Wilfredo Emmanuel Ramírez Nuñez
Expediente 114/2022 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 10 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 114/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 13/07/2022
Partes del expediente
- Wilfredo Emmanuel Ramírez Nuñez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, trece de julio de dos mil veintidós. Vista la correspondencia devuelta por el Departamento de Correos en esta ciudad, relativa a los oficios 13952/2022 y 139653/2022, remitidos a las autoridades responsables Administrador General de Servicios al Contribuyente, dependiente del Servicio de Administración Tributaria, y a la Administradora Central de Operación de Padrones dependiente de la Administración General de Servicios al Contribuyente, del Servicio de Administración Tributaria, ambas con sede en la Ciudad de México, en vías de notificación de la sentencia definitiva dicada en este asunto, de los que se advierten las leyendas "No corresponde al domicilio que se cita". Al respecto, se ordena reenviar tales comunicados a las citadas dependencias al correo electrónico institucional acaij.agj@sat.gob.mx, el cual fue proporcionado para el envío de notificaciones por esa vía, por la Subadministradora de Amparo e Instancias Judiciales adscrita a la Administración de Amparo e Instancias Judiciales "4", de la Administración Central de Amparo e Instancias Judiciales de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en representación de las aludidas autoridades, como se proveyó el tres de marzo del año en curso. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintidós de junio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos del juicio constitucional en que se actúa y el contenido de la certificación que antecede, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran el recurso de revisión contemplado por el numeral 81, fracción I, inciso e), de la citada legislación, en contra de la sentencia en la que se decretó el sobreseimiento emitida el treinta y uno de mayo de dos mil veintidós; en tal razón, con fundamento en el dispositivo 2º de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a esta legislación, se declara que dicho fallo ha causado ejecutoria. Lo anterior es procedente, con independencia de que no se haga el cómputo de las autoridades responsables, pues conforme lo dispone el artículo 87 de la ley de la materia, éstas sólo podrían interponer el recurso de revisión si el sentido de la sentencia dictada afectara el acto que les fue reprochado, salvo que se trate de amparo contra leyes; lo que no acontece en la especie, dado el sentido del fallo emitido al haberse sobreseído y la naturaleza del acto reclamado en el presente juicio constitucional. Es aplicable al respecto, la tesis de jurisprudencia XIX1ºA.C.,J/1 (10ª), emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, Materia Común, Décima Época, visible a página 2564, del libro 34, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, septiembre de dos mil dieciséis, tomo IV, cuyo rubro y texto dicen: "LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARERCE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De una interpretación literal del artículo 87 de la Ley de Amparo, se colige que para que una autoridad responsable esté facultada para interponer el recurso de revisión, debe resentir una afectación en detrimento de sus intereses, derechos o atribuciones, pero ese perjuicio no debe ser hipotético, sino real, y su demostración incumbe a la propia autoridad; ejemplos de afectación son cuando se concede el amparo y la protección de la Justicia de la Unión respecto del acto que se le imputó o cuando se le impone una multa, de lo que se sigue que cuando el Juez sobresee en el juicio ante la negativa de los actos reclamados, para fines prácticos de la revisión, esa decisión ningún agravio ocasiona a la responsable, pues es inconcuso que el sobreseimiento es únicamente desfavorable para el quejoso y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente. Con este criterio se preserva la intención del legislador, de tener al recurso de revisión como un instrumento técnico a través del cual, se tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, pues si quien pudiera resultar afectado con la decisión de sobreseimiento, que es el quejoso, no se inconforma con la sentencia respectiva, es nítido que la responsable carece de legitimación para hacer valer el recurso de revisión, pues éste es un procedimiento de segunda instancia que se creó con la finalidad de controlar la legalidad de las resoluciones emitidas por los Jueces de Distrito en el juicio de amparo, pero para aperturar la alzada se requiere de un agravio directo ocasionado por la decisión, lo que no ocurre en la hipótesis descrita. En virtud de lo anterior, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto sobreseído; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo 114/2022-II, promovido por Wilfredo Emmanuel Ramírez Nuñez, contra actos del Administrador General de Servicios al Contribuyente dependiente del Servicio de Administración Tributaria, con sede en la Ciudad de México, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veinticuatro de enero de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta localidad, turnado el veinticinco de ese mismo mes y año a este órgano jurisdiccional, Wilfredo Emmanuel Ramírez Núñez, promovió juicio de amparo indirecto en contra del acto que reclamó de las autoridades que a continuación se precisan: "Autoridades ordenadoras y ejecutoras: 1.- Administrador General de Servicios al Contribuyente, dependiente de Administración Tributaria, con domicilio en (.), ciudad de México. 2.- Administradora Central de Operación de Padrones dependiente de la Administración General de Servicios al Contribuyente, del Servicio de Administración Tributaria, con domicilio en (.), ciudad de México. 3.- Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente "4" dependiente de la Administración General de Servicios al Contribuyente, del Servicio de Administración Tributaria, con domicilio en (.) Reynosa, Tamaulipas. 4.- Modulo de Servicios al Contribuyente "Matamoros" dependiente de la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente "4" de la Administración General de Servicios al Contribuyente, del Servicio de Administración Tributaria, con domicilio ubicado en (.) Matamoros, Tamaulipas. Actos Reclamados. "Como acto reclamado se señala la resolución contenida en el oficio número 700 04 00 00 00 2021 3647 de fecha 15 de diciembre de 2021, emitida por la Administradora Central de Operación de Padrones dependiente de la Administración General de Servicios al Contribuyente, del Servicio de Administración Tributaria, firmado electrónicamente por la Administradora Central de Operación de Padrones, a través del cual, resuelve la Cancelación definitiva al " Esquema de inscripción en el RFC a través de fedatario público por medios remotos". Asimismo, narró los antecedentes del caso, señaló como garantías violadas las contenidas en los artículos 1, 5, 8, 14, 16 y 17 constitucionales y formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes. Posteriormente, en auto de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, se tuvo por inexistente a la autoridad que la parte quejosa señaló como Módulo de Servicios al Contribuyente "Matamoros", dependiente de la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente "4", de la Administración General de Servicios al Contribuyente del Servicio de Administración Tributaria en esta ciudad (fojas 59 y 60). Una vez integrado el presente asunto, tuvo verificativo la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, en esta ciudad, es competente para conocer del presente juicio de garantías en términos de los artículos 94, 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y puntos Segundo y Tercero del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, vigente a partir del veintitrés de enero de dos mil trece, toda vez que se reclaman actos de naturaleza administrativa atribuidos a autoridades en esa materia, que tienen ejecución donde este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Es de establecerse que conforme a lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se determina la obligación que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo contengan una fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como de la valoración de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Así, del estudio integral de la demanda de garantías se desprende que el acto que reclama la parte quejosa de la autoridad responsable, es: La resolución definitiva emitida el quince de diciembre de dos mil veintiuno, contenida en el folio administrativo NB1712AV0014851, con número de referencia 700-04-00-00-00-2021-3647, respecto a la cancelación definitiva de incorporación al esquema de inscripción en el RFC a través del fedatario público por medios remotos. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Las autoridades responsables. Administrador Desconcentrado Jurídico de Tamaulipas "4", de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en representación del Administrador Desconcentrado de Servicios al Contribuyente de Tamaulipas "4", con sede en Reynosa, Tamaulipas, así como la Subadministradora de Amparo e Instancias Judiciales adscrita a la Administración de Amparo e Instancias Judiciales "4", de la Administración Central de Amparo e Instancias Judiciales de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en representación del Administrador General de Servicios al Contribuyente con asiento en la Ciudad de México, negaron la existencia del acto reclamado, tal y como se advierte de sus informes justificados. En ese orden de ideas, ante la inexistencia de los actos reclamados en la forma planteada por la parte justiciable y tomando en consideración que no aportó prueba idónea en contrario, para desvirtuar la negativa de las autoridades responsables, lo procedente es sobreseer en el juicio de derechos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Cobra aplicación, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXIX, página 6673, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, INEXISTENCIA DEL. De acuerdo con el artículo 74, fracción IV de la Ley de Amparo, procede el sobreseimiento en el juicio de garantías, cuando de las constancias de autos apareciese claramente que no existe el acto reclamado, y también cuando no se prueba su existencia en la audiencia a que se refiere el artículo 155 de la propia ley." De igual forma, es aplicable la jurisprudencia número 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 236, de rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Certeza del acto reclamado. El Administrador de Amparo e Instancias Judiciales "4", de la Administración Central de Amparo e Instancias Judiciales de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en representación de la Administradora Central de Operaciones de Padrones, en la Ciudad de México, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto que se le atribuye, lo que puede apreciarse de su informe que obra agregado en autos. De ahí que dicho acto reclamado deba tenerse por cierto. En consecuencia, deberá tenerse por existente, al tenor de la tesis de jurisprudencia número 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 231, del Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, esa existencia es posible constatarla, debido a que al informe justificado adjuntó constancias certificadas con sello digital relativas al acto reclamado, al cual se atribuye valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de conformidad con el numeral 2° de la Ley de Amparo. Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia número 226, publicada en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, bajo el rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." QUINTO. Causales de improcedencia fundadas. Previo al estudio de fondo del asunto, se procede a analizar las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia II.1o. J/5, con registro IUS 222780, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, Mayo de 1991, página 95, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Este Juzgado de Distrito advierte que se actualiza la causa de improcedencia invocada por la autoridad responsable, establecida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación al acto reclamado concerniente a la resolución definitiva emitida el quince de diciembre de dos mil veintiuno, contenida en el folio administrativo NB1712AV0014851, con número de referencia 700-04-00-00-00-2021-3647, respecto a la cancelación definitiva de incorporación al esquema de inscripción en el RFC a través del fedatario público por medios remotos, ya que la parte quejosa debió agotar el principio de definitividad, a través del recurso administrativo (revocación) o bien, el juicio de nulidad, previo a instar el juicio de amparo. Al respecto, el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)." El precepto legal antes mencionado hace referencia a la no exigencia de mayores requisitos para la obtención de la suspensión del acto reclamado, lo cual significa que si la ley reglamentaria del recurso, juicio o medio de defensa, señala iguales o menores requisitos que los previstos en la ley del juicio protector de derechos humanos para conceder la suspensión definitiva, el principio de definitividad debe regir en ese caso concreto y, por consecuencia, previamente a promover el juicio de amparo la parte justiciable debía agotar esos medios ordinarios de impugnación. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo en materia administrativa encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le causa afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. Para dilucidar la cuestión que ahora se plantea, debe partirse de la premisa de que el juicio constitucional es un juicio extraordinario, su procedencia y tramitación están regidas por reglas especiales y por principios fundamentales que lo estructuran como el medio jurisdiccional idóneo para lograr la actuación de las prevenciones constitucionales, a través de una contienda equilibrada entre el gobernante y el gobernado. Dentro de estas reglas fundamentales que estructuran al juicio de amparo, se encuentra el principio de definitividad, que establece que dicho juicio es únicamente procedente en contra de actos definitivos, es decir, aquellos respecto de los cuales no exista algún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados o revocados; en consecuencia, la definitividad del acto, como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, implica que antes de acudir a dicho juicio, se deberán agotar los recursos que prevea la ley ordinaria y que sean idóneos para modificar o anular el acto de que se trate. Esta es la razón por la que, al margen del reconocimiento de la existencia de ciertos actos cuya ejecución tienen efectos irreparables, respecto de los que procede el juicio de amparo indirecto, se exige que previo a instar la acción constitucional se agote el recurso ordinario previsto en la ley que rige el acto y que tenga como efecto la modificación, revocación o nulidad del mismo. Esta directriz de procedencia del juicio de amparo se desprende del contenido de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo (transcrito con antelación). Del contenido de las anteriores disposiciones legales se advierte que para la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que impliquen una ejecución que genere efectos irreparables, por regla general, previo a instar la acción constitucional, el quejoso tiene el imperativo de agotar el medio de defensa que, en su caso, prevea la ley que rige el acto para impugnarlo, a fin de generar su modificación, revocación o nulidad. La observancia del citado presupuesto de procedencia del juicio de amparo indirecto es entonces un mandato constitucional de estricta observancia que exige la exclusión de interpretaciones contrarias a la excepcionalidad del medio extraordinario de defensa. Precisado lo anterior, se tiene que el artículo 116 del código tributario establece que contra los actos administrativos dictados en materia fiscal federal se podrá interponer el recurso de revocación, y el artículo 117 de la citada legislación prevé las diversas resoluciones y actos contra los que se puede interponer dicho medio de defensa en sede administrativa, pues dispone lo siguiente: "Artículo 117. El recurso de revocación procederá contra: I. Las resoluciones definitivas dictadas por autoridades fiscales federales que: a). Determinen contribuciones, accesorios o aprovechamientos. b). Nieguen la devolución de cantidades que procedan conforme a la Ley. c). Dicten las autoridades aduaneras. d). Cualquier resolución de carácter definitivo que cause agravio al particular en materia fiscal, salvo aquéllas a que se refieren los artículos 33-A, 36 y 74 de este Código. II. Los actos de autoridades fiscales federales que: a). Exijan el pago de créditos fiscales, cuando se alegue que éstos se han extinguido o que su monto real es inferior al exigido, siempre que el cobro en exceso sea imputable a la autoridad ejecutora o se refiera a recargos, gastos de ejecución o a la indemnización a que se refiere el artículo 21 de este Código. b) Se dicten en el procedimiento administrativo de ejecución, cuando se alegue que éste no se ha ajustado a la Ley, o determinen el valor de los bienes embargados. c). Afecten el interés jurídico de terceros, en los casos a que se refiere el artículo 128 de este Código." El precepto legal transcrito establece la regla general de procedencia del recurso de revocación, partiendo de supuestos que pueden dividirse en dos grupos, en el primero, se encuentran las resoluciones definitivas dictadas por autoridades fiscales federales que pueden impugnarse a través del citado medio de defensa; en tanto que, en el segundo, se precisan los actos de las referidas autoridades que pueden ser materia del recurso en comento, entre los que destacan aquellos que exijan el pago de créditos fiscales cuando se alegue que éstos se han extinguido o que su monto real es inferior al exigido, y que el cobro en exceso sea imputable a la autoridad ejecutora o se refiera a recargos, gastos de ejecución; así como los que se dicten en el procedimiento administrativo de ejecución, cuando se argumente que éste no se ha ajustado a la ley. Por otro lado, el artículo 121 del Código Fiscal de la Federación, prevé el plazo en que debe interponerse el recurso de revocación, en los siguientes términos: "Artículo 121. El recurso deberá presentarse a través del buzón tributario, dentro de los treinta días siguientes a aquél en que haya surtido efectos su notificación, excepto lo dispuesto en el artículo 127 de este Código, en que el escrito del recurso deberá presentarse dentro del plazo que en el mismo se señala. El escrito de interposición del recurso también podrá enviarse a la autoridad competente en razón del domicilio o a la que emitió o ejecutó el acto, a través de los medios que autorice el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. Si el particular afectado por un acto o resolución administrativa fallece durante el plazo a que se refiere este artículo, se suspenderá hasta un año, si antes no se hubiere aceptado el cargo de representante de la sucesión. También se suspenderá el plazo para la interposición del recurso si el particular solicita a las autoridades fiscales iniciar el procedimiento de resolución de controversias contenido en un tratado para evitar la doble tributación incluyendo, en su caso, el procedimiento arbitral. En estos casos, cesará la suspensión cuando se notifique la resolución que da por terminado dicho procedimiento inclusive, en el caso de que se dé por terminado a petición del interesado. En los casos de incapacidad o declaración de ausencia, decretadas por autoridad judicial, cuando el particular se encuentre afectado por un acto o resolución administrativa, se suspenderá el plazo para interponer el recurso de revocación hasta por un año. La suspensión cesará cuando se acredite que se ha aceptado el cargo de tutor del incapaz o representante legal del ausente, siendo en perjuicio del particular si durante el plazo antes mencionado no se provee sobre su representación." Es patente que el recurso de revocación debe interponerse ante la autoridad competente en razón del domicilio del contribuyente o ante la que emitió o ejecutó el acto impugnado, por regla general, dentro del plazo de treinta días siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificación del acto impugnado, salvo las excepciones previstas en los artículos 127 y 175 del Código Fiscal de la Federación, los cuales son del tenor siguiente: "Artículo 127.- Cuando el recurso de revocación se interponga porque el procedimiento administrativo de ejecución no se ajustó a la Ley, las violaciones cometidas antes del remate, sólo podrán hacerse valer ante la autoridad recaudadora hasta el momento de la publicación de la convocatoria de remate, y dentro de los diez días siguientes a la fecha de publicación de la citada convocatoria, salvo que se trate de actos de ejecución sobre dinero en efectivo, depósitos en cuenta abierta en instituciones de crédito, organizaciones auxiliares de crédito o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, así como de bienes legalmente inembargables o actos de imposible reparación material, casos en que el plazo para interponer el recurso se computará a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación del requerimiento de pago o del día hábil siguiente al de la diligencia de embargo." "Artículo 175.- La base para enajenación de los bienes inmuebles embargados será el de avalúo y para negociaciones, el avalúo pericial, ambos conforme a las reglas que establezca el reglamento de este Código, en los demás casos, la autoridad practicará avalúo pericial. En todos los casos, la autoridad notificará personalmente o por medio del buzón tributario el avalúo practicado. El embargado o terceros acreedores que no estén conformes con la valuación hecha, podrán hacer valer el recurso de revocación a que se refiere la fracción II, inciso b) del artículo 117, en relación con el 127 de este Código, debiendo designar en el mismo como perito de su parte a cualquiera de los valuadores señalados en el Reglamento de este Código o alguna empresa o institución dedicada a la compraventa y subasta de bienes. Cuando el embargado o terceros acreedores no interpongan el recurso dentro del plazo establecido en el artículo 127 de este Código, o haciéndolo no designen valuador, o habiéndose nombrado perito por dichas personas, no se presente el dictamen dentro de los plazos a que se refiere el párrafo quinto de este artículo, se tendrá por aceptado el avalúo hecho por la autoridad. Cuando del dictamen rendido por el perito del embargado o terceros acreedores resulte un valor superior a un 10% al determinado conforme al primer párrafo de este artículo, la autoridad exactora designará dentro del término de seis días, un perito tercero valuador que será cualquiera de los señalados en el Reglamento de este Código o alguna empresa o institución dedicada a la compraventa y subasta de bienes. El avalúo que se fije será la base para la enajenación de los bienes. En todos los casos a que se refieren los párrafos que anteceden, los peritos deberán rendir su dictamen en un plazo de cinco días si se trata de bienes muebles, diez días si son inmuebles y quince días cuando sean negociaciones, a partir de la fecha de su aceptación." De los preceptos legales invocados se advierten los supuestos de excepción respecto del plazo para interponer el recurso de revocación, siendo éstos, en concreto lo siguientes: las resoluciones definitivas dictadas por autoridades fiscales federales, en las que se determinen contribuciones, accesorios o aprovechamientos, en los que se niegue la devolución de cantidades que procedan conforme a la Ley, así como las que dicten las autoridades aduaneras, o bien, cualquier resolución de carácter definitivo que cause agravio a los particulares en materia fiscal, salvo aquéllas a que se refieren los artículos 33-A, 36 y 74 del Código Fiscal de la Federación. En ese sentido, como se advierte, del contenido de los numerales invocados, la resolución reclamada por la parte quejosa es susceptible de ser impugnada a través del recurso de revocación, en las condiciones y plazos que ya han quedado precisados. En tales términos, el gobernado afectado tiene a su alcance el recurso de revocación, el cual, incluso, puede agotarse previamente antes de acudir al juicio contencioso administrativo. Esto, en virtud de que este medio de impugnación es de naturaleza optativa, en términos del diverso artículo 120 del Código Fiscal de la Federación. El tenor de dicho numeral es el siguiente: "Artículo 120.- La interposición del recurso de revocación será optativa para el interesado antes de acudir al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Cuando un recurso se interponga ante autoridad fiscal incompetente, ésta lo turnará a la que sea competente." De lo anterior, se sigue que el medio ordinario de defensa carece de obligatoriedad y que su ejercicio es opcional y, en tal medida, no es exigible para el gobernado, de manera que si decide no agotarlo, tiene expedita la vía ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Lo anterior, conforme a la tesis de jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registrada bajo el número 176714, Novena Época, Tesis de Jurisprudencia 2a./J. 109/2005, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Noviembre de 2005, Materia Administrativa, página 48, que dice: "EJECUCIÓN EN MATERIA FISCAL. CONTRA LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO PROCEDE EL JUICIO DE NULIDAD. Conforme al artículo 120 del Código Fiscal de la Federación, la interposición del recurso de revocación en contra de los actos dictados en el procedimiento administrativo de ejecución es optativa para el interesado antes de acudir al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Ahora bien, de la interpretación armónica del citado precepto con los artículos 116, 117, fracción II, inciso b), 127 del Código Fiscal de la Federación y 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se advierte que los actos a que se refiere el aludido procedimiento pueden impugnarse válidamente a través del recurso de revocación o, en su caso, mediante el juicio de nulidad ante dicho Tribunal, dado que no se encuentran regidos por el principio de definitividad, sino por el contrario, la fracción II, inciso b) antes citada, expresamente otorga al contribuyente tal beneficio; de ahí que los actos que vayan suscitándose durante la tramitación del procedimiento de referencia podrán impugnarse a través del juicio de nulidad ante el Tribunal mencionado cuando se considere que no están ajustados a la ley." Además, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, visible en el Tomo XVII, Febrero de 2003, página 336, del rubro: "TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DEFINITIVAS". ALCANCE DEL CONCEPTO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 11, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY ORGÁNICA DE DICHO TRIBUNAL.", determinó que de confirmó con el artículo 3, penúltimo párrafo, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para efectos de la procedencia del juicio contencioso administrativo federal, una resolución se considera definitiva cuando no admita recurso administrativo o cuando la interposición de éste sea optativa, indicando que era definitivas aquéllas resoluciones que ponen fin a una instancia o procedimiento o cuando son la manifestación aislada de la voluntad de una autoridad. De acuerdo con esos parámetros, se puede afirmar que la resolución emitida el quince de diciembre de dos mil veintiuno, contenida en el folio administrativo NB1712AV0014851, con número de referencia 700-04-00-00-00-2021-3647, respecto a la cancelación definitiva de incorporación al esquema de inscripción en el RFC a través del fedatario público por medios remotos, es considerada una resolución definitiva, al constituir una manifestación aislada de la voluntad final del Estado, en cuanto a considerar que el aquí quejoso no desvirtuó la causal de cancelación respecto de dicho esquema de inscripción. De esa forma, contra dicha determinación procede el juicio contencioso administrativo federal. Bajo ese panorama, conforme a la idoneidad del juicio contencioso administrativo como medio de defensa legal para generar la nulidad del acto impugnado, con base en lo dispuesto en los artículos 16, 17, fracción V, y 52, fracciones II y V, inciso b), de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, se advierte que, mediante el juicio de nulidad puede impugnarse el acto administrativo y su notificación, además de que, a través de la sentencia dictada en un juicio de esa naturaleza, se puede declarar la nulidad de la resolución reclamada, así como su notificación, y restituir al actor en el goce de sus derechos afectados, pues la mencionada acción de nulidad busca invalidar lo actuado en el juicio natural incluido el emplazamiento o alguna notificación hecho en el mismo. Así, se tiene que al combatirse la resolución definitiva emitida el quince de diciembre de dos mil veintiuno, contenida en el folio administrativo NB1712AV0014851, con número de referencia 700-04-00-00-00-2021-3647, respecto a la cancelación definitiva de incorporación al esquema de inscripción en el RFC a través del fedatario público por medios remotos, contenida en el oficio reclamado, a través del juicio de nulidad, por tratarse de una resolución definitiva, también se puede reclamar su notificación, y al declararse la nulidad de la misma, también serán nulas las demás, como lo es su notificación, con lo cual el gobernado quedara plenamente restituido en los derechos afectados. Asimismo, en el recurso de revocación, o bien, en el procedimiento contencioso administrativo, existe la posibilidad de suspender el acto, pues en las dos vías rige lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. El artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, establece lo siguiente: "Artículo 28.- La solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, presentado por el actor o su representante legal, se tramitará y resolverá, de conformidad con las reglas siguientes: I. Se concederá siempre que: a) No se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, y b) Sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado. II. Para el otorgamiento de la suspensión deberán satisfacerse los siguientes requisitos: a) Tratándose de la suspensión de actos de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, se concederá la suspensión, la que surtirá sus efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. Al otorgar la suspensión, se podrá reducir el monto de la garantía, en los siguientes casos: 1. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del solicitante, y 2. Si se tratara de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. b) En los casos en que la suspensión pudiera causar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el solicitante otorga garantía bastante para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que con ella se cause, si éste no obtiene sentencia favorable. En caso de afectaciones no estimables en dinero, de proceder la suspensión, se fijará discrecionalmente el importe de la garantía. c) En los demás casos, se concederá determinando la situación en que habrán de quedar las cosas, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal, hasta que se pronuncie sentencia firme. d) El monto de la garantía y contragarantía será fijado por el Magistrado Instructor o quien lo supla. III. El procedimiento será: a) La solicitud podrá ser formulada en la demanda o en escrito diverso presentado ante la Sala en que se encuentre radicado el juicio, en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia definitiva. b) Se tramitará por cuerda separada, bajo la responsabilidad del Magistrado Instructor. c) El Magistrado Instructor deberá proveer sobre la suspensión provisional de la ejecución, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación de la solicitud. d) El Magistrado Instructor requerirá a la autoridad demandada un informe relativo a la suspensión definitiva, el que se deberá rendir en el término de cuarenta y ocho horas siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del acuerdo respectivo. Vencido el término, con el informe o sin él, el Magistrado resolverá lo que corresponda, dentro de los cinco días siguientes. IV. Mientras no se dicte sentencia definitiva en el juicio, el Magistrado Instructor podrá modificar o revocar la resolución que haya concedido o negado la suspensión definitiva, cuando ocurra un hecho superveniente que lo justifique. V. Cuando el solicitante de la suspensión obtenga sentencia favorable firme, el Magistrado Instructor ordenará la cancelación o liberación de la garantía otorgada. En caso de que la sentencia firme le sea desfavorable, a petición de la contraparte o en su caso, del tercero, y previo acreditamiento de que se causaron perjuicios o se sufrieron daños, la Sala ordenará hacer efectiva la garantía otorgada ante la autoridad." De lo anterior se sigue que dicho numeral prevé la posibilidad de suspender el acto administrativo, el cual deberá tramitarse, de conformidad con las reglas que el mismo precepto establece. La Segunda Sala de la Suprema Corte ha determinado que los requisitos que exige ese artículo para que se conceda la suspensión, no son mayores a los previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo abrogada. Al tenor de dicha jurisprudencia, ante la posibilidad de suspender el acto reclamado a través del medio ordinario de defensa de revocación, o bien, en el juicio contencioso administrativo, sin mayores requisitos que los establecidos en la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, debe concluirse que los actos ahora reclamados encuentran reparabilidad por esos medios. Esta misma conclusión es aplicable conforme al texto de la actual Ley de Amparo, en tanto que en ella prevalecen requisitos similares. En mérito de lo expuesto, se advierte que el afectado en contra de resolución definitiva emitida el quince de diciembre de dos mil veintiuno, contenida en el folio administrativo NB1712AV0014851, con número de referencia 700-04-00-00-00-2021-3647, respecto a la cancelación definitiva de incorporación al esquema de inscripción en el RFC a través del fedatario público por medios remotos, debió haber interpuesto previamente el recurso de revocación, o bien, el juicio de nulidad, por virtud del cual puede ser modificada, revocada o nulificada, solicitando la suspensión de tal acto, sin que se le exigiera mayores requisitos que los previstos para tal efecto en la Ley de Amparo, como se ha evidenciado. Sirve de apoyo, la jurisprudencia emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 18, en la página 27, del Tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J.N. del Apéndice 1917-2000, actualización 2001, al Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "LEYES QUE RIGEN LOS ACTOS" A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE LA MATERIA. El artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo previene que el juicio de amparo es improcedente: "Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal ... que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la presente ley consigna para conceder la suspensión definitiva, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. ...". Ahora bien, del contenido de este precepto, se advierte que no se indica qué debe entenderse por "leyes que rijan los actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo", a fin de establecer si es necesario o no agotar el recurso, juicio o medio de defensa legal procedente, siempre que proceda la suspensión definitiva, sin exigirse mayores requisitos que los que la propia Ley de Amparo establece para conceder dicha medida, independientemente que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido conforme a dicha ley. Sin embargo, la intención del legislador al referirse a "leyes que rigen los actos", no pudo ser otra, más que la de considerar, a aquellos ordenamientos legales (entendiendo por éstos a las leyes propiamente), que guardan relación con dichos actos, ya sea por haber establecido su nacimiento o instauración, su regulación, efectos, o bien, sus formas de impugnación, en la inteligencia que no siempre tales actos serán normados por un solo cuerpo legal, sino que puede darse el caso de que lo sea por varios, e incluso sólo en uno se prevenga lo relativo al recurso, juicio o medio de impugnación que proceda contra ellos, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Es decir, para determinar cuáles son las leyes que rigen el acto y así tener pleno conocimiento sobre el recurso, juicio o medio de defensa legal que en contra del mismo se debe agotar previamente al amparo, debe atenderse a la relación que guardan esas leyes con dicho acto, sobre todo aquella que establece propiamente el medio de defensa en cuestión y, si además se cumplen los demás requisitos previstos en el citado artículo 73, fracción XV, para así estimar que es obligatorio agotarlo." Asimismo, se invoca la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXXX, Materia Común, página 1406, con el rubro y texto: "RECURSOS ORDINARIOS QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Para que exista la causa de improcedencia basada en que no se agotó el recurso ordinario, previamente a la interposición del amparo, basta que la ley del acto conceda el recurso que al interponerse, provocaría la suspensión, independientemente de que ésta se hubiera concedido o no, en el incidente del juicio de garantías." También, el criterio contenido en la tesis sostenida por el Pleno del Máximo Tribunal de Justicia del País, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XXIV, Materia Común, página 128, cuyo rubro y texto son: "RECURSOS ORDINARIOS. Los recursos ordinarios que, por no interponerse, hacen improcedente el amparo, son aquellos que concede la ley, y por los cuales, mediante determinado procedimiento, se obtiene que la autoridad misma o su superior, reformen o revoquen la resolución motivo del amparo; pero cuando este medio de modificar o reformar el acto que se reclama, está constituido por una verdadera contienda judicial, entonces no puede considerarse ya que existe el recurso ordinario que hace improcedente el amparo." Cabe destacar, que el artículo 61, fracción XX, de Ley de Amparo, y el numeral 107, fracción IV, Constitucional, señalan como excepciones al principio de definitividad, las siguientes: Si el acto reclamado carece de fundamentación. Cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución. Cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Que se trate de un amparo contra leyes. En el presente asunto, no se actualiza la excepción prevista en el inciso 1), toda vez que de un examen objetivo del acto reclamado y de los documentos que acompañó la autoridad responsable a su informe justificado, sin prejuzgar sobre su constitucionalidad, permite advertir que fueron emitidos con apoyo en el Código Fiscal de la Federación, la regla 2.5.25. de la Resolución de la Miscelánea Fiscal para el 2021 y otros ordenamientos, de ahí que no carecen de fundamentación (visible en foja 39 y 40). No se desatiende que el artículo 61, fracción XX, último párrafo, de Ley de Amparo, señale que además operará una excepción al principio de definitividad cuando la autoridad responsable en su informe justificado señale la fundamentación y motivación del acto reclamado; sin embargo, dicho presupuesto tampoco se actualiza en el presente caso, ya que del informe justificado no se evidencia que la autoridad ordenadora responsable haya adicionado o modificado su fundamentación o motivación y que haya dejado en estado de indefensión a la parte quejosa. En el mismo sentido, tampoco se actualiza la excepción prevista en el inciso 2), toda vez que la operatividad de dicha excepción requiere que únicamente se hagan valer violaciones directas, sin que se encuentren mezcladas con argumentos de legalidad. Lo anterior, se corrobora con el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, 175-180 Tercera Parte, página 119, de rubro "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN." Sin embargo, en el caso a estudio, la parte justiciable no expuso sólo violaciones directas a la Constitución vinculadas con los actos reclamados, sino que las mezcló con violaciones indirectas a la misma, relacionadas con la legalidad de tales conductas controvertidas; por lo tanto, debió agotar previamente el juicio contencioso administrativo (juicio de nulidad) o interponer recurso administrativo (revocación). Máxime, cuando a través del juicio de nulidad se puede impugnar todo el acto administrativo, como su notificación. Se invoca la tesis del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo I, Abril de 1995, Materia Común, página 94, que reza: "RECURSOS ORDINARIOS. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE A LA INTERPOSICIÓN DEL AMPARO, CUANDO EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS SE RECLAMAN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN Y CUESTIONES DE LEGALIDAD. Si bien es cierto que el juicio de amparo puede interponerse sin necesidad de agotar recurso ordinario alguno cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República; también lo es que tal excepción a la causal de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 de la ley de la materia presupone que en la demanda de garantías exclusivamente se hagan valer violaciones directas a nuestra Carta Magna supuesto que si además se incluyen cuestiones de legalidad, la parte quejosa debe previamente agotar el recurso ordinario procedente." Asimismo, el inciso 3) consistente en eximir al promovente de agotar el juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia, tampoco se actualiza, toda vez que está debidamente contemplado en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Por otra parte, tampoco se actualiza el supuesto indicado en el inciso 4), pues resulta claro que la naturaleza jurídica del presente juicio no es la de un amparo contra leyes, ya que se reclaman aspectos de legalidad del acto impugnado, en virtud de que no fueron señaladas como responsables las autoridades que participaron en el proceso legislativo de creación de los artículos fundatorios de los actos reclamados, por lo que no se actualiza dicha hipótesis de excepción que se estudia. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 103/2011, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Novena Época, Septiembre de 2011, página 754, de rubro y contenido siguiente: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. SU APLICACIÓN REPRESENTA UNA CUESTIÓN DE MERA LEGALIDAD, AUN CUANDO SE REFIERA A LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES O A LA INTERPRETACIÓN DIRECTA DE PRECEPTOS CONSTITUCIONALES. La aplicación de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a un caso concreto por las autoridades jurisdiccionales representa una cuestión de mera legalidad, aun cuando el criterio contenido en ella se refiera a temas de inconstitucionalidad de leyes o de interpretación directa de preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque la autoridad jurisdiccional correspondiente no hace un nuevo estudio constitucional, sino que se limita a acatar el contenido del artículo 192 de la Ley de Amparo, que la vincula a aplicar el criterio jurisprudencial correspondiente al supuesto que juzga." Sin que pase por desapercibido que el aquí quejoso a través del ocurso de diez de marzo del año en curso, visible en fojas 88 y 89, indicó que respecto a que el acto reclamado no prevé un juicio, recurso o medio de defensa a través del cual pudiera ser modificado, revocado o nulificado, por lo que era combatible a través del presente juicio biinstancial; empero, como ya se explicó en los párrafos que anteceden, al tratarse de una resolución definitiva el aquí impetrante de garantías, respecto a la cancelación definitiva de incorporación al esquema de inscripción en el RFC a través del fedatario público por medios remotos, ya que la parte quejosa debió agotar el principio de definitividad, a través del recurso administrativo (revocación) o bien, el juicio de nulidad, previo a instar el juicio de amparo. De igual manera, expresó el aquí agraviado que la autoridad responsable no le hizo del conocimiento los medios de defensa procedentes; empero, las resoluciones administrativas son impugnables ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, de manera optativa a través del recurso de revisión o del juicio de nulidad como lo estable la Jurisprudencia 2a./J. 95/2004, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 181026, misma que se plasma a continuación: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. PREVIO AL JUICIO DE GARANTÍAS NECESARIAMENTE DEBE AGOTARSE EL JUICIO DE NULIDAD, SALVO QUE SE ACTUALICE ALGUNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PREVISTO EN LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 56/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, julio de 2002, página 351, con el rubro: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. NO ES NECESARIO AGOTAR EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 83 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SI LA RESPONSABLE NO INFORMA DE DICHO RECURSO AL QUEJOSO, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 3o., FRACCIÓN XV, DE ESA LEY.", sostuvo el criterio de que es innecesario agotar el recurso de revisión previsto en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo antes de acudir al juicio de amparo indirecto, en los casos en que no se haga del conocimiento del gobernado el recurso que proceda en contra de tal resolución. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema conduce a apartarse de tal criterio a fin de establecer que las resoluciones administrativas que en términos del referido artículo 83 son impugnables ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, de manera optativa a través del recurso de revisión o del juicio de nulidad, necesariamente deberán impugnarse a través de este último, previo al juicio de garantías, en términos del artículo 11, fracción XIII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ya que no obstante que se haya optado por sustanciar el recurso de revisión, con posterioridad a éste siempre deberá agotarse el juicio de nulidad. Apoya lo anterior la circunstancia de que en relación con la tramitación del juicio contencioso administrativo, el Código Fiscal de la Federación no exige mayores requisitos que los que contempla la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado, según se advierte de la tesis de jurisprudencia 2a./J. 155/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, enero de 2003, página 576, con la salvedad de que no habrá obligación de agotar el juicio de nulidad en los casos en que se actualice alguna excepción al principio de definitividad previsto en la fracción XV del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales." En tales condiciones, al no haberse agotado el recurso administrativo (revocación) o el juicio de nulidad, previo a instar el juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia establecida en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que lo procedente es sobreseer en el presente juicio de conformidad con lo establecido en el diverso numeral 63, fracción V, de la ley de la materia. Con la determinación precedente, se impide analizar las cuestiones de fondo planteadas por la parte quejosa, tendentes a demostrar la violación de sus derechos fundamentales, esto es así acatando la Tesis Jurisprudencial II.3º.J/58, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, octubre de mil novecientos noventa y tres, cuyo contenido literal refiere: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Así, al quedar demostrado que el juicio de derechos es improcedente, se estima innecesario estudiar las diversas causales de improcedencia hecha valer por el Administrador de Amparo e Instancias Judiciales "4", de la Administración Central de Amparo e Instancias Judiciales de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en representación de la Administradora Central de Operaciones de Padrones, en la Ciudad de México, pues el que operen, o no, alguna diversa causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J.54/98 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, Agosto de 1998, página 414, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución." Finalmente, se precisa que si bien algunas de las jurisprudencias y tesis aisladas invocadas en la presente sentencia fueron integradas durante la vigencia de la Ley de Amparo anterior; sin embargo, en el caso resultan aplicables, dado que no se oponen al texto del vigente ordenamiento en la materia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de este último. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, fracción XX, 62, 63, fracción V, 73, 74, 75, 76, y demás relativos de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Wilfredo Emmanuel Ramírez Núñez, por las razones y fundamentos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia constitucional. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, hasta el día treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, fecha en que se terminó de engrosar, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, doce de abril de dos mil veintidós. Téngase por recibido y agréguese a sus autos para que obre como corresponda, el informe rendido por el Administrador de Amparo e Instancias Judiciales "4", de la Administración Central de Amparo e Instancias Judiciales de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en representación de la Administradora Central de Operaciones de Padrones, con sede en la Ciudad de México, en alcance a su diverso informe justificado emitido a través del oficio 600-04-04-06-00-2022-01569, el cual fue recepcionado en proveído de tres de marzo de dos mil veintidós. Al respecto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, póngase a la vista de las partes a fin de que se impongan de su contenido, sin perjuicio de relacionarlo nuevamente en la audiencia constitucional respectiva. Asimismo, se tiene a la autoridad oficiante dando cumplimiento al párrafo quinto del numeral 117 de la ley de la materia, con las documentales que remite para apoyar su informe. Con motivo de lo anterior, se hace necesario diferir la audiencia constitucional señalada para esta fecha y se fijan nuevamente las diez horas con cuarenta minutos del cuatro de mayo de dos mil veintidós, para su desahogo. Finalmente, no pasa desapercibido para éste órgano jurisdiccional que el comunicado que ahora se recibe fue remitido previamente vía telegráfica y agregado al expediente en proveído de veinticuatro de marzo del año en curso; sin embargo, a fin de no transgredir la garantía de defensa que le asiste al quejoso, se ordenó ponerlo a la vista a fin de que se imponga de las documentales que se remiten en apoyo al mismo. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.
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