Wendy Haydee Argüello Zárate

Expediente 776/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 8 actuaciones registradas, la última del 30 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
776/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
30/01/2023

Partes del expediente

  • Wendy Haydee Argüello Zárate

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, treinta de enero de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión en contra del auto de cuatro de agosto de dos mil veintidós, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. ( Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ( Se ordena archivo. Una vez que obren en autos las constancias de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo interpretado a contrario sensu, envíese el presente juicio constitucional al ARCHIVO, toda vez que se encuentra totalmente concluido. ( Valoración del expediente. Se establece que el juicio de amparo es destruible, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, POR HABERSE SOBRESEÍDO FUERA DE AUDIENCIA EN EL JUICIO. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15 del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Incidente de suspensión Luego, tomando en consideración que en el incidente de suspensión fue concedida la medida definitiva, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción l, inciso a), del mismo Acuerdo; por tanto, es susceptible de depuración. En consecuencia, una vez transcurrido el plazo de conservación precisado en el penúltimo párrafo del artículo 18 del citado acuerdo (tres años), dentro de los noventa días siguientes a que se haya cumplido el término en comento deberá depurarse el citado incidente; por lo que se conservará la resolución relativa al otorgamiento de la medida cautelar. Duplicado del Incidente de suspensión En diverso aspecto, como lo dispone el numeral 20, fracción II, inciso a), de dicho Acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruido una vez que transcurra el plazo de seis meses. De igual forma, realícense las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese copia certificada de este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión, para constancia. No se ordena devolución de documentos. Sin que haya lugar a requerir a la parte quejosa para la devolución de documentos originales, toda vez que los mismos no obran en autos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.lomelí

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, cuatro de agosto de dos mil veintidós. Informe justificado. Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se le tiene por rendido su informe justificado. Pruebas. Asimismo con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase al Juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc remitiendo copia certificada de la sentencia dictada el tres de octubre de dos mil veintiuno, en la primera sección del juicio sucesorio intestamentario a bienes de Carlos Bahena Gallardo, denunciado por Angélica Bahena Gallardo, Enrique Bahena Gallardo y Cecilia Ester Bahena Gallardo, número 23/2021, de su índice, para los efectos legales conducentes. Sobreseimiento fuera de audiencia. En otro aspecto, de autos se advierte que el quejoso promovió el presente juicio de amparo en el que hizo consistir como actos reclamados los siguientes: "Todo lo actuado dentro del expediente principal, primera sección y, en caso de existir, las secciones segunda, tercera y cuarta, relativas al juicio sucesorio intestamentario, a bienes de mi difunto concubino Carlos Bahena Gallardo, bajo el número de expediente 23/2021, del índice del juzgado tercero familiar, del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, con sede en Apizaco, Tlaxcala. Toda vez que la suscrita no fui llamada a juicio aun y cuando me asiste el carácter de concubina, cónyugue, supérstite." En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VI, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, que establecen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [...] VI.- Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; [.]". De la interpretación literal de la fracción VI del artículo 107 de la Ley de Amparo, se advierte que es procedente el juicio de amparo indirecto, contra actos dentro o fuera de juicio, cuando se pida por personas extrañas a dicho procedimiento. Por lo que, al realizar una aplicación, a contrario sensu, del artículo citado, se colige que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando quien lo promueve con ese carácter, en realidad, no es persona extraña al juicio de origen. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis III.2o.C.18 K, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la página 1827, del Tomo XXIII, Febrero de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo título y contenido es: "JUEZ DE DISTRITO. PUEDE INVOCAR PRECEPTOS LEGALES A CONTRARIO SENSU, PARA APOYAR SUS RESOLUCIONES. Si el Juez de Distrito al momento de dictar su fallo, se encuentra ante la ausencia de norma específica que regule el caso sometido a su consideración, válidamente puede acudir al denominado "argumento a contrario" para resolver la cuestión litigiosa, en acatamiento al principio de la plenitud hermenéutica del orden jurídico, consagrado en el artículo 18 del Código Civil Federal; pues el argumento a contrario, es una de las diversas técnicas de integración de las normas jurídicas, mediante la cual, se pueden colmar las lagunas existentes en la legislación; el que, por cierto, precisa que si una norma establece una solución restrictiva en relación con el caso a que se refiere, válidamente puede inferirse que los no comprendidos en ella deben ser objeto de una solución contraria; y de ahí, que tal proceder resulte legal.". Ahora bien, para arribar a lo anterior conclusión, es necesario determinar qué debe entenderse por persona extraña a juicio, o bien, a un procedimiento seguido en forma de juicio, en virtud de que en la especie debe dilucidarse si cuando la parte quejosa invoca el juicio de amparo ostentándose como persona extraña por equiparación, como así se pretende hacer valer en el presente asunto, pero de las constancias de autos aparece que compareció al mismo, o bien, que el procedimiento relativo no ha concluido, se debe sobreseer el juicio de amparo. En efecto, la fracción VI del artículo 107 de la Ley de Amparo establece que procede el amparo indirecto "Contra actos ejecutados dentro o fuera de juicio, que afecten a personas extrañas." Tanto la doctrina, como la jurisprudencia, utilizan indistintamente la expresión de persona extraña y de tercero extraño al referirse a la procedencia del amparo indirecto previsto en la fracción VI del artículo 107 ya citado; sin embargo, acorde con las interpretaciones sustentadas, el concepto de persona extraña al juicio, o bien, a un procedimiento seguido en forma de juicio, es más amplio que el de tercero extraño, porque en aquél se incluye también al propio demandado cuando no es emplazado, o cuando los vicios en el emplazamiento le impiden conocer los datos necesarios para defenderse. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 107, fracción VI, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo, o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluido en este concepto, asimismo, como ya se dijo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. Sobre el particular, resulta aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." Por otro lado, importa destacar que la afectación que puede resentir una persona extraña a juicio, no proviene en todos los casos del mismo acto dentro de la secuela que va desde la demanda hasta el cumplimiento de la sentencia, sino que ello dependerá de la titularidad del derecho que reclame (y pruebe), sea en relación con el bien debatido en el juicio, sea con los bienes de que la sentencia disponga o, en fin, con aquellos que se afecten en la ejecución. Lo anterior es así, porque, cuando se sigue un juicio sin llamar a las personas que son titulares de los derechos que en el procedimiento habrán de controvertirse, o bien, no se les emplaza en forma correcta al juicio, es evidente que conforme al derecho positivo se le causa un perjuicio a sus intereses jurídicamente protegidos, tanto desde el punto de vista legal como desde el punto de vista constitucional, porque las disposiciones ordinarias le dan acciones para intervenir en el juicio, y desde el punto de vista constitucional en razón de que si los artículos 14 y 16, otorgan a todo gobernado las garantías de audiencia y legalidad, no puede válidamente discutirse en juicio sobre un bien o derecho del que es titular una persona a quien no se llamó para que se defendiera. En relación con los derechos fundamentales de audiencia y debido proceso garantizados en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha emitido los criterios siguientes: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga 'se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento'. Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." "AUDIENCIA, GARANTÍA DE, REQUISITOS QUE DEBEN CONTENER LAS LEYES PROCESALES EN RESPETO A LA. De acuerdo con el espíritu que anima el artículo 14 constitucional, a fin de que la ley que establece un procedimiento administrativo, satisfaga la garantía de audiencia, debe darse oportunidad a los afectados para que sean oídos en defensa, antes de ser privados de sus propiedades, posesiones o derechos, con la única condición de que se respeten las formalidades esenciales de todo procedimiento. Este debe contener 'etapas procesales', las que pueden reducirse a cuatro: una etapa primaria, en la cual se entere al afectado sobre la materia que versará el propio procedimiento, que se traduce siempre en un acto de notificación, que tiene por finalidad que conozca de la existencia del procedimiento mismo y dejarlo en aptitud de preparar su defensa; una segunda, que es la relativa a la dilación probatoria, en que pueda aportar los medios convictivos que estime pertinentes; la subsecuente es la relativa a los alegatos en que se dé oportunidad de exponer las razones y consideraciones legales correspondientes y, por último, debe dictarse resolución que decida sobre el asunto." Como se aprecia, el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fue interpretado por nuestro más alto tribunal, en el sentido de que el derecho de previa audiencia consiste en que nadie puede ser privado de sus propiedades sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, esto es, que se satisfagan los requisitos siguientes: Se notifique al interesado el inicio del procedimiento respectivo, así como sus consecuencias; Se le dé la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que finque su defensa; Se le otorgue la oportunidad de formular alegatos; y, La autoridad deberá dictar una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Así, quien acude al juicio de amparo como tercero extraño a una contienda de carácter judicial, pretende desvincular sus derechos jurídicamente adquiridos, bienes ahí afectados y que afirma le pertenecen o posee bajo determinado título, o estima, que debe ser incluido en la relación procesal surgida al considerar que se encuentra legitimado por ser parte sustancial en el juicio que ahí se ventila. Consecuentemente, ya sea que se tome en cuenta la ley ordinaria, o la norma constitucional, en el derecho positivo mexicano se demuestra la afectación a la persona extraña, puesto que resiente un perjuicio por la transgresión a derechos legítimamente tutelados. En tales condiciones, cuando dentro del juicio o dentro del procedimiento seguido en forma de juicio, se controvierten un derecho jurídicamente adquirido respecto del cual un extraño tiene interés, ya el solo procedimiento le causa perjuicio a su esfera jurídica ordinaria, puesto que las leyes le otorgan las acciones adecuadas para comparecer e intervenir en el procedimiento, además de que también se le afectan directamente sus garantías constitucionales, en virtud de que sin oírlo se sustancia un procedimiento del cual puede derivar una resolución que lesione su interés. Al respecto, se destaca que de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa tenía conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio natural, aunque no haya comparecido a él, toda vez que sabía en qué juzgado estaba radicado y el tipo de juicio de que se trataba; de tal suerte que no puede equiparársele a una persona extraña a juicio, máxime que dicha instancia, no ha concluido por virtud de sentencia definitiva. Establecido lo anterior, importa destacar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 379/2011, estimó que el carácter de tercero extraño se pierde cuando se tiene conocimiento del juicio, en el que no se ha dictado sentencia definitiva, aún sin la comparecencia del quejoso al proceso judicial, ya que textualmente, consideró lo siguiente: ".debe concluirse que la calidad de extraño a juicio por equiparación (en el preciso caso en que dicho juicio no se ha resuelto) se pierde cuando se tiene conocimiento del juicio, sin que sea un requisito adicional la comparecencia del quejoso a dicho proceso judicial.". En consonancia con lo anterior, importa destacar el contenido de la jurisprudencia 1a./J. 67/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 729, del Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, cuyo título y contenido es: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia." De igual manera, se cita la jurisprudencia 2a./J. 47/2011 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido siguiente: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo." De lo anterior, se colige que cuando la parte quejosa conoce de la existencia del juicio a pesar de no haber sido llamada al procedimiento, se desvirtúa su carácter de persona extraña, en tanto que se encuentra en posibilidad de acudir al juicio en defensa de sus intereses. En el caso, como se señaló, del análisis íntegro de la demanda de garantías, así como de las constancias que remitió la autoridad responsable a su informe con justificación, puede colegirse que el impetrante del amparo acude al presente juicio de amparo a reclamar, en esencia: La falta de llamamiento y todo lo actuado en el Juicio Sucesorio intestamentario a bienes de Carlos Bahena Gallardo, denunciado por Angélica Bahena Gallardo, Alberto Enrique Bahena Gallardo y Cecilia Ester Bahena Gallardo, número 23/2021, de su índice, del índice del Juzgado Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc. Al respecto, frente al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes del de cujus Carlos Bahena Gallardo, bajo el número 23/2021, del índice del Juzgado Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, así como todo lo actuado, la parte quejosa sostiene que las autoridades responsables han violado su derecho fundamental de audiencia, ya que no ha sido llamada en el juicio intestamentario, por lo que se ha transgredido sus garantías constitucionales establecidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, de las manifestaciones realizadas por la parte quejosa, que efectuó bajo protesta de decir verdad en su escrito inicial de demanda, se pueden apreciar los siguientes datos: Refiere que tuvo conocimiento del acto reclamado, el treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, con motivo de un diverso juicio sucesorio a nombre del de cujus Carlos Bahena Gallardo, radicado bajo el número 382/2019; Posteriormente, se constituyó en compañía de un abogado al Juzgado Tercero delo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y solicitó que le permitieran consultar el referido expediente, el cual le fue negado por no ser parte del mismo, Señala que en ningún momento fue emplazada dentro de dicho juicio. Dichas manifestaciones son aseveraciones voluntarias y espontáneas del peticionario de garantías que constituyen una confesión expresa que en términos de los artículos 95, 197 y 201, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, merecen pleno valor probatorio, pues produce el efecto de una presunción, sin que exista otra prueba que la contradiga. Tiene apoyo a lo anterior, la tesis aislada, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 857, del tomo XII, diciembre de mil novecientos noventa y tres, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo rubro es el del siguiente tenor: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). Siendo disposición del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria; el que los hechos expresados por el promovente en la demanda, constituyen una confesión expresa, es evidente que las aseveraciones que el peticionario formula en su demanda de amparo, prueban plenamente en su contra sin necesidad de ofrecerse como prueba, por constituirse una confesión expresa.". También es aplicable la tesis aislada I.15o.A.28 K, sustentada por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado En Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 2613, del Tomo XXVI, Septiembre de 2007, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto dicen: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado". Asimismo, de un análisis a las constancias que remitió la autoridad responsable como anexo a su informe con justificación, consistente en copia certificada a partir de la sentencia dictada el tres de octubre de dos mil veintiuno, en el Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes del de cujus Carlos Bahena Gallardo, denunciado por Angélica Bahena Gallardo, Alberto Enrique Bahena Gallardo y Cecilia Ester Bahena Gallardo, bajo el número 23/2021, del índice del Juzgado Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, de la cual no se advierte que en el mismo, a la fecha de la presente determinación, se haya dictado sentencia, pues aún se encuentra en la primera sección de dicho juicio sucesorio, relativa a la declaratoria de herederos y nombramiento de albacea. Documentales públicas aludidas que cuentan con eficacia demostrativa plena de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de lo dispuesto en su numeral 2°, párrafo segundo. Máxime que de las aludidas constancias remitidas por la responsable, se advierte que se resolvió la primera junta de herederos y nombramiento de albacea provisional, reconociéndose derechos hereditarios a Angélica Bahena Gallardo, en su carácter de colateral en primer grado (hermana); asimismo, se dejaron a salvo sus derechos a Alberto Enrique Bahena Gallardo, Cecilia Ester Bahena Gallard (sic) y Judith Guadalupe Bahena Gallardo. En tales condiciones, al no haber concluido el juicio sucesorio intestamentario, es razón suficiente para desvirtuar el carácter de persona extraña con la que se ostenta el quejoso, en términos del artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, toda vez que, como quedó puntualizado con antelación, con ese carácter, en el supuesto mencionado, quedan comprendidos únicamente quienes no fueron emplazados o, aun siéndolo, no tuvieron oportunidad de hacerse sabedores del procedimiento antes de que hubiere concluido el juicio. Sin embargo, si el gobernado que se hizo sabedor del juicio antes de que concluyera, opta por intentar la vía indirecta, el Juez de Distrito debe sobreseer, fundamentalmente porque ya no es persona extraña a éste, en consideración de que puede defenderse dentro del procedimiento ordinario y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundándose la improcedencia en los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, esta última interpretada a contrario sensu. En efecto, por una parte, el impetrante de garantías se ostenta como persona extraña al aludido juicio sucesorio intestamentario y a través de la tramitación y resolución del presente juicio pretende figurar en la relación jurídica procesal, pues estima que le afectan las determinaciones que se están dictando dentro de dicho juicio; sin embargo, de los datos obtenidos de la demanda de garantías y de las copias certificadas que remitió la autoridad responsable como anexo a su informe con justificación, este órgano de control constitucional advierte que, contrario a lo que aduce, no le reviste carácter de tercero extraño, ya que en el juicio de origen el tres de octubre de dos mil veintiuno, se dictó la sentencia relativa la primera sección, por lo que aún se encuentra en trámite y no se ha dictado la sentencia definitiva, por lo que, se arriba a la conclusión de que el juicio sucesorio intestamentario que ahí se ventila no se encuentra concluido y se encuentra en aptitud de comparecer a dicho procedimiento para hacer valer lo que a su derecho convenga. En tales condiciones, no es dable que Wendy Haydee Argüello Zárate, acuda al juicio de garantías como tercero extraña al juicio sucesorio intestamentario en comento, porque se enteró de su tramitación sin que en este se haya dictado sentencia que le haya puesto fin, por lo que la promovente de amparo está en aptitud de acudir a dicho procedimiento en defensa de sus derechos, esto es, a ejercer su garantía de audiencia. Por tanto, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación en el diverso 107, fracción VI, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, respecto de los actos reclamados; por lo que procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías conforme lo preceptúa la fracción V del numeral 63 del propio ordenamiento legal. Como criterio orientador, se cita la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY. La sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, a pesar de no haber sido legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento, por lo que si promueve el juicio de amparo indirecto, ostentándose con tal carácter, el Juez de Distrito debe sobreseerlo con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, fundamentalmente porque el promovente ya no es persona extraña al juicio por haber comparecido al procedimiento ordinario, quedando en posibilidad de defenderse dentro del contencioso y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundamentándose la improcedencia en los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción V, aplicada en sentido contrario, de la propia ley; sin que lo anterior implique que el promovente del amparo indirecto, por el hecho de ostentarse como tercero extraño, quede al margen del término previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, esto es, al plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento del juicio, bajo el argumento de que la falta o ilegalidad del emplazamiento sea una violación de gran magnitud, pues si bien la improcedencia por extemporaneidad o consentimiento tácito basado en los artículos 21 y 73, fracción XII, del propio ordenamiento, puede llegar a configurarse, tal circunstancia no se surte necesariamente porque puede suceder que el afectado por la falta de emplazamiento promueva el juicio de garantías antes de que transcurra el plazo referido y en tal supuesto no cabría sobreseer por inoportunidad de la demanda, ya que seguiría en pie la otra causal." De igual manera, se cita la tesis VI.2o.C.597 C, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, del contenido siguiente: "EMPLAZAMIENTO A JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. SI EL JUICIO DE ORIGEN NO HA CONCLUIDO POR RESOLUCIÓN FIRME, EN LA QUE SE APRUEBE LA PARTICIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LOS BIENES, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO PROMOVIDO PARA RECLAMAR LA FALTA O ILEGALIDAD DE AQUÉL, SI NO SE AGOTA EL INCIDENTE DE NULIDAD DE TODO LO ACTUADO A PARTIR DE LA DENUNCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 769, FRACCIÓN III, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE PUEBLA. De las disposiciones normativas contenidas en el libro cuarto del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, vigente a partir del 1o. de enero de 2005, intitulado "Procedimientos sobre cuestiones familiares", al tenor del cual habrán de sustanciarse los procedimientos hereditarios, concretamente los artículos 763 a 803, aplicables al juicio sucesorio, se advierte que éste se integra de tres etapas perfectamente diferenciadas entre sí: la primera relativa a la denuncia de la sucesión, institución de herederos, designación de albacea tanto provisional como definitivo, y de inventarios y avalúos; la segunda, correspondiente a la administración del patrimonio que la integra; y, por último, la resolución definitiva que se pronuncia en lo relativo a la partición y adjudicación del haber hereditario; de manera que la determinación que se emite al calificar los derechos de los herederos, instituirlos como tales, nombrar albacea definitivo y aprobar los inventarios y avalúos, no constituye una sentencia que pueda considerarse como aquella que pone fin al juicio, pues únicamente pone término a la primera de dichas etapas. Por tanto, si el juicio de origen no se encuentra concluido por resolución firme, en la que se apruebe la partición y adjudicación de los bienes, el amparo promovido por el quejoso para reclamar la falta o ilegal emplazamiento a aquél deviene improcedente, ya que tiene a su alcance la posibilidad de solicitar la nulidad de todo lo actuado, a partir de la denuncia de la sucesión." Es de mencionar que en el caso a estudio el quejoso está en posibilidad de promover el incidente de nulidad que prevé el numeral 109 del Código de Procedimientos Civiles del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, con el cual se tiene la posibilidad de obtener la nulidad de todo lo actuado a partir de la denuncia del juicio sucesorio intestamentario de que se trata. Ello, atento al contenido de la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el número de tesis 1a./J. 39/99, en la página 242, Tomo X, Octubre de 1999, Materia Civil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "SUCESORIO. CUANDO UN POSIBLE HEREDERO NO FUERA LLAMADO A UN JUICIO DE ESA CLASE Y ÉSTE HUBIERE CONCLUIDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIONES ADJETIVAS DE LOS ESTADOS DE JALISCO Y TLAXCALA)"; de cuyo análisis se obtiene la procedencia del juicio de amparo indirecto cuando un posible heredero reclame la falta de llamamiento al sucesorio respectivo, y éste hubiere concluido. Circunstancia que no se actualiza en el caso concreto, ya que de las constancias remitidas por la autoridad responsable se obtiene que el juicio natural no ha concluido con la resolución de cuarta sección respectiva (el proyecto de distribución provisional de los productos de los bienes hereditarios, el de partición, los incidentes conexos y los convenios, resoluciones y aplicación de aquéllos), pues como se señaló con antelación, aún se encuentra en la primera sección de dicho juicio sucesorio, relativa a la declaratoria de herederos y nombramiento de albacea. Luego, si se tiene en consideración que por la propia y especial naturaleza de un juicio sucesorio intestamentario, que se forma por cuatro secciones y cada una de ellas tiene un objeto especial; además, en cada una de ellas se emite por separado la resolución correspondiente; es indudable que en dicho juicio no se emite una sentencia definitiva que abarque todo el procedimiento, de manera que, con excepción de la que se refiere a la adjudicación de los bienes, no son definitivas para los efectos del amparo, porque no resuelven el juicio sucesorio en lo principal. Así lo consideró el Alto Tribunal a través de la otrora Tercera Sala, al emitir la jurisprudencia consultable en la página 231, Tomo 187-192, Cuarta Parte, Materia Civil, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: "SUCESIONES. SÓLO LA SENTENCIA DE ADJUDICACIÓN TIENE EL CARÁCTER DE DEFINITIVA PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. La Suprema Corte de Justicia ha sostenido el criterio de que las sentencias que se pronuncien en las diversas etapas de un juicio sucesorio, con excepción de la que se refiere a la adjudicación de los bienes, no son definitivas para los efectos del amparo, porque no resuelven el juicio sucesorio en lo principal." Por otra parte, en lo que se refiere al carácter de tercero extraño con la que se ostenta el quejoso al promover la demanda de garantías, no se debe soslayar que, el juicio natural no ha concluido mediante una sentencia definitiva que resuelva en lo principal la sucesión denunciada, lo que sitúa al impetrante en la posibilidad de acudir al mismo a fin de hacer valer sus derechos en la forma que lo estime conveniente. Por las razones que la informan, es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el número de tesis 2a./J. 198/2008, en la página 698, Tomo XXIX, Enero de 2009, Materia Laboral, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "TERCERO EXTRAÑO A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER EL QUEJOSO QUE SE OSTENTE SABEDOR DEL PROCEDIMIENTO LABORAL SEGUIDO EN SU CONTRA EN CUALQUIERA DE SUS ETAPAS HASTA ANTES DE LA EMISIÓN DEL LAUDO, POR ESTAR EN CONDICIONES DE IMPONERSE DE LOS AUTOS Y DEFENDER SUS INTERESES. Si el quejoso en el juicio de garantías se ostenta como tercero extraño por equiparación pero cuando de autos se desprenda que por cualquier medio se hizo sabedor del procedimiento laboral incoado en su contra y aún no se ha dictado el laudo, no puede considerarse que tenga dicho carácter, por no estar en el supuesto relativo a que el ilegal emplazamiento le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí que si promueve el juicio de garantías en estas últimas circunstancias, se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, por no haber agotado el principio de definitividad, pues previamente al ejercicio de la acción constitucional debió promover el incidente de nulidad de notificaciones a que se refieren los artículos 735, 752 y 762 a 765 de la Ley Federal del Trabajo." Es aplicable también, la tesis sustentada por el entonces Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 82, Tomo 91-96, Sexta Parte, Materia Civil, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que prevé: "EMPLAZAMIENTO EN MATERIA CIVIL. CUANDO EXISTE OBLIGACIÓN DE CUMPLIR CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Si bien es cierto que en jurisprudencia definida la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que, cuando se reclama falta de emplazamiento, el quejoso no está obligado a cumplir con el principio de definitividad, este criterio es aplicable cuando se está impugnando esa diligencia después de dictarse sentencia en el juicio generador del amparo, por estarse reclamando la falta de audiencia en el procedimiento civil, y el quejoso ocurre como tercero extraño al juicio y no como parte en el mismo; pero si el emplazamiento es reclamado por una de las partes en el juicio, antes de pronunciarse sentencia, debe cumplirse con el principio de definitividad para preparar la demanda de amparo que deberá formularse en contra de la sentencia definitiva que llegare a pronunciarse." Por tanto, si el quejoso promovió el juicio de garantías con el carácter mencionado de tercero extraño aduciendo violación a la garantía de audiencia por desconocer lo actuado en el proceso de origen; sin embargo, precisamente es que se considera que a través del medio de impugnación de que se ha dado noticia tiene la posibilidad de acudir ante la autoridad del conocimiento a fin de obtener la nulidad de lo actuado y, de alcanzar esa pretensión, estar en posición de alegar lo que a sus intereses convenga en torno a sus derechos hereditarios, inclusive, impugnar los que hagan valer sus colitigantes. Se deja insubsistente fecha y hora de audiencia constitucional. En consecuencia, se deja insubsistente la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional (DIEZ HORAS CON OCHO MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS), por los motivos antes precisados. Anotaciones en el Libro de Gobierno y SISE. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Tercero interesado se apersona. Por otra parte, téngase a Angélica Bahena Gallardo apersonándose al presente juicio en calidad de tercera interesada. Autorizados. Por otra parte, se le tiene señalando como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Pedro Tecuapacho Rodríguez , toda vez que sí cuentan con registro único en el sistema computarizado de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales, y sólo para oír y recibir notificaciones a Germán Salazar Morales, Oscar Nahutlato Hernández y J. Trinidad Tecuapcho Arrieta, por no contar con ese registro Domicilio. Por otra parte, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte tercera interesada, el ubicado en Calle 19, número 408, Colonia La Loma Xicoténcatl, de la Ciudad de Tlaxcala, Tlaxcala, con el apercibimiento que de resultar inexacto, la notificación del presente proveído y subsecuentes, incluso las personales, le surtirán efectos mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado. Notifíquese personalmente a las partes. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Ciliany Álvarez Ayala, Secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, siete de julio de dos mil veintidós. Efectivo apercibimiento tercera interesada. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que la tercera interesada Angélica Bahena Gallardo, no dio cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de veintitrés de junio de dos mil veintidós, en el sentido de señalar domicilio en la zona metropolitana Apizaco-Tlaxcala, para oír y recibir todo tipo de notificaciones, ante este Juzgado Federal, con el apercibimiento que de no hacerlo así en el término de tres días contados a partir de la fecha en que quedara notificada del proveído en comento, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le harían por medio de lista. En consecuencia y toda vez que la tercera interesada de referencia no dio cumplimiento a lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento contenido en dicho proveído; por tanto, con fundamento en el artículo 27, fracción II y 29 de la Ley de Amparo, practíquense la presente y subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, a la tercera interesada Angélica Bahena Gallardo, por medio de lista que se fija en los estrados de este juzgado. Notifíquese.

  4. Incidental

    Apizaco, Tlaxcala, seis de julio de dos mil veintidós. Quejosa realiza manifestaciones. Agréguese el escrito de cuenta signado por la quejosa Wendy Haydee Argüello Zárate, no obstante que lo dirige al juicio de amparo del que deriva el presente incidente de suspensión, sin embargo, de su contenido, se aprecia que corresponde a la vía en que se actúa. Ahora, en atención a su contenido, téngasele por hechas las manifestaciones que vierte en el sentido de que es su voluntad continuar con el presente incidente de suspensión; y respecto de la imposibilidad que tiene para exhibir la garantía que se le fijó por auto de veintitrés de junio del presente año, para que de no deje de surtir efectos la suspensión provisional, dígasele que tal garantía ha quedado sustituida, en razón que el cinco de julio del año en curso, se resolvió lo concerniente a la suspensión definitiva; por lo que ahora impera dicha resolución. Notifíquese.

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