Wilbert Santiago Sierra Tintore
Expediente 1113/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1113/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 15/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Wilbert Santiago Sierra Tintore
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, quince de junio de dos mil veintidós. Visto: agréguense a estos autos las dos promociones de cuenta registradas con los números 13800 y 13810, de ********************, quien se ostenta apoderado de BBVA México, Socie******************** (vinculada al cumplimiento); recibidas vía electrónica en este Juzgado mediante el uso de la FIREL, y anexo que acompaña, que remite con relación al cumplimiento de la sentencia ejecutoriada pronunciada en este asunto. Personalidad que se le reconoce en términos del testimonio de la escritura pública que adjunta electrónicamente y respecto del cual manifiesta bajo protesta de decir verdad que es una reproducción íntegra e inalterada de las copias certificadas ante notario público. Al efecto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa de lo anterior, así como del diverso oficio 110/F/B/4847/2022, del Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con sede en la Ciudad de México; recibido vía electrónica en este Juzgado mediante el uso de la FIREL, por auto de siete de junio de dos mil veintidós. Lo anterior, por el término de tres días siguientes al en que surta efectos la notificación que se le haga de este acuerdo, para que manifieste lo que a sus derechos corresponda. Con el apercibimiento que de no hacerlo, este Tribunal Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las citadas autoridades. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y cúmplase.
- Principal
Vistos, para resolver el juicio de amparo 2291/2021-I-B, promovido por Susana Santos Cruz; y RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, y turnado el mismo día a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció Susana Santos Cruz, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclama al Instituto Mexicano del Seguro Social con sede en la Ciudad de México y al Hospital General Regional número doce del Instituto Mexicano del Seguro Social Lic. Benito Juárez, con residencia en Mérida. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Previo cumplimiento al auto aclaratorio, mediante proveído de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo; se dio la intervención legal que compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se solicitó a las autoridades responsables sus correspondientes informes justificados; asimismo, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, tuvo verificativo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 49 y 57 fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así de la lectura íntegra del escrito de demanda, como de las constancias remitidas por las autoridades responsables, se tiene que la parte quejosa reclama esencialmente, lo siguiente: La negativa de brindar a la quejosa el medicamento que necesita para tratar el padecimiento de FA CRÓNICA EVC que padece desde mil novecientos noventa; en concreto, el RIVAROXABAN. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados al Instituto Mexicano del Seguro Social con sede en la Ciudad de México; toda vez que así lo manifestó la Titular de la División de Amparos Fiscales al rendir su informe justificado; sin que la parte quejosa desvirtuara su negativa. En consecuencia, resultan inexistentes los actos reclamados respecto de dicha autoridad, por tanto, procede sobreseer en el presente juicio de amparo respecto de la misma, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV de la citada Ley de Amparo, y la Tesis de Jurisprudencia número 284, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, visible en la página 236, del Tomo VI, Materia Común, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto que se reclamó de la autoridad responsable Hospital General Regional número Doce del Instituto Mexicano del Seguro Social en Yucatán, con sede en esta ciudad, pues así lo manifestó expresamente al rendir su informe justificado; lo que además se corrobora con las constancias que adjuntó a su informe de ley. Documentales a las cuales se les concede pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°; porque se trata de documentos expedidos por un funcionario público dentro de los límites de su competencia y en ejercicio de sus funciones. Es aplicable la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." QUINTO. Inexistencia de causales de improcedencia. En el caso a estudio, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la ley de la materia, por lo que procede efectuar el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa los que se tienen aquí por reproducidos, toda vez que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción. Al respecto, tiene aplicación la Jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Análisis de los conceptos de violación. Son fundados los motivos de disenso expresados por la quejosa en su demanda de amparo, y suficientes para concederle el amparo y la protección de la justicia federal que pide. En efecto, la quejosa medularmente aduce, que la omisión de otorgarle el medicamento denominado RIVAROXABAN, trastoca el contenido del artículo 4 Constitucional, dado que con ello, se pone en peligro su salud y vida, lo anterior, a pesar de habérselo prescrito su médico del cual depende para tratar el padecimiento de FA CRÓNICA EVC que padece desde mil novecientos noventa. Para arribar a lo anterior, cabe destacar que los numerales 1° y 4° de la Constitución Federal, que para lo que aquí es de interés, es del tenor siguiente: "Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. ..." "Artículo 4. (.) Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. (.)". Los dispositivos constitucionales preinsertos, instituyen que en el Estado Mexicano toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Ahora bien, en la especie se hace patente precisar que los derechos humanos abarcan lo que se conoce como derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales, e incumben principalmente a la relación entre las personas y el Estado. Al respecto, las obligaciones de los gobiernos por lo que hace a los derechos humanos guardan relación en un sentido amplio con los principios de respetar, proteger y cumplir. En ese contexto, entre la salud y los derechos humanos existen vínculos complejos: - La violación o la desatención de los derechos humanos pueden tener graves consecuencias para la salud; - Las políticas y los programas sanitarios pueden promover los derechos humanos o violarlos, según la manera en que se formulen o se apliquen; - La vulnerabilidad a la mala salud se puede reducir adoptando medidas para respetar, proteger y cumplir los derechos humanos. En ese sentido, se tiene que el derecho a la salud no significa derecho a gozar de buena salud, ni tampoco que los gobiernos tengan que establecer servicios de salud costosos para quienes no dispongan de recursos. Significa que los gobiernos y las autoridades públicas han de establecer políticas y planes de acción destinados a que todas las personas tengan acceso a la atención a la salud en el plazo más breve posible. Lograr que eso ocurra es el reto al que tienen que hacer frente tanto la comunidad encargada de proteger los derechos humanos como los profesionales de la salud pública. De acuerdo con tales premisas, el derecho al grado máximo de salud que se pueda lograr, se encuentra consagrado en diversos instrumentos internacionales suscritos por el Estado mexicano, a saber: Declaración Universal de Derechos Humanos "Artículo 25. 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad". Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Artículo 12 1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. 2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños; b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente; c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad". De lo expuesto se pone de manifiesto que la protección a la salud es un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos. Todo ser humano tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud que le permita vivir dignamente. La efectividad del derecho a la salud se puede alcanzar mediante numerosos procedimientos complementarios, como la formulación de políticas en materia de salud, la aplicación de los programas de salud elaborados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) o la adopción de instrumentos jurídicos concretos. Además, el derecho a la salud abarca determinados componentes aplicables en virtud de la ley. De modo que, el concepto del "más alto nivel posible de salud", a que se hace referencia en el párrafo 1 del artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, tiene en cuenta tanto las condiciones biológicas y socioeconómicas esenciales de la persona como los recursos con que cuenta el Estado. Existen varios aspectos que no pueden abordarse únicamente desde el punto de vista de la relación entre el Estado y los individuos; en particular, un Estado no puede garantizar la buena salud ni puede brindar protección contra todas las causas posibles de la mala salud del ser humano. Así, los factores genéticos, la propensión individual a una afección y la adopción de estilos de vida malsanos o arriesgados suelen desempeñar un papel importante en lo que respecta a la salud de la persona. Por lo tanto, el derecho a la protección de la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud. En esa tesitura, el derecho a la salud es un derecho inclusivo, que no sólo abarca la atención de salud oportuna o apropiada, sino también los principales factores determinantes de la salud, como el acceso a los servicios de salud que debe proporcionar el Estado. Al respecto, la Observación General número 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, establece cuatro criterios con respecto a los cuales se puede evaluar el respeto del derecho a la salud: a) Disponibilidad. Deberá haber un número suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos de salud y centros de atención de la salud, así como de programas. b) Accesibilidad. Los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser accesibles a todos, sin discriminación alguna, dentro de la jurisdicción del Estado Parte. La accesibilidad presenta cuatro dimensiones presupuestas: - No discriminación (los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser accesibles a todas las personas, de hecho y de derecho, sin discriminación alguna por cualquiera de los motivos prohibidos); - Accesibilidad física (los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán estar al alcance geográfico de todos los sectores de la población, en especial los grupos vulnerables o marginados, como las minorías étnicas y poblaciones indígenas, las mujeres, los niños, los adolescentes, las personas mayores, las personas con discapacidad y las personas con VIH/SIDA, inclusive en las zonas rurales); - Accesibilidad económica (los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán estar al alcance de todos, los pagos por atención de la salud y servicios relacionados con los factores determinantes básicos de la salud deberán basarse en el principio de equidad, a fin de asegurar que esos servicios, sean públicos o privados, estén al alcance de todos); y - Acceso a la información (el acceso a la información comprende el derecho de solicitar, recibir y difundir información e ideas acerca de las cuestiones relacionadas con la salud. Con todo, el acceso a la información no debe menoscabar el derecho de que los datos personales relativos a la salud sean tratados con confidencialidad). c) Aceptabilidad. Todos los establecimientos, bienes y servicios de salud, deberán ser respetuosos de la ética médica, culturalmente, apropiados y sensibles a los requisitos del género y el ciclo de vida, y deberán estar concebidos para respetar la confidencialidad y mejorar el estado de salud de las personas de que se trate. d) Calidad. Los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser apropiados desde el punto de vista científico y médico y ser de buena calidad, para ello se requiere entre otras cosas, personal médico capacitado, medicamentos y equipo hospitalario científicamente aprobados y en buen estado, agua limpia potable y condiciones sanitarias adecuadas. De modo que, si el Estado mexicano suscribió convenios internacionales que muestran el consenso internacional en torno a la importancia de garantizar, al más alto nivel, ciertas pretensiones relacionadas con el disfrute del derecho a la salud, y existen documentos que las desarrollan en términos de su contenido y alcance, es inconcuso que se tiene la obligación de proteger, respetar y cumplir progresivamente el derecho a la salud y no admitir medidas regresivas en su perjuicio, absteniéndose de denegar su acceso, garantizándolo en igualdad de condiciones y sin condicionamiento alguno, debiendo reconocer en sus ordenamientos jurídicos, políticas y planes detallados para su ejercicio, tomando, al mismo tiempo, medidas que faciliten el acceso de la población a los servicios de salud, es decir, este ordenamiento incluye no solamente la obligación estatal de respetar, sino también la de proteger y cumplir o favorecer este derecho. En estas condiciones, ese cumplimiento requiere que los Estados reconozcan suficientemente el derecho a la protección de la salud en sus sistemas políticos y ordenamientos jurídicos nacionales, de preferencia mediante la aplicación de leyes, adoptando una política nacional de salud acompañada de un plan detallado para su ejercicio, cuando menos en un mínimo vital que permita la eficacia y garantía de otros derechos, y emprendan actividades para promover, mantener y restablecer la salud de la población, entre las que figuran, fomentar el reconocimiento de los factores que contribuyen al logro de resultados positivos en materia de salud. Verbigracia, la realización de investigaciones y el suministro de información, velar porque el Estado cumpla sus obligaciones en lo referente a la difusión de información apropiada acerca de la forma de vivir y de alimentación sanas, así como de las prácticas tradicionales nocivas y la disponibilidad de servicios, al igual que apoyar a las personas a adoptar, con conocimiento de causa, decisiones por lo que respecta a su salud. Sirve de sustento, la tesis sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, visible en la página 1759, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 3, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro y texto siguiente: "DERECHO A LA SALUD. FORMA DE CUMPLIR CON LA OBSERVACIÓN GENERAL NÚMERO 14 DEL COMITÉ DE LOS DERECHOS SOCIALES Y CULTURALES DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, PARA GARANTIZAR SU DISFRUTE. El Estado Mexicano suscribió convenios internacionales que muestran el consenso internacional en torno a la importancia de garantizar, al más alto nivel, ciertas pretensiones relacionadas con el disfrute del derecho a la salud, y existen documentos que las desarrollan en términos de su contenido y alcance. Uno de los más importantes es la Observación General Número 14 del Comité de los Derechos Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, organismo encargado de monitorear el cumplimiento de los compromisos asumidos por los Estados firmantes del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del cual México es parte y el que, esencialmente, consagra la obligación de proteger, respetar y cumplir progresivamente el derecho a la salud y no admitir medidas regresivas en su perjuicio, absteniéndose de denegar su acceso, garantizándolo en igualdad de condiciones y sin condicionamiento alguno, debiendo reconocer en sus ordenamientos jurídicos, políticas y planes detallados para su ejercicio, tomando, al mismo tiempo, medidas que faciliten el acceso de la población a los servicios de salud, es decir, este ordenamiento incluye no solamente la obligación estatal de respetar, sino también la de proteger y cumplir o favorecer este derecho. En estas condiciones, ese cumplimiento requiere que los Estados reconozcan suficientemente el derecho a la salud en sus sistemas políticos y ordenamientos jurídicos nacionales, de preferencia mediante la aplicación de leyes, adoptando una política nacional de salud acompañada de un plan detallado para su ejercicio, cuando menos en un mínimo vital que permita la eficacia y garantía de otros derechos, y emprendan actividades para promover, mantener y restablecer la salud de la población, entre las que figuran, fomentar el reconocimiento de los factores que contribuyen al logro de resultados positivos en materia de salud; verbigracia, la realización de investigaciones y el suministro de información, velar porque el Estado cumpla sus obligaciones en lo referente a la difusión de información apropiada acerca de la forma de vivir y de alimentación sanas, así como de las prácticas tradicionales nocivas y la disponibilidad de servicios, al igual que apoyar a las personas a adoptar, con conocimiento de causa, decisiones por lo que respecta a su salud.". Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en reiteradas ocasiones acerca del derecho a la protección de la salud tutelado por el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo, en lo que interesa lo siguiente: - El derecho a la salud no se limita a prevenir y tratar una enfermedad, sino que atento a la propia naturaleza humana, va más allá, en tanto comprende aspectos externos e internos, como el buen estado mental y emocional del individuo, es decir, se traduce en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva un derecho fundamental más, consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica. - Del artículo 4º de la Constitución Federal, que establece que toda persona tiene derecho a la salud, derivan una serie de estándares jurídicos de gran relevancia. El Estado Mexicano ha suscrito convenios internacionales que muestran el consenso internacional en torno a la importancia de garantizar al más alto nivel ciertas pretensiones relacionadas con el disfrute de este derecho. La realización progresiva del derecho a la salud a lo largo de un determinado periodo no priva de contenido significativo a las obligaciones de los Estados, sino que les impone el deber concreto y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia su plena realización. - Si bien para la justiciabilidad del derecho a la salud en el juicio de amparo, es menester constatar que se invoque la violación de un derecho fundamental que incorpora pretensiones jurídicas subjetivas y que la invasión al derecho que se denuncia represente un tipo de vulneración remediable por dicha vía. Lo cierto es que ello no permite descartar que en ciertas ocasiones, dar efectividad al amparo implique adoptar medidas que colateral y fácticamente tengan efectos para más personas que las que actuaron como partes en el caso concreto, siempre y cuando tales efectos tengan una relación fáctica o funcional con los de las partes. Lo que antecede, encuentra sustento en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 6, Tomo XXX, Diciembre de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "DERECHO A LA SALUD. NO SE LIMITA AL ASPECTO FÍSICO, SINO QUE SE TRADUCE EN LA OBTENCIÓN DE UN DETERMINADO BIENESTAR GENERAL. El referido derecho, contenido en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reconocido en diversos tratados internacionales suscritos por México, no se limita a la salud física del individuo, es decir, a no padecer, o bien, a prevenir y tratar una enfermedad, sino que atento a la propia naturaleza humana, va más allá, en tanto comprende aspectos externos e internos, como el buen estado mental y emocional del individuo. De ahí que el derecho a la salud se traduzca en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva un derecho fundamental más, consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica". Así como la diversa tesis, visible en la página 29, Tomo XXXIV, Agosto de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguiente: "DERECHO A LA SALUD. IMPONE AL ESTADO LAS OBLIGACIONES DE GARANTIZAR QUE SEA EJERCIDO SIN DISCRIMINACIÓN ALGUNA Y DE ADOPTAR MEDIDAS PARA SU PLENA REALIZACIÓN. Del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según el cual toda persona tiene derecho a la salud, derivan una serie de estándares jurídicos de gran relevancia. El Estado Mexicano ha suscrito convenios internacionales que muestran el consenso internacional en torno a la importancia de garantizar al más alto nivel ciertas pretensiones relacionadas con el disfrute de este derecho, y existen documentos que esclarecen su contenido y alcance jurídico mínimo consensuado. Así, la Observación General número 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, por ejemplo, dispone que el derecho a la salud garantiza pretensiones en términos de disponibilidad, accesibilidad, no discriminación, aceptabilidad y calidad de los servicios de salud y refiere que los poderes públicos tienen obligaciones de respeto, protección y cumplimiento en relación con él. Algunas de estas obligaciones son de cumplimiento inmediato y otras de progresivo, lo cual otorga relevancia normativa a los avances y retrocesos en el nivel de goce del derecho. Como destacan los párrafos 30 y siguientes de la Observación citada, aunque el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales prevé la aplicación progresiva y reconoce los obstáculos que representa la limitación de los recursos disponibles, también impone a los Estados obligaciones de efecto inmediato, como por ejemplo las de garantizar que el derecho a la salud sea ejercido sin discriminación alguna y de adoptar medidas para su plena realización, que deben ser deliberadas y concretas. Como subraya la Observación, la realización progresiva del derecho a la salud a lo largo de un determinado periodo no priva de contenido significativo a las obligaciones de los Estados, sino que les impone el deber concreto y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia su plena realización. Al igual que ocurre con los demás derechos enunciados en el Pacto referido, continúa el párrafo 32 de la Observación citada, existe una fuerte presunción de que no son permisibles las medidas regresivas adoptadas en relación con el derecho a la salud". Y la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, Tomo XXXIV, Agosto de 2011, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DERECHO A LA SALUD. SU TUTELA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO. La justiciabilidad del derecho a la salud no tiene manifestaciones idénticas cuando su violación se denuncia por los ciudadanos en vía de amparo y cuando se reclama por otras vías como por ejemplo, la acción de inconstitucionalidad. Para determinar qué tipo de pretensiones pueden estudiarse en vía de amparo hay que constatar no sólo que se invoque la violación de un derecho fundamental que incorpora pretensiones jurídicas subjetivas, sino también que la invasión al derecho que se denuncia represente un tipo de vulneración remediable por dicha vía. Lo anterior es así, porque el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de actos y normas con efectos únicamente para el caso concreto, como lo establecen los artículos 103, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 76 de la Ley de Amparo; sin embargo, ello no permite descartar que, en ciertas ocasiones, dar efectividad al amparo implique adoptar medidas que colateral y fácticamente tengan efectos para más personas que las que actuaron como partes en el caso concreto. Pero este tipo de efectos, que podrían denominarse ultra partes, deben ser colaterales y estar unidos por una relación de conexidad fáctica o funcional con los efectos inter partes, es decir, no pueden ser efectos central o preliminarmente colectivos. Ello es así, porque la Constitución General de la República reserva la posibilidad de impugnar las normas de manera que puedan ser declaradas inválidas con efectos erga omnes a una serie acotada de órganos legitimados, por la vía de las controversias constitucionales o las acciones de inconstitucionalidad". Como se aprecia de todo lo que antecede, el derecho a la protección de la salud previsto en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en diversos tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, puede entenderse como la obligación del Estado de establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud encaminados a la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva un derecho fundamental más, consistente en el derecho a la integridad físicopsicológica. De ahí que, se trata de un derecho complejo que despliega una amplia serie de posiciones jurídicas fundamentales para los particulares y para el Estado, en el entendido que la protección de la salud y el desarrollo de los correspondientes sistemas sanitarios asistenciales es una de las tareas fundamentales de los Estados democráticos contemporáneos y representa una de las claves del Estado del bienestar. En este orden de ideas, se observa que el derecho a la salud, entre varios elementos, comprende: el disfrute de servicios de salud de calidad en todas sus formas y niveles, entendiendo que sean apropiados médica y científicamente, esto es, que exista personal médico capacitado, medicamentos y equipo hospitalario científicamente aprobados y en buen estado y condiciones sanitarias adecuadas. Por lo que tal prerrogativa a la salud constituye un derecho público subjetivo, regulado constitucionalmente como un derecho humano, mismo que se compone de la atención médica que comprende las actividades curativas, cuyo fin es efectuar un diagnóstico temprano de las afecciones a la salud y proporcionar un tratamiento integral oportuno, ya sea preventivo, curativo, paliativo o de rehabilitación; además de comprender también la disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud. De esa forma, el derecho a la protección a la salud conlleva el derecho subjetivo a obtener la práctica de los estudios clínicos necesarios y la recepción de los medicamentos básicos para el tratamiento de una enfermedad, como parte integrante del servicio básico de salud consistente en la atención médica, sin que obste a lo anterior que los medicamentos sean recientemente descubiertos, que sean de costo excesivo, o que existan otras enfermedades que merezcan igual o mayor atención médica por parte del Sector Salud, incluyendo los aspectos relacionados con la edad de los pacientes, pues éstas son cuestiones ajenas a esos derechos. Pues al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que el Estado mexicano se encuentra obligado a crear las condiciones que aseguren a todas las personas la asistencia médica y servicios médicos en casos de enfermedad y que una cuestión fundamental e inherente al derecho a la salud, es que se proporcione un tratamiento adecuado e integral, lo cual incluye, cuando menos, el suministro de medicamentos básicos necesarios para el tratamiento correspondiente. Ello según se deduce de la tesis 2a. LVIII/2019 (10a.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 420 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 70, septiembre de 2019, Tomo I, del rubro y texto siguientes: "DERECHO A LA SALUD MENTAL. DEBE PROTEGERSE DE MANERA INTEGRAL Y ELLO INCLUYE, CUANDO MENOS, EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA SU TRATAMIENTO. Del análisis conjunto de los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 12, numeral 2, inciso d), del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se desprende que el Estado mexicano se encuentra obligado a crear las condiciones que aseguren a todas las personas la asistencia médica y servicios médicos en casos de enfermedad. Asimismo, se advierte que una cuestión fundamental e inherente a la debida protección del derecho a la salud es que los servicios se presten de manera integral, lo que implica que se debe proporcionar un tratamiento adecuado y completo. En este sentido, la debida protección del derecho a la salud incluye, cuando menos, el suministro de medicamentos básicos. Por otra parte, bajo la premisa de que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte otorgan el mismo tratamiento normativo a la protección de la salud física y la mental, se puede concluir que el Estado está obligado a prestar los servicios de salud mental de manera integral y, específicamente, a suministrar los medicamentos básicos necesarios para su tratamiento." En el caso, la parte quejosa afirma que la responsable afecta sus derechos a la salud y a la vida con la omisión de suministrarle el medicamento RIVAROXABAN del cual depende para tratar el padecimiento de FA CRÓNICA EVC que padece desde mil novecientos noventa porque es INDISPENSABLE para preservar su vida y salud, por lo que su suministro debe ser una pastilla diaria por un año para preservar sus derechos humanos violados. Al respecto, cabe destacar que si bien la Directora del Hospital General Regional número Doce del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado, manifestó que entregó a la quejosa el medicamento de referencia. Lo cierto es que, de éste no se evidencia que, como demandó la quejosa en el acto reclamado, se haya establecido que las subsecuentes entregas del medicamento antes detallado fueran de manera permanente, ni que se hubieren realizado las gestiones necesarias para tal efecto; ya que para justificar sus informes de ley, únicamente acompañó en copia certificada las constancias siguientes: Acta de entrega de fecha tres de diciembre de dos mil veintiuno, a través del cual, la derechohabiente Susana Santos Cruz, por conducto de su hija, recibió una caja del medicamento RIVAROXABAN, en cumplimiento a la suspensión provisional concedida en el juicio de amparo 2291/2021-I-B. La receta individual con número de folio 31Y0427139, de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, a nombre de la quejosa Susana Santos Cruz, con número de seguridad social 4290721113-2. Copia de la credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral a nombre de María del Carmen Martínez Santos, con número de folio 0000160772294. En efecto, de dichas probanzas a las cuales se le otorgaron valor probatorio pleno en párrafos precedentes, únicamente se evidencia que la autoridad responsable le suministró a la quejosa el medicamento que le solicitó para controlar su padecimiento, durante la tramitación del presente juicio; no así, que haya realizado manifestación alguna respecto a que dicho suministro de medicamentos se le otorgare a la quejosa de manera permanente; es decir, definitiva, de modo incondicional y pleno, siempre que ésta lo requiriera y de acuerdo a los registros médicos del nosocomio. En las relatadas condiciones, es evidente que la omisión de la autoridad responsable de suministrarle a la parte quejosa el medicamento RIVAROXABAN; de manera permanente al ser indispensable para preservar su vida y salud, ya que son necesarias para tratar el padecimiento de FA CRÓNICA EVC que vulnera sus derechos a la salud y a la vida. De ahí que siendo obligación del Estado, a través de sus diversas instituciones de Salud, establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud encaminados a la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona; es claro que, con su actuar, la autoridad viola el derecho a la salud consagrado en el artículo 4º Constitucional y 12, numeral 2, inciso d), del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En consecuencia, es claro que el actuar de la responsable vulnera el derecho a la salud, reconocido en el artículo 4, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que lo procedente es conceder el amparo y protección constitucional a la impetrante en términos del considerando siguiente. SÉPTIMO. Efectos de la concesión. Con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, la autoridad responsable Directora del Hospital General Regional número Doce del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, deberá dictar las medidas necesarias a fin de que le sea suministrado a la quejosa SUSANA SANTOS CRUZ, el fármaco denominado RIVAROXABAN por la temporalidad y dosis que su médico tratante hubiere ordenado, de manera gratuita; lo anterior, hasta que dicha prescripción médica sea modificada o se cumpla con el plazo establecido como idóneo para el tratamiento requerido, única y exclusivamente en beneficio de su salud. En el entendido de que el cumplimiento de la sentencia de amparo no podrá permanecer activo por tiempo indefinido y en todo caso, bastará con que se acredite la entrega periódica del medicamento a la peticionaria conforme a la prescripción médica respectiva, dejando a salvo sus derechos para el caso de repetición del acto reclamado. OCTAVO. Publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN"; Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. NOVENO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. DÉCIMO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por SUSANA SANTOS CRUZ, en contra del acto reclamado al Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en la Ciudad de México, en términos del considerando tercero de esta determinación. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a SUSANA SANTOS CRUZ, en contra del acto que reclama del Hospital General Regional número Doce del Instituto Mexicano del Seguro Social en Yucatán, con residencia en esta ciudad, con sede en esta ciudad, por las razones expuestas en el considerando sexto de este resolución y para los efectos señalados en el séptimo subsecuente. TERCERO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando octavo de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando noveno de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. QUINTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y regístrese.
- Principal
Mérida, Yucatán, diecisiete de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan estos autos y lo de cuenta, se acuerda: toda vez que aún no obran en autos las constancias requeridas por auto de cinco de abril de dos mil veintidós, relativas al juicio contencioso administrativo 10709/18-17-19-9, del índice de la Novena Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en la Ciudad de México, las cuales se consideran necesarias para mejor proveer en el presente asunto. En consecuencia, es claro que no es factible llevar a cabo la audiencia constitucional programada para tener verificativo este propio día, por lo que, a fin de dar oportunidad a lo anterior, se decreta su diferimiento y se fijan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y TRES MINUTOS DEL VEINTISIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintinueve de abril de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan estos autos, de los que se advierte que la audiencia constitucional se encuentra programada para llevarse a cabo a las once horas con cuarenta y seis minutos del cinco de mayo de dos mil veintidós. Ahora bien, en atención al contenido del oficio SEPLE./GEN./002/1460/2022, suscrito por Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el treinta de marzo del año en curso, del que se advierte que entre otros, fue declarado como día no laborable para este Juzgado Federal el día cinco de mayo de dos mil veintidós. En atención a lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada y se señalan las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y SEIS MINUTOS DEL DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, como nuevas hora y fecha para su celebración. Notifíquese personalmente a las partes y cúmplase.
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