresto administrativo; pero si no lo hace, procederá que se le individualice el tiempo que deberá compurgar. Cabe precisar que lo anterior no se contrapone con lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Federal, pues si bien es cierto, este precepto establece la facultad de las autoridades administrativas para sancionar la transgresión a reglamentos gubernativos y de policía; también lo es, que no prohíbe la intervención del particular previo a la imposición del arresto, esto es, no prevé algún caso de excepción al derecho fundamental de audiencia previsto en el artículo 14 de la Constitución Federal. De ahí que los citados preceptos (14 y 21 Constitucionales) en sus respectivos apartados, se complementan en beneficio de los gobernados otorgándoles la protección más amplia, como lo estatuye el artículo 1°, párrafo segundo, de la mencionada Ley Suprema. Es así, pues un entendimiento democrático y expansivo de los derechos de los presuntos infractores a los reglamentos gubernativos y de policía, permite considerar que antes de imponer una sanción que prive de la libertad personal ambulatoria, incluso en etapas tempranas (detención material para posteriormente poner a la persona a disposición del juez) se hace indispensable previamente escuchar al supuesto infractor, a través del respeto al derecho fundamental de audiencia previa. De no ser así, sería tanto como regresar a un sistema propiamente inquisitivo en el cual se imponía la sanción, sin dar oportunidad de defensa al probable infractor; lo cual, desde luego, contraviene el principio de progresividad contenido en el tercer párrafo del artículo 1° de la Constitución Federal, el cual están obligados a respetar todas las autoridades en el ámbito de sus competencias. Asimismo, es relevante destacar que lo anterior desde luego no implica que las autoridades administrativas legalmente competentes, no ejerzan tal atribución sancionadora, sino simplemente que deben respetar el derecho fundamental de audiencia, previo a la imposición de la sanción administrativa, a efecto de que ésta no se torne discrecional y, en consecuencia, arbitraria, como pudiera llegar a acontecer, puesto que de considerarlo de otra manera, implicaría retomar el sistema inquisitorio respecto del cual existe antagonismo jurídico, bajo el nuevo esquema de los derechos humanos a raíz de la reforma al artículo 1° Constitucional ya citado. Consideraciones que encuentran apoyo en la jurisprudencia siguiente, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 171/2019, cuyo epígrafe y sinopsis son del tenor siguiente: "Época: Décima Época Registro: 2021403 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 74, Enero de 2020, Tomo I Materia(s): Constitucional, Administrativa Tesis: P./J. 19/2019 (10a.) Página: 6 ARRESTO ADMINISTRATIVO COMO SANCIÓN POR CONDUCIR EN ESTADO DE EBRIEDAD. AL PRETENDER IMPONERLO EL JUEZ CALIFICADOR DEBE RESPETAR EL DERECHO DE AUDIENCIA PREVIA DEL PROBABLE INFRACTOR. El arresto administrativo, que forma parte de las sanciones que puede imponer la autoridad administrativa de conformidad con el artículo 21 de la Constitución Federal por el incumplimiento a disposiciones administrativas, invariablemente reviste el carácter de acto privativo, porque produce efectos que suprimen la libertad personal ambulatoria por un tiempo determinado y con efectos definitivos. En consecuencia, cuando a una persona se le pretende imponer un arresto administrativo como sanción por conducir bajo el influjo del alcohol, existe la obligación de respetar, proteger y garantizar el derecho de audiencia previa reconocido en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, al no existir una restricción expresa a este derecho en el texto constitucional ni justificación suficiente que amerite eximir de su observancia en forma previa a la restricción de la libertad personal. Así, el probable infractor debe tener la posibilidad de ser oído en el momento oportuno por el Juez Calificador previamente a que se le imponga la sanción de arresto administrativo; entendiéndose por "momento oportuno" cuando ya se encuentra en las instalaciones del órgano calificador y está en condiciones de comparecer a efecto de alegar lo que a su derecho convenga en torno a la infracción atribuida: si desvirtúa la comisión de la infracción, entonces no se le puede decretar el arresto administrativo; si no lo hace, procede que se le individualice el tiempo que deberá compurgar. Con este criterio se armoniza, por una parte, la facultad de la autoridad para sancionar la comisión de infracciones (destacando aquellas que ponen en riesgo la integridad física del propio infractor y de terceros, como es el caso de conducir en estado de ebriedad) y, por otra, se evita la arbitrariedad de la autoridad al momento de ejercer dichas atribuciones o que se prive de la libertad a personas que no cometieron la infracción atribuida pero aun así fueron detenidas y remitidas ante el órgano calificador, soslayando que las políticas públicas y disposiciones tendentes a inhibir la comisión de infracciones deben ser compatibles con la debida observancia de los derechos humanos". Precisado lo anterior, es menester tener a la vista el contenido de la resolución de doce de marzo de este año, por medio de la cual la autoridad responsable calificó la infracción e impuso el arresto por veinticuatro horas al aquí quejoso, documental pública a que se ha otorgado valor probatorio pleno, con antelación. Del texto anterior, se obtiene que en el procedimiento inmerso en la resolución de mérito, no se observa que se le haya respetado al aquí quejoso el derecho de audiencia previa, esto es antes de imponerle la sanción de arresto por veinticuatro horas. Lo anterior es así, ya que en la resolución impugnada, se advierte que la autoridad emisora del fallo indicó las razones alusivas a su competencia, después procedió a relatar de manera breve los antecedentes del evento, así como citar los preceptos que facultan a imponer sanciones a los conductores de vehículos en estado de ebriedad, en particular los artículos 42 y 79 de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, así como el numeral 448 del Reglamento de la legislación citada. Después, en el apartado titulado "SANCIÓN AL INFRACTOR", procedió a precisar los parámetros que tomó en cuenta para individualizar la sanción, indicando que ubicó al quejoso con una peligrosidad entre la media y la máxima, con más tendencia a la media, y procedió a fijarle un arresto de veinticuatro horas, para finalmente proceder a su notificación al ahora quejoso, quien se negó a firmar por considerarlo innecesario. Sin embargo, del contenido de la citada resolución, no se observa que se le haya dado oportunidad al aquí quejoso de defenderse adecuadamente del acto de autoridad, pues no se respetó su derecho fundamental de audiencia previa a recibir la sanción, lo cual era indispensable para sostener la legalidad del acto. Esto es, previo a la imposición de la privación de la libertad, consistente en el arresto por veinticuatro horas, por la infracción al artículo 328 del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, el presunto infractor debió ser escuchado, en el momento oportuno y estando en condiciones adecuadas para comprender completamente el hecho, a fin de que pudiera manifestar lo que a su defensa hubiera convenido, lo cual no aconteció. Por ende, como se ha sostenido en la presente sentencia constitucional, el probable infractor debe tener la posibilidad de ser oído en el momento oportuno y previamente a que se le imponga la sanción de arresto administrativo, entendiéndose ello cuando se encuentra en las instalaciones del órgano calificador y está en condiciones de comparecer a efecto de alegar lo que a su derecho convenga en torno a la infracción atribuida, lo cual implica, necesariamente que no se encuentre en estado de ebriedad o con el grado de alcohol en la sangre o aspirado que no le permitía conducir. Lo anterior es necesario para el respeto del derecho de audiencia contemplado en el artículo 14 Constitucional, de tal manera que, si después de conocer los hechos por los cuales se le pretende aplicar la sanción, el individuo logra desvirtuar la comisión de la infracción, entonces no se le podrá decretar el arresto administrativo, y por el contrario, si no lo hace, procederá que se le individualice el tiempo que deberá compurgar, de hasta treinta y seis horas. Sin embargo, en el caso a estudio, lo anterior no aconteció, pues como ya quedó expuesto, la autoridad calificadora de la infracción, sólo realizó una cita del marco normativo, así como del antecedente del evento, fijando así la sanción e imponiendo el arresto por veinticuatro horas, lo cual notificó al presunto infractor, todo ello entendiéndose que presuntamente aún estaba bajo los efectos del alcohol, lo que de acuerdo a lo que aquí se ha expuesto, imposibilitaba a la autoridad incluso a imponerle la sanción sin haberlo escuchado antes y estando en condiciones de comparecer, lo cual implica, por sí, un estado de sobriedad. Orienta lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 171/2019, de rubro: "ARRESTO ADMINISTRATIVO COMO SANCIÓN POR CONDUCIR EN ESTADO DE EBRIEDAD. AL PRETENDER IMPONERLO EL JUEZ CALIFICADOR DEBE RESPETAR EL DERECHO DE AUDIENCIA PREVIA DEL PROBABLE INFRACTOR." Por lo anterior el acto de autoridad reclamado, consistente en la resolución de doce de marzo de dos mil veintitrés, emitida por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Púbica, es inconstitucional en sí misma, al no haber respetado el derecho de audiencia previa del aquí justiciable. En consecuencia, sobre la base de lo expuesto en el presente considerando, se concede al quejoso el amparo y protección constitucional. OCTAVO. Efectos de la sentencia de amparo. En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, al resultar fundados los conceptos de violación antes analizados, suplidos en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la ley de la materia, lo procedente es conceder al directo quejoso ********************, el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita, para el efecto que el Secretario de Seguridad Pública del Estado con sede en esta ciudad, deje sin efectos el acta de sanción administrativa (orden de arresto) de doce de marzo de dos mil veintitrés, emitida en contra del directo quejoso. La cual se hace extensiva a la resolución de trece de marzo de dos mil veintitrés, en la que se determinó que al quejoso le quedan dieciséis horas con cincuenta y cinco minutos por compurgar, derivadas del arresto administrativo del que fue objeto; en virtud de que como se puso de manifiesto, la orden de arresto de la cual surgió esa determinación, resultó ilegal. NOVENO. Publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. DÉCIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. DÉCIMO PRIMERO. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 124 y demás relativos de la citada Ley de Amparo, se: R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por ******************** a favor de ********************, en contra de los actos que reclama del Fiscal General del Estado de Yucatán y Secretario de Seguridad Pública del Estado y con sede en esta ciudad; por las razones expuestas en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por ******************** a favor de ********************, en contra del acto consistente en la privación de la libertad fuera de procedimiento (ilegal detención) reclamado al Secretario de Seguridad Pública del Estado con sede en esta ciudad; por las razones expuestas en el considerando quinto de esta sentencia. TERCERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ******************** a favor de ********************, en contra del acto consistente en la orden de arresto reclamado al Secretario de Seguridad Pública del Estado y con sede en esta ciudad, por los motivos y para los efectos precisados en los considerandos séptimo y octavo de esta resolución. CUARTO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando noveno de esta resolución, al causar ejecutoria la misma. QUINTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando décimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. SEXTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese y regístrese.

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