Wilberto Ríos Cortés

Expediente 15/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 11 actuaciones registradas, la última del 5 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
15/2021
Año
2021
Actuaciones
11
Última actuación
05/04/2021

Partes del expediente

  • Wilberto Ríos Cortés
  • Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de abril de dos mil veintiuno. En atención a la cuenta que antecede, el Juez determina lo siguiente: I. En este expediente por auto de veintiuno de enero de dos mil veintiuno, se concedió la suspensión provisional y mediante interlocutoria pronunciada el veintinueve de enero de dos mil veintiuno, se concedió la definitiva solicitada. II. En consecuencia, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como total y definitivamente concluido. III. Ahora bien, debido a que se concedió tanto la suspensión provisional como la definitiva solicitadas, de acuerdo a los criterios de valoración a que alude el séptimo transitorio del referido acuerdo en relación con lo dispuesto por el capítulo 7.5. punto 1 relativo al tratamiento del incidente de suspensión (original) del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, el presente asunto es susceptible de depuración. IV. Por otro lado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en comento, se ordena la destrucción del duplicado del incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. V. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en virtud que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. VI. Por tanto, transcurridos el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la depuración del cuaderno original, para lo cual se ordena conservar las resoluciones judiciales de veintisiete de febrero de dos mil diecinueve y siete de marzo de dos mil diecinueve, mediante las cuales se concedió tanto la suspensión provisional como la definitiva solicitadas. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de abril de dos mil veintiuno. En atención a la cuenta que antecede, el Juez, determina lo siguiente: I. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. II. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como total y definitivamente concluido. III. Ahora bien, en el presente sumario constitucional en sentencia que negó el amparo y protección de la Justicia Federal; por tanto, conforme a lo dispuesto en capítulo siete, punto "7.1. y 7.1.1." 1. relativo al tratamiento de los expedientes depurables del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, el presente asunto es susceptible de depuración. IV. Así también, se considera que este expediente carece de valor histórico jurídico, documental o de relevancia alguna, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General en comento; de igual forma se indica que conforme a la certificación de cuenta, no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General de mérito. V. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la depuración de este expediente; por lo que deberá conservarse la demanda de amparo, la sentencia dictada en autos y este proveído. VI. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por carecer de objeto su permanencia en este juzgado, devuélvase a la autoridad responsable, Jefe de la Unidad de Asuntos Internos de la Dirección de Seguridad Pública Vialidad y Protección Ciudadana, con sede en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, las constancias que le fueron solicitadas para resolver el juicio de amparo en que se actúa NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 15/2021, promovido por Wilberto Ríos Cortes. En este juicio de amparo se analiza la legalidad del auto de vinculación a proceso de diecisiete de diciembre de dos mil veinte, dictado por la Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, dentro de la carpeta judicial 85/2019. ANTECEDENTES En audiencia celebrada el diecisiete de diciembre de dos mil veinte, el Agente del Ministerio Público de la Federación, formuló imputación al quejoso y otros, y solicitó su vinculación a proceso; así mismo, los imputados y su defensor renunciaron al plazo constitucional y su ampliación y solicitaron que en ese momento se resolviera su situación jurídica, lo que así se hizo, sin que se impusiera medida cautelar al aquí quejoso. En la fecha señalada, se dictó auto de vinculación a proceso al quejoso, como probable responsable en la comisión del hecho que la ley señala como portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado por el artículo 83, fracción II, en relación con el diverso 11, inciso b), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Además, la juez de Distrito determinó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Wilberto Ríos Cortes promovió juicio de amparo en contra del auto de vinculación a proceso referido, mediante escrito presentado el doce de enero de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca. El quejoso precisó como derechos fundamentales violados los consagrados en los artículos 1, 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Por razón de turno, le correspondió conocer de la demanda de amparo a éste órgano jurisdiccional; y previó cumplimiento de la prevención contenida en proveído inicial, por auto de catorce de enero de dos mil veintiuno, admitió a trámite la demanda y la registró bajo el expediente 15/2021; asimismo, solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al juzgado y ordenó el emplazamiento del tercero interesado. La audiencia constitucional tuvo verificativo el veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, en los términos del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque la autoridad señalada como responsable tiene su residencia dentro de la demarcación territorial en la que este órgano de amparo ejerce jurisdicción. OPORTUNIDAD Al quejoso Wilberto Ríos Cortes le fue notificada, en forma personal, la resolución reclamada en la audiencia de diecisiete de diciembre de dos mil veinte, en términos del artículo 82, fracción I, inciso a) y último párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese contexto, la notificación de la resolución de diecisiete de diciembre de dos mil veinte, surtió efectos en la propia fecha. Por tanto, el término de quince días que prevé el párrafo primero, del artículo 17, de la Ley de Amparo, para interponer la demanda transcurrió del dieciocho de diciembre al veintinueve de enero de dos mil veintiuno, al actualizarse la primera de las hipótesis fácticas que contempla el artículo 18 de la ley de la materia. Descontándose de dicho cómputo los días diecinueve de diciembre al once de enero, dieciséis, diecisiete, veintitrés y veinticuatro de enero de dos mil veintiuno, por ser días inhábiles de conformidad con lo estatuido en el artículo 19 del citado ordenamiento legal, así como así como los días en que se suspendieron los plazos derivado de la situación que impera en el país con motivo del fenómeno de salud pública provocado por el virus COVID-19 y la cual tuvo sustento legal en la circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte del Consejo de la Judicatura Federal. En consecuencia, si la demanda de amparo se presentó el doce de enero de dos mil veintiuno, día en que se reanudaron las labores jurisdiccionales, se considera que es oportuna. V. LEGITIMACIÓN Wilberto Ríos Cortes se encuentra legitimado para promover el presente juicio de amparo, porque en la carpeta judicial de origen tienen el carácter de imputado y la resolución reclamada le es adversa, dado que la autoridad responsable dictó auto de vinculación a proceso en su contra. VI. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir la quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo permite sostener que el quejoso reclama de la Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, lo siguiente: La resolución de vinculación a proceso dictada el diecisiete de diciembre de dos mil veinte, en la carpeta judicial OAX/000445/2020. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS La existencia del acto reclamado a la Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, quedó legalmente acreditada a partir del informe justificado que rindió el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en funciones de Juez de Control, el cual fue recibido vía electrónica el veintiséis de enero de dos mil veintiuno; lo que se corrobora con las constancias que adjuntó dicha autoridad, en el disco certificado en formato DVD, que contiene el registro de audio y video de la audiencia de diecisiete de diciembre de dos mil veinte. Medio de prueba (DVD) que adquiere la naturaleza jurídica de documental pública y que adquiere valor probatorio pleno, al tenor de los normativos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2. Apoya lo antes dicho la jurisprudencia 1a./J. 43/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 703, Libro XXIII, agosto de 2013, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, cuyos epígrafe y texto son: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." PROCEDENCIA Con fundamento en lo dispuesto por el normativo 62 de la Ley de Amparo se deben analizar las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y de estudio preferente. Cobra aplicación la jurisprudencia II.1o. J/5 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el presente asunto las partes no hicieron valer causa de improcedencia alguna, ni de oficio se advierte la actualización de ninguna causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de la Ley de Amparo. Tampoco se advierte la concurrencia de alguna de las causales de sobreseimiento previstas en el diverso artículo 63 de la misma ley reglamentaria que obliguen a dar por concluido el juicio sin hacer una declaratoria sobre el acto reclamado, por lo que, a consideración de este juzgador, el amparo es procedente en términos del artículo 107, fracción V, del citado ordenamiento legal. ESTUDIO DE FONDO El quejoso hace valer los conceptos de violación siguientes: Que en la resolución reclamada se violan sus derechos fundamentales de seguridad jurídica, debido proceso y legalidad, dado que carece de la debida fundamentación y motivación, dado que no se aplicaron correctamente las disposiciones legales y la valoración de la prueba fue deficiente. Que, si bien se encuentra acreditada la existencia del arma de fuego, no está acreditado que el quejoso trajera consigo dicha arma o que tuviera conocimiento de su existencia, y por consecuencia, estuviera a su alcance y disposición. Que la jueza responsable hace una valoración inexacta de los datos de prueba aportados por el Ministerio Público, dado que les otorga valor probatorio y considera que son suficientes para el dictado del auto de vinculación a proceso, lo que el quejoso considera erróneo. Le causa agravio que la Jueza responsable no tomara en cuenta que el informe policial homologado es confuso y genera suspicacias, por lo que considera debió restarle credibilidad. También le causa agravio que la responsable no valorara adecuadamente la declaración del quejoso y sus coimputados, en el sentido que de ella se desprende la confesión de diverso imputado, quien reconoció haber encontrado el arma y ocultar su existencia a sus acompañantes en el vehículo. Que le resta credibilidad a la confesión de Pablo Ortiz Sarabia, por el simple hecho de que en el informe policial homologado se estableció que los imputados dijeron que iban armados, sin que se pudiera establecer quien lo dijo, por lo que el quejoso considera que se debe valorar en su totalidad dicha declaración y no solamente en lo que les perjudica. Que la responsable da por hecho que, si los inculpados estuvieron juntos, necesariamente tuvieron que haber visto el arma, y que por el dicho de los elementos de la Guardia Nacional quienes afirmaron que uno de los ocupantes del vehículo dijo que los dejaran ir porque se encontraban armados (sin que se pudiera establecer quien lo manifestó), todos tenían conocimiento del arma. Que no se aportó dato de prueba que acredite que los tres coimputados tuvieran conocimiento de la existencia del arma, pues no existe inspección en el lugar de los hechos dado que los Agentes Estatales de Investigación no pudieron descifrar las coordenadas proporcionadas por los elementos de la Guardia Nacional, lo que a consideración del quejoso era trascendental para darle credibilidad al lugar, por lo que aduce parcialidad a la juzgadora, quien incluso, agregó, indujo a la representación social a perfeccionar la prueba. Que no se encuentra acreditada su probable participación en el tipo penal de que se trata. Con base en los anteriores elementos de análisis, este juzgador procede a evaluar la constitucionalidad de la resolución de la Juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en funciones de Juez de Control, en la que se dictó auto de vinculación a proceso al quejoso como probable responsable del hecho que la ley señala como delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado por el artículo 83, fracción II, en relación con el diverso 11, inciso b), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. La resolución de la Juez de Control, en esencia, determinó que, con los datos de prueba aportados por el Ministerio Público, se acreditaba la existencia de un hecho que la ley señala como delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, así como la probable participación en la comisión del mismo, de parte de Wilberto Ríos Cortes y otros. El quejoso no controvierte la primera determinación, esto es, no niega que se puede establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, lo que niega es que exista la probabilidad de que participó en su comisión. En consecuencia, con fundamento en el artículo 79, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, este juzgador dejará intocado lo relativo al estudio que realizó la juez responsable respecto a la acreditación del hecho que la ley señala como delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 67/2017 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice lo siguiente: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna". La jurisprudencia está dada con fundamento en la Ley de Amparo abrogada, pero resulta aplicable por analogía, porque en la nueva ley reglamentaria se dispuso explícitamente que en los casos de las fracciones I, II, III, IV, V y VII del artículo 79 la suplencia de la queja solo se expresará en las sentencias cuando derive de un beneficio. Además, en el precedente del amparo en revisión 622/2013, la misma Segunda Sala resolvió que no se debe suplir la queja cuando el quejoso no tenga intención de combatir una decisión autónoma contenida en el propio acto reclamado, pues ello implicaría desconocer el principio de instancia de parte agraviada que rige en el juicio de amparo. Con sus propias palabras: "[.] en el contexto del principio de instancia de parte agraviada, debe entenderse que si un acto de autoridad sólo se combate en parte, aquella otra que no hubiese sido cuestionada por la quejosa, no debe implicar un estudio oficioso por parte del juzgador de amparo, porque de hacerlo, éste violentaría dicho principio al realizar un análisis de constitucionalidad que no le fue solicitado en torno a un aspecto que aquél no tuvo intención de combatir, sea que le cause o no un perjuicio. Lo mismo ocurre en el caso del recurso de revisión, porque si el promovente sólo combate una parte de la resolución pronunciada por el juzgador de origen, el tribunal revisor no debe emprender un análisis oficioso de aquella otra que no fue impugnada, siempre que no opere alguna situación excepcional, como sería el caso de corrección de incongruencias que lleven al análisis de constitucionalidad de actos omitidos por el Juez (pero en el cual, sigue vigente el principio de instancia de parte agraviada), situación que no ocurre en el presente asunto. En suma, los órganos jurisdiccionales de amparo no deben emprender un estudio oficioso de los actos o resoluciones que en alguna parte no fueron impugnados pues, a más de que ello llevaría al extremo de realizar un análisis abstracto, el estudio respectivo tendría que partir de una indagatoria de qué derecho humano pudiera resultar violado, lo que haría ineficaz e irrealizable el desarrollo de la función jurisdiccional. [.] .si bien la suplencia de la deficiencia de la queja [.] puede ser incluso total (ante la ausencia de conceptos de violación o agravios), [.] ello no significa que desde una óptica cualitativa deba ser absoluta y ciega para aplicar en cualquier caso, sino sólo en aquellos en que el juzgador advierta la existencia de un principio de impugnación y considere que será útil para declarar la inconstitucionalidad de los actos reclamados y, por ende, resulte procedente conceder el amparo respectivo. [.]". En el caso concreto, como ha quedado debidamente demostrado con la síntesis correspondiente, el quejoso no tuvo -ni ha tenido- la intención de combatir la parte de la resolución de la Juez responsable en la que determinó que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, de ahí que no haya razón para reflejar en este fallo un examen oficioso de esa conclusión si al final no reportará un beneficio para el actual quejoso. En el presente asunto únicamente se dará a conocer el estudio relacionado con la probable intervención del quejoso, por ser precisamente la materia de la litis constitucional. El estudio de la litis se realizará a partir de la siguiente pregunta: ¿la resolución reclamada se encuentra debidamente fundada y motivada? Este juzgador considera que sí, por lo siguiente: Dada la relevancia del pronunciamiento de la vinculación a proceso, se debe cumplir con lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, ya que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado para tener por satisfecho el principio de legalidad establecido en tal precepto, que dispone: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. (.)" De la anterior transcripción, se desprende que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas, conforme lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 260, Séptima Época, del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, página 175, registro 394216, cuyo rubro es "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN". El artículo 68 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone que "Los autos y las sentencias deberán ser congruentes con la petición o acusación formulada y contendrán de manera concisa los antecedentes, los puntos a resolver y que estén debidamente fundados y motivados; deberán ser claros, concisos y evitarán formulismos innecesarios, privilegiando el esclarecimiento de los hechos". Para determinar si en el presente asunto se cumplió con los requisitos de fundamentación y motivación en principio, se destaca que, para la emisión de la resolución reclamada, la autoridad responsable debe analizar lo establecido en el artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." Por su parte, respecto del auto de vinculación a proceso, el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales refiere: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." De la interpretación de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que, para el dictado del auto de vinculación a proceso, deben satisfacerse los siguientes requisitos: 1. Se haya formulado imputación; 2. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar. 3. Se exprese el hecho que la ley señala como delito, estableciendo el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución; 4. Se dicte por el hecho que fue motivo de la imputación; 5. Se expresen los datos que establezcan: Que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito; Que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; y, 6. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente de delito. En cuanto a que se le haya formulado imputación, dicho requisito se encuentra satisfecho, toda vez que el Ministerio Público de la Federación formuló imputación en contra de Wilberto Ríos Cortes y otros, por su probable intervención en el hecho determinado por la ley como delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado por el artículo 83, fracción II, en relación con el diverso 11, inciso b), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; así como la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de intervención que tuvo en el mismo (autor material) y el nombre de su acusador, en este caso elementos de SEDENA comisionados a la Guardia Nacional. Respecto a que se le haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar, conforme lo dispuesto por el artículo 312 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el juez de la causa preguntó a Wilberto Ríos Cortes si entendía la imputación efectuada en su contra, y éste contestó de manera afirmativa y se reservó su derecho a declarar. Asimismo, tanto el quejoso como sus coimputados renunciaron al plazo constitucional y a su ampliación, por lo que solicitaron que en ese momento se resolviera su situación jurídica, lo que así se hizo. Al dictar el auto de vinculación a proceso, la Juez responsable puntualizó que, con los datos de prueba reseñados por el Ministerio Público, se establecían los siguientes hechos penalmente relevantes: La existencia de un arma de calibre 9 milímetros, tipo pistola, similar al 9 milímetros Parabellum, de las previstas en el artículo 11, inciso b) de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Que como lo señaló la representación social, el hecho imputado consiste en que el catorce de diciembre de dos mil veinte, aproximadamente a las veintitrés horas con cincuenta y cinco minutos, los elementos de la Guardia Nacional iban circulando sobre la calle Juárez de la Agencia San Luis Rey, municipio de Santo Domingo Tehuantepec, cuando tuvieron a la vista un vehículo de motor marca Nissan, color naranja, que circulaba en el carril contrario, motivo por el cual le marcaron el alto, deteniendo su marcha metros adelante. Que en dicho vehículo se encontraban tres personas que tenían un fuerte aliento alcohólico, por lo que les dijeron que no podían seguir su marcha sí, momento en el que una de esas personas les dijo que los dejaran continuar porque iban armados. Que siendo aproximadamente las cero horas revisaron el vehículo de que se trata, localizando debajo del asiento del conductor la citada arma de fuego. Que con motivo del hallazgo los elementos de seguridad les preguntaron quién era el propietario del arma, a lo que se quedaron callados, pero que manifestaron que no contaban con la autorización para portar ese objeto. Una vez precisados los hechos, la juez responsable estimó que éstos podían ser constitutivos del delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado por el artículo 83, fracción II, en relación con el diverso 11, inciso b), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. El requisito de que la determinación en estudio debe dictarse por el hecho que fue motivo de la formulación de la imputación, se encuentra satisfecho debido a que la juzgadora responsable, al dictar al ahora quejoso el auto de vinculación a proceso por su probable intervención en el hecho que la ley señala como delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, lo efectuó tomando en consideración solamente los hechos expuestos por el Ministerio Público al momento de formular imputación, es decir, sin variar los mismos. Respecto al requisito de que se expresen datos que establezcan que existe la probabilidad de que el imputado haya cometido el hecho que la ley señala como delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, se cumple de la siguiente manera: En primer término, dado que la Juez de control adminiculó correctamente los hechos acaecidos, con los datos de prueba siguientes: Informe policial homologado, en cuanto a que el catorce de diciembre se localizó debajo del asiento del conductor un arma de fuego con la matricula 30774032, abastecida con un cargador con ocho cartuchos, que fue asegurada, etiquetada y embalada como indicio uno y que fue la que pusieron a disposición del Ministerio Público. Inspección, realizada por el Policía Federal Ministerial Benjamín Mora Mora, quien manifestó que tuvo a la vista la bolsa etiquetada con el indicio uno, con las características del objeto asegurado, y que al realizar la inspección describió el arma como una pistola con todas sus características, pero principalmente que cuenta con el número de matrícula que es el que aparece en el informe policial homologado. Dictamen en balística emitido por el perito Ricardo Pelayo, con el que se acredita la calidad de objeto bélico, experto en la materia que determina que el objeto que tuvo a la vista tiene la matricula 30774032, que es el indicio uno, concluyendo que es el mismo que tiene a su disposición el Ministerio Público, que fue objeto de la inspección y que ahora tiene a la vista el perito, determinando en base a los conocimientos de su experiencia que es una pistola de calibre nominal 9 por 19 milímetros, y similar al 9 milímetros Parabellum, que es un tipo reservado porque así lo determina la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos Datos de prueba que se estima fueron correctamente valorados por la Juez responsable, de forma libre y lógica, acorde con lo dispuesto en los numerales 259 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Los cuales consideró como suficientes para establecer que se cometió el hecho que la ley señala como delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado por el artículo 83, fracción II, en relación con el diverso 11, inciso b), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Así mismo, analizó que existían indicios razonables para determinar que el imputado probablemente participó en la comisión del hecho delictivo mencionado. En este sentido, se coincide con el criterio de la juzgadora responsable, de tener por acreditado de manera probable que el quejoso participó en la comisión del hecho delictivo que se le atribuye, a título de autor material, como lo expuso el Agente del Ministerio Público. Así, la juez responsable indicó que los datos de prueba la llevaron a concluir que la conducta del aquí quejoso consistió en que, aun cuando no tuvo consigo el arma de fuego, esta se encontraba a su alcance o a su disposición, porque estaba en un radio de acción inmediata dentro del vehículo en el que ellos iban circulando; pues, pudo inferir que en el vehículo se encontraban tres personas porque en el informe policial homologado, de manera imparcial, los elementos de la Guardia Nacional, narraron como encontraron el vehículo y que cuando descendieron del mismo pudieron identificar al señor Wilberto como el conductor, al señor Eusebio como copiloto y que viajaba en el asiento de atrás el señor Pablo, es decir que iban dentro del vehículo automotor en el que encontraron dentro el arma. Entonces, agregó la resolutora que, se desprende de acuerdo a los criterios de la Primera Sala del Máximo Tribunal, dichas personas tendrían dentro de su radio de acción el arma descrita, informe que corroboró con el dictamen en materia de tránsito terrestre y la inspección que se practicó, ambos al vehículo, esto para corroborar que existe, sus características, que es el mismo que se menciona en el informe policial y dar así mayor credibilidad a que el arma se encontró a bordo del mismo y que en este se encontraban las personas ya mencionadas; datos que dijo son idóneos y pertinentes en este momento procesal para establecer la portación del objeto bélico. Además, en cuanto a la probable participación estableció lo siguiente: (.) Se tiene como punto de partida el señalamiento que se les hace en el informe policial, ubicándolos a cada uno en un asiento del vehículo, en este se encontró el arma de fuego por lo tanto es creíble que los tres llevaban el arma de fuego y por lo tanto les sea atribuible su portación. Señalamiento inicial que debe contrastarse con lo declarado por dichas personas, en esencia ellos se ubican en el lugar donde se les detuvo, esto es, en la calle Juárez, después de narrar las actividades previas refieren que acudieron al depósito donde compraron unos six de cerveza y se quedaron en la banqueta tomándolos, que una vez que terminaron abordaron el vehículo automotor y fueron abordados por la Guardia Nacional y localizaron un arma de fuego, en lo que destaca que los señores Wilberto y Eusebio desconocían la existencia del arma por lo que se quedaron sorprendidos cuando los elementos de la Guardia Nacional la descubrieron y el señor Pablo asume a título personal que él era el portador del arma de fuego que se la había encontrado en ese momento previo en el que estaban tomando las cervezas y que por miedo cuando vio a la Guardia Nacional la escondió bajo el asiento del conductor, esto es, en el asiento del otro lado al en que él iba sentado, según el informe policial. Estas declaraciones pueden tomarse en cuenta, porque fueron hechas por los imputados, entiendo que con asesoría de su defensor, por lo que autoriza a valorarlas el artículo 20, fracción II, inciso b) de la Constitución, y el correlativo 114 del Código adjetivo Penal, el señor Pablo asume la tenencia del arma de fuego excluyendo la responsabilidad de sus acompañantes, de entrada no hay indicio de que fuera coaccionado o haya sido obligado a declarar en ese sentido, por ello pudiera establecerse que el señor Pablo menciona era la única persona que sabía del arma, por el interés de ser honesto, de esclarecer el hecho y sobre todo evitar que personas que no tuvieron nada que ver sean sancionadas. Pero no basta una confesión como en este caso lo es la manifestación de la persona imputada para otorgarle la responsabilidad del hecho ilícito, es necesario que está se encuentre concatenada con otros datos de prueba. El hecho de que se diga que el señor Pablo encontró el arma de fuego en el lugar donde se encontraba tomando cervezas, por una parte si es cuestionable como lo señala la Fiscalía porque no es un hecho común encontrar un arma de fuego tirada en la calle, aunado a que no existe algún dato que detalle las características del lugar, también sería posible que los demás señores no se dieran cuenta del arma de fuego, no obstante que se encontraban juntos, pero hay un elemento que hace dudar de que el señor Pablo en efecto fuera la única persona conocedora del arma, el en su manifestación, al margen de que coinciden en horas, ubicación y demás, refiere que encontró el arma, se la guardó y que al momento en que vio a la Guardia Nacional tuvo miedo, y que por eso escondió el arma debajo del asiento del conductor, es decir, hizo un mayor movimiento, no era precisamente en el asiento detrás del cual él estaba ubicado, seria esa una justificación para desprenderse del objeto con la esperanza o la expectativa de que al revisarlo a él no se le encontrara con el arma, pero si esto se relaciona con el contenido del informe en el que se dice que una de las personas, no el conductor como lo razonó el Ministerio Público, alguna de las personas como el copiloto o la persona del asiento de atrás refirió "déjenos ir estamos armados", esto analizado, contrastado con el hecho de que el señor Pablo tuvo miedo, es contradictorio y resta credibilidad a lo dicho por esta persona porque aun estando bajo los efectos del alcohol, tuvo miedo, tuvo la reflexión de esconder el arma para que no fuera descubierta por la Guardia Nacional, por lo que, teniendo ese miedo es poco creíble que el mismo les refiriera a los elementos de la Guardia Nacional "estamos armados" o "vamos armados" para alertar a la Guardia Nacional, si el señor tenía ese miedo lo más prudente era quedarse callado con el objetivo de que no se encontrara un objeto bélico. Tomando en cuenta también que los señores estuvieron tomando, conviviendo, sería poco creíble que el arma estuviera tirada y las demás personas no la vieran y no lo cuestionaran para que era o porque se la quedaba, no es suficiente su manifestación o su confesión, para atribuirle únicamente a él el conocimiento del objeto bélico. Entonces, si se hizo esta expresión "vamos armados", pues se evidencia que todos tenían conocimiento del arma de fuego y pues queda desvirtuada la manifestación del señor en el sentido de que él tenía miedo y que por tanto escondió el objeto bélico. Entonces, se puede establecer con el informe policial, que incluso se corrobora con la declaración de las personas el lugar de su detención, la calle Juárez, a bordo del vehículo, la localización del mismo, pues corroboran el informe policial homologado, se puede establecer que actuaron como autores ya que, cada uno, sabiendo la ubicación del objeto bélico, pudieron disponer del mismo, también que sabiendo de que se trataba de un arma de fuego tuvieron la voluntad de llevarla consigo, al menos en ese trayecto de la calle Juárez, donde fueron abordados por los elementos de la Guardia Nacional su conducta se prolongó hasta en tanto fue asegurado el objeto bélico por la Guardia Nacional, sin que se advierta alguna causa que excluya el delito o que extinga la acción penal Si bien es cierto no hay un dato de prueba específico, no se aportó, de que los señores Wilberto y Eusebio tuvieran conocimiento de la existencia del arma de fuego y la aceptación del señor Pablo de traerla consigo, lo cierto es que eso no implica que el Ministerio Público no cumpliera en este momento con su carga procesal, su carga probatoria, ya que se refirió que de la propia información que da el señor Pablo y la información que expuso el Ministerio Público de acuerdo con el informe policial, se demerita su confesión y prevalece el informe policial homologado. En cuanto a la inspección en un lugar que no se pudo realizar, si bien es un acto de investigación que ayudaría a corroborar la existencia del lugar y conocer sus características, no es imprescindible para establecer el hecho imputado, pues los propios señores en sus respectivas declaraciones ubicaron el lugar donde se les detuvo que es en la calle Juárez, el defensor explicó o al menos así entendí, si se señalaron unas coordenadas en el informe policial que no pudieron corroborar los elementos de investigación, pero al tratarse de un hecho materia de la investigación ello no impide que pudiera contactarse al personal militar y que vieran la forma de descifrar o interpretar esas coordenadas y concretar la inspección. Entonces los datos de prueba son suficientes para establecer que se cometió un hecho considerado como delito por la ley en este caso la portación de arma de fuego y la probabilidad que los señores Wilberto, Pablo y Eusebio llevaron a cabo este ilícito; por ello, en términos de lo dispuesto por los artículos 19 constitucional, 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se dicta a dichas personas auto de vinculación a proceso por la probable comisión del ilícito ya establecido (.). Ahora, el suscrito considera que la jueza de Distrito responsable estuvo en lo correcto, pues los datos de prueba anteriormente referidos, resultan suficientes para establecer hasta esta etapa procesal que, probablemente, el catorce de diciembre de dos mil veinte, aproximadamente a las veintitrés horas con cincuenta y cinco minutos, cuando Wilberto Ríos Cortés y otros, se encontraban en un vehículo de motor, que circulaba sobre la calle Juárez, en la Agencia San Luis Rey, perteneciente a Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, los elementos de la Guardia Nacional les marcaron el alto, y una vez que se identificaron, al percatarse del aliento alcohólico que llevaban, le indicaron que no podían continuar su marcha, y fue cuando uno de ellos les dijo que mejor los dejaran seguir su marcha porque se encontraban armados, lo que motivó a los policías a solicitarles que bajaran del auto para una revisión, siendo que aproximadamente a las cero horas, revisaron el vehículo y localizaron un arma de fuego, con las características que describió el Ministerio Público, que se encontraba debajo del asiento del conductor, por lo que al ser cuestionados respecto a quien era el propietario del arma, se quedaron callados, pero manifestaron no tener permiso para portar dicha arma. Ante ese panorama, se evidencia que, contrario a lo que afirma el quejoso en los conceptos de violación marcados en los incisos b), c), e), f). g), h) e i), respecto a que los datos de prueba son insuficientes para tener por acreditado que el quejoso trajera consigo el arma de fuego o que tuviera conocimiento de su existencia y por ende estuviera a su alcance y disposición, además, que la valoración de las pruebas que hace la responsable, a su consideración es deficiente, dado que resta valor probatorio a la confesión que hizo Pablo Ortiz Sarabia, en el sentido de que él fue quien portaba el arma de fuego y que sus coimputados desconocían su existencia, y que la responsable da por hecho que si los inculpados estuvieron juntos, necesariamente tuvieron que haber visto el arma, máxime que informaron a los elementos aprehensores que se encontraban armados, sin que se precise quien de los imputados hizo tal manifestación, por lo que concluye que no hay datos de prueba que acredite que los tres coimputados tuvieran conocimiento de la existencia del arma y por ende, no está acreditada su probable participación en el tipo penal de que se trata. Lo cierto es, que del informe policial homologado, así como de lo declarado por los propios imputados, se advierte su probable participación en el evento delictivo, pues fue señalado como la persona que el día y hora de los hechos, se encontraba conduciendo el vehículo de motor en el que se descubrió el arma de fuego, sin que al momento en que fueron cuestionados por los elementos de la Guardia Nacional, sobre el propietario de dicha arma, hicieran manifestación alguna; además de que el aquí quejoso, no niega haber estado en el lugar y hora precisadas por los elementos aprehensores, ni tampoco que en el vehículo que conducía, se encontrara el arma de fuego objeto del hecho que se investiga. De ahí que resulta infundado también el concepto de violación marcado con el inciso d), en el sentido de que, a consideración del quejoso, el informe policial homologado es confuso y genera suspicacias, por lo que debió restarle valor probatorio, ello, en relación al hecho que los aprehensores manifestaron que al momento de marcarles el alto, uno de los tres imputados, sin especificar quien, dijo que los dejaran ir, porque se encontraban armados, y posteriormente informa que les solicitaron revisarlos físicamente y al vehículo, a lo que accedieron, lo que no encuentra lógica, pues de haber sabido el aquí quejoso que el arma de fuego se encontraba en el vehículo, no se hubiera parado ni hubiera dado su consentimiento para que se le efectuara la revisión de su persona y del vehículo. Sin embargo, este juzgador estima que no le asiste la razón al quejoso y coincide con el razonamiento de la juez de Distrito en funciones de Juez de control en el sentido, de que la declaración del ahora quejoso y sus coimputados, no causa credibilidad total, toda vez que únicamente declaran que no tenían conocimiento de la existencia del arma de fuego y que diverso coimputado confesó ser la única persona que sabía de su existencia; sin embargo, es poco creíble que si estuvieron tomando cervezas en el mismo lugar, no se dieran cuenta de que Pablo se encontró el arma, que la subió al vehículo y además, que cuando vieron a los elementos de la Guardia Nacional la ocultó debajo del asiento del conductor del vehículo, para lo cual tuvo que haber hecho movimientos de los que sus acompañantes debieron percatarse. Por lo cual, fue acertado que la Juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en funciones de Juez de Control, dictara en contra del quejoso, auto de vinculación a proceso por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Tampoco asiste razón al quejoso cuando dice que la responsable indujo a perfeccionar la prueba al Ministerio Público, atendiendo a que no se pudo llevar a cabo la inspección en el lugar de los hechos, puesto que no fue posible descifrar las coordenadas que proporcionaron los elementos de la Guardia Nacional, inspección que a su juicio era necesaria para darle credibilidad al lugar, de donde aduce que la responsable actúa de manera parcial. Lo anterior es así, en virtud que no se advierte que la jueza Federal responsable haya inducido al perfeccionamiento de la prueba, sino que al dar respuesta precisamente a la manifestación de la defensa del quejoso, en el sentido de que no se logró inspeccionar el lugar de los hechos debido a que no se pudieron descifrar las coordenadas proporcionadas por los elementos captores, estableció que ello no era relevante en ese momento, dado que no había duda del lugar de los hechos, pues los propios indiciados en sus declaraciones se ubican en el lugar de los hechos, pero que al tratarse de un acto materia de la investigación, podía incluso establecerse comunicación con los elementos castrenses a fin de descifrar tales coordenadas y llevar a cabo la inspección. Lo anterior, lejos de perjudicar al aquí quejoso, le beneficia, pues si refiere que dicha inspección resulta necesaria para darle credibilidad al lugar, debería estar interesado en que se descifren las coordenadas proporcionadas en el informe policial homologado y se desahogue. Aunado a que, en la etapa de investigación dentro del sistema penal acusatorio, sólo requiere que el Ministerio Público aporte datos, es decir, la referencia del contenido de determinados medios de investigación que se estimen idóneos, pertinentes y suficientes para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Lo anterior es así, pues, conforme a lo dispuesto en la fracción III, del inciso A del reformado artículo 20 Constitucional, en la etapa de investigación tales datos no constituyen prueba fehaciente, pues para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como prueba aquéllas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio oral. Apoya lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, visible a página 1942, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 3, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que dice: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO NO ES NECESARIO ACREDITAR EL CUERPO DEL DELITO (ELEMENTOS OBJETIVOS, NORMATIVOS Y SUBJETIVOS) Y JUSTIFICAR LA PROBABLE RESPONSABILIDAD DEL INCULPADO, SINO QUE SÓLO DEBE ATENDERSE AL HECHO ILÍCITO Y A LA PROBABILIDAD DE QUE EL INDICIADO LO COMETIÓ O PARTICIPÓ EN SU COMISIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). De los artículos 16, tercer párrafo, 19, primer párrafo y 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformados el dieciocho de junio de dos mil ocho, se advierte que el Constituyente, en el dictado del auto de vinculación a proceso, no exige la comprobación del cuerpo del delito ni la justificación de la probable responsabilidad, pues indica que debe justificarse, únicamente la existencia de "un hecho que la ley señale como delito" y la "probabilidad en la comisión o participación del activo", esto es, la probabilidad del hecho, no la probable responsabilidad, dado que el proveído de mérito, en realidad, sólo debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio. Consecuentemente, en el tratamiento metódico del llamado auto de vinculación a proceso, con el objeto de verificar si cumple con los lineamientos de la nueva redacción del referido artículo 19, no es necesario acreditar los elementos objetivos, normativos y subjetivos, en el caso de que así los describa el tipo penal, es decir, el denominado cuerpo del delito, sino que, para no ir más allá de la directriz constitucional, sólo deben atenderse el hecho o los hechos ilícitos y la probabilidad de que el indiciado los cometió o participó en su comisión; para ello, el Juez de Garantía debe examinar el grado de racionabilidad (teniendo como factor principal, la duda razonable), para concluir si se justifican o no los apuntados extremos, tomando en cuenta como normas rectoras, entre otras, la legalidad (si se citaron hechos que pueden tipificar delitos e información que se puede constituir como datos y no pruebas), la ponderación (en esta etapa, entre la versión de la imputación, la información que la puede confirmar y la de la defensa), la proporcionalidad, lo adecuado y lo necesario (de los datos aportados por ambas partes) para el dictado de dicha vinculación. Así como la Tesis XXIII.10 P del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 39, Febrero de 2017, Tomo III, Materia Penal, Décima Época, página 2168, que establece: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 316 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. PARA DICTARLO ES INNECESARIA LA COMPROBACIÓN PLENA DEL DOLO, PUES ES EN EL JUICIO ORAL DONDE PODRÁN ALLEGARSE LOS DATOS PARA LA PLENA DEMOSTRACIÓN DE ESTE ELEMENTO SUBJETIVO DEL TIPO PENAL CORRESPONDIENTE. En el nuevo sistema de justicia penal, a partir de la reforma constitucional de 18 de junio de 2008, para el dictado de un auto de vinculación a proceso, previsto en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no se exige la comprobación del cuerpo del delito, ni la justificación de la probable responsabilidad, pues sólo deben aportarse datos de prueba de los que se adviertan la existencia de un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad en la comisión o participación del activo, dado que esa resolución sólo debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio. Ello es así, pues del análisis de la exposición de motivos de la referida reforma constitucional, se advierte que la intención del legislador fue establecer un nivel probatorio razonable, tanto para la emisión de la orden de aprehensión, como del auto de vinculación a proceso, de manera que basta que el órgano de acusación presente al juzgador datos probatorios que establezcan la realización concreta del hecho que la ley señala como delito y la probable intervención del imputado en éste; elementos que resultan suficientes para justificar racionalmente que el inculpado sea presentado ante el Juez de la causa, a fin de conocer formalmente la imputación de un hecho previsto como delito con pena privativa de libertad por la ley penal, y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa en un proceso penal respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio. Ahora bien, en los delitos que requieren para su actualización del acreditamiento del dolo, corresponde al Ministerio Público de la Federación su comprobación, atento al principio de presunción de inocencia; pero dicho elemento, al ser de carácter subjetivo, deberá ser valorado por el juzgador hasta el dictado de la sentencia, atento a las pruebas que al efecto haya aportado el Ministerio Público. Así, la demostración plena del dolo es innecesaria para dictar el auto de vinculación a proceso, pues será en el juicio oral donde podrán allegarse los datos para la plena demostración de tal elemento subjetivo del tipo penal correspondiente. Máxime que como se dijo, tomando en consideración los requisitos que ahora señala el artículo 19 Constitucional, en el auto de vinculación a proceso ya no se exige la comprobación del cuerpo del delito, ni la justificación de la probable responsabilidad, sino sólo la existencia de datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión; pues será en etapa de juicio oral cuando se requiera una comprobación plena de que el quejoso participó en dicho evento delictivo. Además, contrario a lo alegado por el quejoso en su concepto de violación marcado con el inciso a), el apartado de la probable responsabilidad del auto de vinculación a proceso analizado se encuentra fundado y motivado, toda vez que contiene los preceptos de ley que lo sustentan, así como las disposiciones legales que contienen las hipótesis consideradas actualizadas con los hechos, esencialmente el acto reclamado se funda en los numerales 19 y 20 Constitucionales; 13, fracción II, del Código Penal Federal; 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales; 83, fracción II, en relación con el diverso 11, inciso b), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. En cuanto al aspecto de la motivación se encuentra satisfecho, pues contiene los razonamientos lógico jurídicos que permiten concluir que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público de la Federación, se desprenden datos de prueba que establecen que se cometieron hechos que la ley señala como delito, en el caso, portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea; y la probabilidad de que el imputado, ahora quejoso, lo cometió, pues la autoridad responsable precisó las circunstancias de lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa, así como la probable participación que tuvo en dicho evento. Por lo que existe adecuación entre los fundamentos de derecho invocados y los motivos expuestos, además, para la emisión del acto reclamado, la responsable se basó en las reglas de valoración de pruebas establecidas en los artículos 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, considerando los medios probatorios que se estimaron idóneos, pertinentes y suficientes para establecer la existencia de los hechos delictuosos; y se expresaron las razones por las cuales se emitió el auto de vinculación a proceso reclamado. Sin que con tal conclusión se estimen violados derechos fundamentales del quejoso, máxime que, al tratarse de la materia penal, el acto reclamado debe ser estudiado en forma oficiosa en todos los aspectos que pudiera haber dejado de valorar la autoridad responsable; no obstante, tal como ha quedado establecido, ello no implica que deba resolverse de acuerdo a los intereses del quejoso, cuando de lo expuesto se advierte que la resolución reclamada se encuentra ajustada a derecho. En ese contexto, al no advertir violación alguna de los derechos humanos del solicitante de la protección constitucional, debe negarse el amparo y protección de la Justicia de la Unión. DECISIÓN En ese orden de ideas, ante lo infundado de los conceptos de violación, lo procedente es negar el amparo solicitado por Wilberto Ríos Cortés, en contra de la resolución de diecisiete de diciembre de dos mil veinte, dictado en la carpeta judicial OAX/000445/2020 por la Juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en Funciones de Juez de Control. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Wilberto Ríos Cortés, en contra de la resolución de diecisiete de diciembre de dos mil veinte, dictado en la carpeta judicial OAX/000445/2020 por la Juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en Funciones de Juez de Control, por las razones precisadas en el apartado IX de este fallo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de febrero de dos mil veintiuno. Agréguese para que surta sus efectos legales correspondientes el oficio de cuenta, por medio del cual el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en funciones de Juez de Control, rinde su informe justificado y exhibe pruebas. Sin que haya lugar a dar vista a las partes con el contenido del informe, toda vez que el pasado veintiocho de enero se ordenó dicha circunstancia. Asimismo, de conformidad con el numeral 119 de la Ley de Amparo, téngase como prueba del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en funciones de Juez de Control, las constancias y versiones escritas de las resoluciones de diecisiete de diciembre de dos mil veinte (control de detención, vinculación y medida cautelar) con firma electrónica, DVD con los registros de audio y video de las determinaciones dictadas en audiencia oral e índice cronológico de su desarrollo, en la carpeta judicial 445/2020. Con las constancias y el disco versátil referidos con antelación, dése vista a las partes. Sin que en el caso se estime necesario señalar fecha y hora para audiencia de reproducción del referido disco debido a que le reviste el carácter de documental, por lo que se desahoga por su propia y especial naturaleza; el cual quedará en resguardo anexo a este expediente y estará a disposición de las partes para su consulta. Ahora bien, del informe de la autoridad responsable, se advierte que en la carpeta judicial 445/2020 instruida contra el quejoso, le resulta el carácter de tercero interesado al licenciado **, Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Primera Investigadora en Salina Cruz, de la Unidad de Investigación y Litigación, con sede en Oaxaca, en términos del artículo 5º, fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en el numeral 26, fracción II, inciso b), de la Ley de Amparo, mediante oficio que al efecto se gire, dese al referido representante social, la intervención que le corresponde como tercero interesado en este juicio. NOTIFÍQUESE.

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