Wilfredo Camacho Araujo

Expediente 1204/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1204/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
24/12/2019

Partes del expediente

  • Wilfredo Camacho Araujo

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que mediante oficio SEADS/1472/2019 de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, emitido por la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se informó que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, determinó la designación de la licenciada Magali María Díaz Villarreal, como Titular del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, con efectos a partir del dieciséis de diciembre del mismo año, en consecuencia, con fundamento en el artículo 297 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dese vista a las partes por el término de tres días a efecto de que estén en posibilidad de hacer valer, en su caso, alguno de los impedimentos previstos en el artículo 51 de la Ley de Amparo, conforme a lo establecido en la jurisprudencia 2ª./J. 104/2010 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos doce, del Tomo XXXII, julio de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO." Notificación innecesaria a autoridades. En atención a la jurisprudencia 2ª/J. 176/2012 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se considera innecesario girar oficio a las autoridades responsables a efecto de notificarles la presente determinación, bastando únicamente su notificación por medio de lista.

  2. Principal

    hago constar: que en esta fecha, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, y en atención a que los asesores jurídicos asignados a la parte quejosa no comparecieron a este órgano jurisdiccional a notificarse personalmente, no obstante el aviso que el cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, se le dejó en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, a efecto de que dentro de los dos días hábiles siguientes se presentara en este juzgado; por lo cual, al haber transcurrido dicho plazo sin que se presentara, se le hace efectivo el apercibimiento contenido en el aviso y le notifico por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal y por lista en la página electrónica correspondiente, el contenido del acuerdo de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve al quejoso de referencia, mismo que en síntesis dice: Tijuana, Baja California, veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve. Designación Asesor. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Coordinador del Nuevo Sistema de Justicia Penal Zona Costa de la Defensoría Pública Estatal, con sede en esta ciudad, por medio del cual, en cumplimiento al requerimiento efectuado en autos, designa a las licenciadas Nidia Marcela Vera López y Marianna Lizbeth García, Defensoras Públicas adscritas a esa institución, a fin de brindarle al quejoso Wilfredo Camacho Araujo la orientación pertinente; asimismo, se le tiene designando para oír y recibir notificaciones a quienes precisa para tal efecto. Vista Defensoras. con fundamento en los artículos 1o. y 14 Constitucionales, y en términos de los arábigos 2o., fracción I de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública del Estado de Baja California, resulta procedente dar vista con la totalidad de las actuaciones que conforman el presente juicio de amparo; para que vigilen la representación legal de los intereses del quejoso en el presente asunto, debiendo emprender las acciones conducentes para evitar dejar al directamente agraviado en estado de indefensión, pese a que las mismas deban ser examinadas de oficio por el juzgador de amparo, al tratarse de una cuestión de orden público. Lo anterior, acorde a los lineamientos previstos en los artículos 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, instituido en el Estado Mexicano a través del juicio de amparo. Sirve de apoyo el criterio jurisprudencial Tesis 1a./J. 43/2019 (10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, registrada bajo el número 2020495, publicada el veintitrés de agosto pasado, de rubro y texto siguiente: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc. -, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja." Notificación Asesores. Túrnense los autos a cualquiera de los actuarios de la adscripción, a fin de que se sirvan notificar en forma personal el contenido del presente proveído a las licenciadas Nidia Marcela Vera López y Marianna Lizbeth García, quienes pueden ser localizadas en el domicilio que para tal efecto el funcionario de referencia proporciona en su oficio de cuenta. Con motivo de que el quejoso se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social "El Hongo I", con sede en Tecate, Baja California; con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena a los actuarios de la adscripción, que la notificación del presente proveído se realice personalmente al impetrante en dicho centro penitenciario. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    Estado de autos. En atención al estado que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que en proveído de diez de septiembre de dos mil diecinueve, se tuvo al Director General Adjunto de Atención a Autoridades B de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en Ciudad de México, informando las gestiones que realizó para dar cumplimiento al requerimiento inserto en auto de veintiuno de agosto pasado, y solicitando una prórroga al plazo concedido en dicha determinación; por lo que, se otorgó el término improrrogable de diez días legalmente computado, para efecto de que informara si Sarahilia Paez Montaño, registra pagos de impuestos, alguna cuenta bancaria de cheques, ahorros, inversiones, propiedades o cualquier otro registro a su nombre, debiendo anexar copia certificada de las constancias con las que acreditara su dicho, o bien manifestara el impedimento legal que tuviera para ello, sin que a la fecha haya ocurrido tal circunstancia. En consecuencia, requiérase nuevamente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con sede en Ciudad de México, para que en el término de veinticuatro horas legalmente computado, dé cabal cumplimiento a lo solicitado por este juzgado federal. Apercibimiento. Apercibida dicha autoridad que de no hacerlo dentro del término indicado, se le impondrá una multa de cien días equivalente al valor diario de Unidad de Medida y Actualización vigente, con fundamento en el artículo 260, fracción II de la Ley de Amparo, y artículos segundo y tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Diferimiento de audiencia. En atención a lo expuesto, a fin de dar margen a lo antes acordado y dado que de la certificación secretarial de cuenta se obtiene que la audiencia constitucional está programada para el día de hoy a las diez horas con veinte minutos, procede diferir la celebración de la misma y se fijan las diez horas con veinte minutos del catorce de noviembre de dos mil diecinueve. Lo anterior, en virtud de que el requerimiento se hace a una autoridad foránea y atendiendo a que de autos se advierte que a la fecha no ha sido emplazado el tercero interesado José Valdez Caravantes, motivo por el cual se está en espera del informe que hoy se requiere de nueva cuenta, a fin de estar en posibilidad de determinar la posible insolvencia económica que refiere tener la quejosa y en el caso ordenar su emplazamiento a través de los edictos correspondientes. Notificación innecesaria a autoridades. En atención a lo resuelto en la jurisprudencia 2ª/J. 176/2012 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se considera innecesario girar oficio a las autoridades responsables a efecto de notificarles la presente determinación, bastando únicamente su notificación por medio de lista.

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