William Crescencio Martin Polanco

Expediente 8/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
8/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
16/03/2018

Partes del expediente

  • William Crescencio Martin Polanco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciséis de marzo de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se acuerda: agréguese para que obre como corresponda, el oficio de cuenta signado por la Juez Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Kanasín, Yucatán, con el que comunica que el despacho con número de orden 7/2018-V-B y número de origen 3/2018-V-B, del índice de este Juzgado, fue devuelto con el oficio 663/2018, de veintidós de febrero del año en curso; remitiendo como anexo copia simple del aludido oficio. Sin que sea el caso hacer mayor pronunciamiento, toda vez que el despacho de referencia ya fue recepcionado en este órgano jurisdiccional y se acordó lo conducente mediante proveído de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veintisiete de febrero de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, se acuerda: para que obre como corresponda y para los efectos legales a que haya lugar, agréguese a este expediente el oficio de cuenta 663/2018 de veintidós de los corrientes, signado por la Juez Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en Kanasín, con el que devuelve diligenciado el despacho con número de origen 3/2018-V-B y número de orden 7/2018-V-B, de cuatro de enero del presente año, derivado del presente juicio de amparo número 8/2018-V-B, promovido por *********, por conducto de su apoderado legal *********. Mismo que se envió para notificar personalmente al tercero interesado Edgar Escamilla Pech, el auto admisorio de cuatro de enero de dos mil dieciocho, así como emplazarlo a juicio en este asunto. Dese de baja en el Libro de Gobierno respectivo que se lleva en este tribunal, el despacho de mérito. Ahora bien, toda vez que de la comunicación oficial de cuenta se desprende que el veinte de febrero del presente año, fue notificado el nombrado tercero interesado **********, del acuerdo dictado el cuatro de enero de dos mil dieciocho, sin que hasta la presente fecha hubiese señalado domicilio en esta ciudad de Mérida, Yucatán, para oír y recibir notificaciones en relación con este juicio, dentro del término de tres días que se le concedió para tal fin. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el indicado proveído de cuatro de enero del presente año, y con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, notifíquesele el presente proveído y las subsecuentes notificaciones, incluso las de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado Federal, hasta en tanto señale domicilio en esta ciudad, para tal efecto. Notifíquese y cúmplase. Mérida, Yucatán, cuatro de enero de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por *************, por conducto de quien se ostenta su apoderado legal ***********, personalidad que se le reconoce en términos de lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley de Amparo, al acreditar dicho carácter con la constancia adjuntada a su escrito de demanda. Demanda de amparo promovida en contra del acto que reclama de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, consistente en la omisión de dictar el laudo correspondiente, en autos del juicio reclamatorio laboral 6/2017. Fórmese expediente y regístrese con el número 8/2018-V-B, que le corresponde y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 5, 35, 37, 107, 108, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda. No se tramita el incidente de suspensión, por no haberlo solicitado la parte quejosa, ni la naturaleza de los actos reclamados, amerita su tramitación oficiosa, conforme al artículo 127 de la referida Ley de Amparo. Sin que obste a ello, que al final del escrito de demanda la parte quejosa haya ofrecido como prueba el informe previo de la responsable, ya que no solicitó se tramite el incidente de suspensión aunado a que, de estimarlo conveniente, podrá hacerlo bajo los términos que señala el artículo 130 de la ley de la materia Para la celebración de la audiencia constitucional se fijan las nueve horas con diez minutos del diecinueve de febrero de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a la autoridad responsable que deberá rendirlo dentro del plazo de quince días siguientes a aquel en que reciba el oficio en que se le solicita, en el que expresará las razones y fundamentos que se estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, al que acompañará, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para apoyarlo, como se establece en el invocado artículo 117 de la citada Ley. Apercibida que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, tal y como lo disponen los numerales 238 y 260, fracción II, de la Ley de la materia. Ahora bien, toda vez que del escrito de demanda, se advierte que el tercero interesado **********, tiene su domicilio en el predio *******", de Kanasín, Yucatán. En consecuencia; con fundamento en el numeral 27, fracción II, de la Ley de Amparo, gírese despacho al Juez Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en Kanasín, para que en auxilio de las labores de este Juzgado se sirva dar conocimiento de la promoción de la demanda al nombrado tercero interesado, con entrega de una copia autorizada de la misma y del presente proveído; haciéndole saber que puede apersonarse a este juicio con el carácter de tercero interesado, si así le conviniere. Previniéndolo además para que dentro del término de tres días siguientes a la notificación de este acuerdo, señale domicilio en esta ciudad de Mérida para oír y recibir notificaciones; apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes, aun las de carácter personal, se le harán por lista que se fije en los estrados de este Juzgado. Asimismo, se le faculta al aludido Juez para realizar las gestiones que estime necesarias para desahogar la diligencia de mérito; requiriéndole que a la brevedad posible devuelva el referido despacho con todo lo actuado con motivo de la diligencia que se encomienda. Dese la intervención que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, a quien se hará entrega de una copia de la demanda. Hágase saber a las partes, que cuando tengan conocimiento de alguna causal de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato a este órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten, lo anterior, con fundamento en el numeral 64 de la citada Ley de Amparo. Apercibidas que en caso de incumplimiento, se les impondrá una multa de treinta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, tal y como lo disponen los numerales 238 y 251 de la misma ley. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que señala en su escrito de demanda, y como su autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ***********. Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas como pruebas de la parte quejosa, la instrumental de actuaciones consistente en las constancias relativas a este expediente y al juicio natural, que habrá de remitir la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, así como la presuncional en su doble aspecto, las cuales se reservan para ser relacionadas y valoradas al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Por otro lado, en cuanto al ofrecimiento realizado relativo al informe previo de la responsable, no ha lugar a tenerlo por ofertado, toda vez que, como antes se dijo, no solicitó la suspensión del acto reclamado. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente. En cumplimiento al artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De conformidad con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. Asimismo, de acuerdo con lo previsto por la circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. Por último, fórmese el correspondiente expediente electrónico de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Notifíquese y regístrese.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintitrés de febrero de dos mil dieciocho. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio el acuerdo de treinta de enero de dos mil dieciocho, dictado en este juicio, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la ley de la materia, se declara que el referido proveído en el que se sobreseyó fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Por otra parte, toda vez que hasta la presente fecha el Juez Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en Kanasín, no ha devuelto el despacho con número de origen 3/2018-V-B y con número de orden 7/2018-V-B, que se le envió para que en el auxilio de las labores de este Juzgado se sirviera ordenar notificar el auto admisorio de cuatro de enero del presente año, así como emplazar a juicio en este asunto, al tercero interesado Edgar Escamilla Pech; no obstante que el referido despacho fue recibido el día diecisiete siguiente, según se advierte de la tarjeta de acuse de recibo correspondiente que obra a foja 47 de estos autos. Por tal motivo, requiérase al nombrado Juez Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en Kanasín, para que dentro del término de veinticuatro horas siguientes al en que reciba la notificación de este proveído, devuelva a este Juzgado Federal el referido despacho con número de origen 3/2018-V-B y con número de orden 7/2018-V-B, con las constancias conducentes de todo lo actuado con motivo de la diligencia que se le encomendó. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, dentro del plazo que para tal fin se le concede, se le impondrá multa por el equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización, conforme a lo dispuesto en los numerales 237, fracción I, y 259, ambos de la Ley de Amparo. Finalmente, hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA DE CONFPRMIDAD CON EL ARTICULO 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO... Mérida, Yucatán, treinta de enero de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, agréguense a los mismos para que obren como legalmente correspondan el INFORME JUSTIFICADO de cuenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, rendido por conducto de su Presidente, con sede en esta ciudad, así como el anexo en copia certificada que acompañó al mismo; de los que se advierte que el seis de diciembre de dos mil diecisiete, se dictó el laudo correspondiente en el juicio laboral de origen 06/2017, mismo que se elevó a la categoría de laudo el nueve de enero del presente año. Sin que sea el caso ponerlos a la vista de las partes, toda vez que este juzgador oficiosamente advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la agraviada en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con registro 917637, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, la diversa Jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 210, del Tomo VII, febrero de 1998, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196820, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En lo particular, la parte quejosa reclama de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, la omisión de dictar el laudo correspondiente en autos del juicio laboral número 06/2017 de su índice. Sin embargo, de las constancias que anexó el Presidente de la Junta responsable, a su informe justificado de cuenta, a las que les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo previsto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se advierte que en fecha seis de diciembre de dos mil diecisiete, se dictó el proyecto de resolución en forma de laudo en el referido juicio laboral de origen; el cual, se elevó a la categoría de laudo hasta el día nueve de enero del presente año, es decir con posterioridad a la fecha que la parte quejosa presentó su demanda de amparo en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta entidad (tres de enero de dos mil dieciocho). De lo anterior se advierte que indudablemente cesaron los efectos del acto reclamado, pues éste se hizo consistir, precisamente, en que la autoridad laboral responsable del conocimiento había omitido dictar el laudo correspondiente en el juicio laboral número 06/2017 de su índice; ello indudablemente actualiza la causal de improcedencia en comento. Ante ello resulta evidente que ha desaparecido la violación de que se trata, restituyendo de esa forma a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos humanos que estimó violados, como si se hubiera otorgado a su favor la protección constitucional con los efectos a que alude el artículo 77, fracción II, de la propia ley. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 197367, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada Ley. No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que se esté resolviendo fuera de audiencia, toda vez que en el caso, no se causa ningún agravio a la parte quejosa ni se le priva de defensa, en virtud de que la causa de improcedencia del juicio de amparo se ha actualizado, como sucede en el presente asunto. Es aplicable a la anterior consideración, por analogía la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su página 386, con registro 184572, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sin que sea el caso dar vista a la parte quejosa con lo informado por la referida autoridad responsable, a fin de que estuviese en aptitud de ampliar su demanda de amparo, toda vez que el acto reclamado deriva de un procedimiento jurisdiccional seguido en forma de juicio, por lo que se ubica en el supuesto de una violación al artículo 17 Constitucional, esto es al derecho humano de seguridad jurídica, y no propiamente de una violación al derecho de petición previsto en el artículo 8º Constitucional, aunado a que en contra de dicha resolución no es procedente esta vía constitucional. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 8/15 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, Materia(s): Administrativa, página: 478 y registro 2008883, que es del rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO (LEY DE AMPARO ABROGADA). De acuerdo con lo establecido en el artículo 114, fracciones II, III y IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, se desprende que en contra de actos dictados dentro de procedimientos jurisdiccionales, como dentro de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, será procedente el amparo indirecto de forma excepcional cuando los actos tengan el carácter de "imposible reparación"; o cuando el quejoso hubiese quedado sin defensa o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda. En esas condiciones, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación al derecho de petición, cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, el actuar de la autoridad se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria. En razón de ello, por regla general, el amparo indirecto sería improcedente, pues si se trata exclusivamente de un reclamo dentro de procedimiento respecto al derecho de petición, el cual no deja sin defensa al quejoso ni puede verse de forma autónoma, debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada.". En mérito de lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con diez minutos, del diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, para los efectos legales a que haya lugar, por los motivos expuestos con anterioridad. Notifíquese personalmente y cúmplase.

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