Wendy Lorena Lizama
Expediente 1456/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 6 actuaciones registradas, la última del 8 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1456/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 08/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida · Yucatán
Partes del expediente
- Wendy Lorena Lizama
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Mérida, Yucatán, ocho de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el oficio suscrito por el Presidente Municipal de Dzilam Bravo, Yucatán, con el que da cumplimiento al requerimiento hecho por este Juzgado e informa lo relativo al cumplimiento de la sentencia de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con la documentación de cuenta por el término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que queden debidamente notificadas de este acuerdo, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, apercibida que de no hacer manifestación alguna dentro de ese plazo, este Juzgado resolverá lo que legalmente corresponda respecto al cumplimiento de la resolución de amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
V i s t o s para resolver los autos del juicio de amparo 1456/2023 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, promovido por ********************, contra el acto que reclamó de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad. (...) QUINTO. Causas de improcedencia La improcedencia es un concepto que se relaciona con la falta de oportunidad, fundamento o derecho de un acto jurídico, o bien, con la falta de pertinencia, admisibilidad u oportunidad de un acto o pretensión. En cumplimiento a lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, este Órgano de Control Constitucional considera que en el presente juicio de amparo se actualiza la causa de improcedencia atinente a la cesación de efectos del acto reclamado. En efecto, la cesación de efectos es una causa de improcedencia que tiene su asidero en los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, de acuerdo a los cuales, tratándose de actos positivos, el juicio de amparo será improcedente cuando la autoridad responsable revoque el acto reclamado en el juicio de amparo mediante una resolución posterior, de tal manera que la situación jurídica del quejoso sea igual a aquella que tenía antes de la emisión de ese acto, como si hubiese obtenido la protección constitucional; mientras que en caso de omisiones, surgirá la causa de improcedencia al momento en que la autoridad responsable cumple con la obligación de actuar que le impone la ley. De ahí que, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, para estimar que el acto ha cesado sus efectos, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma incondicional. Lo anterior es así, porque al cesar los efectos del acto de autoridad reclamado, las cosas deben volver al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado la protección constitucional solicitada como lo dispone el invocado artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, ya que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por la concesión de la protección de la Justicia Federal. Por otra parte, respecto a los actos de carácter negativo, como las omisiones, sus efectos deben considerarse que han cesado cuando las responsables actúan en el sentido de respetar el derecho de que se trate y cumplen lo que la misma exige, verbigracia el derecho de petición y acceso efectivo a la administración de justicia, previstos en los artículos 8º y 17 de la Constitución respectivamente. Apoya lo considerado, la jurisprudencia 2a./J. 9/98 de rubro y texto siguiente: (.) Establecidas esas premisas, se considera actualizada la referida causa de improcedencia, ya que la parte quejosa indicó como acto reclamado a la autoridad responsable, la omisión de dictar la resolución del incidente de nulidad de notificaciones promovido por la quejosa, la cual se reservó resolver en audiencia de tres de mayo de dos mil veintitrés en autos del juicio reclamatorio laboral ******************** del índice de la responsable; sin embargo, de las constancias allegadas por la responsable se obtiene que posterior a la presentación de la demanda de amparo (siete de junio del año en curso), esto es, el siete de julio del año en curso, la responsable resolvió el incidente de nulidad promovido por la parte quejosa. En ese sentido, se advierte que han cesado los efectos de la dilación procesal que constituyó el acto reclamado, ya que la responsable ha emitido la resolución del incidente de nulidad de actuaciones de que se duele la quejosa, con lo cual desapareció la posible afectación al derecho humano de pronta impartición de justicia. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, debe sobreseerse en el juicio de amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual es del tenor siguiente: (.) Al decretarse el sobreseimiento en este juicio constitucional, no procede analizar los conceptos de violación alegados por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda. Lo anterior, encuentra sustento en el criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, en la tesis de jurisprudencia número II.3o. J/58, consultable en la página 57, Tomo 70, Octubre de 1993, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." Sin que obste a lo anterior, que no se haya puesto a la vista de las partes por el término de ocho días a las partes, a que refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, el informe rendido por la Presidente de la Junta responsable; pues en el caso existe una causa de improcedencia manifiesta e indudable, sin que exista prueba en contrario que pueda desvirtuar tal improcedencia. Por lo antes expuesto y fundado, con fundamento en los artículos 63, 74 y 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, contra el acto que reclamó de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad; por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Mérida, Yucatán, diecinueve de junio de dos mil veintitrés. CONFORMIDAD CON EL CUMPLIMIENTO. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de quince días concedido a la parte quejosa para que pudiera inconformarse contra el auto que tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, sin que lo hubiera hecho; por tal motivo, téngase a ésta conforme con el cumplimiento de dicha ejecutoria. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214, de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto totalmente concluido. CRITERIO DE VALORACIÓN. A fin de determinar el criterio de valoración aplicable al presente juicio de amparo, se atenderá lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, tal y como se expondrá a continuación: EXPEDIENTE PRINCIPAL. Es conservable, pues se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; por tanto, una vez que transcurra el plazo de tres años a que se refiere el artículo 17, fracción III, inciso a), transfiérase el presente expediente a la Dirección General de Archivo y Documentación, para su resguardo, en término del artículo 10 del acuerdo antes referido SELLO DE VALORACIÓN. Conforme a lo anterior, en términos del artículo 34 del acuerdo antes referido, la leyenda relativa a la valoración del expediente deberá constar mediante sello en la carátula del expediente. Notifíquese.
- Principal
Mérida, Yucatán, quince de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de los autos, de los cuales se advierte que ha trascurrido el plazo de tres días que refiere el artículo 196 de la Ley de Amparo, concedido a la parte quejosa mediante acuerdo de siete de junio de dos mil veintitrés, para que manifestara lo conducente respecto al cumplimiento dado por la autoridad responsable, por lo que de oficio, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. I. Demanda de amparo El cuatro de noviembre de dos mil veintidós, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, recibió la demanda de amparo promovida por ********************, contra el acto de la Encargada del Despacho del Registro Agrario Nacional Delegación Yucatán, así como de la Registradora Integral y de la Jefa de Área de Atención al Público, estos últimos de la indicada dependencia, todas con sede en esta ciudad, consistente en: - La omisión de dar contestación al escrito presentado el veintiocho de junio de dos mil veintidós ante la responsable. En ampliación: - El oficio ******************** de once de julio de dos mil veintidós. II. Sentencia y efectos de la protección constitucional Luego, por sentencia de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, este Juzgado Federal otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado por la parte quejosa a fin de que la responsable Encargada del Despacho del Registro Agrario Nacional Delegación Yucatán, realizara lo siguiente: "a) Deje sin efectos el oficio ******************** de once de julio de dos mil veintidós y, b) Siguiendo los lineamientos de esta sentencia, emita una nueva determinación, en la que dé contestación de forma congruente y completa al escrito presentado por el quejoso ******************** el veintiocho de junio de dos mil veintidós. c) Notifique según corresponda, por los medios autorizados en el artículo 62 del Reglamento Interno del Registro Agrario Nacional, la respuesta a la parte quejosa." III. Análisis del cumplimiento al fallo protector En proveído de once de mayo de dos mil veintitrés, causó ejecutoria la referida sentencia y, por ende, se requirió a la responsable el cumplimiento del fallo protector. Posteriormente, en acuerdo de treinta de mayo de este año, se tuvo por recibido, entre otros, el oficio registrado con el número 7309 de la Encargada del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional, con sede en esta ciudad, por medio del cual remitió copia certificada del memorándum ********************de diecisiete de mayo de la anualidad, con el que pretendió dar contestación al escrito presentado por el quejoso ******************** el veintiocho de junio de dos mil veintidós. Además la responsable solicitó se le notificara al quejoso que designó las trece horas con quince minutos del treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés para que compareciera con el fin de que se le notificara dicha determinación. Por otro lado, se recibió el oficio registrado con el número interno 8641 mediante auto de siete de junio de este año, en el que la responsable señalada en párrafos precedentes indica que el quejoso no compareció a notificarse del memorándum antes precisado. Ahora, del análisis del oficio en comento, y anexos que acompañó la autoridad antes citada, a los cuales se les concede valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se obtiene que no se encuentra debidamente cumplida la sentencia de amparo. En efecto, en el cuerpo del fallo protector, se precisó que en el escrito presentado el veintiocho de junio de dos mil veintidós ante la Delegación Yucatán del Registro Agrario Nacional, el quejoso ********************, en su carácter de ejidatario, refirió que: I. Mediante asamblea de veintidós de mayo de dos mil seis, les fueron asignadas las parcelas ******************** a ******************** a un grupo de cinco ejidatarios, entre los que figura éste, en un 20% a cada uno; y, II. Que respecto a la porción de tierra que le fue asignada, se le informó que las parcelas a su nombre se enajenaron a terceros, sin que haya tenido conocimiento de ello. En consecuencia, solicitó que le fuera informado: a) Los números de parcela que seguían a su nombre a la fecha de presentación de su escrito, y b) Las parcelas que hayan sido enajenadas a terceros y de haber sido así, la fecha en que se llevó a cabo y el nombre de la persona a la que se le enajenó. No obstante, la autoridad responsable anexó al memorándum ********************de diecisiete de mayo de la anualidad, tres tablas, respecto a: I. Las parcelas asignadas a ******************** en asamblea de veintidós de mayo de dos mil seis, respecto de 20% de la número ******************** a la ******************** que siguen a su nombre. II. Las parcelas asignadas a ******************** en asamblea de veintidós de mayo de dos mil seis, respecto de 20% de la número ******************** a la ******************** que fueron enajenadas, fecha y a quién. III. Las parcelas asignadas a ******************** en asamblea de veintidós de mayo de dos mil seis, respecto de 20% de la número ******************** a la ******************** que adoptaron dominio pleno. Ahora, de la contestación otorgada por la responsable al escrito del quejoso, se aprecia que carece de congruencia, pues, tal y como se señaló en la sentencia de amparo, en asamblea de veintidós de mayo de dos mil seis, les fueron asignadas las parcelas ******************** a ******************** a un grupo de cinco ejidatarios, entre los que figura el quejoso, en un 20% a cada uno. Sin embargo, la responsable, al contestar el escrito del quejoso, hizo alusión a todas y cada una de las parcelas antes referidas, es decir, de la ******************** a ********************, como si la totalidad perteneciera a la parte quejosa, pasando por alto que éstas fueron asignadas "a un grupo de cinco ejidatarios", en un 20% a cada uno, entre los que figura el quejoso. O, en su caso, haya justificado porqué estimó que dichas parcelas (de la ******************** a la ********************) fueron asignadas, en su totalidad, a ********************. De esa forma, no es jurídicamente posible tener por cumplida la sentencia de amparo ya que subsiste el vicio por el que se declaró inconstitucional el acto reclamado, esto es, falta de congruencia; sin que ello implique el estudio de un nuevo acto reclamado pues, por el contrario, de así estimarlo, se tornarían nugatorios los beneficios alcanzados por el peticionario del amparo con la concesión de la protección federal, obligándolo a interponer un nuevo juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía en su razonamiento, la tesis 1a. CCXLII/2017 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I, visible a página 415, del rubro y texto: "EJECUTORIAS DE AMPARO. PARA QUE SU CUMPLIMIENTO SEA TOTAL, SIN EXCESOS O DEFECTOS, DEBE VERIFICARSE LA CONGRUENCIA EN SU DICTADO. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, el cual comprende el dictado eficaz de las resoluciones; además, del precepto referido deriva el principio de congruencia, el cual consiste en que las resoluciones se dicten de conformidad con la litis planteada, es decir, atendiendo a lo formulado por las partes (congruencia externa), y que no contengan consideraciones ni afirmaciones que se contradigan entre sí o con los puntos resolutivos (congruencia interna). Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido consistente en sostener que en el dictado de toda sentencia debe prevalecer la congruencia, lo cual es acorde con el cumplimiento eficaz de las ejecutorias de amparo, establecido por el legislador en los artículos 196, 197 y 201, fracción I, de la Ley de Amparo, los cuales precisan que dicho cumplimiento debe ser total, sin excesos o defectos. Así, cuando por la ejecutoria de amparo la autoridad responsable deba dictar una nueva resolución, el órgano de control constitucional debe analizar si la autoridad referida atiende de forma circunscrita a la materia determinada por la acción constitucional y al límite señalado por la propia ejecutoria. En ese sentido, si en el nuevo fallo la autoridad responsable emitió un punto resolutivo contrario con la parte considerativa de la resolución, la ejecutoria de amparo no se ha cumplido y, por ende, el recurso de inconformidad debe declararse fundado, pues el principio de congruencia de las resoluciones judiciales debe imperar en el dictado de toda resolución, ya que sólo así se garantiza el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y la certeza y seguridad jurídica, máxime cuando está pendiente que se ejecute esa decisión." En consecuencia, a efecto de observar el mandato constitucional de justicia pronta y oportuna y de privilegiar el derecho de ejecución de las sentencias, establecido en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la Encargada del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, realice lo siguiente: a) Deje sin efecto el memorándum ********************de diecisiete de mayo de la anualidad, por el que pretende dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, b) Emita una nueva determinación, en la que dé contestación de forma congruente y completa al escrito presentado por el quejoso ******************** el veintiocho de junio de dos mil veintidós y, c) Notifique según corresponda, por los medios autorizados en el artículo 62 del Reglamento Interno del Registro Agrario Nacional, la respuesta a la parte quejosa. Se apercibe a la responsable, que en caso de no dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dentro del plazo señalado se les impondrá multa por la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), que equivale a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 193 y 258 de la Ley de Amparo, con independencia de que los autos se remitan al Tribunal Colegiado de Circuito, para el trámite de inejecución, en términos de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de la materia. Asimismo, se le hace que conforme a la Ley de Amparo, cuando la ejecutoria no queda cumplida, se procederá hacer efectiva la multa y remitir los autos al Tribunal Colegiado por inejecución, otorgando una prórroga de plazo por una sola y única ocasión. Por ello, se le conmina a cumplir la ejecutoria del presente juicio de manera completa y oportuna, pues la Ley Amparo no autoriza la elaboración de múltiples requerimientos para el cumplimiento de las sentencias. Por otro lado, agréguese el escrito del quejoso ********************, por medio del cual manifestó las circunstancias por las que estima no se ha cumplido con la ejecutoria de amparo; sin embargo, se deberá estar a lo determinado en párrafos precedentes. En el entendido que respecto a las manifestaciones relativas a la negativa de la responsable de entregarle la respuesta otorgada, debe decirse que no demuestra, por lo menos, que haya comparecido ante la responsable. Asimismo, respecto a sus argumentos relativos a que la responsable no señaló, en cuanto al dominio pleno de las parcelas, si están disponibles para su entrega, ello no fue materia de fallo amparador, por lo que la autoridad responsable no se encuentra obligada a otorgar tal información. Aunado a lo anterior, es necesario acotar que la respuesta que otorgue la responsable no debe ser otorgada en formatos de la propia dependencia, pues para efectos de la protección constitucional, basta con que se le otorgue la información solicitada, ya que en caso contrario se propiciaría la expedición de constancias de inscripción del Registro Agrario Nacional sin las formalidades establecidas en su Reglamento Interior, como es el pago de derechos. Finalmente, no es obstáculo para emitir la presente determinación que no haya transcurrido el plazo otorgado a la parte quejosa para realizar manifestaciones respecto al cumplimiento pues, al margen de que dicha parte ya las realizó, se advierte que la sentencia no se encuentra cumplida; lo que acorde a lo señalado en el ordinal 17 de la Norma Suprema. NOTIFÍQUESE.
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