Wendy Yocelin Rincón Lara
Expediente 1193/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1193/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Wendy Yocelin Rincón Lara
Actuaciones
- Incidental
1. Informe previo y vista. Agréguese a los autos el oficio signado por el Representante Legal de la Universidad Autónoma del Noreste Asociación Civil, en representación de las autoridades responsables Rector de la Universidad Autónoma del Noreste, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza; Director y Subdirector de Documentación y Control Escolar de la Universidad Autónoma del Noreste campus Piedras Negras, ambos con sede en esta ciudad, mediante el cual rinde informe previo; en consecuencia, se ordena poner dicho documento a la vista de las partes para que se impongan del mismos, de conformidad con el artículo 140, de la Ley de Amparo. 1.1 Instrucción. La Secretaría encargada de la mesa de trámite deberá hacer relación puntual de este informe en la audiencia incidental. 1.2 Delegados. Con fundamento en el artículo 9, de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de la autoridad responsable antes mencionada a los que indica en su informe de cuenta. 1.3 Consulta y notificaciones vía electrónica. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta y notificaciones vía electrónica a la autoridad responsable con los usuarios "********************" y "********************". En el entendido que el acceso al expediente electrónico estará condicionado a que se encuentre vigente la firma electrónica, en términos del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. 1.4 Instrucción a oficial judicial A. Se instruye a la oficial judicial A, para que bajo su más estricta responsabilidad vincule al usuario proporcionado con el expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa. 1.5 Domicilio y correo electrónico. Se tiene como correo electrónico y domicilio para oír y recibir notificaciones de la autoridad responsable antes mencionadas, los que señala en su oficio de cuenta.
- Principal
1. Admisión. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se ADMITE A TRÁMITE la demanda de amparo que promueve ***************, contra actos del Rector de la Universidad Autónoma del Noreste, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, y otras autoridades. 2. Registro. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 1193/2023, en el libro de control del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 3. Incidente de suspensión. La Secretaría debe formar por separado el incidente de suspensión en virtud de haber sido solicitado. 4. Solicitud de teléfono celular y correo electrónico. Se requiere a las partes para que proporcionen un número de teléfono celular y una dirección de correo electrónico, a fin de que se puedan entablar comunicaciones no procesales, lo anterior conforme a lo previsto por el artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. 5. Autorizados. Se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados ************************, por tener sus cédulas profesionales registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho con que cuentan los juzgados y tribunales federales y únicamente para oír y recibir notificaciones a ********************, por así haberlo solicitado. 6. Consulta y notificaciones electrónicas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3o de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta y notificaciones vía electrónica a la parte solicitante con nombre de usuario "***********". En el entendido que el acceso al expediente electrónico estará condicionado a que se encuentre vigente la firma electrónica, en términos del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. 6.1 Instrucción a la Oficial Judicial A. Se instruye a la oficial Judicial A, para que bajo su más estricta responsabilidad vincule al usuario proporcionado con el expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa. 7. Ministerio Público. En términos del artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, se corre traslado con copia de la demanda a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. 8. Señalamiento de autoridades. Se tienen como autoridades responsables al Rector de la Universidad Autónoma del Noreste, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza; Director y Subdirector de Documentación y Control Escolar de la Universidad Autónoma del Noreste campus Piedras Negras, ambos con sede en esta ciudad. 9. Informe justificado. Con fundamento en los principios constitucionales de impartición pronta y expedita de la justicia en los plazos ordenados por la normativa, los cuales son aplicables supletoriamente a este juicio sobre la base de lo establecido en el artículo 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, las autoridades responsables deberán rendir su informe justificado dentro del plazo de QUINCE DÍAS, contado a partir del momento en que reciban la notificación del presente proveído, con la debida anticipación que permita su conocimiento a la parte quejosa, al menos ocho días antes de la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional; y en el supuesto de que los actos reclamados, sean ciertos, remitan copias certificadas, legibles y completas de las constancias relacionadas, exclusivamente, con la materia de su resolución específica. En caso de no poder entregar los oficios de emplazamiento respectivos, se ordenará que la peticionaria de amparo manifieste la correcta denominación normativa de la correspondiente autoridad, apercibida que en el caso de incumplir no se le tendrá como parte en el juicio. 9.1 Correo electrónico oficial. Ahora bien, a fin de respetar los principios constitucionales de impartición pronta y expedita de la justicia, así como del acceso a la misma, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 28, fracción lll, de la Ley de Amparo, se solicita a las autoridades responsables se sirvan a proporcionar correo electrónico oficial al rendir su informe justificado, con la finalidad de establecer comunicación entre la dependencia que representa y este órgano jurisdiccional, haciendo uso de las herramientas tecnológicas, simplificando y agilizando los juicios en beneficio de las personas justiciables. 10. Habilitación actuarial. En términos del artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial practique las notificaciones en este asunto. 11. Pruebas. La parte quejosa ofrece pruebas documentales; así como la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana en su doble aspecto. La Secretaría deberá hacer relación de las mismas en la audiencia constitucional conforme lo previsto en el artículo 124 de la Ley de Amparo. 12. Expediente electrónico. De acuerdo con el artículo 3o. de la Ley de Amparo, las partes están autorizadas para consultar el expediente digital en la página de internet utilizada para dicho propósito, previos trámites de ley. 13. Devolución de documentos. El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. 14. Fecha y hora de audiencia constitucional. La audiencia constitucional tendrá verificativo a las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y OCHO MINUTOS DEL VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, (HORARIO DE LA FRONTERA NORTE); no habrá necesidad de emitir oficios a las autoridades responsables para notificarles el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinación no tendría la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio; por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional, la fecha y hora acordadas nuevamente para ese efecto, las podrán consultar en la página de internet https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes [aplicable la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) número de registro 2002576]. Notifíquese en términos de ley.
- Incidental
1. Formación de incidente y acto reclamado. Como está ordenado en el juicio principal se forma por separado el incidente de suspensión promovido por ****************, contra actos del Rector de la Universidad Autónoma del Noreste, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza y otras autoridades, consistente en la omisión de expedir el título y cédula profesional de la licenciatura en derecho. 2. Requisitos para otorgamiento de medida cautelar. El artículo 128 de la Ley de Amparo establece los requisitos para conceder la suspensión: i) solicitud del quejoso y ii) no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, como los supuestos contenidos en el precepto 129 de ese ordenamiento legal. El objeto de la suspensión de los actos reclamados es preservar la materia del juicio y evitar que se consuma de manera irreparable la conculcación de derechos humanos. Inclusive, en términos del artículo 147, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, de ser jurídica y materialmente posible, se puede ordenar restablecer de manera provisional y en tanto se dicta sentencia ejecutoriada, el derecho que se estima afectado. La medida cautelar procede a partir del análisis de la naturaleza de los actos, para determinar si es actualizable la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. 3. Derecho subjetivo tutelado. Además, cuando exista la titularidad jurídica de un bien o de un derecho a favor de la parte quejosa, se entiende que hay interés para obtener la medida suspensional y merece ser protegida la situación jurídica que guardan las cosas al momento de decretar la paralización del acto, pues a través de la suspensión no es válido constituir, modificar o restringir un derecho del que no se gozaba antes de la presentación de la demanda, porque dicha circunstancia se encuentra impedida por el artículo 131 del invocado ordenamiento legal. 4. Efectos solicitados. Se pide la suspensión del acto reclamado para el efecto de que las autoridades responsables cesen cualquier omisión, paralización o retraso injustificado en la continuación y resolución del trámite y expedición del título y cédula profesional de la licenciatura en derecho. 5. Pruebas. La parte quejosa ofrece como pruebas de su intención las siguientes: i. Copia de credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Nacional Electoral a nombre de **************. ii. Copia del recibo de pago número 0000079531, expedido por la Universidad Autónoma del Noreste campus Piedras Negras, por concepto de ingresos por titulación, de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés. iii) Copia del formato electrónico de pago de derechos de cédula profesional con folio ************, de veintitrés de mayo de dos mil veintitrés. iv) Copia de la carta pasante expedida por el Rector de la Universidad Autónoma del Noreste a favor de *******************, de veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, respecto de la licenciatura en derecho. Documentales a la que se le otorga valor probatorio de indicio, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2. 6. Interés suspensional. La parte quejosa acredita su interés suspensional con las pruebas ofrecidas y valoradas, pues se advierte que se expidió a su favor una carta pasante de la licenciatura en derecho y que realizó el pago del título y cédula profesional; lo que se adminicula con su manifestación bajo protesta de decir verdad, en la que refiere que el dieciséis de mayo de dos mil veintitrés concluyó sus estudios de educación superior en la licenciatura en derecho, pagando los gastos correspondientes a su titulación y cédula profesional, sin que hasta la fecha se le hayan expedido. 7. Apariencia del buen derecho. La apariencia del buen derecho como requisito para el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo, establece como condición previa la posibilidad de impedir que la actuación de la autoridad se siga llevando a cabo en tanto se decida sobre su constitucionalidad. En ese sentido, respecto al acto reclamado a las autoridades responsables consistente en la omisión de expedición del título y cédula profesional de la licenciatura en derecho, se advierte un aparente derecho de la parte quejosa a que sean respetadas sus prerrogativas fundamentales respecto al derecho a la educación y libertad para ejercer una profesión de las que requieran título profesional, de conformidad con los artículos 3o y 5o constitucionales. Ello es así, pues de las manifestaciones bajo protestad de decir verdad que expone en su demanda, se advierte que desde el dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, la hoy quejosa culminó sus estudios de la licenciatura en derecho, procediendo a realizar el pago correspondiente al título y cédula profesional el propio dieciséis y veintitrés de mayo del año en curso, por lo que se estima que ha trascurrido un plazo considerable sin que haya obtenido los documentos solicitados al realizar los pagos correspondientes. 8. Peligro en la demora. El peligro en la demora involucra una estimación de mera probabilidad que de no suspenderse el acto, las violaciones aducidas quedarán consumadas, de forma que sea difícil o imposible su reparación, y desaparecerá la materia del amparo, como consecuencia adjetiva del retardo en la paralización del acto. Por ello, cuando pueda darse el efecto restaurativo excepcional, provisional y anticipado a la suspensión del acto, debe involucrarse el tema de si existe verdadero peligro que de no darse a la suspensión el efecto referido y las violaciones aducidas se consumen, se tornaría difícil o incluso imposible repararlas en la sentencia de amparo, con lo que se perdería la materia de fondo del juicio principal. En esa tesitura, se encuentra justificado el peligro en la demora, porque de perdurar la omisión por parte de las autoridades responsables, de expedirse el título y cédula profesional, se continuaría afectando de manera directa e inmediata derechos sustantivos de la parte quejosa correspondientes a la educación y ejercer una profesión de las que requieran título profesional, mismo que se encuentran salvaguardados por nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 9. Afectación al interés social. Cabe enfatizar que en principio la concesión de la medida cautelar no conlleva la actualización de alguna de las hipótesis contenidas en el artículo 129 de la Ley de Amparo, ni configuraría algún supuesto similar a los previstos en dicho precepto, por lo que puede afirmarse válidamente que la suspensión no ocasionaría perjuicios al interés social. Es así, dado que en el caso de estudio no se involucran derechos de la colectividad, porque el acto reclamado consiste en una dilación por parte de las autoridades en expedir un título y cédula procesional de una persona, tratándose únicamente de un interés en lo particular, sin que exista una afección al interés social con la medida cautelar, de ahí que al concederse provisionalmente la suspensión solicitada, no se le causaría daño alguno a la sociedad. 10. Inobservancia de normas de orden público. En los artículos 128 y 129, de la Ley de Amparo se señala como requisito de procedencia de la suspensión, entre otros, que no se contravengan disposiciones de orden público y se señala una serie de supuestos frente a los cuales no se debe conceder dicha medida cautelar. Por consiguiente, es posible conceder la medida cautelar, toda vez que no se le priva a la colectividad de alguna satisfacción de necesidades o beneficio, contenidas en dichas normas, al estar involucrado únicamente el derecho de la parte quejosa de que sean respetadas sus prerrogativas del derecho a la educación y ejercer la profesión de las que requieran título profesional. 11. Concesión de la suspensión provisional. Conforme a lo expuesto y en virtud de existir solicitud expresa al respecto, no seguirse perjuicio al interés social, ni contravenirse disposiciones de orden público y que de no otorgarse se infligirían a la parte quejosa daños o perjuicios de difícil reparación, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 128, 129, 131, 136 y 138 de la Ley de Amparo, se CONCEDE la suspensión provisional, para el efecto de que los particulares con características de autoridades responsables, de manera inmediata, realicen lo necesario para la expedición del título y cédula profesional de la parte quejosa, removiendo cualquier obstáculo al interior de la universidad que impida cumplir esta suspensión. 11.1 Criterio aplicable. Tiene aplicación, por lo que informa, la tesis con registro digital 2023495 del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito. 11.2 Requisitos de efectividad. No resulta necesario requerir a la quejosa la exhibición de alguna garantía como requisito de efectividad, en virtud de que con la concesión de la medida no se advierte afectación a algún tercero. 12. Determinación provisional. Se concede la suspensión provisional solicitada en los términos y efectos antes precisados, hasta en tanto se rindan los informes previos y se cuente con mayores elementos para mejor proveer. 13. Requerimiento de informe. En conformidad con lo dispuesto en los artículos 138, fracción III y 140 de la Ley de Amparo, se requiere informe previo a las autoridades responsables, para que dentro del plazo de cuarenta y ocho horas lo rindan. Se apercibe que en caso de incumplir este requerimiento, se aplicará multa consistente en cien Unidades de Medida y Actualización vigente, equivalentes a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), en términos de los artículos 237, fracción I, 238, párrafo primero, y 260, fracción I, de la Ley de Amparo. Para tal efecto se ordena al Actuario Judicial adscrito adjunte copia simple de la demanda y anexos pertinentes en cada oficio. 14. Audiencia incidental. La audiencia incidental se llevará a cabo a las ONCE HORAS CON NUEVE MINUTOS DEL TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS (HORARIO DE LA FRONTERA NORTE). No habrá necesidad de emitir oficio a las autoridades responsables para notificarles el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinación no tendría la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio; por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia incidental, la fecha y hora acordadas nuevamente para ese efecto, la podrá consultar en la página de internet https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ juicioenlinea con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes [aplicable la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) número de registro 2002576]. Notifíquese en términos de ley.
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