Wilfrido Guillermo Lopez Hernandez

Expediente 939/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
939/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
22/10/2018

Partes del expediente

  • Wilfrido Guillermo Lopez Hernandez

Actuaciones

  1. Principal

    MESA II B "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de octubre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de queja contra el auto dictado el dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, en el cual se desechó la demanda de amparo origen de este expediente; con fundamento en los numerales 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que causa estado dicho auto; hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción I, del citado Acuerdo General, y atendiendo a que la demanda de garantías origen de este juicio se desechó, el presente expediente es destruible, después de cinco años. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previsto en el artículo vigésimo primero, párrafo último del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    MESA V B "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos, se advierte que el seis de septiembre de dos mil dieciséis (foja 39), se notificó por lista a la parte quejosa el proveído de veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, mediante el cual se hizo de su conocimiento que se dejaba a su disposición el billete de depósito N 465665, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, sucursal en esta ciudad, que ampara la cantidad de $1,000.00 (un mil pesos, cero centavos moneda nacional), para que surtiera efectos la suspensión provisional concedida a la parte quejosa. Ahora, los artículos 29 y 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, disponen que los depósitos constituidos ante las autoridades judiciales federales, entre otros, prescribirán a favor del Erario Federal en el plazo de dos años contados a partir de la fecha en que legalmente pudo exigirse su devolución o entrega por el depositante. Por tanto, al transcurrir a la fecha, más de dos años naturales, sin que la parte quejosa acudiera a recibir el referido billete; con fundamento en los invocados preceptos legales, de la Ley de Tesorería de la Federación, se declara que dicha garantía prescribió en favor del Erario Federal. En consecuencia, con fundamento en el artículo 5, párrafo tercero, fracción V, de la Ley de la Tesorería de la Federación, remítase el aludido certificado de depósito, por conducto de la Administración Desconcentrada de Recaudación de Oaxaca "1", residente en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, para que haga efectivo el numerario que ampara dicho billete, mismo que deberá enviarse transferido a favor de la Tesorería de la Federación, a fin de que lo haga efectivo en favor del Erario Federal. Por último, se autoriza a la Secretaria encargada del trámite del presente expediente, para que firme los oficios que deriven de este asunto. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho. Con la demanda de amparo de cuenta promovida por WILFRIDO GUILLERMO LÓPEZ HERNÁNDEZ, contra actos del TITULAR DE LA SECRETARÍA DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA SECCIÓN XXII DEL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN; de conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 939/2018. Se instruye al secretario a cargo de este expediente para que de fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; así como para que firme los oficios que deriven de este asunto. Ahora bien, de la demanda de amparo, se advierte que el promovente señala como autoridad responsable y actos reclamados los siguientes: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: Señalo como autoridad en su carácter de ordenadora y ejecutora al Titular de la Secretaria (sic) de Asuntos Jurídicos de la Sección XXII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, con domicilio en calle Armenta y López número 221, Colonia Centro, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. IV.- ACTO RECLAMADO. De la autoridad responsable reclamo el separarme de mi cargo de supervisor de la zona escolar número 117, con residencia oficial en San Juan Bautista Valle Nacional, Tuxtepec, Oaxaca, así como el cambio de adscripción y puesta a disposición, esto mediante el abogado autorizado para acompañar a presidir la asamblea de fecha 14 de septiembre de 2018, sin que existan elementos que funden y motiven su actuar, además de no ser la instancia facultada para realizar estos actos administrativos, por lo que con su actuar se violentan mis derechos laborales y garantías constitucionales". De lo anterior se advierte que el quejoso en calidad de trabajador del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, reclama, la separación de su cargo de supervisor de zona, así como el cambio de adscripción y puesta a disposición que atribuye al Titular de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Sección XXII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. En tales condiciones, con fundamento en los artículo 61 y 62 de la Ley de Amparo, se procede a examinar de oficio si en el caso existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Los artículos 1º fracción I y 5º fracción II, de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Al efecto, de los artículos 61, fracción XXIII, 1º, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, se colige que el juicio de amparo es procedente contra los actos de la autoridad que viole los derechos humanos, así como de particulares que realicen actos equivalentes a una autoridad con carácter imperativo y unilateral; en contra partida, la instancia constitucional resulta improcedente cuando se reclaman actos de particulares o entidades no consideradas como autoridades para efectos del amparo, por carecer de facultades, conforme a una norma jurídica, para emitir actos que incidan en la esfera jurídica de los gobernados. En esa tesitura, el Titular de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Sección XXII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, no tiene el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo, toda vez se trata de un particular integrante del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que carece de facultades decisorias y ejecutoras, en términos del artículo 5, fracción II de la Ley de Amparo. Ciertamente las notas distintivas de unilateralidad e imperio proceden en grado equiparable al de una autoridad, radica en que conforme a una norma legal, el particular se encuentre facultado para afectar con su actuación la esfera jurídica de los gobernados, de modo que cuando el actuar del particular derive de un actuar en un plano de igualdad -por una relación laboral o de carácter contractual- con otros particulares, no existe sustento constitucional ni legal para su impugnación mediante el juicio de amparo. Resulta ilustrativa para esclarecer las características del ente autoritario, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en la página mil ochenta y nueve del tomo XXXIV, septiembre de dos mil once, Novena Época, materia común de rubro y texto: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". En consecuencia, dado que se reclaman actos de un integrante de la sección XXII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que conforme a la Ley carece del atributo de autoridad, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de garantías, al advertirse una causa manifiesta e indudable de improcedencia. De acuerdo con el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. Téngase a la parte peticionaria señalando como domicilio para recibir acuerdos y notificaciones el que indica, y autorizando para tal efecto a las personas que menciona. Por último, con el objeto de respetar el derecho a la protección de los datos confidenciales de las partes, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, señálese a las partes, el derecho que les asiste para emitir su consentimiento a que se publiquen sus datos confidenciales; en la inteligencia que ante la falta de consentimiento, en la sentencia que se dicte y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. NOTIFICADA LA PARTE QUEJOSA EN TERMINOS DE LEY

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