William Arnoldo Lira Ramírez
Expediente 813/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 8 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 813/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 30/11/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- William Arnoldo Lira Ramírez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no se inconformó con el acuerdo de nueve de noviembre de dos mil quince (fojas 41 a 45), en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, toda vez que le ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que interpusiera el recurso de revisión contra dicho proveído. Sin que sea necesario computar el término para la interposición el recurso de revisión al resto de las partes en este juicio, toda vez que no les produce agravio el sentido del proveído de referencia. (. . .) En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2° y 86, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, se declara que el auto que decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, ha causado estado. En tal razón, comuníquese este acuerdo a las partes, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y se ordena archivar el presente, como asunto concluido. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, como lo establece la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción, no se encuentran documentos originales que devolver a las partes, y además carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo anterior, es clasificado como archivo reciente y por tanto, el mismo será conservado en este Órgano Jurisdiccional por el término de tres años, por lo que una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Principal
Vista la cuenta, agréguense a los autos únicamente para que obren como correspondan, los escritos signados por el quejoso William Lira Ramírez y Adela Ramírez Aguilar; sin necesidad de hacer especial pronunciamiento al respecto, toda vez que en nueve de noviembre del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio. Finalmente, respecto al escrito presentado por los ocursantes de cuenta, registrado con número de folio 22929, que alude al incidente de suspensión del presente juicio, dígasele que se éste a lo acordado a líneas precedentes.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos del presente juicio de amparo, se advierte que mediante proveído de seis de noviembre de dos mil quince (foja 38), se tuvo a la autoridad responsable Director de Seguridad Pública Municipal, con residencia en Allende, Coahuila de Zaragoza, dando cumplimiento al requerimiento de veintisiete de octubre del año en curso, y al efecto remitió el oficio 1092/2015, al que anexó certificada del parte informativo 1048/2015, y de copia que obra en el registro de detenidos de esa dependencia, del que se advierte que en veintitrés de octubre de dos mil quince, a las nueve horas con seis minutos, el aquí quejoso William Arnoldo Lira Ramírez, fue puesto en libertad. Constancia a la que se le concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º, por estar emitida por funcionario público en el ejercicio de sus funciones, aunado a que se trata de documental que obra en los autos de un expediente que se tramita por y ante una autoridad jurisdiccional. Cobra aplicación al respecto, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." Ante la información proporcionada por la citada autoridad, resulta conveniente destacar que en el presente asunto, los actos reclamados señalados por el quejoso, es: la privación ilegal de la libertad, la orden de aprehensión girada en su contra, incomunicación, tortura y la negativa de las autoridades señaladas como responsables para liberarlo. Por otra parte, de lo dispuesto por los artículos 63, fracción V, y 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo vigente, se desprende la posibilidad de que durante el juicio sobrevenga alguna causal de improcedencia prevista en el artículo 61 de dicha ley, conduce al sobreseimiento en el juicio de amparo fuera de audiencia. Pues bien, como ya se dijo, de las constancias que obran el presente juicio de amparo, se advierte que veintitrés de octubre de dos mil quince, el aquí quejoso William Arnoldo Lira Ramírez fue detenido por elementos de Seguridad Pública Municipal de Allende, Coahuila de Zaragoza, quedando a disposición del Director esa dependencia, y a las nueve horas con seis minutos de ese mismo día, fue puesto en libertad, tal como se advierte en la copia certificada del registro de detenidos de la oficina de Seguridad Pública Municipal de Allende. Con lo anterior, se actualiza de manera indudable una de las causales de improcedencia previstas en la Ley de Amparo, la cual se invoca previamente a la celebración de la audiencia constitucional, atendiendo al criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página trescientos ochenta y seis, Tomo XVII, Marzo de dos mil tres, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo tenor es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En efecto, se actualiza la causal de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)" La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de garantías y con ello, la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica del quejoso, según sea el caso. Esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación a virtud de la cual, se revoque o anule el acto de autoridad motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada; esta forma de actualizar la improcedencia en comento, constituye una especie de autocontrol de la Constitución, ya que la misma autoridad que le dio origen, a través de un acto positivo o negativo, es quien lo deja insubsistente sea por que advirtió su ilegalidad o por cualquier otra causa, al margen del origen de ello. A efecto de precisar los extremos que en su aplicación han de cumplirse, para estimar que opera cabalmente, es indispensable puntualizar que no basta que la autoridad responsable deje sin efecto el acto o lo revoque, sino además es necesario que, aun sin disponerlo, de manera inmediata y sin condición alguna de por medio, se destruyan todos los efectos que conlleva el acto reclamado, ocasionando que las cosas vuelvan al estado que tenían hasta antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Así, a manera de ejemplo se obtiene que, bien puede ocurrir que en el supuesto de instaurarse una demanda de garantías contra una clausura por tiempo indefinido practicada por una autoridad administrativa respecto de un local comercial, substanciado el amparo, la responsable advirtiera la inconstitucionalidad del acto y decidiera motu proprio levantar el estado de clausura reclamado, a fin de evitar mayores daños y perjuicios al quejoso, caso en el que cobra aplicación el supuesto jurídico en examen; o también pudiera actualizarse, de darse el caso que la ley que contemplaba la disposición incumplida que conllevó a la clausura o la norma que faculta a la autoridad administrativa a imponer esa sanción se derogue. De manera que por cualquiera de los citados supuestos, se llega a la conclusión de que han cesado los efectos del acto reclamado de manera total e incondicional y por consecuencia, se restituye al quejoso en la esfera jurídica de sus garantías, como si se le hubiera concedido el amparo. Como ilustración de los supuestos en que se actualiza causal analizada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de sus resoluciones ha pronunciado diversos criterios entre los cuales se tiene, el siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. La cesación de los efectos del acto reclamado que amerita que se sobresea, no consiste en que tales efectos ya no se puedan producir en lo futuro, sino que es necesario que sobrevenga una revocación total del acto y de los efectos que haya producido, pues de otra manera se dejaría de juzgar, sin motivo, de la legalidad del acto y sus efectos, en el periodo comprendido entre el día en que se realizó y en aquel en que cesó. En otras palabras, para que se pueda admitir que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera existido. Por tanto, si una ley viene a establecer reglas para el futuro, en determinada materia, pero deja en pie lo ocurrido antes a virtud del acto reclamado, la materia, del amparo subsiste, aun cuando puede quedar limitada a cierto tiempo, y por lo mismo, no hay cesación de efectos." Igualmente, sirve de ejemplo la tesis del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Sólo puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada." La ratio legis que dio origen al presente motivo de improcedencia de la acción constitucional obedece al hecho de que al desaparecer los efectos del acto de autoridad tildado de inconstitucional, para la autoridad de amparo no es jurídicamente viable, sino ocioso emprender el análisis de un acto que jurídica y materialmente ha dejado de surtir efectos, por lo que incluso, de haber existido una flagrante violación de los derechos fundamentales del quejoso, no sería factible restituirle en el pleno goce de las garantías transgredidas pues, la cesación del acto reclamado acaecida, con independencia de que se pudiera probar la existencia de la violación reclamada, a consecuencia de cesar en sus efectos el acto reclamado de manera total e incondicional, la parte quejosa se ve resarcida en el pleno goce de la garantía individual violada retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, produciéndose la finalidad del artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, como si la violación nunca se hubiera realizado. Sustenta lo anterior, la tesis sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Asimismo, es ilustrativa al caso la tesis 2a./J. 59/99, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ahora bien, no debe confundirse la cesación de los actos reclamados, con la consumación de éstos, dado que ésta, implica la diversa causa de improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuya diferencia reside en que si bien, ambas son semejantes en cuanto a que durante la secuela del juicio de amparo desaparece el acto reclamado, el distintivo de la fracción XXI, que el tildado de inconstitucional, se agota o consuma por virtud de haber transcurrido su vigencia o el tiempo de su validez, lo que entonces ocasiona que se deje de lesionar los intereses del particular, sin resarcirlo en sus derechos pues se dan como irreparables las afectaciones padecidas. Es decir, si el acto cuya constitucionalidad se controvierte, implica una sanción o restricción vigente al momento en que se promueve el juicio o éste se encuentra en trámite y, la vigencia de la medida reclamada o de la sanción se cumple en sus términos dando fin al acto y deja de irrogar un perjuicio alguno, con la diferencia que estos se consuman en perjuicio del quejoso, a diferencia de la cesación de efectos, el resultado de esta causal no devuelve las cosas al momento en que se encontraba hasta antes de la violación, quedando sin reparación alguna, contrario a la analizada causal que arriba al sobreseimiento. En el presente asunto, se reitera que el quejoso William Arnoldo Lira Ramírez reclamó la privación ilegal de la libertad, la orden de aprehensión girada en su contra, incomunicación, tortura y la negativa de las autoridades señaladas como responsables para liberarlo. Así, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, dado que se encuentra probado en autos que en veintitrés de octubre del año en curso, a las nueve horas con seis, el aquí quejoso William Arnoldo Lira Ramírez fue puesto en libertad por el Director de Seguridad Pública Municipal de Allende, Coahuila de Zaragoza. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 2a. /J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pagina treinta y ocho, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, del Seminario Judicial de la Federación, con rubro y contenido siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En tales circunstancias, lo procedente es sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia, al actualizarse la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el 63, fracción V, del invocado ordenamiento. Por lo anterior, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las once horas con cuarenta minutos del veinticinco de noviembre de dos mil quince (fojas 12 y 13). Por último agréguese únicamente para que obre como corresponda, el informe justificado rendido por el Comandante de la Policía Investigadora del Estado, Destacamento Allende, Coahuila de Zaragoza, sin necesidad de poner a la vista de la partes, por lo expuesto con antelación.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha fenecido el plazo de tres días concedido a la parte quejosa para que desahogara la vista ordenada por auto de veintisiete de octubre de dos mil quince (foja 22), en relación con la autoridad responsable que denominó como "Comandante de la Policía Preventiva Municipal de Allende; en consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído y se tiene como formalmente inexistente a la autoridad de que se trata, para los efectos de este juicio de amparo. Por otra parte, agréguese a los autos el informe justificado rendido por el Director de Seguridad Pública Municipal, con residencia en Allende, Coahuila de Zaragoza; por tanto, póngase a la vista de las partes, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio número 1092/2015, signado por la citada autoridad, mediante el cual se le tiene dando cumplimiento al requerimiento de veintisiete de octubre del año en curso, y al efecto remite copia certificada del parte informativo 1048/2015, mediante el cual se puso a su disposición al aquí quejoso William Lira Ramírez; asimismo, anexa constancia que obra en el registro de detenidos de esa dependencia, del que se advierte que en veintitrés de octubre de dos mil quince, a las nueve horas con seis minutos, el aquí quejoso William Lira Ramírez, fue puesto en libertad. Finalmente, se tiene a la autoridad responsable, remitiendo como pruebas las documentales que acompaña a sus informes de cuenta, probanzas que se admiten y se tienen por desahogadas en atención a su propia naturaleza, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo.
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