Wilfredo Emmanuel Ramírez Núñez

Expediente 890/2022 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
890/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
16/08/2022

Partes del expediente

  • Wilfredo Emmanuel Ramírez Núñez

Actuaciones

  1. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, dieciséis de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación con que se da cuenta, se advierte que la parte agraviada no interpuso el recurso de queja previsto en artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, en contra del proveído de cuatro de agosto del año en curso, en el que se desechó de plano la demanda que dio origen al juicio de amparo 890/2022-IV, promovido por Wilfredo Emmanuel Ramírez Núñez; por ende, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos aplicados supletoriamente a la legislación de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Atento a lo anterior, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo. En otro orden de ideas, de conformidad con el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, y que no existen documentos originales agregados a este cuaderno; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto en el que se desechó de plano la demanda de amparo; además, a juicio de este Juzgado de Distrito, no tiene relevancia documental para su conservación. A su vez, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula de este cuaderno, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente asunto deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, secretario con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, cuatro de agosto de dos mil veintidós. Visto el escrito de demanda de amparo promovida por Wilfredo Emmanuel Ramírez Núñez, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar, con residencia en esta ciudad; regístrese en el libro respectivo con el número 890/2022-IV. Se exhorta a las partes para que, de ser posible y tomando en consideración las dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea"; atendiendo a ello, deberán haber solicitado la consulta de expedientes electrónicos y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, mismas que este juzgado debe haber autorizado, en el entendido de que la actuación por este medio requiere la utilización de una firma electrónica vigente. No obstante, para el caso de quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de su representante legal, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso a un expediente electrónico determinado y las notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Ahora bien, de conformidad con el artículo 113 de la ley de la materia, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda de derechos humanos que se recibe, numeral que es del tenor literal siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este precepto faculta para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Así, en relación con ello, se precisa que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Al efecto, la parte quejosa señala como autoridad responsable al: Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar, con asentamiento en esta ciudad. Asimismo, como acto reclamado: "EL AUTO DE FECHA 12 DE JULIO DEL 2022, DONDE RESUELVE EL INCIDENTE DE INCOMPETENCIA, EN RAZON DEL FUERO, QUE LE HABIA PROMOVIDO. DENTRO DE LOS MEDIOS PREPARATORIOS A JUICIO, RADICADOS BAJO EL NUMERO 254/2022." (Sic) Precisado lo anterior, se tiene que el juicio de derechos fundamentales que se intenta es notoriamente improcedente por lo que debe desecharse, en atención a las siguientes consideraciones. En el caso, del estudio efectuado al escrito de demanda, se desprende que el presente juicio de amparo resulta improcedente al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, párrafo primero, de la Ley de Amparo, por reclamarse un acto en contra del cual la legislación ordinaria tiene contemplado un medio de defensa. A manera de introducción, debe decirse que el juicio de amparo es un medio de control constitucional y de legalidad que se ejerce por medio de acción ante un órgano jurisdiccional, mediante el cual el gobernado solicita la intervención del Poder Judicial de la Federación para que invalide, nulifique, o deje sin efectos un acto de autoridad que supone arbitrario, y lo restituya en el uso y goce de sus garantías individuales violadas, para que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de la violación. Sin embargo, dicha instancia constitucional se rige por diversos principios fundamentales, entre los que se encuentra el de definitividad, que impone como presupuesto para la procedencia de la acción constitucional, la obligación a la parte quejosa en el sentido de que, previamente a promover el juicio de amparo, se deben agotar los medios de defensa que la ley que rija al acto reclamado conceda para reparar la violación contenida en el mismo. En cuanto al principio de definitividad, el artículo 107, fracción III, incisos a) y b), Constitucional, así como el diverso 61, fracción XVIII, párrafo primero, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes: (...) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a) Contra resoluciones definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, respecto de las cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que pueden ser modificados o reformados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo; siempre que en materia civil haya sido impugnada la violación en el curso del procedimiento mediante el recurso ordinario establecido por la ley e invocada como agravio en la segunda instancia, si se cometió en la primera. Estos requisitos no serán exigibles en el amparo contra sentencias dictadas en controversias sobre acciones del estado civil o que afecten al orden y a la estabilidad de la familia. b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." En efecto, en el texto de los mencionados preceptos se consagra la improcedencia del juicio de amparo indirecto en el supuesto de que cuando en contra del acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto. En esa tesitura, el principio de definitividad que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por su parte, los medios ordinarios de defensa son instituidos en las propias leyes para que los afectados los hagan valer, y solo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Si pasando por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos jurisdiccionales no tuvieran la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades de la administración pública. Ahora bien, en la situación concreta debe atenderse a lo dispuesto en el Código de Procedimientos Civiles para el estado de Tamaulipas. Lo que el quejoso tramitó ante el Juez responsable fue una declinatoria en la medida de haber solicitado a dicha autoridad judicial deje de conocer el asunto de origen por cuestión de fuero, razón por la que, como bien lo dice el agraviado, en términos del artículo 197, penúltimo párrafo, del Código de Procedimientos Civiles para el estado de Tamaulipas, procedió la apertura del incidente correspondiente, mismo que culminó con la resolución reclamada. Ahora, para impugnar las resoluciones incidentales, el Código de Procedimientos Civiles para el estado de Tamaulipas prevé el recurso de apelación en su numeral 926, en relación con el diverso 928, fracción II, de la misma codificación, los cuales disponen: "Artículo 926. El recurso de apelación tiene por objeto que el Supremo Tribunal de Justicia revoque o modifique la resolución dictada en primera instancia. La confirmación será, en todo caso, resultado lógico-jurídico de la improcedencia de la revocación o modificación solicitadas." "Artículo 928. Solo podrán ser objeto de apelación las siguientes resoluciones de primera instancia: . II. Los autos, cuando resuelvan un incidente o expresamente lo disponga este Código." Del análisis de los dispositivos antes anotados, se advierte que el Supremo Tribunal de Justicia conocerá de los recursos de apelación que se promuevan contra los autos que resuelvan un incidente, como lo es en el caso a estudio. Ahora, como en el caso se está ante una resolución que resuelve un incidente de incompetencia, previo a la promoción del juicio de amparo debió agotarse el recurso de apelación que prevé el citado numeral 926, del Código de Procedimientos Civiles para el estado de Tamaulipas, en relación con el diverso 928, fracción II, de la misma codificación, a fin de que pueda tornarse definitiva. Aunado a lo expuesto, debe destacarse que aun en el supuesto de haber resultado favorable a los intereses del quejoso la resolución reclamada; esto es, que se haya declinado competencia ante autoridad de distinto fuero para que conociera del asunto de origen, el juicio de amparo también resultaría improcedente, pues debe recordarse que en ese supuesto, el juicio biinstancial se debe promover en contra de la resolución que eventualmente acepte la declinatoria, esto es, en contra de aquella que se torne definitiva para efectos de la procedencia; lo que no ocurre en el presente asunto; de ahí la notoria y manifiesta improcedencia del juicio. Por las consideraciones que la integran, se cita la jurisprudencia P./J. 17/2015 (10a.), sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal del país, localizable en la página 5, Tomo I, Libro 21, Agosto de 2015, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es el siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas." En consecuencia, al actualizarse la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la presente demanda de amparo intentada por Wilfredo Emmanuel Ramírez Núñez. Por otra parte, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el indicado en su escrito de demanda, y como autorizado en términos del arábigo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Jorge Zorola Villarreal, cuya cédula se encuentra capturada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, secretario con quien actúa y da fe.

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