Wilfrido Hernandez Pedro
Expediente 700/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 17 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 700/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 09/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Wilfrido Hernandez Pedro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de revisión contra la resolución que NEGÓ el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que causa ejecutoria dicha resolución. Hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. DEVOLUCIÓN DE DVD En tales condiciones, se ordena la devolución de tres DVD´s que la autoridad responsable Juez de Control de Ejutla de Crespo, remitió en apoyo a su informe justificado, solicitándose el acuse de recibo correspondiente. ARCHIVO Toda vez que no existen documentos originales que devolver, con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General del sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, ARCHÍVESE el asunto como concluido. DESTINO Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 7 fracción III, inciso a) del citado Acuerdo General, este expediente es CONSERVABLE, después de tres años, toda vez que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal. SIN RELEVANCIA DOCUMENTAL Asimismo este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el precepto 15 del Acuerdo citado. ANOTACIONES Háganse las anotaciones correspondientes en los libros de control. NOTIFÍQUESE.
- Incidental
MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de octubre de dos mil veintitrés. ARCHIVO Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión, con esta fecha se ordenó el archivo del expediente principal; por tanto, con fundamento en el artículo 9° del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, ARCHÍVESE el presente asunto como concluido. SIN DOCUMENTOS ORIGINALES Se precisa que el presente incidente de suspensión no contiene documentos originales pendientes de devolver. DESTINO En términos del artículo 17, fracción III, inciso b) del invocado Acuerdo General, atendiendo a que por una parte se NEGÓ y por otra parte se CONCEDIÓ la suspensión definitiva solicitada, el cuaderno incidental original es CONSERVABLE, por lo que deberá ser transferido al archivo de concentración después de tres años. ANOTACIONES Háganse las anotaciones correspondientes en los libros de control. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA "... VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo 700/2023 promovido por Wilfrido Hernández Pedro, contra actos del Juez de Control del circuito judicial de Valles Centrales, sede Ejutla de Crespo, Oaxaca y otra autoridad; y, ... C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal es competente para conocer y resolver el presente asunto, c... SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Resulta oportuno precisar en este apartado, los actos reclamados en el presente juicio de amparo, atento a lo que dispone el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece que las sentencias dictadas en los juicios de amparo, deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, para lo cual debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen de ese primer escrito, en un sentido tal que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañando lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente lo que en apariencia dijo. Tiene sustento lo anterior en el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Ahora, de un estudio integral de la demanda se advierte que el quejoso reclama: AUTORIDADES RESPONSABLES ACTOS RECLAMADOS 1.- Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales sede Ejutla de Crespo. a).- Auto de vinculación a proceso dictado en su contra el veinte de junio de dos mil veintitrés, en la causa penal ... por el delito de violación, cometido en agravio de .... b).-Medida cautelar consistente en prisión preventiva oficiosa. 2.- Director del Centro Penitenciario Tres, con sede en Miahuatlán. El internamiento en el referido centro de reclusión. Fijada la litis, lo procedente es analizar la existencia de los actos reclamados y la procedencia del juicio de amparo respecto de los mismos. TERCERO. Certeza del acto. ES CIERTO el acto reclamado, ya que así lo manifestaron las autoridades responsables al rendir su informe justificado. Certeza que se corrobora con las constancias que remitió el juez de control en apoyo a su informe, a las que se les concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. En este apartado se estima conveniente hacer una reseña de los antecedentes del acto reclamado, apoyado en las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se ha otorgado el valor probatorio de ley, y de donde se advierte lo siguiente: HECHOS POR LOS CUALES SE ATRIBUYE LA PROBABILIDAD DE PARTICIPACIÓN DEL IMPUTADO, AQUÍ QUEJOSO, EN SU COMISIÓN: El treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós, siendo aproximadamente las cinco de la tarde, el imputado Wilfrido Hernández Pedro, bajo amenazas llevó a la víctima ... (de veinticinco años de edad en la época de los hechos), hasta una construcción de madera con lámina ubicada en la Colonia conocida como Nitzarindani de la Villa de Zaachila, Oaxaca, como referencia a ciento setenta metros aproximadamente del letrero de los terrenos comunales de San Martín Tilcajete. Al entrar a dicho lugar, le dijo a la víctima que no dijera nada porque sino iba a matar a su familia, que cerrara los ojos, que si los abría la mataba; enseguida le dijo que le diera las manos, por lo cual agarró de las manos a la víctima y se las hizo hacia atrás, luego se las amarró y le dijo que era por las buenas o por las malas. Enseguida la arrinconó en una esquina de la casa, le volvió a decir que cerrara los ojos y que si volteaba la mataba, ella empezó a llorar pidiéndole que no lo hiciera; enseguida el imputado le desabrochó su pantalón y se lo bajó, luego la agarró de la cabeza e inclinó a la víctima un poco, le tocó sus pechos diciéndole que no hiciera nada, no volteara, porque en su mochila llevaba una pistola. Luego se bajó los pantalones y le metió el pene en la vagina a la víctima, quien lloró y le dijo que se callara. Una vez que terminó, le subió los pantalones a la víctima, también se subió el imputado sus pantalones. Mediante comparecencia de diez de febrero de dos mil veintitrés, la víctima denunció los hechos delictuosos ante la representación social. Derivado de lo anterior, en audiencia de catorce de junio de dos mil veintitrés, se comunicó la imputación inicial al aquí quejoso, por lo que fue vinculado el veinte de junio de dos mil veintitrés, en audiencia de ampliación de término constitucional por el delito de violación cometido en perjuicio de la víctima Arely Michelle Sosa López. En esa misma audiencia de veinte de junio de dos mil veintitrés, se impuso al imputado aquí quejoso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Resolución de vinculación a proceso y de imposición de medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que constituye el acto reclamado en el presente asunto. QUINTO. Causas de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal cuyo análisis debe efectuarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, previamente al examen de las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, así como en términos de la tesis de jurisprudencia número 814, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 553, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Al no existir causa de improcedencia que se haga valer o que se advierta de oficio, se procede a atender los conceptos de violación formulados. SEXTO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó los conceptos de violación que se encuentran en la demanda de amparo, sin que sea necesario transcribirlos, pues los antecedentes del caso y los conceptos de violación que esgrime el quejoso se dan por reproducidos como si a la letra se insertaran en obvio de repeticiones innecesarias, tomando en consideración que el artículo 76 ni algún otro precepto de la Ley de Amparo, señalan que deban transcribirse, lo que también tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos treinta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". No obstante, en resumen, ha de señalarse que la parte quejosa, en su escrito de demanda, expone los conceptos de violación siguientes: Se vulnera en su perjuicio el artículo 19 Constitucional y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que la comunicación del hecho que hizo el Ministerio Público y la solicitud de vinculación de donde deriva la declaración de la víctima, no guardan congruencia con los datos de prueba vertidos por la representación social. No se acreditó la tipicidad en el delito de violación que se le atribuye, ni obran datos de prueba tendentes a esclarecer si se ejecutó el ilícito conforme los elementos que exige. El juez de control realizó una indebida valoración de los datos de prueba expuestos porque no acreditaron indiciariamente la probabilidad de su participación en el ilícito de violación en relación con los hechos de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés. Los datos de prueba que sirvieron de soporte probatorio, fueron obtenidos en forma contradictoria a los principios de no autoincriminación, presunción de inocencia, defensa adecuada y contradicción, por lo que constituyen pruebas ilícitas y se les debió negar valor probatorio en términos del artículo 20, apartado A, fracción IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se violentó el principio de presunción de inocencia en su contra. La fundamentación y motivación no es aplicable al caso concreto, por lo que se contraviene el artículo 16 Constitucional; ello porque no existen indicios razonables para establecer como autor al aquí quejoso, de conformidad con el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En el caso no hay datos de prueba idóneos para acreditar el dolo. La medida cautelar de prisión preventiva justificada no se encuentra justificada conforme a los principios de proporcionalidad, idoneidad y mínima intervención; ya que la prisión preventiva debe ser de uso excepcional. SÉPTIMO. Estudio de los conceptos de violación. LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN expuestos por el quejoso RESULTAN INFUNDADOS, sin que exista queja deficiente por suplir. El artículo 79, fracción III, de la Ley de Amparo establece la suplencia de la queja en materia penal, tratándose del indiciado; sin embargo, en términos del penúltimo párrafo de ese numeral, la suplencia sólo se expresará en las sentencias si la suplencia le reporta algún beneficio. Es decir, quien resuelve este juicio constitucional, únicamente está obligado a suplir la deficiencia de la queja en favor del demandante del amparo, cuando existan causas jurídicamente válidas para preservar u otorgar algún derecho, pues de no advertir que la suplencia conduzca a esa finalidad provechosa para el quejoso, bastará que así se declare sin necesidad de realizar un estudio oficioso del asunto. Bajo ese contexto, se advierte la resolución de vinculación a proceso dictada por la Jueza de control contra el aquí quejoso, por su probable participación en la comisión del ilícito de violación, previsto en el artículo 246, en relación con los artículos 8°, fracción I, 9°, fracción I, 11 fracción II, todos del Código Penal del Estado de Oaxaca, no transgrede en su perjuicio el artículo 19 Constitucional, que prevé los requisitos para la emisión del auto de vinculación, como se demostrará a continuación. Los citados preceptos disponen: "ARTÍCULO 246.- Al que por medio de la violencia física o moral tenga cópula con una persona sin la voluntad de ésta, sea cual fuere su sexo, se le impondrá prisión de catorce a veinte años y multa de seiscientos a un mil doscientas veces el valor de la unidad de medida y actualización. ARTÍCULO 8.- Los delitos pueden ser dolosa o culposamente realizados. I.- Actúa con dolo la persona que al momento de la realización del hecho se representa el resultado típico y quiere o acepta su realización. (.). ARTÍCULO 9.- El delito es: I.- Instantáneo, cuando la consumación se agota en el mismo momento en que se han realizado todos sus elementos constitutivos; (.). ARTÍCULO 11.- Son autores o partícipes del delito: (.) II.- Los que lo realicen por sí; (.)". Ahora, conforme al artículo 19 de la Constitución Federal y los numerales 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para la emisión de un auto de vinculación a proceso, se deben cumplir los siguientes requisitos: Que se comunique la imputación al indiciado. Se indique el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución Se le otorgue la oportunidad de declarar y Que tal resolución sea dictada dentro del plazo de setenta y dos horas o su ampliación -ciento cuarenta y cuatro horas-, a partir de que el indiciado es puesto a disposición del juez de control. De los antecedentes de investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se cometió un hecho delictivo y Que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Sin embargo, atendiendo a los conceptos de violación suplidos en su deficiencia, en el caso únicamente es necesario verificar si con los datos de prueba existentes, se acreditó la probable participación del quejoso en la comisión del ilícito de violación que se le atribuye, ya que no se encuentra a discusión el cumplimiento de los requisitos restantes. Así, resulta INFUNDADO el PRIMER CONCEPTO DE VIOLACIÓN del quejoso, relativo a que la comunicación del hecho delictivo que hizo el ministerio público y la solicitud de vinculación de donde deriva la declaración de la víctima, no guardan congruencia con los datos de prueba aportados por la representación social. La autoridad ministerial en audiencia de comunicación de imputación de catorce de junio de dos mil veintitrés, formuló imputación al aquí quejoso por el delito de violación ... haciéndole de conocimiento los siguientes hechos: Que se inició una carpeta de investigación en su contra por el ilícito de violación en perjuicio de Arely Michell Sosa López (quien es cuñada del imputado, al ser la hermana de la víctima cónyuge del imputado). El treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós, siendo aproximadamente las cinco de la tarde, el imputado ...bajo amenazas llevó a la víctima Arely Michell Sosa López (de veinticinco años de edad en la época de los hechos), hasta una construcción de madera con lámina ubicada en la Colonia conocida como Nitzarindani de la Villa de Zaachila, Oaxaca, como referencia a ciento setenta metros aproximadamente del letrero de los terrenos comunales de San Martín Tilcajete. Al entrar a dicho lugar, le dijo a la víctima que no dijera nada porque sino iba a matar a su familia, que cerrara los ojos, que si los abría la mataba; enseguida le dijo que le diera las manos, por lo cual la agarró de las manos a la víctima y se las hizo hacia atrás, luego se las amarró y le dijo que era por las buenas o por las malas. Enseguida la arrinconó en una esquina de la casa, le volvió a decir que cerrara los ojos y que si volteaba la mataba, ella empezó a llorar pidiéndole que no lo hiciera; enseguida el imputado le desabrochó su pantalón y se lo bajó, luego la agarró de la cabeza e inclinó a la víctima un poco, le tocó sus pechos diciéndole que no hiciera nada, no volteara, porque en su mochila llevaba una pistola. Luego se bajó los pantalones y le metió el pene en la vagina a la víctima, quien lloró y le dijo que se callara. Una vez que terminó, le subió los pantalones a la víctima, también se subió el imputado sus pantalones. La conducta que se le imputa es a título doloso, su forma de intervención es como autor en términos del artículo 8°, fracción I y 11, fracción II, al realizar esa conducta de forma ilícita. Los datos de prueba aportados por la representación social fueron ... La denuncia de la víctima de diez de febrero de dos mil veintitrés. Dictamen médico de lesiones y ginecológico de diez de febrero de dos mil veintitrés, realizado por la perito médico de la fiscalía. Dictamen psicológico de diez de febrero de dos mil veintitrés, realizado por la perito en psicología. Inspección en el lugar donde acontecieron los hechos, realizada por el Agente Estatal de Investigaciones con número de placa 1053. Con base en esas circunstancias, la representación social solicitó se vinculara a proceso al imputado por el ilícito de violación, sin que de ello se advierta una incongruencia como refiere el quejoso. Es así, porque esos datos fueron tomados en cuenta por la jueza de control para dictar el auto de vinculación a proceso, los cuales se encuentran relacionados con los hechos que se le hicieron saber al imputado aquí quejoso en la imputación, de modo que al momento del dictado del auto de vinculación ya conocía los hechos y datos de prueba aportados por la autoridad ministerial. Cabe precisar que este Juzgador no puede sustituir a la autoridad responsable en la ponderación de los datos de prueba incorporados, sino únicamente analizar la constitucionalidad del ejercicio de ponderación realizado, para corroborar si se ajustó a los principios que rigen el debido proceso penal y constatar que no se alteren hechos, ni infracción a las reglas fundamentales de la lógica, a los conocimientos científicos y a las máximas de la experiencia. De igual forma, resultan INFUNDADOS EL SEGUNDO Y TERCER CONCEPTO DE VIOLACIÓN, relativos a que no se acreditó la tipicidad del delito de violación que se le atribuye ni obran datos de prueba tendentes a esclarecer si se ejecutó el ilícito conforme a los elementos que exige; aunado a que el juez de control realizó una indebida valoración de los datos de prueba. Lo anterior, porque la acreditación exacta de los elementos del delito, no es impedimento para dictar el auto de vinculación, ya que éste no requiere de pruebas ni se exige comprobar que ocurrió un hecho ilícito, debido a que el juicio de tipicidad solo es exigible en la sentencia, en la que el juez natural decidirá si se cometió o no el delito, de modo que en el auto de vinculación únicamente basta que se encuadre la conducta a la norma penal, independientemente de la metodología que se adopte para identificar el tipo penal aplicable y poder continuar con la investigación en su fase judicializada. Por tanto, no es necesario hacer un estudio técnico de todos los elementos del delito para la emisión del auto de vinculación a proceso, sino basta que se encuadre la conducta a la norma penal, de manera tal que sea posible identificar las razones que llevan al Juzgador a determinar el tipo penal aplicable, lo que se encuentra relacionado con que existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, el cual se encuentra demostrado indiciariamente para los efectos del auto de vinculación a proceso, a partir de las inferencias lógicas expuestas. Así, para la emisión del auto de vinculación, solo es necesario contar con datos de prueba para identificar el tipo penal aplicable, por lo que las deficiencias advertidas podrán ser motivo de prueba en la etapa procesal respectiva. Y en el caso, la autoridad responsable sí encuadró la conducta a la norma penal (delito de violación), con los hechos sucedidos el treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós, pues precisó que para que se actualice el ilícito en mención, se requiere: Que exista una cópula de una persona a otra. Que se imponga por medio de la violencia física o moral. Que dicha cópula se haga sin la voluntad de la víctima. Elementos que tuvo por acreditados, al referir que aproximadamente a las cinco de la tarde, el aquí quejoso con amenazas de muerte a la víctima y a su familia -aunado a que presuntamente el día de los hechos el imputado amenazó a la víctima con una pistola que llevaba en su mochila-, la llevó a una construcción de madera con lámina ubicada en la Colonia conocida como Nitzarindani de la Villa de Zaachila, Oaxaca, como referencia a ciento setenta metros aproximadamente del letrero de los terrenos comunales de San Martín Tilcajete y le impuso la cópula sin la voluntad de la víctima. Hechos que produjeron en la víctima una alteración psicoemocional con resultado de estrés transitorio y con tendencia a evolucionar a trastorno de adaptación con ansiedad mixta y ánimo deprimido agudo, de conformidad con el dictamen psicológico practicado a la víctima el diez de febrero de dos mil veintitrés. Por lo que al ser un ilícito que no exige la presencia de testigos dada su naturaleza, la denuncia de la víctima es un indicio razonable para acreditar la probable responsabilidad de la participación del quejoso en el delito que se le imputa, pues se reitera, para el dictado del auto de vinculación, no es necesario acreditar el cuerpo del delito sino únicamente que se cometió el hecho delictivo y una probabilidad de que el imputado participó en su comisión. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 1ª/J. 35/2017 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 360, libro 45, agosto de 2017, tomo I, décima época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2014800, que establece: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley". Por lo que la acreditación del ilícito es materia de análisis en la fase judicializada del procedimiento, donde en igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. Máxime que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su artículo 6, fracción V, establece que la violencia sexual, es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física; es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto. En ese sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a. CLXXXIV/2017 (10a.), registro 2015634, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 48, Noviembre de 2017, Tomo I, página 460, de rubro y texto: "VIOLENCIA SEXUAL CONTRA LA MUJER. REGLAS PARA LA VALORACIÓN DE SU TESTIMONIO COMO VÍCTIMA DEL DELITO. De acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, el Estado debe establecer procedimientos legales, justos y eficaces para que las mujeres puedan acceder efectivamente a la justicia, pues las mujeres víctimas de violencia, en especial la de tipo sexual, enfrentan barreras extraordinarias cuando intentan ejercer este derecho. Por lo tanto, con el objeto de remover esas barreras, los testimonios de las víctimas de la totalidad de delitos que involucren actos de violencia sexual contra la mujer, deben ser valorados con una perspectiva de género a fin de evitar afirmaciones, insinuaciones y alusiones estereotipadas, que generen en el ánimo del juzgador una inadecuada valoración que reste credibilidad a la versión de las víctimas. Esas reglas de valoración fueron sostenidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver los casos Fernández Ortega y Rosendo Cantú y por el Pleno de esta Suprema Corte en la tesis P. XXIII/2015 de rubro: "TORTURA EN SU VERTIENTE DE VIOLACIÓN SEXUAL. EL ANÁLISIS PROBATORIO RELATIVO DEBE REALIZARSE CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.", las cuales deben ser observadas por las personas impartidoras de justicia en este tipo de casos, que incluyen, al menos, los siguientes elementos: a) se debe considerar que los delitos sexuales son un tipo de agresión que, en general, se producen en ausencia de otras personas más allá de la víctima y la persona o personas agresoras, por lo que requieren medios de prueba distintos de otras conductas. En razón de lo anterior no se puede esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales y, por ello, la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho. Asimismo, al analizar la declaración de la víctima se debe tomar en cuenta que las agresiones sexuales corresponden a un tipo de delito que la víctima no suele denunciar por el estigma que dicha denuncia conlleva usualmente; b) se debe tener en cuenta la naturaleza traumática de los actos de violencia sexual. En razón de ello se debe entender que es usual que el recuento de los hechos pueda presentar algunas inconsistencias o variaciones en cada oportunidad que se solicita realizarlo; c) Se deben tomar en cuenta algunos elementos subjetivos de la víctima, como su edad, condición social, pertenencia a un grupo vulnerable o históricamente discriminado, entre otros; d) se debe analizar la declaración de la víctima en conjunto con otros elementos de convicción, recordando que la misma es la prueba fundamental. Entre esos otros elementos se pueden encontrar dictámenes médicos psiquiátricos, testimonios, examinaciones médicas, pruebas circunstanciales, indicios y presunciones; y e) las pruebas circunstanciales, indicios y presunciones, deben ser utilizadas como medios de prueba siempre que de ellos puedan inferirse conclusiones consistentes sobre los hechos.". Sostuvo que de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, el Estado debe establecer procedimientos legales, justos y eficaces para que las mujeres puedan acceder efectivamente a la justicia, pues las mujeres víctimas de violencia, en especial la de tipo sexual, enfrentan barreras extraordinarias cuando intentan ejercer este derecho. Por lo tanto, con el objeto de remover esas barreras, los testimonios de las víctimas de la totalidad de delitos que involucren actos de violencia sexual contra la mujer, deben ser valorados con una perspectiva de género a fin de evitar afirmaciones, insinuaciones y alusiones estereotipadas, que generen en el ánimo del juzgador una inadecuada valoración que reste credibilidad a la versión de las víctimas. Esas reglas de valoración fueron sostenidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver los casos Fernández Ortega y Rosendo Cantú y por el Pleno de la Suprema Corte en la tesis P. XXIII/2015 de rubro: "TORTURA EN SU VERTIENTE DE VIOLACIÓN SEXUAL. EL ANÁLISIS PROBATORIO RELATIVO DEBE REALIZARSE CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.", las cuales deben ser observadas por las personas impartidoras de justicia en este tipo de casos, que incluyen, al menos, los siguientes elementos: Se debe considerar que los delitos sexuales son un tipo de agresión que, en general, se producen en ausencia de otras personas más allá de la víctima y la persona o personas agresoras, por lo que requieren medios de prueba distintos de otras conductas. En razón de lo anterior no se puede esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales y, por ello, la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho. Asimismo, al analizar la declaración de la víctima se debe tomar en cuenta que las agresiones sexuales corresponden a un tipo de delito que la víctima no suele denunciar por el estigma que dicha denuncia conlleva usualmente; Se debe tener en cuenta la naturaleza traumática de los actos de violencia sexual. En razón de ello se debe entender que es usual que el recuento de los hechos pueda presentar algunas inconsistencias o variaciones en cada oportunidad que se solicita realizarlo; Se deben tomar en cuenta algunos elementos subjetivos de la víctima, como su edad, condición social, pertenencia a un grupo vulnerable o históricamente discriminado, entre otros; Se debe analizar la declaración de la víctima en conjunto con otros elementos de convicción, recordando que la misma es la prueba fundamental. Entre esos otros elementos se pueden encontrar dictámenes médicos psiquiátricos, testimonios, examinaciones médicas, pruebas circunstanciales, indicios y presunciones; y Las pruebas circunstanciales, indicios y presunciones, deben ser utilizadas como medios de prueba siempre que de ellos puedan inferirse conclusiones consistentes sobre los hechos. Por lo que acorde con el estándar de prueba requerido para el dictado del auto de vinculación a proceso en el ilícito de violación, los datos vertidos por la autoridad responsable son suficientes, pertinentes e idóneos para señalar razonablemente que el imputado, participó de manera probable en esos hechos, especialmente con la denuncia de la víctima, quien de forma categórica lo señala. Conforme lo hasta aquí expuesto, válidamente la jueza de Control asignó relevancia demostrativa en forma libre y lógica, en apreciación conjunta, integral y armónica de los datos de prueba reseñados, para arribar a la conclusión de que éstos son suficientes hasta ese momento, para acreditar el hecho con apariencia del delito de violación. Asimismo, resulta INFUNDADO EL SÉPTIMO CONCEPTO DE VIOLACIÓN, consistente en que no hay datos de prueba idóneos para acreditar el dolo, ya que en la resolución que se analiza, la autoridad judicial responsable precisó que el hecho se llevó bajo coacción, lo que revela un conocimiento del imputado en la comisión del ilícito, situación que se desprende de la declaración de la víctima. También resulta INFUNDADO EL SEXTO CONCEPTO DE VIOLACIÓN, relativo a que la resolución reclamada carece de fundamentación y motivación porque no existen indicios razonables para establecer como autor al aquí quejoso. Esto es así, porque la jueza de control para dictar el auto de vinculación a proceso, analizó y valoró los datos de prueba expuestos por la representación social, así como por la defensa, al momento de formular la imputación, a fin de evidenciar los hechos que considera delictuosos, las que consideró suficientes para demostrar, de manera probable que el día treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós, aproximadamente a las cinco de la tarde, en una construcción de madera con lámina ubicada en la colonia Nitzarindani de la Villa de Zaachila, Oaxaca, como referencia a ciento sesenta metros, aproximadamente del letrero de los terrenos comunales de San Martín Tilcajete, el imputado coaccionó a la víctima bajo violencia moral (amenazas) para imponerle la cópula. Y refirió que se acredita la probable responsabilidad del imputado esencialmente con el señalamiento directo de la víctima, quien lo conoce por ser su cuñado, esposo de su hermana, lo que la autoridad judicial relacionó con los testimonios ofrecidos por la defensa, quienes al ser los padres de la víctima ratificaron ese parentesco. Así, la Jueza de control citó los artículos en que sostuvo lo decidido; expresó los motivos y argumentos tendientes a establecer porqué consideró que en el caso era procedente dictar auto de vinculación en contra del quejoso y expresó los motivos por los que concedía valor probatorio a los medios de convicción que fueron reseñados. Ante estas circunstancias, el acto reclamado se encuentra debidamente fundado y motivado, como lo dispone el artículo 16 de la Constitución, por lo que la resolución combatida no es violatoria de derechos fundamentales. Orienta lo expuesto la jurisprudencia VI.2o. J/43, Novena Época, registro 203143, emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento." De igual forma, resultan INFUNDADOS EL CUARTO Y QUINTO CONCEPTO DE VIOLACIÓN, consistentes en que el soporte probatorio fue obtenido en forma contradictoria a los principios de no autoincriminación, presunción de inocencia, defensa adecuada y contracción, por lo que son pruebas ilícitas a las que se debió negar valor probatorio en términos del artículo 20, apartado A, fracción IX Constitucional y se vulneró el principio de presunción de inocencia en su contra. Lo anterior, porque el imputado contó con su defensor particular tanto en la audiencia de imputación como en la de ampliación de término constitucional. Luego, por lo que hace al principio de contradicción, éste no se vio vulnerado ya que también se tomaron en consideración los datos de prueba que aportó la defensa, consistentes en: Entrevistas de la ciudadana Teresa López y Otón Sosa, de dieciséis de junio de dos mil veintitrés (progenitores de la víctima) -donde esencialmente refieren que nunca han tenido problemas con el imputado y que solo quieren que se aclaren las cosas-. Acta de nacimiento de la víctima (en copia certificada), donde aparecen sus datos de filiación. Denuncia de la víctima de diez de febrero de dos mil veintitrés. Dictamen de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, en el que se extrajeron capturas de pantalla del teléfono de la víctima. Datos que la jueza de control también consideró para el dictado del auto de vinculación, y al respecto determinó: Que de los mensajes extraídos del celular de la víctima -vertidos de manera oral por la representación social-, se advierten mensajes del número del imputado al de la víctima, en los que se observan diversas circunstancias, entre ellas mensajes amenazantes, con un alto contenido de violencia verbal, con lenguaje inapropiado. Por lo que la juzgadora determinó que no podía concederles la estimación solicitada por la defensa -que no existieron amenazas para los padres de la víctima o que haya habido coacción y que de ello se puede desprender una relación sentimental-; sino que por el contrario, robustecen el dicho de la víctima, ya que no se infiere una correspondencia de los mensajes por parte de la víctima hacia el imputado, sino precisamente la situación que da a conocer la víctima en su declaración, que denota una cuestión hostigante para coaccionarla con el propósito que perseguía el imputado. Máxime que en la etapa de investigación los datos aportados por las partes no constituyen prueba fehaciente, porque conforme al artículo 20, fracción III, inciso A) Constitucional, solo se consideran como pruebas las que hayan sido desahogadas en audiencia de juicio. Y en relación con los datos de prueba aportados por la representación social, la jueza responsable determinó que le generaban convicción y les otorgaba estimación probatoria. Así, atendiendo a lo hasta aquí expuesto, la resolución analizada no transgrede en perjuicio del quejoso el derecho constitucional de presunción de inocencia, pues el hecho que se le vincule a proceso tiene como objetivo primordial establecer los hechos delictivos por los cuales se continuará con el proceso penal en sus demás etapas, para efectos de formularle una acusación, decretar el sobreseimiento o llegar a un medio de solución de controversia anticipada. En lo que atañe a la responsabilidad del imputado, se coincide con la responsable en que los datos reseñados son idóneos, pertinentes y suficientes para demostrar la probable participación del aquí quejoso en el hecho delictivo aludido, destacando la denuncia de la víctima, sin que se advierta queja deficiente que suplir sobre la existencia de una evidente excluyente del delito o eximente de responsabilidad. Sin que la presunción de inocencia logre derrotar las conclusiones lógicas de la juzgadora para sostener el auto de vinculación a proceso. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis XVIII.2o.P.A.5 P (10a.), registro 2023151, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, Undécima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.Libro 1, Mayo de 2021, Tomo III, página 2558, de rubro y texto: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. NO SE TRANSGREDE DICHO PRINCIPIO AL DICTAR EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, SI ÉSTE SE SUSTENTA EN LOS DATOS DE PRUEBA APORTADOS POR LA FISCALÍA. Hechos: Se dictó auto de vinculación a proceso en virtud de que los datos de prueba examinados fueron suficientes para demostrar un hecho con apariencia de delito e indicios lógicos que hacen probable la comisión o participación del imputado en su realización. Contra esa determinación, éste promovió juicio de amparo indirecto y el Juez de Distrito le negó la protección constitucional; inconforme con lo anterior, interpuso recurso de revisión y, en sus agravios, refirió que con los datos de prueba aportados por la Fiscalía se afectó el principio de presunción de inocencia. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que no se transgrede el principio de presunción de inocencia al dictar el auto de vinculación a proceso, si éste se sustenta en los datos de prueba aportados por la Fiscalía. Justificación: Lo anterior, pues con el dictado del auto de vinculación a proceso se pretende la formalización de la investigación y en él sólo se efectúa una clasificación jurídica provisional de los hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, es decir, en esa determinación se establece o fija la materia de la investigación y lo que eventualmente puede ser objeto de juicio. Además, de acuerdo con los principios y reglas que imperan en el nuevo modelo de justicia penal, para el dictado del auto de vinculación a proceso no se requiere la acreditación de los elementos del tipo penal ni del cuerpo del delito, sino que basta que existan un hecho con apariencia delito e indicios lógicos que presuman la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; por tanto, para el dictado del auto de vinculación a proceso es innecesario que los datos de prueba examinados tengan alcance probatorio pleno, por ser sólo el sustento para la decisión de abrir o no una investigación formalizada o judicializada contra una persona, en la que, una vez cerrada y atendiendo a la teoría del caso del agente del Ministerio Público, éste puede acusar, sobreseer o suspender el proceso sin llegar a juicio; de ahí que si la Fiscalía cumplió con la carga procesal que le obliga a aportar datos que hagan probable la existencia de un hecho tipificado como delito y éstos son congruentes y consistentes, no se transgrede el principio de presunción de inocencia.". Finalmente resulta INFUNDADO EL ÚLTIMO CONCEPTO DE VIOLACIÓN RELATIVO A QUE LA MEDIDA DE PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA NO SE ENCUENTRA JUSTIFICADA, conforme a los principios de proporcionalidad, idoneidad y mínima intervención ya que la prisión preventiva debe ser de uso excepcional. Al respecto, al determinarse la legalidad del auto de vinculación a proceso, resulta claro que también lo es la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta al quejoso, establecida en el artículo 155 fracción XIV, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ello, porque la medida cautelar se ajusta a la referida disposición legal, en relación con los diversos 165, 167, 170 y demás relativos del citado Código, atendiendo al delito que se le atribuye al imputado. Asimismo, conforme el numeral 19 párrafo II, de la Constitución Federal, el delito de violación se considera de aquellos que merecen prisión preventiva oficiosa y la jueza de control fundada y motivadamente decretó la imposición de la medida cautelar solicitada por el Ministerio Público. De modo que la resolución en comento, colma los requisitos de fundamentación y motivación que tutela el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues se expresaron las razones de derecho y los motivos de hecho para emitir la medida cautelar; además que como se señaló anteriormente, fue acertada la determinación del auto a vinculación a proceso emitido por la autoridad responsable. Aspectos formales que como ya se destacó, fueron cubiertos, pues en cuanto al requisito de fundamentación, la medida cautelar combatida contiene los preceptos de ley que la sustentan, así como las disposiciones legales que contienen las hipótesis consideradas actualizadas con los hechos, esencialmente dichos actos reclamados se fundaron en los numerales 155 fracción XIV, 156, 168 y 170 del Código Nacional de Procedimiento Penales. Ciertamente, es aplicable la tesis 1a. CXXXV/2012 (10a.) de la Primera Sala del Alto Tribunal, (registro 2001432), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 1, página 493, de rubro y texto: "PRISIÓN PREVENTIVA. NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Conforme al artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, no pueden suprimirse el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la propia convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella. Ahora bien, la privación de la libertad de una persona en forma preventiva con arreglo a la ley y al procedimiento fijado para ello no constituye una transgresión al principio de presunción de inocencia, toda vez que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, permite que se restrinja la libertad de una persona como medida cautelar, mediante un auto de formal prisión dictado por un delito que merezca pena de prisión; lo que es acorde con el artículo 7.2 de la referida Convención que dispone que nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas, máxime que el detenido preventivamente no purga una pena anticipada.". No pasa desapercibido para este Juzgador que resulta un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, que mediante ejecutoria dictada en la contradicción de criterios 40/2023 -suscitada entre el Quinto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito-, se determinó procedente conceder la suspensión provisional con efectos restitutorios, cuando el acto reclamado en un juicio de amparo sea la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, al considerar esencialmente que: La detención preventiva prolongada sin una justificación suficiente, es un ejemplo de una violación del derecho de libertad personal. La prisión preventiva no puede ser empleada como un castigo penal anticipado, ya que de conformidad con el artículo 9.3 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Prisión preventiva no debe ser la regla general, sino la excepción como una medida cautelar. Igualmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sostiene que la prisión preventiva debe ser visualizada como una medida de carácter excepcional que se encuentra limitada por principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proprocionalidad, lo que implica no erradicar esa figura sino considerar fijar diversas medidas antes de acudir a la privación de la libertad de la persona imputada, siempre y cuando tengan la misma eficacia; ello para garantizar el derecho a la libertad personal, presunción de inocencia y que las personas no sean detenidas de forma arbitraria. Si bien el artículo 19 Constitucional, prevé una restricción constitucional en cuanto a la prisión preventiva oficiosa, tal circunstancia no implica que ante la existencia de una restricción se deba estar necesariamente al texto constitucional, ya que los derechos no son absolutos, por lo que la restricción debe ser entendida de manera mínima y excepcional. Aunado a que el principio pro persona implica que en caso de existir conflictos o contradicciones entre diferentes normas jurídicas, se debe preferir la interpretación y aplicación que resulte más favorable para la protección y garantía de los derechos humanos que garantice el pleno ejercicio de los derechos en cuestión. Lo que sucede con los derechos humanos de origen internacional es que, al incorporarse al ordenamiento jurídico, se convierten en parte del catálogo de derechos que sirve como estándar de regularidad constitucional; por tanto, es inconcuso asumir que los mismos no pueden violar el principio de supremacía constitucional. Por su parte, la tutela judicial anticipada, permite a los juzgadores adoptar medidas de protección provisional antes de que se dicte la sentencia definitiva en un proceso legal y su objetivo principal es evitar daños irreparables o de difícil reparación a los derechos o intereses de las partes involucradas. La tutela anticipada se utiliza cuando existen circunstancias urgentes y se considera necesario tomar acciones inmediatas para proteger los derechos en un litigio. La suspensión solo puede tener efectos restitutorios cuando se cumplan con los requisitos de procedencia antes señalados y otorgarlos no afecte el interés social en mayor medida que la apariencia del buen derecho. Sin que ello implique que mediante la suspensión se logren constituir derechos que la parte quejosa no tenía antes de la demanda de amparo previo a la solicitud de la medida ya que la suspensión no solo se satisface cuando hay apariencia suficiente de un derecho previo que necesita de protección provisional por haber sido afectado por un acto probablemente inconstitucional. Por tanto, sin un derecho que corra peligro mientras dura el proceso, no se justifica la medida cautelar. De modo que atendiendo al caso concreto la determinación reclamada no resulta inconvencional, porque el fundamento de la jueza de control para restringir preventivamente la libertad del imputado se encuentra justificado, al tenor siguiente: De las comparecencias (denuncias de la víctima) de diez de febrero de dos mil veintitrés y de las constancias de las llamadas telefónicas de catorce de junio y quince de junio de dos mil veintitrés, así como del dictamen de extracción de documentos de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, se infiere un riesgo para la víctima. Si bien no existe un riesgo de sustracción del imputado, sí existe un riesgo para la víctima, como se infiere de las llamadas telefónicas y capturas de pantalla de los mensajes del imputado a la víctima -vertidos de manera oral por la representación social, en atención a que la jueza de control no se puede imponer de la carpeta de investigación o para tener actuaciones ministeriales que obren dentro de la carpeta de investigación (00:03:32 de la audiencia de ampliación de términos constitucional disco 010565_2023_P06)-. Así, la jueza de control determinó que la víctima y el imputado tienen un parentesco por afinidad, ya que resultan ser cuñados debido a la relación de concubinato del imputado con la hermana de la víctima, lo que le da facilidades para saber los lugares en los que puede encontrarse la víctima, por lo que consideró que ninguna otra medida de protección sería suficiente para garantizar la seguridad de la víctima. En cuanto a la proporcionalidad, la jueza responsable precisó que se ponderó la libertad de tránsito o personal del imputado, con el derecho de la víctima a una vida libre de violencia dentro de su esfera de mujer, y determinó que a consecuencia de los hechos, se ha ocultado y dejó de realizar de manera diaria sus actividades (incluso laborales de profesora), por temor a que esté en riesgo su vida y vuelva a ser víctima de una agresión. Razones por las que la juzgadora de primera instancia concluyó que la prisión preventiva oficiosa resulta la más idónea y pertinente para tutelar el riesgo procesal de peligro para la víctima, hasta en tanto se resuelva en definitiva el proceso penal iniciado contra el imputado, susceptible de revisión cuando varíen las circunstancias que motivaron la imposición de la misma. Consideraciones que demuestran que la medida cautelar no fue impuesta en automático sino que fue razonada para el caso concreto, de modo que no es una medida punitiva sino cautelar para proteger a la víctima, quien a consecuencia de los hechos, presentó trastorno de adaptación con ansiedad mixta y estado de ánimo deprimido. Por lo que se reitera, en el caso en concreto la dignidad de la mujer y el riesgo de pérdida de la vida, requieren de mayor tutela del Estado, ya que ese riesgo se hace presumible con las amenazas del imputado a la víctima vía telefónica, que expuso oralmente la representación social ... como son: "he matado gente y a eso me dedico", "si le decía algo a su familia iba a matar a sus papás y a su novio Carlos", "Le hacía todo eso porque la amaba y estaba enamorado de ella desde la secundaria", "no le importaba a quien tuviera que matar", "que le contestara bien porque sino le haría daño a su familia", "no abras el hocico porque si algún día nos topamos el topón será machín", "hoy estuve muy cerca de ti, demasiado". En consecuencia, al no existir violación a los derechos humanos contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no haber motivo para suplir la deficiencia de la queja, procede NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL a Wilfrido Hernández Pedro, contra actos del Juez de Control del circuito judicial de Valles Centrales, sede Ejutla de Crespo, Oaxaca y del Director del Centro Penitenciario Tres, con sede en Miahuatlán. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ... contra actos del Juez de Control del circuito judicial de Valles Centrales, sede Ejutla de Crespo, Oaxaca y del Director del Centro Penitenciario Tres, con sede en Miahuatlán. NOTIFÍQUESE; VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio firmado por la Jueza de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales sede Ejutla, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado mediante oficio 13190, de cuatro de agosto del año en curso, remite un disco formato DVD, que contiene la audiencia de ampliación de término constitucional de veinte de junio de dos mil veintitrés. Pruebas En términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, se admite el disco en formato DVD que remite, el cual se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Tiene aplicación la tesis 1a./J. 43/2013, (10a), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 703, del Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de contenido siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga.". Sin que sea necesario ordenar vista a las partes con el contenido del citado disco versátil digital, dado que la audiencia que contiene ya fue remitida en diverso oficio que se tuvo por recibido en proveído de veinticinco de agosto de esta anualidad ...., donde se acordó lo procedente y se ordenó dar vista a las partes; aunado a que obra en autos el emplazamiento a la parte tercera interesada -diligencia de siete de agosto de dos mil veintitrés, en cumplimiento al auto de cuatro de agosto pasado-. NOTIFÍQUESE.
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