Wendy Berenice Islas Portilla, Apoderada Legal
Expediente 1140/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 8 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1140/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 06/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Wendy Berenice Islas Portilla, Apoderada Legal
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
En Apizaco, Tlaxcala, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Parte quejosa amplía demanda de amparo. Agréguese a los autos el escrito signado por ********************a través del cual amplía su demanda de amparo, en cumplimiento a la vista que se le otorgó por auto de trece de octubre del año en curso; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 117 y 119, de la Ley de Amparo, se tiene por ampliada su demanda de amparo, únicamente respecto de las autoridades y actos reclamados que la quejosa precisa como: Autoridades responsables: Dirección de Desarrollo Económico del municipio de Apizaco, Tlaxcala. Tesorería del municipio de Apizaco, Tlaxcala. Actos Reclamados: Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 12/2003, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, XVIII, Julio de 2003, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y textos siguientes: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. DEBE ADMITIRSE AUNQUE NO ESTÉ PREVISTA EN LA LEY DE AMPARO, YA QUE CONSTITUYE UNA FIGURA INDISPENSABLE PARA QUE EL JUZGADOR DÉ UNA SOLUCIÓN COMPLETA A LA ACCIÓN DEL GOBERNADO. La ampliación de la demanda de amparo implica la adición o modificación, por parte del quejoso, de lo expuesto en su escrito original para que forme parte de la controversia que deberá resolver el Juez o tribunal, y si bien no está prevista expresamente en la Ley de Amparo, su inclusión se estima indispensable para que el juzgador dé una solución adecuada al conflicto que le plantea el quejoso, por lo que es posible considerarla como parte del sistema procesal del amparo con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Federal, que establece como garantía individual la impartición de justicia completa, además de pronta e imparcial, máxime que dicha figura no está en contradicción con el conjunto de normas legales cuyas lagunas deban llenar." Asimismo la tesis II.2o.P.15 K (10), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en la página 2079, Libro 32, Julio de 2016, Tomo III, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo título y contenido es el siguiente: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. PROCEDE RESPECTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, AUN CUANDO EL ARTÍCULO 111 DE LA LEY DE LA MATERIA ÚNICAMENTE HAGA REFERENCIA A ESA FIGURA TRATÁNDOSE DE ACTOS RECLAMADOS. El precepto citado establece que la demanda de amparo podrá ampliarse cuando: a) No hayan transcurrido los plazos para su presentación; y, b) El quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial; siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional o bien el quejoso podrá optar por la presentación de una nueva demanda. Como se observa, este artículo regula la ampliación de la demanda de amparo únicamente respecto de actos reclamados; no obstante, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 15/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, julio de 2003, página 12, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", consideró que aun cuando la Ley de Amparo abrogada no establecía la figura de la ampliación de la demanda, era procedente tratándose de actos reclamados, autoridades responsables y conceptos de violación, conforme al derecho fundamental de tutela judicial efectiva, consignado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bajo esa premisa, si el artículo 111 de la ley de la materia vigente prevé la procedencia de la ampliación de la demanda de amparo respecto de actos reclamados, debe imperar la misma razón tratándose de los conceptos de violación, con la finalidad de resolver integralmente la litis constitucional, al subsistir las mismas razones que llevaron al Máximo Tribunal del País a emitir el invocado criterio; de ahí que dicha ampliación procede respecto de los conceptos de violación, aun cuando el citado artículo 111 únicamente haga referencia a esa figura tratándose de actos reclamados." Requerimiento de informe justificado En virtud de que la parte quejosa amplía la demanda de amparo; por ende, pídase a las autoridades señaladas como responsables Dirección de Desarrollo Económico y Tesorería, ambos del municipio de Apizaco, Tlaxcala, su informe con justificación, respecto de los actos reclamados precisados con antelación; que deberán rendir dentro del plazo de quince días, de conformidad con el artículo 117 de la ley de la materia, exponiendo las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad de los actos reclamados o la improcedencia del juicio, debiendo acompañar copias certificadas legibles y completas de las constancias necesarias que apoye su informe, apercibidos de que en caso de no rendirlo se presumirán ciertos los actos reclamados, además, que de no rendirlo o de hacerlo sin remitir las constancias conducentes se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con la reforma al inciso a) de la base II del artículo 41, y párrafo primero, de la fracción VI, del Apartado A del artículo 123; y se adicionaron los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a./J. 66/2019 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "INFORME JUSTIFICADO EN EL JUICIO DE AMPARO. SE DEBE SOLICITAR CUANDO EN LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA SE FORMULAN NUEVOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. De acuerdo con los artículos 111 y 117 de la Ley de Amparo, el quejoso puede ampliar su demanda para formular nuevos conceptos de violación respecto del acto reclamado en la demanda inicial, siempre que no haya fenecido el plazo para presentarla, caso en el cual, se debe solicitar a las autoridades responsables su informe con justificación, a efecto de que estén en posibilidad de expresar las razones y ofrecer las pruebas que estimen conducentes para desvirtuar los argumentos enderezados a demostrar la inconstitucionalidad o ilegalidad de su actuación, en la inteligencia de que la omisión de rendir el informe relativo únicamente conllevará imponer la multa prevista en la fracción II del artículo 260 del citado ordenamiento legal, habida cuenta que la existencia del acto reclamado se presumirá sólo si omiten rendir el informe correspondiente a la demanda inicial." De igual manera, resulta aplicable, la tesis I.1o.A.E.62 K, del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones; Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. SI SE ADMITE LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO EN CUANTO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, DEBE REQUERIRSE A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES QUE RINDAN UNO NUEVO. Del artículo 117, quinto párrafo, de la Ley de Amparo, destaca que en el informe justificado se expondrán las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio, así como la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, y se acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo. En ese sentido, el hecho de que las autoridades responsables hayan rendido un informe justificado con motivo de la demanda de amparo inicial, en el cual se pronunciaron en torno a la existencia de los actos reclamados, no trae como consecuencia que, si con posterioridad se admite la ampliación de demanda formulada por el quejoso en cuanto a los conceptos de violación, no se les deba requerir un nuevo informe respecto de esa ampliación, pues de conformidad con la porción normativa enunciada, el informe justificado no se reduce a que las responsables se manifiesten en torno a la certeza o inexistencia del acto reclamado, sino que también pueden hacer valer motivos de improcedencia, así como argumentos para sostener la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, y acompañar, en su caso, copia de las constancias necesarias para apoyarlo; de ahí que deba requerirse, nuevamente, dicho informe y, en caso de que sea rendido, debe darse vista al quejoso con la oportunidad debida, a fin de garantizar su derecho de defensa. Intervención del Agente del Ministerio Público de la Federación Dese la intervención que legalmente corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, corriéndole traslado con copia simple del escrito inicial de demanda, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 5° de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, practíquense todas las notificaciones que se generen en el presente juicio al mencionado representante social por vía electrónica, a través del usuario precisado en los oficios que fueron recibidos y acordados en el Cuaderno de Varios 3/2023, de este Juzgado de Distrito, así también, se tiene informando el correo electrónico a fin de entablar comunicación no procesal. Vista a las partes Por otra parte, córrase traslado a las demás partes en el presente juicio con copia del escrito de ampliación de demanda, para que manifiesten lo que a su derecho e interés legal convenga. Audiencia constitucional Ahora bien, toda vez que se encuentran señaladas las diez hora con veintiséis minutos del nueve de noviembre de dos mil veintitrés para la celebración de la audiencia constitucional; a efecto de dar margen a lo dispuesto en el presente proveído, se ordena dejar sin efecto la referida fecha y en su lugar, hágase del conocimiento a las partes que se tienen señaladas las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio. Notifíquese; y personalmente a las partes. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Álvaro Juncos Badillo, Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, trece de octubre de dos mil veintitrés. Estado de autos Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que la parte quejosa en su demanda de amparo, señala como autoridades y actos reclamados los siguientes: "III. LA AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES. GOBERNADOR DEL ESTADO DE TLAXCALA. H. CONGRESO LEGISLATIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA. IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE SE RECLAMA. A través de la presente demanda de amparo se reclama la inconstitucionalidad de los siguientes artículos: Artículo 38, fracción I "basura comercial" tarifa de criterios de cobro: A de 101 a 200 UMA; B de 76 a 100 UMA; C de 51 a 75 UMA, D de 25 a 50 UMA; E de 10 a 24 UMA; F de 3 a 9 UMA de la Ley de Ingresos del Municipio del Municipio de Apizaco; para el ejercicio 2023, cuya tarifa se realiza en función del tabulador que se encuentra en el ANEXO 1 de la ley de referencia, y del cual se desprende que el cobro de pago de derechos por concepto de servicio de recolección, transporte y disposición de basura y de residuos sólidos urbanos se determina en función al giro del establecimiento comercial que solicita dichos servicios, así como también, a los siguientes elementos del establecimiento: si es franquicia, ubicación geográfica del inmueble, tamaño, superficie, tipo de riesgo, giro comercial, dimensiones, calidad de la propiedad y construcción, volumen de venta entre otros. Se reclama la inconstitucionalidad de dicho precepto legal (mismo que fue aplicado a la hoy quejosa), ya que tal y como lo podrá notar este H. Juzgado, en el artículo antes mencionado se señalan diversas tarifas por concepto de PAGO DE DERECHOS por servicios de RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE BASURA Y DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, PRESTADOS POR EL MUNICIPIO DE APIZACO, pese a que los contribuyentes que se les aplican dichas tarifas, se encuentran en igualdad de condiciones. Este acto se le atribuye en cuanto a su emisión al H. CONGRESO LEGISLATIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA; y en cuanto a su promulgación y orden de publicación al GOBERNADOR DEL ESTADO DE TLAXCALA."(SIC) Se impugna dicho precepto legal con motivo de su primer acto de aplicación derivado del pago efectuado AD CAUTELAM por la hoy quejosa, por concepto de servicios RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE BASURA Y DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, PRESTADOS POR EL MUNICIPIO DE APIZACO para el ejercicio 2023, mismo que se encuentra amparado con la factura con número de folio ********************, de fecha 28 de julio de 2023, el cual se señala que el pago por la cantidad de $11,203.******************** (********************pesos ********************/100 M.N.), por concepto de PAGO DE DERECHOS POR RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE BASURA Y DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, PRESTADOS POR EL MUNICIPIO DE APIZACO PARA EL EJERCICIO 2023. Resulta importante señalar a su Señoría que en esta demanda NO SE SEÑALA COMO AUTORIDAD RESPONSABLES A LA TESORERÍA MUNICIPAL DE APIZACO en virtud de que el pago de los derechos que se reclama se realizó sin que existiera un requerimiento formal por parte de la autoridad hacendaria y atendiendo a que el mismo era indispensable a efecto de que existirá el primer acto de aplicación de la hipótesis normativa reclamada." En relación con la inconstitucionalidad planteada por la parte quejosa, precisó que el primer acto de aplicación derivó del pago efectuado por concepto de derechos por el servicio de recolección, transporte y disposición final de basura y de residuos sólidos urbanos, prestados por el Municipio de Apizaco Tlaxcala, mismo que se encuentra amparado con la factura con número de folio ********************, de veintiocho de julio de dos mil veintitrés, en el que se señala, entre otros conceptos, el identificado como "********************", por la cantidad de $********************(********************pesos ********************/100 M.N.) y que se reproduce a continuación: Asimismo, de los antecedentes de la demanda inicial, la parte quejosa estableció que las autoridades que emitieron el acto de aplicación de la norma cuya inconstitucionalidad se reclama fueron la Dirección de Desarrollo Económico y la Tesorería Municipal, ambos del municipio de Apizaco, Tlaxcala, autoridades ante las cuales la parte quejosa acudió a sus respectivas sedes a efecto de generar el referido acto de aplicación, sin que existiera un requerimiento formal por parte de las mismas. Ahora bien, tal y como se advierte de la imagen reproducida, en dicha factura no se especifica el artículo de la Ley de Ingresos del Municipio de Apizaco, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, respecto del cual fue aplicada y cobrada la cantidad de referencia. En relación a lo anterior, al remitirse a la Ley de Ingresos del Municipio de Apizaco, para el Ejercicio Fiscal dos mil veintitrés, se observa que respecto del rubro "Derechos por Servicio de Recolección, Transporte y Disposición Final de Desechos Sólidos", el artículo 38 es del contenido siguiente: "Artículo 38. Los derechos por el servicio de recolección, transporte y disposición final de basura y de residuos sólidos urbanos, prestados por el Municipio, se pagarán de conformidad a lo siguiente: I. Basura comercial: El cobro a empresas, franquicias y comercios por recolección, transporte y disposición final de residuos no peligrosos, se calculará y pagará mensualmente de acuerdo a la siguiente tarifa y considerando los siguientes criterios: Franquicia, ubicación geográfica del inmueble, tamaño, superficie, tipo de riesgo, giro comercial, dimensiones, calidad de la propiedad y construcción, volumen de venta, entre otros. GIRO CUOTA A De 101 a 200 UMA B De 76 a 100 UMA C De 51 a 75 UMA D De 25 a 50 UMA E De 10 a 24 UMA F De 3 a 9 UMA La aplicación de cada tarifa se realizará en función del tabulador autorizado por el Ayuntamiento, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, mismo que se encuentra en el anexo 1 de la presente Ley. Los usuarios cubrirán este derecho a la tesorería por medio del recibo de pago de derechos por la inscripción al padrón de industria y comercio, y/o en el refrendo de la licencia de funcionamiento de que se trate, durante el primer trimestre del año." De la transcripción anterior se advierte que para la aplicación de tarifa a pagar, correspondiente al concepto de derechos por el servicio de recolección, transporte y disposición final de basura y de residuos sólidos urbanos, se realizará en función de la clasificación del giro comercial del establecimiento que se trate, clasificados de la letra A a la F, con cuotas mínimas y máximas, así como del tabulador autorizado por el Ayuntamiento, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, identificado como anexo 1 de la referida Ley de Ingresos, en el cual se especifican los distintos contribuyentes y su respectiva categoría de clasificación. Conforme a lo anterior, si bien es cierto, para el análisis de la constitucionalidad de un precepto legal es innecesario llamar al juicio de amparo a la autoridad aplicadora de la norma, cierto es también que, en el caso que nos ocupa, si resulta necesario llamar al presente juicio a las autoridades responsables que emitieron el acto de aplicación, al ser el precepto legal aludido uno de naturaleza aparentemente heteroaplicativa, con independencia de su constitucionalidad o no; de ahí que, las autoridades aplicadoras de la norma deban rendir su respectivo informe, a efecto de que este órgano jurisdiccional se encuentre en aptitud de resolver lo que conforme a derecho corresponda. Se requiere a la parte quejosa. En ese sentido, requiérase a la parte quejosa para que manifieste: 1.- Si es su deseo señalar a las autoridades Dirección de Desarrollo Económico y la Tesorería Municipal, ambos del municipio de Apizaco, Tlaxcala, como autoridades responsables dentro del presente juicio, en virtud de que, como se señaló al inicio del presente proveído, se advierte de la factura de pago y del escrito inicial de demanda, que dichas autoridades fueron las que realizaron el acto de aplicación de la norma, es decir, el cobro por concepto de derechos por el servicio de recolección, transporte y disposición final de basura y de residuos sólidos urbanos. 2.- Señale con precisión el acto concreto de aplicación, es decir, el concepto por pago de derecho que fue cobrado por las autoridades recaudadoras y la cantidad que fue pagada por la parte quejosa, así como la porción normativa del artículo 38, fracción I de la Ley de Ingresos del Municipio de Apizaco, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, que le fue aplicada, en virtud de que dicho dispositivo contempla el pago por concepto de derechos por el servicio de recolección, transporte y disposición final de basura y de residuos sólidos urbanos, en función de la clasificación del giro comercial del establecimiento que se trate, clasificados de la letra A a la F, con cuotas mínimas y máximas, así como del tabulador autorizado por el Ayuntamiento, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, identificado como anexo 1 de la referida Ley de Ingresos, en el cual se especifican los distintos contribuyentes y su respectiva categoría de clasificación. 3.- Señale con precisión quién realizó el cálculo del derecho contemplado en el artículo 38, fracción I de la Ley de Ingresos del Municipio de Apizaco, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, si la propia parte quejosa o autoridades Dirección de Desarrollo Económico y la Tesorería Municipal, ambos del municipio de Apizaco, Tlaxcala, y en qué categoría se ubicó la quejosa o fue ubicada por dichas autoridades, en virtud de que la propia parte quejosa señala en su escrito de demanda que en el presente juicio constitucional se está ante el supuesto de una autoliquidación de un derecho, al no existir un requerimiento formal por parte de dichas autoridades; no obstante de señalarlas como aquellas que emitieron el acto de aplicación al acudir la propia quejosa a sus respectivas sedes a efecto de generar el referido acto de aplicación. Requerimiento que deberá cumplir la parte quejosa dentro del plazo de quince días hábiles, conforme al numeral 17, en relación con el 111, ambos de la Ley de Amparo, a efecto de que lo realice, así como si es su deseo ampliar los conceptos de violación que formuló en su escrito inicial de demanda; apercibida que de no desahogar el referido requerimiento, se procederá al análisis y resolución del presente juicio únicamente respecto de los actos reclamados y autoridades responsables señalados en el escrito inicial de demanda. Además, se hace del conocimiento de la peticionaria de amparo que, de considerar favorable a sus intereses cumplir con la prevención que se le efectúa, el cumplimiento respectivo deberá ser por escrito colmando los requisitos del artículo 108 de la Ley de Amparo, con las copias suficientes del escrito de ampliación para correr traslado a las partes de este juicio. Es aplicable al respecto, la Jurisprudencia 2a./J. 30/96 visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, Junio de 1996, página 250, de rubro y contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANALISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACION DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA. Ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la demanda de amparo debe ser interpretada en una forma integral, de manera que se logre una eficaz administración de justicia, atendiendo a lo que en la demanda se pretende en su aspecto material y no únicamente formal, pues la armonización de todos los elementos de la demanda, es lo que permite una correcta resolución de los asuntos. Ahora bien, entre los requisitos que debe contener una demanda de amparo, de acuerdo con lo establecido por el artículo 116 de la ley de la materia, se encuentra el relativo a la expresión de la autoridad o autoridades responsables (fracción III), por lo cual, en los casos en que del análisis integral de la demanda, el Juez advierta con claridad la participación de una autoridad no señalada como responsable en el capítulo correspondiente, debe prevenir a la parte quejosa, con el apercibimiento relativo, en términos de lo previsto en el primer párrafo del artículo 146 de la Ley de Amparo, para que aclare si la señala o no como responsable, ya que de omitir esa prevención, incurre en una violación a las normas que rigen el procedimiento en el juicio de amparo, que trasciende al resultado de la sentencia, por lo que en términos del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe ordenarse su reposición." Diferimiento de audiencia constitucional. Por tanto, para dar margen a ello y no transgredir las reglas esenciales que rigen en el juicio de amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTISÉIS MINUTOS DEL NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Álvaro Juncos Badillo, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Diferimiento de audiencia constitucional. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo establecido en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables El Consejero Jurídico del Ejecutivo, en representación legal de la Gobernadora del Estado de Tlaxcala y representante legal del Congreso del Estado de Tlaxcala, recibido mediante auto de doce de septiembre de dos mil veintitrés. En consecuencia, al no haber transcurrido los ocho días de anticipación a que alude el artículo en cita con relación a la celebración de la audiencia de ley, a fin de no transgredir las reglas esenciales que rigen en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 117, párrafo segundo de la Ley de la materia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTIOCHO MINUTOS DEL TRECE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Sirven de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2000 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, tomo XI, abril de 2000 de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dicen: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Christoper Rodríguez Escobar Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.EDUARDO
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, doce de septiembre de dos mil veintitrés. Informes justificados. Agréguese los oficios signados por: El Consejero Jurídico del Ejecutivo, en representación legal de la Gobernadora del Estado de Tlaxcala (13331); y, Representante Legal del Congreso del Estado de Tlaxcala (13340). Atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se les tiene por rendidos sus respectivos informes justificados. Vista a las partes Con el contenido de los informes de mérito, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido, y manifiesten lo que a su derecho convenga dentro del plazo de ocho días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, sin perjuicio de hacer relación del mismo al celebrarse la audiencia constitucional. Delegados Por otra parte, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de las autoridades responsables oficiantes a las personas que indican. Consulta de expediente electrónico. Por otra parte como lo solicita el Consejero Jurídico del Ejecutivo, en representación legal de la Gobernadora del Estado de Tlaxcala, con fundamento en los artículos 3 y 30 fracción II, de la Ley de Amparo, artículo 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza la consulta del expediente electrónico a través del usuario "(ARGENISFLORES, ARRAEL y annareyesp)", toda vez que se encuentran registrados. Medios electrónicos Se autoriza el empleo de medios electrónicos, en términos de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve. Por su aplicación, se cita en apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis aislada I.3o.C.725 C, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 2847, del Tomo XXIX, Marzo de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Civil, Novena Época, con el rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. Comunicaciones no procesales. Con fundamento en lo establecido en el precepto 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se tiene a la Representante Legal del Congreso del Estado de Tlaxcala proporcionando el correo electrónico y número telefónico que refiere, a través del cual se podrá entablar comunicación no procesal, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Christoper Rodríguez Escobar Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.EDUARDO
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