Wilberth Alberto Dzib Cauich

Expediente 988/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 16 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
988/2020
Año
2020
Actuaciones
16
Última actuación
07/07/2021

Partes del expediente

  • Wilberth Alberto Dzib Cauich

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, siete de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia de dieciocho de junio de dos mil veintiuno. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído. Debiéndose hacer las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  2. Principal

    Vistos para resolver el juicio de amparo número 988/2020-VI-B, promovido por WILBERTH ALBERTO DZIB CAUICH, contra actos que reclama de la la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, y otra autoridad. RESULTANDO PRIMERO. Por escrito presentado el veintidós de octubre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y turnado al día siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció WILBERTH ALBERTO DZIB CAUICH, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclama de la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, en su carácter de ordenadora, y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con sede en la Ciudad de México, como ejecutora. SEGUNDO. Mediante acuerdo de cinco de noviembre de dos mil veinte, previo cumplimiento de prevención, se admitió a trámite la demanda, se solicitó el informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada, y se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde. Asimismo, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en la ciudad de Mérida, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 55, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda, se desprende que la parte quejosa hace consistir los actos reclamados en: La omisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con sede en la Ciudad de México, de dar cumplimiento al requerimiento realizado mediante oficio 700/2020 de diez de septiembre de dos mil veinte, librado en autos del juicio de origen 290/2016; así como la omisión de la Presidenta de la Junta responsable de vigilar el debido cumplimiento del requerimiento contenido en la misiva de que se trata. TERCERO. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables, toda vez que así lo manifestaron al rendir sus correspondientes informes justificados, sin que la parte quejosa hubiese desvirtuado dichas negativas con prueba en contrario. Lo que se corrobora con las constancias que remitió la Presidenta de la Junta responsable en apoyo a su informe justificado. A las cuales se les confiere valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. De las que se advierte que si bien es cierto que mediante misiva 700/2020 de diez de septiembre de dos mil veinte, solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con sede en la Ciudad de México, señalara cada una de las cuentas bancarias existentes a nombre de la parte demandada, aquí tercero interesada. También lo es, que el treinta de septiembre de dos mil veinte, Correos de México devolvió a la referida Junta responsable un sobre que contenía la misiva en comento, del que se desprende la leyenda "DEVOLUCIÓN CERRADO POR CONTINGENCIA SANITARIA COVID-19". Por tanto, deviene inconcuso que a la fecha en que el quejoso presentó la demanda de amparo, es decir, el veintidós de octubre de dos mil veinte, no existía el acto de omisión que ahora reclama, pues las constancias que integran el presente juicio así lo revelan, ya que, como se estableció, el treinta de septiembre de dos mil veinte, la Junta responsable recibió el oficio de que se trata, pues por los motivos ahí expuestos, no pudo llevarse a cabo la entrega del mismo a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Por lo que, evidentemente, no existe omisión alguna relativa a vigilar el cumplimiento del requerimiento contenido en la misiva de que se trata, pues la entrega de la misma a la dependencia que debía llevar a cabo ello, resultó infructuosa. Es aplicable, la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." (Época: Décima Época, Registro: 2018110, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 59, Octubre de 2018, Tomo I, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 99/2018 (10a.) y página: 926). En este punto, igual debe precisarse, que la existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, ya que de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. Lo anterior conlleva a que este órgano de control no pueda realizar el análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado por ser inexistente como ya se vio; de ahí que, con apoyo en lo dispuesto en el invocado numeral 63 fracción V, de la citada ley de la materia, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio. Cobran aplicación al caso particular por analogía, la jurisprudencia número 10, consultable en la página 12, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, registro 917,544, así como el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, que este Juzgador comparte, consultable en la página 254, Octava Época, Tomo XIII-Enero del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 213793, que en su orden indican: "AMPARO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja"; y "JUICIO DE AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es improcedente el juicio de amparo cuando la fecha de presentación de la demanda no existía el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda vez que la existencia del acto reclamado debe analizarse con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías." Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud del motivo de sobreseimiento que se actualizó. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia número 509, publicada en la página 335, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, registro 394,465, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." CUARTO. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN" Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. QUINTO. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SEXTO. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 124 y demás relativos de la citada Ley de Amparo, se: RESUELVE PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por WILBERTH ALBERTO DZIB CAUICH, en contra de los actos que reclama de la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, en su carácter de ordenadora, y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con sede en la Ciudad de México, como ejecutora, por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando cuarto de esta resolución, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando quinto de este fallo, captúrese el día de la publicación de la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, tres de junio de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el informe justificado rendido por el Director y Directora Contenciosos, ambos adscritos a la Dirección General Contenciosa, en representación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con sede en la Ciudad de México. Por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las demás partes, y relaciónense en la audiencia constitucional. Asimismo, como lo solicita la autoridad responsable, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, y como delegados en términos del artículo 9° de la Ley de Amparo, los que indica en el informe de cuenta. Por otra parte, en cuanto al correo electrónico proporcionado por la citada autoridad responsable, hágase de su conocimiento, que dicho exhorto, realizado en auto de radicación de cinco de noviembre de dos mil veinte, a fin de que se proporcionaran a este órgano jurisdiccional un teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico con la finalidad de establecer contacto, de resultar necesario por esas vías, se encontraba dirigido únicamente a las partes quejosa y, en su caso, tercero interesada, no así para las autoridades responsables; por lo que sólo se toma nota de ello. En ese sentido, no ha lugar a tener por señalado el medio de comunicación proporcionado en el oficio que se provee. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiséis de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que hasta la presente fecha la autoridad responsable COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, residente en la Ciudad de México, no ha rendido su respectivo informe justificado, el cual fue requerido nuevamente mediante acuerdo de veintisiete de abril del año en curso. Por tal motivo, y en virtud de que dicho informe se considera necesario para resolver adecuadamente el presente juicio constitucional, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy y se señalan las NUEVE HORAS CON SEIS MINUTOS DEL DIECIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, como nuevas fecha y hora para su celebración. Lo anterior, con apoyo en el artículo 17 constitucional, tomando en consideración que el domicilio de dicha autoridad se ubica fuera de la residencia de este juzgado; y a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos de diferimiento innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. Ahora bien, cabe destacar que del "Acuerdo por el que se establecen las medidas administrativas para la continuidad de las actividades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en la atención de los asuntos que se tramitan ante ésta, durante la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19", que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el quince de julio de dos mil veinte, se advierte que la ventanilla única de recepción y entrega de documentación, de la Oficialía de Partes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se mantendría cerrada; por lo que no se recibiría documentación de manera física durante la vigencia de dicho acuerdo. En tales condiciones, atendiendo a que hasta la presente fecha no ha sido modificada dicha disposición, y a fin de no retrasar la prosecución de este asunto, solicítese por ÚLTIMA OCASIÓN a la autoridad responsable COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, con sede en la Ciudad de México, que rinda su informe justificado en los términos solicitados mediante acuerdo de cinco de noviembre de dos mil veinte. Apercibida que de no cumplir con lo anterior, SE LE IMPONDRÁ, UNA MULTA de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $8,688.00 (ocho mil, seiscientos ochenta y ocho pesos 00/100 M.N), conforme a lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal. Lo anterior, a través del correo institucional contencioso@cnbv.gob.mx; el cual se encuentra en el concentrado de correos electrónicos institucionales de las dependencias federales, para la práctica de notificaciones que puedan realizarse en términos de lo dispuesto en los artículos 28 y 30 de la Ley de Amparo, publicado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese y cúmplase.

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