Wenses Jesús Zavarías Hernández
Expediente 1188/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1188/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/12/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Wenses Jesús Zavarías Hernández
Actuaciones
- Principal
Mesa VI-A * "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete. Atendiendo el estado procesal de los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que el quejoso interpusiera recurso de queja contra el acuerdo de catorce de noviembre de dos mil diecisiete, donde se desechó la demanda de amparo origen de este expediente, sin que lo hayan hecho. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Con apoyo en el artículo décimo primero, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto concluido. En cumplimiento a lo ordenado en los puntos cuarto, y vigésimo primero fracción I, del mencionado Acuerdo General, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción. Se considera que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. De igual forma, se indica que, conforme a la certificación que antecede, en este expediente no existen documentos considerados originales en términos del punto segundo fracción XVIII, del citado acuerdo. Hágase del conocimiento de las partes, el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.
- Principal
mESA VI-A * "San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de noviembre de dos mil diecisiete. Téngase por recibida la demanda y los anexos señalados en la cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo y regístrese con el número 1188/2017. Ahora bien, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda promovida por **************, porque se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo. Lo anterior se justifica de la siguiente manera: Como es sabido, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente: [.] [E]n los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. La fracción II del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que [L]as sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda. En ese sentido, el artículo 107, fracción II, párrafo primero, de la Constitución General, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, dispone que las sentencias que se pronuncian en el juicio de amparo sólo se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la controversia. De acuerdo con esa disposición constitucional, las sentencias que se dicten en el juicio de amparo únicamente se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado y el amparo que, en su caso, se otorgue, debe limitarse al caso especial sobre el que verse la controversia; lo anterior significa que las sentencias dictadas en el juicio de amparo no pueden tener efectos generales. En efecto, la sentencia que se dicte en un juicio de amparo solamente debe ocuparse de los quejosos que lo hubieren solicitado y debe limitarse al caso en que verse la controversia; no sería posible emitir una sentencia de amparo en la que se den efectos generales, pues respecto de dichas sentencias prevalece el principio de relatividad, conforme al texto del artículo 107, fracción II, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente. Así, se ha considerado que de estimar procedente el juicio de amparo contra una omisión legislativa, en caso de conceder la protección constitucional al quejoso, el efecto de esa decisión sería el de obligar a la autoridad legislativa a reparar esa omisión, es decir, a legislar, dando efectos generales a la ejecutoria, toda vez que la reparación constitucional implicaría la creación de una ley, que es una prescripción de carácter general, abstracta y permanente, que vincularía no sólo al promovente del amparo y a las autoridades señaladas como responsables, sino a todos los gobernados y autoridades cuya actuación tuviera relación con la norma creada, lo que se apartaría del principio de relatividad que tutela el texto constitucional vigente. Es aplicable, por identidad de razón, la tesis P. CLXVIII/97 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece lo siguiente: "LEYES, AMPARO CONTRA. ES IMPROCEDENTE AQUEL EN QUE SE IMPUGNA LA OMISIÓN DEL LEGISLADOR ORDINARIO DE EXPEDIR UNA LEY O DE ARMONIZAR UN ORDENAMIENTO LEGAL A UNA REFORMA CONSTITUCIONAL" Respecto de la omisión del legislador ordinario de dar cumplimiento al mandato constitucional de expedir determinada ley o de reformar la existente en armonía con las disposiciones fundamentales, es improcedente el juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido en los artículos 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 76 de la citada legislación ordinaria, en virtud de que, según el principio de relatividad que rige en el juicio de amparo, la sentencia que en éste se dicte será siempre tal, que sólo se ocupe de individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare, lo que impide que una hipotética concesión de la protección federal reporte algún beneficio al quejoso, dado que no puede obligarse a la autoridad legislativa a reparar esa omisión, es decir, a legislar, pues esto sería tanto como pretender dar efectos generales a la ejecutoria, ya que la reparación constitucional implicaría la creación de una ley que es una regla de carácter general, abstracta y permanente, la que vincularía no sólo al peticionario de garantías y a las autoridades señaladas como responsables, sino a todos los gobernados y autoridades cuya actuación tuviera relación con la norma creada, lo que es inconcuso resultaría apartado del principio de relatividad enunciado." El quejoso en este asunto reclama la omisión de la sanción, promulgación y orden de publicación de la Ley de Ingresos para la ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca -antes del treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete-, que contenga la regulación del Derecho de Alumbrado Público (DAP). En ese sentido, los artículos 44, 53 y 59 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, establecen la facultad del Congreso de analizar, discutir y decretar la Ley de Ingresos del Estado y de los Municipios que lo conforman; asimismo, que ello se hará a más tardar el diez de diciembre, pero que si no se hiciere dentro de ese plazo, la ley vigente en el año calendario anterior, extenderá su vigencia; y que la aprobación se hará preferentemente en el primer periodo de sesiones. Lo anterior, no constituye una obligación del Congreso del Estado y del Ejecutivo Local, pues es una facultad discrecional que ejercen cuando estiman conveniente promulgar una nueva Ley de Ingresos, pues de no estimarlo necesario, la propia Constitución del Estado establece que puede extenderse la vigencia de la aprobada durante el siguiente año calendario. Cierto es que el Estado debe garantizar a los gobernados un recurso accesible, breve, sencillo, adecuado y efectivo, mediante el cual se garanticen de manera sencilla y rápida sus derechos humanos, según el artículo 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, siendo este en nuestro sistema jurídico el juicio de amparo; sin embargo, ello no significa que no deban observarse las normas que regulan el ejercicio de los derechos adjetivos que rigen la procedencia y trámite de este juicio constitucional, previstos en la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Norma Fundamental; o que tales derechos se puedan ejercer arbitraria y desordenadamente, atentando a la técnica jurídica a que debe sujetarse y provocando una anarquía jurídica. Por ello, aun cuando se pudiera anticipar un resultado en que se concediera el amparo a la parte quejosa, no sería posible su concreción, porque sus efectos, es decir, que el Congreso del Estado decrete la Ley de Ingresos para el Municipio de Huajuapan de León, Oaxaca, con vigencia para el año dos mil dieciocho, antes del treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete, irían en contra del principio de relatividad de las sentencias de amparo, ya que implicaría la emisión de una norma que trascendería a la población en general. Esta decisión se apoya en la tesis VIII/2013, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expresa: "OMISIÓN LEGISLATIVA. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA, CONFORME AL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE LA MATERIA, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN II, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El precepto constitucional citado, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, dispone que las sentencias pronunciadas en el juicio de amparo sólo se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda, de donde deriva que respecto de dichas sentencias aún prevalece el principio de relatividad, dado que no pueden tener efectos generales. En congruencia con lo anterior, en términos del artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción II, párrafo primero, de la Constitución Federal, es improcedente el juicio de amparo contra una omisión legislativa, pues de concederse la protección constitucional al quejoso, el efecto sería obligar a la autoridad legislativa a reparar la omisión, dando efectos generales a la ejecutoria, lo cual implicaría la creación de una ley, que constituye una prescripción general, abstracta y permanente, que vincularía no sólo al promovente del amparo y a las autoridades señaladas como responsables, sino a todos los gobernados y autoridades cuya actuación tuviera relación con la norma creada. No es obstáculo a lo anterior, la circunstancia de que el artículo 107, fracción II, párrafos segundo y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establezca la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de una norma con efectos generales, toda vez que esa declaración debe emitirse en un procedimiento específico por parte de este Alto Tribunal, sin que sea posible adoptar una decisión de tal naturaleza en un caso concreto; máxime que el procedimiento para la declaratoria general de una norma se refiere a normas existentes y no a omisiones legislativas. Por otra parte, tampoco es obstáculo que el artículo 103, fracción I, constitucional, establezca que los Tribunales de la Federación conocerán de toda controversia suscitada por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos, ya que dicho precepto no contempla la posibilidad de que puedan reclamarse omisiones legislativas, dado que opera la limitante prevista en el referido artículo 107, fracción II, párrafo primero, en el sentido de que las sentencias dictadas en el juicio de amparo no pueden tener efectos generales." En efecto, la Ley de Ingresos del Municipio de Huajuapan de León, Oaxaca, tiene como objetivo fundamental el ordenamiento del gasto público, mediante la distribución y asignación de un determinado monto de recursos, estimado con base en los ingresos que se obtendrán por la recaudación de impuestos, obtención de derechos, venta de productos especiales, etcétera. Ello pone de manifiesto que la reparación de la omisión que se atribuye al Congreso del Estado y Gobernador Constitucional no se limita simplemente a establecer el monto que recaudará por concepto del cobro de Derecho de Alumbrado Público (DAP) al aquí quejoso, en cuyo caso, tal vez podría considerarse que no se involucra a nadie más que a aquel; empero, lo cierto es que la pretensión de la parte quejosa, implica necesariamente establecer la tarifa para el cobro de dicha contribución a todos los usuarios del servicio de energía eléctrica. Luego, ello se traduciría en la generación de un acto legislativo, mediante la expedición de la Ley de Ingresos, con características generales, abstractas y permanentes, lo que es inadmisible para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, además de que no es legalmente posible combatir mediante este procedimiento constitucional, omisiones legislativas. Para una mejor comprensión de este tema, se considera conveniente transcribir parte de las consideraciones expuestas por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, en la ejecutoria de la que surgió la tesis antes transcrita: "Por otra parte, tampoco pasa inadvertido para esta Segunda Sala lo dispuesto por el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, que establece que los Tribunales de la Federación conocerán de toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos. Sin embargo, la citada disposición constitucional no tiene el alcance de que puedan reclamarse en el juicio de amparo omisiones legislativas, dado que opera la limitante prevista en el artículo 107, fracción II, párrafo primero, de la Constitución General, en el sentido que las sentencias dictadas en el juicio de amparo no pueden tener efectos generales, siendo que de estimar procedente el juicio constitucional contra omisiones legislativas, se inobservaría dicho precepto, dado que la sentencia que llegara a dictarse en un caso concreto obligaría a la autoridad a emitir una norma general. Esa interpretación guarda congruencia con lo dispuesto por el artículo 107, fracciones IV y VII, de la Constitución, ya que si bien contempla la posibilidad de impugnar omisiones en el juicio de amparo, únicamente se refiere a las omisiones que deriven de un juicio o de una autoridad administrativa, sin contemplar la posibilidad de impugnar omisiones legislativas. Además, debe destacarse que en el proceso legislativo que dio origen a la reforma constitucional de seis de junio de dos mil diez, efímeramente se habló de la posibilidad de reclamar en el juicio de amparo omisiones de la autoridad administrativa; en cambio, no se contempló la posibilidad de reclamar omisiones legislativas; lo que refuerza la conclusión de que el juicio constitucional es improcedente en estos casos. Por tal motivo, debe concluirse que en términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, el juicio de amparo es improcedente contra una omisión legislativa, ya que ello implicaría dar efectos generales a la sentencia de amparo que se dicte, en contravención a lo dispuesto por la citada disposición constitucional. En mérito de lo expuesto, al actualizarse en el presente caso, de manera notoria, manifiesta e indudable, las causas de improcedencia a que se ha hecho referencia, procede confirmar el desechamiento de la demanda por motivos distintos a los que expresó el Juez de Distrito, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo." Como se ve, el juicio de amparo resulta improcedente en contra de actos consistentes en omisiones legislativas, o adecuaciones o reformas que implican el ejercicio propio del Poder Legislativo en la expedición de normas generales, pues va en contra de lo dispuesto por el artículo 107, fracciones II, párrafo primero, IV y VII, de la Constitución Federal, pues con ello se darían efectos generales a la sentencia de amparo que se dicte, en contravención con lo dispuesto por el artículo 107, fracción II, párrafo primero, de la Constitución General. Sin que sea obstáculo para arribar esa conclusión, la circunstancia de que el artículo 107, fracción II, de la Constitución General, en los párrafos segundo y tercero, establezca la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de una norma con efectos generales, toda vez que esa declaración debe emitirse en un procedimiento específico; además de que se refiere a leyes emitidas por el Congreso de la Unión y no a omisiones legislativas. Así, la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de una norma con efectos generales solamente debe emitirse una vez que se han actualizado las hipótesis conducentes, sin que sea posible adoptar una decisión de esa naturaleza en un caso concreto, es decir en una sentencia dictada en un juicio de amparo, pues como se ha visto, éstas no pueden tener efectos generales. Máxime que el procedimiento para la declaratoria general de una norma se refiere a normas existentes y no a omisiones legislativas, sin que la Constitución establezca la posibilidad de obligar a las autoridades legislativas a emitir una norma de carácter general. No es óbice a lo anterior, lo dispuesto por el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, que establece que los Tribunales de la Federación conocerán de toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos. Sin embargo, la citada disposición constitucional no tiene el alcance de que puedan reclamarse en el juicio de amparo omisiones legislativas, dado que opera la limitante prevista en el artículo 107, fracción II, párrafo primero, de la Constitución General, en el sentido que las sentencias dictadas en el juicio de amparo no pueden tener efectos generales, siendo que de estimar procedente el juicio constitucional contra omisiones legislativas, se inobservaría dicho precepto, dado que la sentencia que llegara a dictarse en un caso concreto obligaría a la autoridad a emitir una norma general. Esa interpretación guarda congruencia con lo dispuesto por el artículo 107, fracciones IV y VII, de la Constitución, ya que si bien contempla la posibilidad de impugnar omisiones en el juicio de amparo, únicamente se refiere a las omisiones que deriven de un juicio o de una autoridad administrativa, sin contemplar la posibilidad de impugnar omisiones legislativas. Por tal motivo, debe concluirse que en términos de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo es improcedente en contra de la omisión en la sanción, promulgación y orden de publicación de la Ley de Ingresos para el municipio de Huajuapan de León, Oaxaca, antes del treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete, ya que ello implicaría dar efectos generales a la sentencia de amparo que se dicte, en contravención a lo dispuesto por la citada disposición constitucional; por ende, se desecha la demanda. Se tiene como domicilio del quejoso para recibir notificaciones, el que indica en el escrito de demanda y únicamente para recibir notificaciones, a la persona que refiere, debido a que no cuenta con cédula profesional en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho. Notifíquese personalmente.
- Principal
mESA VI-A * "San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de noviembre de dos mil diecisiete. Téngase por recibida la demanda y los anexos señalados en la cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo y regístrese con el número 1188/2017. Ahora bien, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda promovida por **************, porque se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo. Lo anterior se justifica de la siguiente manera: Como es sabido, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente: [.] [E]n los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. La fracción II del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que [L]as sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda. En ese sentido, el artículo 107, fracción II, párrafo primero, de la Constitución General, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, dispone que las sentencias que se pronuncian en el juicio de amparo sólo se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la controversia. De acuerdo con esa disposición constitucional, las sentencias que se dicten en el juicio de amparo únicamente se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado y el amparo que, en su caso, se otorgue, debe limitarse al caso especial sobre el que verse la controversia; lo anterior significa que las sentencias dictadas en el juicio de amparo no pueden tener efectos generales. En efecto, la sentencia que se dicte en un juicio de amparo solamente debe ocuparse de los quejosos que lo hubieren solicitado y debe limitarse al caso en que verse la controversia; no sería posible emitir una sentencia de amparo en la que se den efectos generales, pues respecto de dichas sentencias prevalece el principio de relatividad, conforme al texto del artículo 107, fracción II, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente. Así, se ha considerado que de estimar procedente el juicio de amparo contra una omisión legislativa, en caso de conceder la protección constitucional al quejoso, el efecto de esa decisión sería el de obligar a la autoridad legislativa a reparar esa omisión, es decir, a legislar, dando efectos generales a la ejecutoria, toda vez que la reparación constitucional implicaría la creación de una ley, que es una prescripción de carácter general, abstracta y permanente, que vincularía no sólo al promovente del amparo y a las autoridades señaladas como responsables, sino a todos los gobernados y autoridades cuya actuación tuviera relación con la norma creada, lo que se apartaría del principio de relatividad que tutela el texto constitucional vigente. Es aplicable, por identidad de razón, la tesis P. CLXVIII/97 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece lo siguiente: "LEYES, AMPARO CONTRA. ES IMPROCEDENTE AQUEL EN QUE SE IMPUGNA LA OMISIÓN DEL LEGISLADOR ORDINARIO DE EXPEDIR UNA LEY O DE ARMONIZAR UN ORDENAMIENTO LEGAL A UNA REFORMA CONSTITUCIONAL" Respecto de la omisión del legislador ordinario de dar cumplimiento al mandato constitucional de expedir determinada ley o de reformar la existente en armonía con las disposiciones fundamentales, es improcedente el juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido en los artículos 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 76 de la citada legislación ordinaria, en virtud de que, según el principio de relatividad que rige en el juicio de amparo, la sentencia que en éste se dicte será siempre tal, que sólo se ocupe de individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare, lo que impide que una hipotética concesión de la protección federal reporte algún beneficio al quejoso, dado que no puede obligarse a la autoridad legislativa a reparar esa omisión, es decir, a legislar, pues esto sería tanto como pretender dar efectos generales a la ejecutoria, ya que la reparación constitucional implicaría la creación de una ley que es una regla de carácter general, abstracta y permanente, la que vincularía no sólo al peticionario de garantías y a las autoridades señaladas como responsables, sino a todos los gobernados y autoridades cuya actuación tuviera relación con la norma creada, lo que es inconcuso resultaría apartado del principio de relatividad enunciado." El quejoso en este asunto reclama la omisión de la sanción, promulgación y orden de publicación de la Ley de Ingresos para la ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca -antes del treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete-, que contenga la regulación del Derecho de Alumbrado Público (DAP). En ese sentido, los artículos 44, 53 y 59 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, establecen la facultad del Congreso de analizar, discutir y decretar la Ley de Ingresos del Estado y de los Municipios que lo conforman; asimismo, que ello se hará a más tardar el diez de diciembre, pero que si no se hiciere dentro de ese plazo, la ley vigente en el año calendario anterior, extenderá su vigencia; y que la aprobación se hará preferentemente en el primer periodo de sesiones. Lo anterior, no constituye una obligación del Congreso del Estado y del Ejecutivo Local, pues es una facultad discrecional que ejercen cuando estiman conveniente promulgar una nueva Ley de Ingresos, pues de no estimarlo necesario, la propia Constitución del Estado establece que puede extenderse la vigencia de la aprobada durante el siguiente año calendario. Cierto es que el Estado debe garantizar a los gobernados un recurso accesible, breve, sencillo, adecuado y efectivo, mediante el cual se garanticen de manera sencilla y rápida sus derechos humanos, según el artículo 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, siendo este en nuestro sistema jurídico el juicio de amparo; sin embargo, ello no significa que no deban observarse las normas que regulan el ejercicio de los derechos adjetivos que rigen la procedencia y trámite de este juicio constitucional, previstos en la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Norma Fundamental; o que tales derechos se puedan ejercer arbitraria y desordenadamente, atentando a la técnica jurídica a que debe sujetarse y provocando una anarquía jurídica. Por ello, aun cuando se pudiera anticipar un resultado en que se concediera el amparo a la parte quejosa, no sería posible su concreción, porque sus efectos, es decir, que el Congreso del Estado decrete la Ley de Ingresos para el Municipio de Huajuapan de León, Oaxaca, con vigencia para el año dos mil dieciocho, antes del treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete, irían en contra del principio de relatividad de las sentencias de amparo, ya que implicaría la emisión de una norma que trascendería a la población en general. Esta decisión se apoya en la tesis VIII/2013, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expresa: "OMISIÓN LEGISLATIVA. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA, CONFORME AL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE LA MATERIA, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN II, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El precepto constitucional citado, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, dispone que las sentencias pronunciadas en el juicio de amparo sólo se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda, de donde deriva que respecto de dichas sentencias aún prevalece el principio de relatividad, dado que no pueden tener efectos generales. En congruencia con lo anterior, en términos del artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción II, párrafo primero, de la Constitución Federal, es improcedente el juicio de amparo contra una omisión legislativa, pues de concederse la protección constitucional al quejoso, el efecto sería obligar a la autoridad legislativa a reparar la omisión, dando efectos generales a la ejecutoria, lo cual implicaría la creación de una ley, que constituye una prescripción general, abstracta y permanente, que vincularía no sólo al promovente del amparo y a las autoridades señaladas como responsables, sino a todos los gobernados y autoridades cuya actuación tuviera relación con la norma creada. No es obstáculo a lo anterior, la circunstancia de que el artículo 107, fracción II, párrafos segundo y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establezca la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de una norma con efectos generales, toda vez que esa declaración debe emitirse en un procedimiento específico por parte de este Alto Tribunal, sin que sea posible adoptar una decisión de tal naturaleza en un caso concreto; máxime que el procedimiento para la declaratoria general de una norma se refiere a normas existentes y no a omisiones legislativas. Por otra parte, tampoco es obstáculo que el artículo 103, fracción I, constitucional, establezca que los Tribunales de la Federación conocerán de toda controversia suscitada por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos, ya que dicho precepto no contempla la posibilidad de que puedan reclamarse omisiones legislativas, dado que opera la limitante prevista en el referido artículo 107, fracción II, párrafo primero, en el sentido de que las sentencias dictadas en el juicio de amparo no pueden tener efectos generales." En efecto, la Ley de Ingresos del Municipio de Huajuapan de León, Oaxaca, tiene como objetivo fundamental el ordenamiento del gasto público, mediante la distribución y asignación de un determinado monto de recursos, estimado con base en los ingresos que se obtendrán por la recaudación de impuestos, obtención de derechos, venta de productos especiales, etcétera. Ello pone de manifiesto que la reparación de la omisión que se atribuye al Congreso del Estado y Gobernador Constitucional no se limita simplemente a establecer el monto que recaudará por concepto del cobro de Derecho de Alumbrado Público (DAP) al aquí quejoso, en cuyo caso, tal vez podría considerarse que no se involucra a nadie más que a aquel; empero, lo cierto es que la pretensión de la parte quejosa, implica necesariamente establecer la tarifa para el cobro de dicha contribución a todos los usuarios del servicio de energía eléctrica. Luego, ello se traduciría en la generación de un acto legislativo, mediante la expedición de la Ley de Ingresos, con características generales, abstractas y permanentes, lo que es inadmisible para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, además de que no es legalmente posible combatir mediante este procedimiento constitucional, omisiones legislativas. Para una mejor comprensión de este tema, se considera conveniente transcribir parte de las consideraciones expuestas por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, en la ejecutoria de la que surgió la tesis antes transcrita: "Por otra parte, tampoco pasa inadvertido para esta Segunda Sala lo dispuesto por el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, que establece que los Tribunales de la Federación conocerán de toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos. Sin embargo, la citada disposición constitucional no tiene el alcance de que puedan reclamarse en el juicio de amparo omisiones legislativas, dado que opera la limitante prevista en el artículo 107, fracción II, párrafo primero, de la Constitución General, en el sentido que las sentencias dictadas en el juicio de amparo no pueden tener efectos generales, siendo que de estimar procedente el juicio constitucional contra omisiones legislativas, se inobservaría dicho precepto, dado que la sentencia que llegara a dictarse en un caso concreto obligaría a la autoridad a emitir una norma general. Esa interpretación guarda congruencia con lo dispuesto por el artículo 107, fracciones IV y VII, de la Constitución, ya que si bien contempla la posibilidad de impugnar omisiones en el juicio de amparo, únicamente se refiere a las omisiones que deriven de un juicio o de una autoridad administrativa, sin contemplar la posibilidad de impugnar omisiones legislativas. Además, debe destacarse que en el proceso legislativo que dio origen a la reforma constitucional de seis de junio de dos mil diez, efímeramente se habló de la posibilidad de reclamar en el juicio de amparo omisiones de la autoridad administrativa; en cambio, no se contempló la posibilidad de reclamar omisiones legislativas; lo que refuerza la conclusión de que el juicio constitucional es improcedente en estos casos. Por tal motivo, debe concluirse que en términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, el juicio de amparo es improcedente contra una omisión legislativa, ya que ello implicaría dar efectos generales a la sentencia de amparo que se dicte, en contravención a lo dispuesto por la citada disposición constitucional. En mérito de lo expuesto, al actualizarse en el presente caso, de manera notoria, manifiesta e indudable, las causas de improcedencia a que se ha hecho referencia, procede confirmar el desechamiento de la demanda por motivos distintos a los que expresó el Juez de Distrito, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo." Como se ve, el juicio de amparo resulta improcedente en contra de actos consistentes en omisiones legislativas, o adecuaciones o reformas que implican el ejercicio propio del Poder Legislativo en la expedición de normas generales, pues va en contra de lo dispuesto por el artículo 107, fracciones II, párrafo primero, IV y VII, de la Constitución Federal, pues con ello se darían efectos generales a la sentencia de amparo que se dicte, en contravención con lo dispuesto por el artículo 107, fracción II, párrafo primero, de la Constitución General. Sin que sea obstáculo para arribar esa conclusión, la circunstancia de que el artículo 107, fracción II, de la Constitución General, en los párrafos segundo y tercero, establezca la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de una norma con efectos generales, toda vez que esa declaración debe emitirse en un procedimiento específico; además de que se refiere a leyes emitidas por el Congreso de la Unión y no a omisiones legislativas. Así, la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de una norma con efectos generales solamente debe emitirse una vez que se han actualizado las hipótesis conducentes, sin que sea posible adoptar una decisión de esa naturaleza en un caso concreto, es decir en una sentencia dictada en un juicio de amparo, pues como se ha visto, éstas no pueden tener efectos generales. Máxime que el procedimiento para la declaratoria general de una norma se refiere a normas existentes y no a omisiones legislativas, sin que la Constitución establezca la posibilidad de obligar a las autoridades legislativas a emitir una norma de carácter general. No es óbice a lo anterior, lo dispuesto por el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, que establece que los Tribunales de la Federación conocerán de toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos. Sin embargo, la citada disposición constitucional no tiene el alcance de que puedan reclamarse en el juicio de amparo omisiones legislativas, dado que opera la limitante prevista en el artículo 107, fracción II, párrafo primero, de la Constitución General, en el sentido que las sentencias dictadas en el juicio de amparo no pueden tener efectos generales, siendo que de estimar procedente el juicio constitucional contra omisiones legislativas, se inobservaría dicho precepto, dado que la sentencia que llegara a dictarse en un caso concreto obligaría a la autoridad a emitir una norma general. Esa interpretación guarda congruencia con lo dispuesto por el artículo 107, fracciones IV y VII, de la Constitución, ya que si bien contempla la posibilidad de impugnar omisiones en el juicio de amparo, únicamente se refiere a las omisiones que deriven de un juicio o de una autoridad administrativa, sin contemplar la posibilidad de impugnar omisiones legislativas. Por tal motivo, debe concluirse que en términos de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo es improcedente en contra de la omisión en la sanción, promulgación y orden de publicación de la Ley de Ingresos para el municipio de Huajuapan de León, Oaxaca, antes del treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete, ya que ello implicaría dar efectos generales a la sentencia de amparo que se dicte, en contravención a lo dispuesto por la citada disposición constitucional; por ende, se desecha la demanda. Se tiene como domicilio del quejoso para recibir notificaciones, el que indica en el escrito de demanda y únicamente para recibir notificaciones, a la persona que refiere, debido a que no cuenta con cédula profesional en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho. Notifíquese personalmente. (SE NOTIFICO PORL ISTA AL PROMOVENTE CON FUND EN EL ART 27 FRAC I INCISO B DE LA LEY DE AMPARO)
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · 11,222 expedientes
- Wenceslao Constantino Martínez Martínez342/2019
- Wenceslao Constantino Martínez Martínez1369/2016
- Wenceslao Ramírez Martínez1627/2014
- Wenceslao Ramírez Martínez o Wenceslao Martínez153/2016
- Wendy Karelly Hernández Jacobo719/2019
- Wendy Patricia Ceballos Torres524/2015
- Wilberto Mesino Navarrete348/2021
- Wilberto Ríos Cortés15/2021
- Wilfrido Gonzalez Merino833/2022
- Wilfrido Montaño Cruz1663/2016
- Wilfrido Rogelio López Ramírez480/2023
- Wilfrido Torres González y Otros.341/2016