Wendy Adriana Yam Ceh

Expediente 374/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 6 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
374/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
21/04/2023

Partes del expediente

  • Wendy Adriana Yam Ceh

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    V i s t o s para resolver los autos del juicio de amparo 374/2023-IV del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, promovido por ********************, contra actos del Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado, con sede en Tizimín. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo El once de octubre de dos mil veintidós, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, recibió físicamente la demanda de amparo promovida por ********************, en la que señaló como autoridad responsable al Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado, con sede en Tizimín. En la demanda de amparo, la parte quejosa narró los antecedentes del acto reclamado, indicó los derechos fundamentales que consideró vulnerados, y expresó sus conceptos de violación. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo Por razón de turno, la demanda fue enviada al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. Por providencia de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, se admitió a trámite. En la secuela procesal, se emplazó al representante social del juzgado adscrito quien no presentó alegato ministerial. Se recibió el informe con justificación de la autoridad responsable. TERCERO. Remisión de los autos a este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, con motivo de su apertura. El dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo General 104/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través del cual se autorizó la creación de este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, con inicio de funciones a partir de esa propia fecha, acorde a lo dispuesto por el artículo segundo del citado acuerdo. Posteriormente, a través del oficio SECNO/STCCNO/1345/2022 suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se notificó el punto de acuerdo de 219/2022, relativo a la Medida de equilibrio de asuntos en los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, en cumplimiento al artículo 6 del Acuerdo General 104/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con motivo del inicio de funciones del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, en cuyos puntos de acuerdo primero y segundo, se acordó la remisión de juicios de amparo originalmente turnados a los Juzgados Primero a Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, a este órgano jurisdiccional, para continuar con la tramitación del juicio hasta el archivo definitivo. En cumplimiento a lo anterior, por determinación de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, este juzgado se avocó al conocimiento del presente asunto y turnó los autos para el dictado de la sentencia. Finalmente, con esta fecha se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, es competente para conocer y resolver en definitiva este amparo, y(...) QUINTO. Antecedentes del acto reclamado Con la finalidad de contar con un mejor entendimiento del asunto, se procede a reseñar los antecedentes que dieron origen al acto reclamado: En escrito promovido por********************, presentó demanda de divorcio en contra de ********************, la cual correspondió al conocimiento del Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado, bajo el expediente ********************. La demandada ********************, mediante escrito presentado el veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, contestó la demanda en su contra, formuló contrapropuesta de convenio y ofreció pruebas, entre ellas, la relativa a la prueba pericial en materia de avalúo de inmuebles (fojas 26 a 33). El veintitrés de febrero de dos mil veintidós, tuvo verificativo la audiencia preliminar, en la cual al no lograr avenimiento entre las partes, admitió las pruebas de las partes, entre ellas, a la parte demandada la pericial antes indicada, asimismo el órgano jurisdiccional la previno a efecto de que en el término de diez días exhibiera su inventario y avalúo de los bienes que forman parte de la sociedad, apercibida que de no hacerlo se le tendría por conforme con el rendido por su contraria; además, ordenó girar oficio al Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, a fin de conocer los bienes inmuebles registrados a nombre de las partes (fojas 34 a 36). Por escrito de nueve de marzo de dos mil veintidós, ********************, precisó que en la audiencia preliminar se le otorgó un término de diez días para presentar el proyecto de inventario y avalúo y partición de bienes, sin embargo, considerando que el perito le informó que requiere más tiempo para su elaboración al tratarse de diversos inmuebles, solicitó a la autoridad responsable se le otorgara un término de diez días a efecto de poder cumplir lo anterior (foja 41). Mediante proveído de diecinueve de abril de dos mil veintidós, el juzgado de origen entre otra cuestiones, proveyó sobre la petición de la demandada, en el sentido de que al advertir que desde que tuvo verificativo la audiencia preliminar, a saber el veintitrés de febrero de dos mil veintidós a dicha fecha transcurrió un término considerable para cumplir la prevención, se le concedió un término improrrogable de cinco días para presentar su correspondiente inventario y avalúo, bajo apercibimiento que de no hacerlo se le tendría por conforme con el de su contraria (foja 42). Mediante escrito presentado el veintiséis de abril de dos mil veintidós, ********************, interpuso recurso de revocación en contra del proveído de diecinueve de abril del citado año (foja 49). El tres de mayo de dos mil veintidós se celebró audiencia incidental en donde las partes realizaron convenio parcial, quedando pendiente la liquidación de la sociedad conyugal, en tanto que por acuerdo de las partes se difirió la audiencia a efecto de esperar el informe sobre los inmuebles por parte del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, de ahí que el juzgado de origen reservaron los escritos presentados por las partes (fojas 54 y 55). Por acuerdo de nueve de septiembre de dos mil veintidós se recibió el informe de la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio y, derivado de ello, tuvo a la demandada por interpuesto recurso de revocación y ordenó dar vista a las partes. (foja 65) Finalmente el veintidós de septiembre de dos mil veintidós el juzgado de origen resolvió el recurso de revocación y al declarar infundados los agravios concluyó en que no procedió el recurso en contra del auto de diecinueve de abril de dos mil veintidós, confirmándolo. (foja 47). SEXTO. Causales de improcedencia En términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, la autoridad que conozca de un juicio de amparo estudiará de oficio las causas de improcedencia, por ser de orden público, cualquiera que sea la instancia del juicio constitucional, lo aleguen o no las partes. Este juzgador considera que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, dichos preceptos establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (...)». De los dispositivos antes señalados, se obtiene que el juicio de amparo indirecto procede, entre otros casos, contra actos intraprocesales cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos únicamente los que afecten materialmente derechos sustantivos. Contrario sensu, el juicio biinstancial será improcedente contra actos intraprocesales que no revistan una ejecución de naturaleza irreparable, entendiéndose por ellos los que no los afecten materialmente. Dicho en otras palabras, la procedencia del amparo indirecto se actualiza excepcionalmente contra algún acto dictado dentro del juicio o proceso ordinario, en el caso de que su ejecución afecte materialmente derechos sustantivos, de manera directa e inmediata, de modo tal que dicha afectación no podría repararse aún mediante la obtención de una sentencia favorable en la controversia de origen y, en sentido contrario, el medio extraordinario de defensa no procede cuando únicamente afecte derechos adjetivos, instrumentales o procesales. Tal afectación material debe ser directa e inmediata y no mediata, esto es, no debe ser secundaria o futura, ni requerir de un acto posterior, porque entonces el que causa la ejecución de imposible reparación es el acto que los produce y no su antecedente. Tales consideraciones se sustentan en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), con número de registro digital 2006589, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Por lo que, el amparo indirecto sólo procede cuando esos actos tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, es decir, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del gobernado, que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por medio de los derechos públicos subjetivos, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, porque esta afectación o sus efectos no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En cambio, los actos en el juicio de ejecución reparable respecto de los cuales no procede el amparo indirecto, no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que la resolución sea adversa a los intereses del agraviado, actos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que toman las partes en el procedimiento, con vista a obtener una sentencia favorable, por lo que cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. En el caso, la parte quejosa reclama la resolución de veintidós de septiembre de dos mil veintidós que resolvió el recurso de revocación en contra del proveído de diecinueve de abril de dos mil veintidós, en la que entre otras cuestiones, proveyó sobre la petición de la demandada y le concedió un término improrrogable de cinco días para presentar su correspondiente inventario y avalúo, bajo apercibimiento que de no hacerlo se le tendría por conforme con el de su contraria. Conforme a lo reseñado, la determinación que fue confirmada en la resolución reclamada no genera una afectación a los derechos sustantivos de la quejosa, pues con independencia de que no se le otorgó el plazo que solicitó, lo cierto es que la autoridad responsable accedió a su solicitud de prórroga y, por tanto, es que no se aprecia que la resolución de origen, genere afectación a derechos sustantivos de la quejosa. En ese sentido, con independencia de que la consecuencia de la no presentación del inventario y avalúo, podría generar como consecuencia que se le tenga por conforme con el rendido por su contraparte, lo cierto es que tal hipótesis no acontece en el caso, pues incluso, sería necesario que dicha violación trascendiera al resultado del fondo de asunto, momento en el cual se materializaría la violación. Así pues, atendiendo a que la resolución reclamada que confirma una diversa, concede un plazo a la quejosa para que exhiba el inventario y avalúo atendiendo a su solicitud es que se reitera que dicha determinación no se trata de una resolución de imposible reparación Consecuentemente, al operar la causal de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V de la Ley de Amparo, en términos del diverso 63, fracción V de la ley de la materia, se sobresee en el juicio de amparo. Lo anterior impide realizar pronunciamiento alguno en torno a los conceptos de violación que hizo valer la parte quejosa en su demanda de amparo, en cumplimiento a la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 49, del tomo 24 tercera parte, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 76, 77, 78, y demás relativos a la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, contra el acto de la autoridad responsable por los motivos expuestos en el sexto considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, diez de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos en funciones de Juez Interina del Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado, con sede en Tizimín, Yucatán; con el primero de ellos devuelve debidamente diligenciado el despacho número 11-D-II-AMPARO/2023, orden 27/2023, del índice de este Juzgado, enviado a fin de emplazar al tercero interesado ********************. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro que para tal efecto se lleva en este órgano jurisdiccional, y acúsese recibo. Ahora bien, toda vez que de autos se advierte que el tercero interesado ********************, hasta la presente fecha no dio cumplimiento a la prevención que se le hizo en proveído de treinta y uno de enero del presente año, en el sentido de señalar domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, el cual se le notificó el veintitrés de febrero del presente año. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto de referencia, y por tanto, hágase al aludido tercero interesado, ésta y las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional; lo anterior, con fundamento en los artículos 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo en vigor. Finalmente, glósese al expediente el diverso oficio suscrito por la Secretaria de Acuerdos en funciones de Juez Interina del Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado, con sede en Tizimín, Yucatán, sin que sea el caso hacer mayor pronunciamiento, toda vez que, como se advierte de párrafos anteriores, con esta fecha se tuvo por recibido el despacho a que hace alusión en su comunicación. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la Secretaria Erika Esther Góngora Barbosa, con quien actúa y da fe. Dos firmas electrónicas con evidencia criptográfica.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que aún no obra en autos el despacho 11-D-ll-AMPARO/2023, orden 27/2023, dirigido al Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado, con sede en Tizimín, Yucatán, mismo que fue enviado a efecto de emplazar al tercero interesado ********************, ni obra en autos constancia alguna que acredite su emplazamiento. Sin que sea el caso requerir, de momento, a dicha autoridad para que informe el estado procesal de la citada comunicación oficial, toda vez que dicho requerimiento se realizó mediante oficio 5702/2023 de seis de marzo del año en curso, sin que a la fecha obre el acuse de recibo del mismo. En tal virtud, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el día de hoy y se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTIUNO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, seis de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación se advierte que aún no obra en autos el despacho 11-D-ll-AMPARO/2023, orden 27/2023, dirigido al Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado, con sede en Tizimín, Yucatán, mismo que fue enviado a efecto de emplazar al tercero interesado ******, ni obra en autos constancia alguna que acredite su emplazamiento. Por tanto, a fin de evitar mayores dilaciones en el procedimiento requiérase al citado Juez para que en el término de tres días siguientes a la notificación del presente acuerdo, informe respecto de la diligenciación del referido despacho. Con el apercibimiento, que de no hacerlo dentro del término fijado o no informar el impedimento legal que tenga para hacerlo, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 237, fracción I en relación con los diversos numerales 238 y 259, ambos de la Ley de Amparo. En tal virtud, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el día de hoy y se fijan las ONCE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma, Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la secretaria Gabriela Montañez Escalante, con quien actúa y da fe. Dos firmas electrónicas con evidencia criptográfica.

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