Wilber Leonel Guarín Cruz
Expediente 302/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche. 10 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 302/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 23/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche · Campeche
Partes del expediente
- Wilber Leonel Guarín Cruz
- Elkin Humberto Beltrán Pacheco
- Wilber Leonel Guarín Cruz y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
San Francisco de Campeche, Campeche, veintitrés de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo legal de diez días, dentro del que las partes pudieron recurrir en revisión el acuerdo dictado en este juicio de amparo el veinte de abril de dos mil veintiuno, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio constitucional, sin haberlo hecho; por tanto, con fundamento en el artículo 86 de la Ley de Amparo en vigor, en relación con los diversos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al citado ordenamiento legal, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. Comuníquese lo anterior a las responsables; háganse las anotaciones en el libro respectivo, y como ya no existe cuestión pendiente en este asunto, se declara como concluido y se ordena su archivo, en los siguientes términos: 1. Como el presente expediente no cuenta con valor jurídico, histórico o documental, en cumplimiento al artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, relacionado con el Capítulo 8, punto 8.1.2., apartado 2, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal se establece que el presente expediente es DESTRUIBLE, ya que se trata de un juicio de amparo en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente asunto; además, no tiene relevancia documental, ni se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General. 2. Este expediente al ser destruible, se conservará por el término de tres años en el "Archivo de trámite" de este Juzgado, en virtud de que se dan los supuestos establecidos en los artículos 8, fracción I, y 9, ambos del citado Acuerdo General, contados a partir de que se ordenó como asunto concluido, y una vez concluido dicho plazo, dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción y remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación, como lo establece el penúltimo párrafo del artículo 21 del referido Acuerdo General; lo anterior, previa las anotaciones en los sistemas o libros de control correspondientes, tal como lo establece el numeral 23 del mencionado Acuerdo que rige en materia archivística a los órganos jurisdiccionales. Hágase constar su valoración en la carátula del expediente principal, mediante la leyenda "DESTRUIBLE", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del citado Acuerdo archivístico, así como en la relación que se integre. 3. En términos de lo dispuesto en el numeral 21, inciso c)1 , del mencionado Acuerdo que rige en materia archivística a los órganos jurisdiccionales, relacionado con el Capítulo 8, punto 8.1.2., apartado 3, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que tanto la suspensión provisional y definitiva, fueron negadas, se precisa que el cuaderno original del incidente de suspensión deberá ser destruido, una vez transcurrido el plazo de conservación de tres años a partir de esta fecha, lo que deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes, y remitir el Acta y listado de destrucción, relativa a la baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa las anotaciones en los sistemas o libros de control correspondientes, tal como lo establece el numeral 23 del mencionado Acuerdo que rige en materia archivística a los órganos jurisdiccionales. Hágase constar en la carátula del cuaderno original del incidente de suspensión, la leyenda "DESTRUIBLE", de conformidad con lo dispuesto por el cardinal 35 del citado Acuerdo archivístico, para efectos de su transferencia. 4. El duplicado del incidente de suspensión es destruible en un plazo de seis meses. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a)2 , del referido Acuerdo General que rige en materia archivística a los órganos jurisdiccionales, relacionado con el Capítulo 8, punto 8.1.1., apartado 2, inciso a) del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se ordena que una vez que transcurran SEIS MESES a esta fecha de archivo como asunto concluido, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, siempre que se cuente con el cuaderno original, por tanto se ordena archivar por separado el duplicado del cuaderno incidental, y una vez cumplido dicho término, se proceda a su destrucción dentro de los treinta días siguientes, previa formulación del acta de baja documental correspondiente, que se deberá remitir a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone el primer párrafo del artículo 20 del acuerdo normativo en mención, así como haciéndose la anotación respectiva en el libro de gobierno. Debiendo hacerse constar en la carátula del duplicado del incidente de suspensión, la leyenda "DESTRUIBLE", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del citado Acuerdo archivístico, así como en la relación que se integre. 5. Asimismo, se ordena devolver a los Jueces Cuarto y Quinto del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, y Juez de Despacho de los Juzgados del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral en el Estado, con sede en esta ciudad con sede en esta ciudad, las copias certificadas de las constancias que integran la carpeta judicial XXX/17- 2018/JC, que remitieron para apoyar su informe justificado, así como los discos versátiles digitales (DVD) que contienen las audiencias de siete de febrero del presente año; treinta y uno de enero, dos de febrero, veinticinco, veintisiete de septiembre y dos de octubre, todas de dos mil dieciocho, relativas a las audiencias iniciales y sus respectivas continuaciones, celebradas en la carpeta judicial XXX/17- 2018/JC; lo anterior, por carecer de razón su permanencia en autos. Finalmente, vista la razón que antecede, en la que el Actuario adscrito a este juzgado federal, hizo constar la imposibilidad que tuvo para notificar a los directos quejosos XXXXXXXXXXXXXXXXX Y XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, el auto de veinte de abril del presente año, toda vez que al constituirse en las instalaciones del Centro de Reinserción Social de San francisco Kobén, Campeche (CERESO), fue informado por personal de dicha institución que los mencionados agraviados no se encuentran recluidos en el centro penitenciario, al haber quedaron en libertad el veintiséis de marzo del presente año. Al respecto, no es el caso hacer mayor pronunciamiento, toda vez el referido auto que se les notificó a los quejosos por conducto de los autorizados que señalaron en su escrito de cuenta. Notifíquese.
- Incidental
San Francisco de Campeche, Campeche, veintitrés de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo legal de diez días, dentro del que las partes pudieron recurrir en revisión el acuerdo dictado en este juicio de amparo el veinte de abril de dos mil veintiuno, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio constitucional, sin haberlo hecho; por tanto, con fundamento en el artículo 86 de la Ley de Amparo en vigor, en relación con los diversos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al citado ordenamiento legal, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. Comuníquese lo anterior a las responsables; háganse las anotaciones en el libro respectivo, y como ya no existe cuestión pendiente en este asunto, se declara como concluido y se ordena su archivo, en los siguientes términos: 1. Como el presente expediente no cuenta con valor jurídico, histórico o documental, en cumplimiento al artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, relacionado con el Capítulo 8, punto 8.1.2., apartado 2, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal se establece que el presente expediente es DESTRUIBLE, ya que se trata de un juicio de amparo en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente asunto; además, no tiene relevancia documental, ni se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General. 2. Este expediente al ser destruible, se conservará por el término de tres años en el "Archivo de trámite" de este Juzgado, en virtud de que se dan los supuestos establecidos en los artículos 8, fracción I, y 9, ambos del citado Acuerdo General, contados a partir de que se ordenó como asunto concluido, y una vez concluido dicho plazo, dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción y remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación, como lo establece el penúltimo párrafo del artículo 21 del referido Acuerdo General; lo anterior, previa las anotaciones en los sistemas o libros de control correspondientes, tal como lo establece el numeral 23 del mencionado Acuerdo que rige en materia archivística a los órganos jurisdiccionales. Hágase constar su valoración en la carátula del expediente principal, mediante la leyenda "DESTRUIBLE", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del citado Acuerdo archivístico, así como en la relación que se integre. 3. En términos de lo dispuesto en el numeral 21, inciso c)1 , del mencionado Acuerdo que rige en materia archivística a los órganos jurisdiccionales, relacionado con el Capítulo 8, punto 8.1.2., apartado 3, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que tanto la suspensión provisional y definitiva, fueron negadas, se precisa que el cuaderno original del incidente de suspensión deberá ser destruido, una vez transcurrido el plazo de conservación de tres años a partir de esta fecha, lo que deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes, y remitir el Acta y listado de destrucción, relativa a la baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa las anotaciones en los sistemas o libros de control correspondientes, tal como lo establece el numeral 23 del mencionado Acuerdo que rige en materia archivística a los órganos jurisdiccionales. Hágase constar en la carátula del cuaderno original del incidente de suspensión, la leyenda "DESTRUIBLE", de conformidad con lo dispuesto por el cardinal 35 del citado Acuerdo archivístico, para efectos de su transferencia. 4. El duplicado del incidente de suspensión es destruible en un plazo de seis meses. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a)2 , del referido Acuerdo General que rige en materia archivística a los órganos jurisdiccionales, relacionado con el Capítulo 8, punto 8.1.1., apartado 2, inciso a) del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se ordena que una vez que transcurran SEIS MESES a esta fecha de archivo como asunto concluido, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, siempre que se cuente con el cuaderno original, por tanto se ordena archivar por separado el duplicado del cuaderno incidental, y una vez cumplido dicho término, se proceda a su destrucción dentro de los treinta días siguientes, previa formulación del acta de baja documental correspondiente, que se deberá remitir a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone el primer párrafo del artículo 20 del acuerdo normativo en mención, así como haciéndose la anotación respectiva en el libro de gobierno. Debiendo hacerse constar en la carátula del duplicado del incidente de suspensión, la leyenda "DESTRUIBLE", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del citado Acuerdo archivístico, así como en la relación que se integre. 5. Asimismo, se ordena devolver a los Jueces Cuarto y Quinto del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, y Juez de Despacho de los Juzgados del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral en el Estado, con sede en esta ciudad con sede en esta ciudad, las copias certificadas de las constancias que integran la carpeta judicial XXX/17- 2018/JC, que remitieron para apoyar su informe justificado, así como los discos versátiles digitales (DVD) que contienen las audiencias de siete de febrero del presente año; treinta y uno de enero, dos de febrero, veinticinco, veintisiete de septiembre y dos de octubre, todas de dos mil dieciocho, relativas a las audiencias iniciales y sus respectivas continuaciones, celebradas en la carpeta judicial XXX/17- 2018/JC; lo anterior, por carecer de razón su permanencia en autos. Finalmente, vista la razón que antecede, en la que el Actuario adscrito a este juzgado federal, hizo constar la imposibilidad que tuvo para notificar a los directos quejosos XXXXXXXXXXXXXXXXX Y XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, el auto de veinte de abril del presente año, toda vez que al constituirse en las instalaciones del Centro de Reinserción Social de San francisco Kobén, Campeche (CERESO), fue informado por personal de dicha institución que los mencionados agraviados no se encuentran recluidos en el centro penitenciario, al haber quedaron en libertad el veintiséis de marzo del presente año. Al respecto, no es el caso hacer mayor pronunciamiento, toda vez el referido auto que se les notificó a los quejosos por conducto de los autorizados que señalaron en su escrito de cuenta. Notifíquese.
- Principal
San Francisco de Campeche, Campeche, veinte de abril de dos mil veintiuno. Ténganse por recibidos los oficios suscritos por el Juez Cuarto del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, con sede en esta ciudad, con los que informa el contenido de la resolución de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, dictada en la carpeta judicial 169/17-2018/JC, en contra de los quejosos XXXXXXXXXXX Y XXXXXXXXX y otros, en la que se les declaró plenamente responsables de la comisión del delito de robo a casa habitación, previsto y sancionado de conformidad con el artículo 184 fracción III y 194 primera parte, en relación con el 24 fracción I, 26 fracción I y 29 fracción III, del Código Penal vigente en la Entidad, por lo que se les impuso la sanción de tres años, un mes de prisión de acuerdo al artículo 202 del Código Nacional de Procedimiento Penales. De igual manera, se condenó a la parte agraviada al pago de la cantidad de $5,700.08 (son: cinco mil setecientos pesos 08/100 M.N.) por concepto de reparación de daño, misma que fue cubierta previamente por así externarlo el denunciante. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos, se advierte que en el presente asunto los peticionarios de amparo, solicitaron la protección constitucional, En ese sentido, con apoyo en los artículos 63, fracción V y 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, este juzgado estima necesario analizar si durante la sustanciación de este juicio ha sobrevenido, o no, alguna causa de improcedencia. Lo anterior, porque de existir alguna causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional, con el ímpetu de privilegiar el principio de acceso efectivo a la justicia establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." 1 I. Actualización de una causa de improcedencia. Al respecto, cabe señalar que este juzgado advierte de oficio la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de los efectos de los actos reclamados. Para justificar lo anterior, se acude al contenido del citado ordenamiento legal que establece la causal relativa a la cesación de efectos, el cual a la letra dice lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." Con la finalidad de comprender los alcances de la causa de improcedencia citada, debe señalarse que los efectos de los actos reclamados no cesan sino cuando son derogados o revocados, y esto origina una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se combate. Lo anterior también se produce cuando una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo a la promoción del amparo y repone a la parte quejosa en el goce de la garantía violada. Así, la cesación de efectos del acto reclamado significa que se deja de afectar la esfera jurídica de los quejosos, lo que implica no sólo la contención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada de la insubsistencia del acto reclamado, pues la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar su constitucionalidad cuando ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y no dejó huella alguna en el conjunto de derechos gobernado que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En esa tesitura, de la interpretación coherente al artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, así como de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre el tema, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando se reúnen los siguientes elementos, a saber: a) Insubsistencia del acto reclamado, o bien, constitución de una nueva situación jurídica que destruye la que dio motivo al juicio de amparo; b) Desaparición de todos los efectos del acto reclamado en forma inmediata, total e incondicional; y c) Que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Sirve de apoyo a esta conclusión la tesis jurisprudencial 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra señala: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." II. Argumentos del sobreseimiento. Establecida la premisa y sus alcances, precisa destacar que de la constancia que remitió el Juez Cuarto del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Primer Distrito Judicial del Estado, se advierte que en resolución de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, dictada en la carpeta judicial 169/17-2018/JC, se emitió sentencia condenatoria en contra de los aquí quejosos XXXXXXXXX Y XXXXXXXXXXX y otros, en la que se les declaró plenamente responsables de la comisión del delito de robo a casa habitación, previsto y sancionado de conformidad con el artículo 184 fracción III y 194 primera parte, en relación con el 24, fracción I, 26, fracción I y 29, fracción III, del Código Penal vigente en la Entidad, imponiéndoles la sanción de tres años, un mes de prisión, de acuerdo al artículo 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales; sin embargo, se tuvo por compurgada la referida pena, al advertir los nombrados quejosos, se encontraban recluidos desde el veintinueve de enero de dos mil dieciocho, por lo que tomando en consideración el tiempo transcurrido, se ordenó su libertad. De igual manera, condenó a la parte agraviada al pago de la cantidad de $5,700.08 (son: cinco mil setecientos pesos 08/100 M.N.) por concepto de reparación de daño, misma que fue cubierta previamente por así externarlo el denunciante. En consecuencia, válidamente se puede concluir, que en el caso particular, cesaron los efectos del acto reclamado, ya con el dictado de la sentencia emitida en el procedimiento de origen, el acto reclamado consistente en la resolución de siete de febrero de dos mil veinte (audiencia de revisión de medida cautelar) dictada en la carpeta judicial 169/2017-2018-JC-4, en el que se determinó no sustituir o modificar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa de los aquí quejosos, quedó sin efecto alguno, al haberse ordenado la libertad de los peticionarios de garantías, en virtud de que se declaró compurgada la pena que se les impuso, por lo que la afectación de que se dolía la parte peticionaria de amparo desapareció, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca, que constituyó una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo y repuso a la parte quejosa en el goce de la garantía violada. Al particular, tiene sustento la Tesis: II.1o.18 P (10a.), número de registro 2008961, fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, página 1693, Materia Común, Penal, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO EN MATERIA PENAL. SI ÉSTE CONSISTIÓ EN LA IMPOSICIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA COMO MEDIDA CAUTELAR Y DEBIDO A UN ACUERDO REPARATORIO CON LA VÍCTIMA DEL DELITO, SE DECLARÓ EXTINTA LA ACCIÓN PENAL Y, POR ENDE, EL SOBRESEIMIENTO EN LA CARPETA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE, ELLO ORIGINA QUE SE ACTUALICE AQUELLA CAUSA DE IMPROCEDENCIA, SIN QUE EXISTA OBLIGACIÓN DE OTORGAR LA VISTA AL QUEJOSO CONFORME AL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 51/2014 (10a.)]. El artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo dispone que cuando se advierta de oficio una causa de improcedencia "no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior" se dará vista "al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga", lo que incluso, se establece en la jurisprudencia P./J. 51/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 14 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 12, Tomo I, noviembre de 2014, página 24, de título y subtítulo: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA NOVEDOSA, TANTO EN EL SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALICEN SIMULTÁNEAMENTE LAS DOS HIPÓTESIS QUE PREVÉ, COMO EN AMPARO DIRECTO."; sin embargo, si el quejoso señala como acto reclamado la imposición de la prisión preventiva como medida cautelar y debido a un acuerdo reparatorio con la víctima del delito, se declaró extinta la acción penal y, por ende, el sobreseimiento en la carpeta administrativa correspondiente, obteniendo su inmediata y absoluta libertad, ello provoca que se actualice la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo (cesación de efectos del acto reclamado), sin que exista obligación de otorgarle la vista para que manifieste lo que su derecho convenga conforme al mencionado artículo 64 y, por excepción, la inaplicabilidad del citado criterio. Es así, porque al decretarse el sobreseimiento en la aludida carpeta, con efectos de cosa juzgada, el acto reclamado quedó insubsistente o sin efecto, pues se resolvió en definitiva sin entrar al fondo del asunto y, conforme a ese estado procesal, ya no habrá otra oportunidad para analizarlo, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la violación. Por consiguiente, no se vulnera su derecho de audiencia al no poder obtener mayor beneficio que favorezca su situación jurídica, en virtud de haber alcanzado su inmediata y absoluta libertad con rango de cosa juzgada, incluso, tiene conocimiento de esa circunstancia, pues fue parte en el procedimiento de primera instancia y de común acuerdo con su contraparte, propició el hecho que generó la causa de improcedencia de que se trata. Así, se estima que la improcedencia del juicio constitucional es manifiesta e indudable. Es manifiesta, porque la causa de improcedencia, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado quedó demostrada con las constancias que integran este expediente. También es indudable, si se toma en cuenta que lo anterior de ninguna manera podría ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente puedan ofrecer las partes en la audiencia constitucional, de modo que el sentido de la sentencia sería el mismo. IV. Se sobresee en el juicio. Por tanto, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo en vigor, SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO EN ESTE JUICIO, FUERA DE AUDIENCIA, y por ende, se deja sin efectos a celebración de la audiencia constitucional señalada para las once horas con cuarenta minutos del día de hoy. Se comunica lo anterior a las partes para los efectos legales correspondientes. V. Anotación en el libro de gobierno. Asimismo, se ordena al secretario judicial encargado del libro uno de juzgado, relativo al registro de juicios se amparo, proceda a realizar la anotación correspondiente. VI. Registro en el S. I. S. E. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) en versión original conforme al "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales", aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese personalmente.
- Principal
SE TIENE POR DEBIDAMENTE NOTIFICADA A LA PARTE QUEJOSA DEL ACUERDO DE VEINTE DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO QUE EN SINTESIS DICE: San Francisco de Campeche, Campeche, veinte de abril de dos mil veintiuno. Ténganse por recibidos los oficios suscritos por el Juez Cuarto del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, con sede en esta ciudad, con los que informa el contenido de la resolución de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, dictada en la carpeta judicial 169/17-2018/JC, en contra de los quejosos XXXXXXXXXXX Y XXXXXXXXX y otros, en la que se les declaró plenamente responsables de la comisión del delito de robo a casa habitación, previsto y sancionado de conformidad con el artículo 184 fracción III y 194 primera parte, en relación con el 24 fracción I, 26 fracción I y 29 fracción III, del Código Penal vigente en la Entidad, por lo que se les impuso la sanción de tres años, un mes de prisión de acuerdo al artículo 202 del Código Nacional de Procedimiento Penales. De igual manera, se condenó a la parte agraviada al pago de la cantidad de $5,700.08 (son: cinco mil setecientos pesos 08/100 M.N.) por concepto de reparación de daño, misma que fue cubierta previamente por así externarlo el denunciante. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos, se advierte que en el presente asunto los peticionarios de amparo, solicitaron la protección constitucional, En ese sentido, con apoyo en los artículos 63, fracción V y 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, este juzgado estima necesario analizar si durante la sustanciación de este juicio ha sobrevenido, o no, alguna causa de improcedencia. Lo anterior, porque de existir alguna causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional, con el ímpetu de privilegiar el principio de acceso efectivo a la justicia establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." 1 I. Actualización de una causa de improcedencia. Al respecto, cabe señalar que este juzgado advierte de oficio la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de los efectos de los actos reclamados. Para justificar lo anterior, se acude al contenido del citado ordenamiento legal que establece la causal relativa a la cesación de efectos, el cual a la letra dice lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." Con la finalidad de comprender los alcances de la causa de improcedencia citada, debe señalarse que los efectos de los actos reclamados no cesan sino cuando son derogados o revocados, y esto origina una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se combate. Lo anterior también se produce cuando una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo a la promoción del amparo y repone a la parte quejosa en el goce de la garantía violada. Así, la cesación de efectos del acto reclamado significa que se deja de afectar la esfera jurídica de los quejosos, lo que implica no sólo la contención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada de la insubsistencia del acto reclamado, pues la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar su constitucionalidad cuando ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y no dejó huella alguna en el conjunto de derechos gobernado que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En esa tesitura, de la interpretación coherente al artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, así como de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre el tema, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando se reúnen los siguientes elementos, a saber: a) Insubsistencia del acto reclamado, o bien, constitución de una nueva situación jurídica que destruye la que dio motivo al juicio de amparo; b) Desaparición de todos los efectos del acto reclamado en forma inmediata, total e incondicional; y c) Que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Sirve de apoyo a esta conclusión la tesis jurisprudencial 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra señala: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." II. Argumentos del sobreseimiento. Establecida la premisa y sus alcances, precisa destacar que de la constancia que remitió el Juez Cuarto del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Primer Distrito Judicial del Estado, se advierte que en resolución de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, dictada en la carpeta judicial 169/17-2018/JC, se emitió sentencia condenatoria en contra de los aquí quejosos XXXXXXXXX Y XXXXXXXXXXX y otros, en la que se les declaró plenamente responsables de la comisión del delito de robo a casa habitación, previsto y sancionado de conformidad con el artículo 184 fracción III y 194 primera parte, en relación con el 24, fracción I, 26, fracción I y 29, fracción III, del Código Penal vigente en la Entidad, imponiéndoles la sanción de tres años, un mes de prisión, de acuerdo al artículo 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales; sin embargo, se tuvo por compurgada la referida pena, al advertir los nombrados quejosos, se encontraban recluidos desde el veintinueve de enero de dos mil dieciocho, por lo que tomando en consideración el tiempo transcurrido, se ordenó su libertad. De igual manera, condenó a la parte agraviada al pago de la cantidad de $5,700.08 (son: cinco mil setecientos pesos 08/100 M.N.) por concepto de reparación de daño, misma que fue cubierta previamente por así externarlo el denunciante. En consecuencia, válidamente se puede concluir, que en el caso particular, cesaron los efectos del acto reclamado, ya con el dictado de la sentencia emitida en el procedimiento de origen, el acto reclamado consistente en la resolución de siete de febrero de dos mil veinte (audiencia de revisión de medida cautelar) dictada en la carpeta judicial 169/2017-2018-JC-4, en el que se determinó no sustituir o modificar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa de los aquí quejosos, quedó sin efecto alguno, al haberse ordenado la libertad de los peticionarios de garantías, en virtud de que se declaró compurgada la pena que se les impuso, por lo que la afectación de que se dolía la parte peticionaria de amparo desapareció, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca, que constituyó una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo y repuso a la parte quejosa en el goce de la garantía violada. Al particular, tiene sustento la Tesis: II.1o.18 P (10a.), número de registro 2008961, fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, página 1693, Materia Común, Penal, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO EN MATERIA PENAL. SI ÉSTE CONSISTIÓ EN LA IMPOSICIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA COMO MEDIDA CAUTELAR Y DEBIDO A UN ACUERDO REPARATORIO CON LA VÍCTIMA DEL DELITO, SE DECLARÓ EXTINTA LA ACCIÓN PENAL Y, POR ENDE, EL SOBRESEIMIENTO EN LA CARPETA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE, ELLO ORIGINA QUE SE ACTUALICE AQUELLA CAUSA DE IMPROCEDENCIA, SIN QUE EXISTA OBLIGACIÓN DE OTORGAR LA VISTA AL QUEJOSO CONFORME AL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 51/2014 (10a.)]. El artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo dispone que cuando se advierta de oficio una causa de improcedencia "no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior" se dará vista "al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga", lo que incluso, se establece en la jurisprudencia P./J. 51/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 14 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 12, Tomo I, noviembre de 2014, página 24, de título y subtítulo: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA NOVEDOSA, TANTO EN EL SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALICEN SIMULTÁNEAMENTE LAS DOS HIPÓTESIS QUE PREVÉ, COMO EN AMPARO DIRECTO."; sin embargo, si el quejoso señala como acto reclamado la imposición de la prisión preventiva como medida cautelar y debido a un acuerdo reparatorio con la víctima del delito, se declaró extinta la acción penal y, por ende, el sobreseimiento en la carpeta administrativa correspondiente, obteniendo su inmediata y absoluta libertad, ello provoca que se actualice la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo (cesación de efectos del acto reclamado), sin que exista obligación de otorgarle la vista para que manifieste lo que su derecho convenga conforme al mencionado artículo 64 y, por excepción, la inaplicabilidad del citado criterio. Es así, porque al decretarse el sobreseimiento en la aludida carpeta, con efectos de cosa juzgada, el acto reclamado quedó insubsistente o sin efecto, pues se resolvió en definitiva sin entrar al fondo del asunto y, conforme a ese estado procesal, ya no habrá otra oportunidad para analizarlo, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la violación. Por consiguiente, no se vulnera su derecho de audiencia al no poder obtener mayor beneficio que favorezca su situación jurídica, en virtud de haber alcanzado su inmediata y absoluta libertad con rango de cosa juzgada, incluso, tiene conocimiento de esa circunstancia, pues fue parte en el procedimiento de primera instancia y de común acuerdo con su contraparte, propició el hecho que generó la causa de improcedencia de que se trata. Así, se estima que la improcedencia del juicio constitucional es manifiesta e indudable. Es manifiesta, porque la causa de improcedencia, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado quedó demostrada con las constancias que integran este expediente. También es indudable, si se toma en cuenta que lo anterior de ninguna manera podría ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente puedan ofrecer las partes en la audiencia constitucional, de modo que el sentido de la sentencia sería el mismo. IV. Se sobresee en el juicio. Por tanto, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo en vigor, SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO EN ESTE JUICIO, FUERA DE AUDIENCIA, y por ende, se deja sin efectos a celebración de la audiencia constitucional señalada para las once horas con cuarenta minutos del día de hoy. Se comunica lo anterior a las partes para los efectos legales correspondientes. V. Anotación en el libro de gobierno. Asimismo, se ordena al secretario judicial encargado del libro uno de juzgado, relativo al registro de juicios se amparo, proceda a realizar la anotación correspondiente. VI. Registro en el S. I. S. E. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) en versión original conforme al "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales", aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese
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