Wendy Delgado Salazar
Expediente 609/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 609/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 17/10/2022
Partes del expediente
- Wendy Delgado Salazar
- WENDY DELGADO SALAZAR y Otros.
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, diecisiete de octubre de dos mil veintidós. Transcurrió plazo. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, en relación con el 97, fracción I, inciso a) de dicha normatividad, para interponer el recurso de queja en contra del proveído de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin que lo hubieren hecho. Causa estado. Por tanto, con fundamento en el precepto ya mencionado y en relación con el ordinal 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el citado auto ha causado estado. Certificación. Por otra parte, vista la certificación de cuenta, se advierte que se ha incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, a fin de que coincidan en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con los artículos 25 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 18, fracción I, inciso a) del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de depuración, tomando en consideración que aun cuando se tuvo por no presentada la demanda de amparo, se decretó la suspensión de plano de los actos reclamados; por tanto, una vez transcurrido el término de tres años a que alude el referido numeral, procédase a su depuración. Hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta a fin de dar cumplimiento al artículo 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. Transcurrió plazo. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado de autos, se advierte que transcurrió el plazo de tres días concedido a los promoventes Librado Heriberto Trujillo González y Marco Polo Barragán Urbalejo, para que dieran cumplimiento al requerimiento que se le formuló por auto de trece de septiembre del presente año; sin que diera cumplimiento a la mencionada prevención. No presentada. Atento a lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento impuesto en el acuerdo en cita, y con fundamento en el artículo 114 penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo de que se trata. Notifíquese personalmente a los promoventes.
- Principal
Tijuana, Baja California, trece de septiembre de dos mil veintidós. Imposibilidad. Vista la constancia actuarial de cuenta, se advierte la imposibilidad que le asistió a la fedataria de la adscripción notificar personalmente el contenido del proveído de doce de septiembre del año en curso, a los quejosos Wendy Delgado Salazar, Adrián Machado Castillo, Amanda Rodríguez Vilar, María Benita Pacheco González, Brandy Parrado González, Lauren de la Caridad Padrón Quiñonez, Pedro Galbán Leiva y Rodolfo Galano Quintero, la que hizo consistir en que una persona que dijo ser Oficial en turno de la Estación Migratoria, le informó que los quejosos antes aludidos no se encontraban en dicho lugar. En virtud de lo anterior, requiérase a los promoventes Librado Heriberto Trujillo González y Marco Polo Barragán Urbalejo, para que al momento de la notificación o dentro del plazo de tres días siguientes al en que surta efectos la misma, manifiesten a este juzgadora si tiene conocimiento dónde se encuentran detenidos los agraviados Wendy Delgado Salazar, Adrián Machado Castillo, Amanda Rodríguez Vilar, María Benita Pacheco González, Brandy Parrado González, Lauren de la Caridad Padrón Quiñonez, Pedro Galbán Leiva y Rodolfo Galano Quintero, o bien, los presenten ante este juzgado a efecto de que manifiesten ante la presencia judicial si es su deseo ratificar la demanda presentada a su favor. Apercibimiento. De no dar cumplimiento a lo anterior en el término y condiciones antes apuntados, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, en razón de que se inferirá que no tiene interés en que continúe el trámite del presente asunto. Ahora, toda vez que en proveído de doce de septiembre de dos mil veintidós, se reservó proveer respecto el acceso al expediente electrónico, hasta en tanto la demanda de amparo fuera ratificada; sin embargo, a fin de notificar el contenido del presente proveído a los promoventes, se provee lo siguiente: Consulta electrónica. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 35 y 36 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en vigor a partir del seis de mayo de dos mil veinte, se autoriza al promovente Librado Heriberto Trujillo González el acceso al presente asunto en su modalidad de expediente electrónico, para consulta y envío de promociones por tal medio, así como para recibir notificaciones. Notificaciones. Ahora, dado que la parte quejosa autoriza expresamente la vía electrónica para recibir notificaciones personales; en tal sentido; con fundamento en el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo y 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se le tiene por señalada la vía electrónica para que las notificaciones personales generadas en el presente asunto se le hagan a la parte quejosa de esa manera; por tanto, se instruye a los actuarios adscritos a este juzgado para que las notificaciones de carácter personal se le practiquen a la parte quejosa por ese medio. En el entendido de que las mismas se sujetarán a los términos establecidos en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo. Por tanto, se comisiona a la Oficial Judicial A (antes Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita), realice la autorización respectiva para la consulta del presente juicio a través de la vía electrónica, por conducto del usuario "HTG2563". Notifíquese personalmente al promovente.
- Principal
Tijuana, Baja California, doce de septiembre de dos mil veintidós. Radicación. Vista la demanda de cuenta, fórmese el expediente físico y electrónico respectivos y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 609/2022-IV. Precisión. Previo a pronunciarse sobre la demanda promovida, cabe destacar que de la certificación de cuenta se observa que el escrito que nos ocupa, en específico en el proemio de la misma refiere que la promueve Librado Heriberto Trujillo González y Marco Polo Barragán Urbalejo en representación de Wendy Delgado Salazar, Adrián Machado Castillo, Amanda Rodríguez Vilar, María Benita Pacheco González, Brandy Parrado González, Lauren De La Caridad Padrón Quiñonez, Pedro Galbán Leiva y Rodolfo Galano Quintero. Sin embargo, carece del certificado digital de la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) respecto de Marco Polo Barragán Urbalejo y únicamente se cuenta con la evidencia criptográfica de Librado Heriberto Trujillo González. Suspensión de plano. El promovente Librado Heriberto Trujillo González a favor de Wendy Delgado Salazar, Adrián Machado Castillo, Amanda Rodríguez Vilar, María Benita Pacheco González, Brandy Parrado González, Lauren De La Caridad Padrón Quiñonez, Pedro Galbán Leiva y Rodolfo Galano Quintero, reclama de las autoridades responsables, entre otros actos, la posible incomunicación de la que son objeto los directamente agraviados, así como la deportación, expulsión, repatriación asistida y el traslado a otra estación migratoria. Bajo ese contexto, atendiendo a que en el caso se encuentran involucrados los derechos de personas migrantes que están detenidas, por tanto, con fundamento en el artículo 15 y 126 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de oficio y de plano en contra de los actos reclamados o cualquier acto prohibido por el artículo 22 constitucional. Efectos de la suspensión de plano. En el entendido que la integridad física y salud de los quejosos queda bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades responsables, quienes deberán realizar lo siguiente: Con relación a la incomunicación: Se ordena de forma inmediata el cese de la incomunicación, de la que se duelen los agraviados Wendy Delgado Salazar, Adrián Machado Castillo, Amanda Rodríguez Vilar, María Benita Pacheco González, Brandy Parrado González, Lauren De La Caridad Padrón Quiñonez, Pedro Galbán Leiva y Rodolfo Galano Quintero, así como cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional. Además de lo anterior, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que la integridad física y salud de los quejosos queda bajo su más estricta responsabilidad. Orden de deportación, expulsión o repatriación asistida y el traslado a diversa estación migratoria. Por tanto, con fundamento en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano, a fin de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y los directamente agraviados no sean deportados, expulsados o retornados a su país de origen, ni trasladados a diversa estación migratoria, hasta en tanto se resuelva en definitiva el presente juicio de amparo. Ahora, en relación a los actos reclamados que se hacen consistir en: "1. RECLAMAMOS LA INCONSTITUCIONAL REVISIÓN Y DETENCIÓN DE LOS QUEJOSOS EN PARTICULAR, BASADA EN CRITERIOS DISCRIMINATORIOS, EXPRESAMENTE PROHIBIDOS POR EL ARTÍCULO 1° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO. 2. LA FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LA EXCESIVA E INCONSTITUCIONAL GARANTÍA POR EL MONTO DE $150,000.00 (CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M. N.) QUE SOLICITAN LAS RESPONSABLES A CADA UNO DE LOS QUEJOSOS, PARA PODER SALIR AMPARADOS BAJO EL ARTÍCULO 102 DE LA LEY DE MIGRACIÓN. 3. RECLAMAMOS LA DETENCIÓN, PRESENTACIÓN Y PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD A LA QUE LOS QUEJOSOS HAN SIDO OBJETO, SIN QUE HAYAN COMETIDO DELITO ALGUNO Y SIN QUE SE CUMPLA CON LAS FORMALIDADES ESENCIALES DE UN PROCESO, FUERA DE TODO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, YA QUE NO FUERON LLAMADOS A JUICIO, NI EMPLAZADOS, Y SIN LA MENOR PROVOCACIÓN O JUSTIFICACIÓN HAN SIDO PRIVADOS DE SU LIBERTAD, SIN QUE SE OBSERVEN TODAS Y CADA UNA DE LAS GARANTÍAS QUE LA CONSTITUCIÓN LES OTORGA PARA DEFENDERSE. 4. RECLAMAMOS LA SUPUESTA SUJECIÓN DE LOS AMPARISTAS A UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA DETERMINAR SU SITUACIÓN MIGRATORIA EN CONFINAMIENTO. 5. RECLAMAMOS LA NEGATIVA DE OTORGARLES A LOS QUEJOSOS, EL OFICIO DE SALIDA DE LA ESTACIÓN MIGRATORIA DE TIJUANA B.C. 6. RECLAMAMOS LA INDEBIDA RETENCIÓN DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES PRESENTADOS POR LOS QUEJOSOS PARA ACREDITAR SU NACIONALIDAD CUBANA. [.] 9. ACTUALMENTE, LOS AQUÍ QUEJOSOS SE ENCUENTRAN DETENIDOS, RETENIDOS, BAJO CUSTODIA, ENCARCELADO, O COMO LAS RESPONSABLES QUIERAN DENOMINAR SU CONDICIÓN LEGAL, EN LA ESTACIÓN MIGRATORIA MULTICITADA, ALEGANDO LAS MISMAS, QUE ES UNA MEDIDA ADMINISTRATIVA, TAL VEZ FORMALMENTE, PERO MATERIALMENTE ES UNA MEDIDA CARCELARIA." Con relación a la petición del promovente en el sentido de que se decrete la suspensión de plano de los actos reclamados citados con antelación, con fundamento en el artículo 15 y 126 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, no ha lugar a decretar dicha medida cautelar, en razón de que los actos de referencia, no encuadran en ninguna de las hipótesis de procedencia que al efecto contemplan los referidos preceptos legales. Lo anterior dado que el artículo 15 de la ley de la materia en lo que aquí acontece, señala: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. [.]" Así como el párrafo primero del artículo 126 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal." De los dispositivos en cita, se advierte que el órgano jurisdiccional de amparo concederá la suspensión de oficio y de plano de los actos reclamados, cuando estos se encuentren en alguna de las hipótesis siguientes: a) importen peligro de privación de la vida; b) ataquen a la libertad personal fuera de procedimiento; c) incomunicación; d) deportación; e) expulsión; f) proscripción o destierro; g) extradición; h) desaparición forzada de personas; i) la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; o, j) alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. De ahí que, si la parte quejosa reclama dentro de los actos transcritos en párrafos previos, la inconstitucional detención, retención y privación de la libertad injustificada por parte de las autoridades migratorias responsables, en perjuicio de los directamente agraviados estos no son actos que ameriten la concesión de la suspensión de plano, ya que no encuadran en una privación de la libertad "fuera de procedimiento", ya que del escrito que se atiende, el propio promovente refirió que Wendy Delgado Salazar, Adrián Machado Castillo, Amanda Rodríguez Vilar, María Benita Pacheco González, Brandy Parrado González, Lauren De La Caridad Padrón Quiñonez, Pedro Galbán Leiva y Rodolfo Galano Quintero, fueron detenidos por agentes de migración, es decir, las responsables son autoridades competentes para emitir dicha orden en procedimientos migratorios, en términos del artículo 99 de la Ley de Migración. Sin perjuicio, que una vez que, en su caso, los agraviados ratifiquen la demanda de amparo, se proveerá en relación a dichos actos en el incidente de suspensión que al efecto se aperture, así como respecto de los diversos actos reclamados consistentes en la supuesta sujeción a un procedimiento administrativo, las violaciones al debido proceso en la sustanciación del procedimiento administrativo migratorio por el cual se determinó la privación administrativa de la libertad, fijación de garantía, la negativa de otorgarles oficio de salida de la estación migratoria, la retención de documentos oficiales, ya que de igual forma, no encuadran en los actos a que se refiere el artículo 15 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, en virtud que no contraviene las disposiciones vigentes de la Ley de Amparo e incluso el dispositivo legal interpretado es de similar redacción a la que actualmente dispone el artículo 126 de dicha legislación, la jurisprudencia I.3o. A. J/7, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: "SUSPENSION DE OFICIO, CORRESPONDE AL JUZGADOR FEDERAL DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA. Constituyendo la suspensión de oficio una medida de carácter excepcional, autorizada en atención a la urgencia y gravedad del caso, la suspensión que llegare a decretarse en términos de la fracción I, del artículo 123 de la Ley de Amparo, únicamente surtiría efectos respecto de los actos que directamente pudieran causar al quejoso algunas de las lesiones descritas en la norma, es decir, que directamente pusieran en peligro su vida, permitieran su destierro, su deportación o la imposición de penas prohibidas por el artículo 22 constitucional, lo cual implica que es el juzgador federal como órgano encargado de aplicar las normas del juicio de amparo, quien debe siempre y en todo caso examinar si entre los hechos denunciados por el quejoso y los resultados dañinos temidos por éste, existe una relación de causalidad tal que justifique la adopción de la medida cautelar. En este orden de ideas, si bien es cierto que al momento de presentar la demanda y solicitar la suspensión de plano en la mayoría de los casos el quejoso no está en aptitud de acompañar las pruebas necesarias para acreditar de manera fehaciente la existencia o inminencia de los actos reclamados, también es cierto que, es al juzgador federal a quien corresponde analizar (valiéndose incluso únicamente de las manifestaciones del demandante), si la realización de los actos reclamados por el quejoso tendrían como consecuencia directa, obligada o forzosa, la privación de su vida, su destierro, deportación o la imposición en su perjuicio de penas prohibidas por la Constitución, surtiéndose así la procedencia de la suspensión de oficio en términos del artículo 123 de la Ley de Amparo." Así como la diversa tesis I. 1o.P.6 P (11a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que dice: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. NO PROCEDE OTORGARLA DE PLANO CONTRA LA MEDIDA DE ALOJAMIENTO DERIVADA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO MIGRATORIO. Hechos: El quejoso afirmó ser extranjero y estar alojado en una estación migratoria; por ese motivo promovió amparo ante un Juez de Distrito en materia penal y solicitó la suspensión de plano para que fuera puesto en libertad. El referido juzgador se pronunció sobre esa petición de suspensión y la negó y, enseguida, declinó la competencia hacia un Juez de amparo en materia administrativa por estimar que tal acto era de esa materia. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito advierte que no procede otorgar esa suspensión porque ese caso no se trata de un ataque a la libertad fuera de procedimiento y, en todo caso, es materia de suspensión incidental. Justificación: El artículo 126 de la Ley de Amparo establece que la suspensión de plano procede (para que el quejoso sea puesto en libertad inmediatamente) sólo cuando el ataque a la libertad personal ocurra fuera de procedimiento, y eso no es lo que sucede cuando el quejoso está sujeto a la medida personal de alojamiento en una estación migratoria, porque conforme a los artículos 3, fracción XXIX, 68, 99, 111, 118, 132 y 143 de la Ley de Migración y 222 del reglamento de esa ley, aunque sí se trata de un ataque a la libertad porque está materialmente detenido, ello ocurre dentro de procedimiento, el denominado procedimiento administrativo migratorio; éste inicia con la puesta a disposición de una persona extranjera en situación migratoria irregular; a continuación, dentro del plazo de 36 horas siguientes se emite el acuerdo de presentación, y si ese acuerdo es en el sentido de que continúa el procedimiento, aquélla puede continuar detenida bajo la figura de "alojado" o ser puesta en libertad bajo una medida diversa; en caso de que la autoridad opte por el alojamiento dispone de quince días hábiles, por regla general, o de sesenta días hábiles en los casos de excepción expresamente previstos, para resolver su situación migratoria (que podrá ser en el sentido de regularizarla, el retorno asistido o la deportación); de no emitir esa resolución en tales plazos, se otorgará al migrante la condición de estancia de visitante con permiso para recibir una remuneración en el país, mientras se resuelve." Informes. Requiérase a las autoridades responsables para que dentro del término de veinticuatro horas siguientes a la recepción del oficio, informen sobre el cumplimiento dado a la suspensión de plano, remitiéndoles para tal efecto copia simple del escrito de demanda. Apercibimiento. Apercibidas que la violación a este mandato trae como consecuencia la aplicación de lo dispuesto por el artículo 262, fracción III de la Ley de Amparo, que establece que se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. Ratificación de demanda. Se faculta a cualquiera de los actuarios de este juzgado para que se traslade a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración Delegación Baja California con sede en esta ciudad, así como a aquellos lugares de los que tenga noticia en que pudiera encontrarse la parte agraviada, a fin de que notifique personalmente el presente acuerdo a Wendy Delgado Salazar, Adrián Machado Castillo, Amanda Rodríguez Vilar, María Benita Pacheco González, Brandy Parrado González, Lauren De La Caridad Padrón Quiñonez, Pedro Galbán Leiva y Rodolfo Galano Quintero, y los requiera para que en el momento de la notificación manifiesten si ratifican o no la demanda interpuesta a su favor, así como a la autorización los profesionistas que ahí se indican. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no hacerlo así, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda y quedaran sin efectos las providencias decretadas. Consulta electrónica. Una vez que se ratifique la demanda de amparo, se acordará lo relativo a la solicitud de acceso al expediente electrónico que formula el promovente, por ser los directamente agraviados los facultados para hacerlo. Formas de notificación. Una vez que se ratifique la demanda de amparo, se acordará lo relativo a la solicitud de notificaciones electrónicas que formula el promovente, por ser los directamente agraviados los facultados para hacerlo. Señalamiento de autorizado. Se tiene por autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los profesionistas que se indican en la demanda, hasta en tanto los directamente agraviados ratifiquen la demanda de amparo y, en su caso, realicen la autorización respectiva. Pruebas. De igual modo, una vez hecho lo anterior, provéase lo conducente en relación a las pruebas proporcionadas en el ocurso de cuenta. Correo electrónico y número telefónico. Con fundamento en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, téngasele señalando los correos electrónicos y número telefónico que indica única y exclusivamente para entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al presente expediente previa la certificación correspondiente. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento cobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Además en términos de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, no se hará la publicación del nombre y datos personales de todas y cada una de las resoluciones que se emiten en el presente juicio de amparo. Expediente electrónico. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte de éste las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponden a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; asimismo, no formarán parte las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservarán en este juzgado sin digitalizarse, finalmente con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, a prudente arbitrio de esta juzgadora, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones, en caso de presentarse físicamente. Notifíquese personalmente a Wendy Delgado Salazar, Adrián Machado Castillo, Amanda Rodríguez Vilar, María Benita Pacheco González, Brandy Parrado González, Lauren De La Caridad Padrón Quiñonez, Pedro Galbán Leiva y Rodolfo Galano Quintero.
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