Wendy Guadalupe Vela Heredia
Expediente 1091/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1091/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 21/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche · Campeche
Partes del expediente
- Wendy Guadalupe Vela Heredia
Actuaciones
- Principal
San Francisco de Campeche, Campeche, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede se advierte que el término de cinco días hábiles que concede el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído dictado en el presente juicio de amparo el uno de septiembre de dos mil veintitrés, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo, transcurrió del once al diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, con exclusión de los días dieciséis y diecisiete de esos mismos mes y año, por ser inhábiles (sábado y domingo) de conformidad con lo que establece el artículo 19 de la Ley de Amparo, así como de los días catorce y quince de septiembre de dos mil veintitrés, en términos de lo establecido en los artículos 19 de la Ley de Amparo; sin que dentro de dicho plazo se interpusiera el aludido medio de impugnación. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al citado precepto legal, se declara que el auto de uno de septiembre de dos mil veintitrés, en el que se desechó de plano la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese como asunto concluido.
- Principal
San Francisco de Campeche, Campeche, uno de septiembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el escrito de demanda de amparo promovida por Wendy Guadalupe Vela Heredia; quien demanda el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos que atribuye a la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche, con residencia en esta ciudad, consistente en: IV.- ACTOS RECLAMADOS. - La resolución de fecha 30 de marzo de 2022, emita en los autos del toca penal 01/21/2022/00138 del índice de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche." Se ordena anotar en el Libro de Registro de Juicios de Amparo como 1091/2023-II-B, registrar en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de este órgano jurisdiccional y formar expediente, tanto físico como electrónico. Con fundamento en los artículos 9 y 10 del Acuerdo General 12/2020, reformado mediante el "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo", fórmese el expediente electrónico respectivo en términos del artículo 3°, fracción II del mencionado Acuerdo General; el cual se integrará cronológicamente con las actuaciones judiciales, promociones y demás constancias que se dirijan por las partes al presente asunto. Supresión de impresión. En ese sentido, dados los ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en los órganos jurisdiccionales del propio consejo; se ordena formar el expedientillo físico a que se refieren las fracciones II y XII del precepto en cita, para el único efecto de integrar los documentos que sean recibidos materialmente en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional y las constancias de notificación practicadas; de manera que la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso. Se decreta la integración del presente expediente electrónico en el Sistema Electrónico de Seguimiento de Expedientes (SISE); para lo cual, el personal designado para tal efecto deberá digitalizar completa y oportunamente, así como de manera legible las constancias de los juicios que se presenten de manera física y que no hayan sido digitalizados por las propias autoridades responsables ni por el personal de la OCC, así como garantizar su gestión electrónica eficiente. Asimismo, se precisa que los secretarios, actuarios y oficiales judiciales adscritos al presente órgano jurisdiccional; en el ámbito de sus respectivas funciones, deberán vigilar la correcta integración de las promociones, acuerdos y/o notificaciones que se realicen durante la tramitación de este asunto. Con apoyo en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37 de la Ley de Amparo, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de lo expuesto en la demanda de amparo, este Juzgado de Distrito es competente para conocer de la misma. Ahora, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda por el acto correspondiente a este juicio, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tomando en consideración que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la Tesis 2ª. LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página cuatrocientos cuarenta y ocho, Tomo XVI, julio dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". En esencia, la tesis anotada señala que se debe desechar una demanda de amparo, cuando se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Ciertamente, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, la aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Ahora bien, el análisis integral de la demanda de cuenta, permite a la suscrita juzgadora advertir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, previsto en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia que de conformidad con lo establecido por el artículo 113, de la Ley de la Materia, se deba desechar de plano la demanda de mérito, atento a las siguientes consideraciones. En efecto, los preceptos legales antes relacionados, establecen lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: .XIV.- Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos..." "Artículo 17.- El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18.- Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la lectura de dichos preceptos legales se advierte que por regla general, el término genérico para la presentación de la demanda es de quince días contados a partir de que se dé cualquiera de los tres supuestos del artículo 18 de la Ley de Amparo, en los cuales existen tres hipótesis para el cómputo relativo, excluyentes entre sí, a saber: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento de él o de su ejecución; c) A partir del día siguiente el en que se hubiese ostentado sabedor del mismo. Así, de la interpretación sistemática de los preceptos normativos ya señalados, el juicio de amparo debe promoverse desde el día hábil siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que haya tenido conocimiento de él o de sus actos de ejecución, o incluso, al en que se haya ostentado sabedor del mismo; hipótesis que son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno, por lo que es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de amparo fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Ahora bien, como se precisó anteriormente, del estudio integral de la demanda de amparo y de la documental exhibida por el agraviado, se advierte que lo efectivamente reclamado por el solicitante de amparo, es la resolución de treinta de marzo de dos mil veintidós, emitida en los autos de la toca penal 01/21-2022/00138, del índice de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche, en el que se dictó el auto de libertad por falta de mérito a favor de Herlindo Cambrano Correa, el cual conforme a la misma narración de la promovente, fue notificada el cinco de abril de dos mil veintidós. De lo manifestado por la aquí quejosa, con valor probatorio de confesión expresa y voluntaria en términos de los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, sumado a lo narrado en el capítulo relativo de antecedentes del acto reclamado en su escrito de demanda de amparo, justipreciados como indicios, según lo dispuesto por el artículo 197 del citado ordenamiento procesal civil de aplicación supletoria a la ley de la materia, aparece que el ejercicio de la acción constitucional resulta extemporánea, dado que el término legal para acudir al juicio de amparo inició al día siguiente de aquel, en que se le hizo del conocimiento a la parte agraviada la determinación controvertida. En efecto, conforme al último párrafo del artículo 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se establece que las notificaciones surten sus efectos al día siguiente al en que se practiquen; ahora bien, tomando en consideración que la parte quejosa manifiesta que fue notificada el cinco de abril de dos mil veintidós, entonces, dicha notificación surtió efectos al día siguiente, es decir el seis de abril de dos mil veintidós. En este contexto, es inconcuso que el término de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo para la presentación del juicio de amparo, transcurrió del siete al veinticinco de abril de dos mil veintidós. Lapso de quince días computado, del cual habrá de descontarse el nueve, diez, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, veintitrés y veinticuatro de abril, todos de dos mil veintidós, por corresponder a sábados y domingos, inhábiles de conformidad con los artículos 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación a la circular CIRCULAR 5/2022 de 30 de marzo de 2022, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a los días de Semana Santa, declarados inhábiles por el Consejo de la Judicatura Federal. Por tanto, si la demanda de amparo se recibió hasta el treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, según sello fechador de recibo de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, estampado en la demanda inicial de amparo, así como en la boleta de turno respectiva, es evidente que fue presentada extemporáneamente, lo que trae como consecuencia, la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, por haber consentido el peticionario de amparo, tácitamente, el referido acto reclamado, cuenta habida que no promovió el juicio constitucional dentro del término previsto en el diverso precepto 17 de la ley de la materia. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/32, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." De igual forma es aplicable la jurisprudencia PC.I.L. J/8 L (11a.), sostenida por el Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE RECLAMA LA DETERMINACIÓN DE LA JUNTA QUE SEÑALA UNA FECHA EXCESIVAMENTE LEJANA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES EN EL JUICIO LABORAL, EL PLAZO PARA PRESENTARLA ES EL DE 15 DÍAS QUE PREVÉ EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE AMPARO." Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a conclusiones contrarias al analizar si se actualiza o no la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado consiste en la actuación de la Junta de Conciliación y Arbitraje, que señala una fecha excesivamente lejana, a juicio de alguna de las partes, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio laboral. Criterio jurídico: El Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito determina que la presentación de la demanda de amparo, cuando se reclama el proveído en el que la Junta de Conciliación y Arbitraje señala una fecha excesivamente lejana, a consideración de alguna de las partes, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio laboral, debe presentarse dentro del plazo genérico de quince días, previsto en el artículo 17, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Justificación: Lo anterior es así, porque desde el momento en que la Junta de Conciliación y Arbitraje señala la fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio laboral, asume una conducta positiva, un hacer frente al escrito de demanda, ya que materialmente emite un proveído en el que externa un criterio, una decisión jurisdiccional que comunica legalmente a las partes, quienes estarán en aptitud de controvertirla dentro del plazo de quince días, mismo que cumple con los requisitos de ser general, razonable y objetivo." En este sentido, se estima inadmisible la demanda de amparo formulada por Wendy Guadalupe Vela Heredia, ante la actualización del supuesto de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo. Por tanto, con apoyo en el artículo 113 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, al advertirse de manera manifiesta e indudable la aludida causal de improcedencia, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo planteada. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en el proemio del escrito que se provee. Se exhorta a todas las partes, que de estimarlo pertinente, transiten o se mantengan en el esquema de actuación desde el Portal de Servicios en línea; asimismo para que propongan formas especiales y expeditas de contacto para entablar comunicaciones no procesales, tales como: correo electrónico y servicios de mensajería instantánea (messenger, whatssapp, etc). De igual forma, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electro´nica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. Desde este momento, en términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario comisionado, diligencie en dicha temporalidad extraordinaria, la notificación personal que en su caso se ordene. De conformidad con los artículos 1, 9, 118 y tercero transitorio, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, difundida mediante el DECRETO por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis, según los dispone su artículo primero transitorio, en concordancia con el ordinal 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, reglamento vigente hasta en tanto se emita la nueva norma complementaria, se hace saber a las partes que hasta antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, cuentan con el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales que aparecen en resoluciones, pruebas y demás constancias del expediente, ello en el momento de hacerse pública la misma; asimismo, en la etapa de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si las mismas deben considerarse como reservadas o confidenciales con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o en una ley expedida por el Congreso de la Unión o las Legislaturas de los Estados, todo lo anterior, sin perjuicio de lo que determine la unidad administrativa al instante en que le sea solicitada por terceros, información de este expediente. Notifíquese personalmente al promovente.Así lo acordó y firma Perla Fabiola Estrada Ayala, Juez Primero de Distrito en el Estado de Campeche, ante José Abelardo Rodríguez Cantú, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
San Francisco de Campeche, Campeche, seis de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos, el oficio y anexo de la Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copia digitalizada de la constancias de notificación practicada a la parte actora, respecto del acuerdo de diez de agosto del año en curso, dictado en el juicio laboral ********************, en el que se advierte se concedió el término de tres días hábiles a la parte actora, a fin de que proporcione el domicilio real y correcto de la moral demandada********************para seremplazado a juicio. En ese contexto, se tiene a la citada autoridad responsable en vías de cumplimiento, y en atención a lo informado, de conformidad con lo establecido en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días contados a partir de la legal notificación de este auto: - Informe si la parte actora atendió el requerimiento de diez de agosto del presente; o en su caso, informe si se hizo efectivo el apercibimiento decretado en citado auto, esto es, se tuvo por no interpuesta la demanda por lo que hace a la demandada ********************
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