Wendy Estefanía Villalvazo Paramo

Expediente 1440/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1440/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
25/11/2022

Partes del expediente

  • Wendy Estefanía Villalvazo Paramo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el plazo de cinco días que establece el numeral 98, de la Ley de Amparo para interponer el recurso de queja, en contra de la determinación que desechó la presente demanda de amparo, ha transcurrido según se desprende de la certificación de cuenta y de la constancia de notificación que obra en este expediente, sin que la parte quejosa lo haya interpuesto; por tanto, QUEDA FIRME la resolución de referencia. De conformidad con lo dispuesto por el precepto 214, de la Ley de Amparo, y previa la anotación en el libro de gobierno, archívese este expediente como concluido. En ese sentido, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de la hipótesis contemplada en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Karina Vanessa Corona Alday, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintiséis de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de los autos, de conformidad con el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se regulariza el presente juicio de amparo, respecto a que la parte quejosa sea notificada del proveído de tres de noviembre de dos mil veintiuno, por medio del cual se desechó su demanda de amparo. Por lo anterior, se comisiona a cualquiera de los actuarios adscritos, para que a la brevedad notifique el auto en comento a dicha parte procesal. Hecho lo anterior, vincule al expediente electrónico dicha actuación, ello de conformidad con establecido en el artículo 3° de la ley de amparo. Lo anterior, para estar en condiciones de continuar con la secuela normal del procedimiento y en su momento, mandar el presente expediente al archivo definitivo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno Agréguense a los autos el informe justificado rendido por la Presidenta de la Junta Especial Número uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Morelos. Téngase por hecha la comunicación anterior para los efectos legales procedentes, sin que sea necesario realizar mayor pronunciamiento en cuanto a su contenido, en virtud de que por acuerdo de tres de noviembre de dos mil veintiuno se desechó la demanda por improcedente. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el dos de marzo de dos mil veinte, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido en su fecha, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Saturnino Rodríguez Gutiérrez, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por los actos siguientes: Autoridad responsable. Juez Primero Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial del Estado de Morelos, con sede en la ciudad de Yautepec, Morelos. Acto reclamado: ".La resolución de fecha doce de febrero de dos mil veinte dictada por la Autoridad Responsable, en los autos del juicio ejecutivo mercantil seguido en mi contra por los endosatarios en procuración de la actora Adela Verónica Pacheco González, bajo el expediente número 161/2019, ." SEGUNDO. El tres de marzo de dos mil veinte, esta autoridad, radicó el asunto con el número de expediente 281/2020, y desechó la demanda de amparo. TERCERO. Por acuerdo de doce de marzo de dos mil veinte, esta autoridad dio trámite al recurso de queja hecho valer por la parte quejosa. CUARTO. Por acuerdo de cinco de marzo de dos mil veintiuno, esta autoridad tuvo por recibido el testimonio enviado por el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito, el ocho de enero de la anualidad, en el toca número 152/2020, y en la cual declaró fundado el recurso de queja interpuesto en contra del auto tres de marzo de dos mil veinte. QUINTO. En la data que antecede, en cumplimiento a lo ordenado por la superioridad, esta autoridad admitió la demanda del quejoso Saturnino Rodríguez Gutiérrez, requirió a la responsable su informe justificado, se dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo, emplazó a juicio a la tercero interesada y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir la quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y del análisis de las constancias de autos, se desprende que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable: El acuerdo de doce de febrero de dos mil veinte, donde la responsable adjudica de manera directa los bienes muebles embargados, relativos al juicio ejecutivo mercantil 161/2019. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Juez civil responsable, pues así se advierte del contenido del informe justificado, lo que se corrobora con la copia certificada de constancias que integran el expediente 161/2019; documental que por ser de carácter público goza de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. Es aplicable la tesis de jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Novena Época, bajo el rubro y tenor literal siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así como la Jurisprudencia número 278, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una anterior conformación, visible en la página 231, tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, número de registro 917812, que dice lo siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Procedencia del juicio. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo, debe precisarse que las partes fueron omisas en invocar alguna causa de improcedencia, y el suscrito advierte que no se surten los supuestos que en ese sentido dispone el artículo 62, de la Ley de Amparo; situación que se hace constar por ser de orden público, de conformidad con el último párrafo del citado precepto. QUINTO. Estudio del asunto. No se transcriben los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, atento a que no existe precepto legal alguno que establezca esa obligación, además de que ello no le causa perjuicio a la ahora amparista, pues en todo caso se observarán los principios de congruencia y exhaustividad. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Novena Época, tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Es importante señalar que la solución sustancial de los conflictos, en concordancia con los principios de congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias de amparo, contenidos en los artículos 77 y 78 de la ley de la materia, obliga al juzgador a analizar, en primer lugar, los conceptos de violación que puedan determinar la concesión de la protección federal con un efecto más amplio a favor del quejoso. En el caso, se considera que el concepto de violación donde la quejosa refiere que el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, redunda en un mayor beneficio al inconforme, debido a que de concederse el amparo respecto de tal circunstancia, provocaría que la autoridad responsable deje insubsistente el mismo, sin perjuicio de que pudiera emitir otro de la misma naturaleza pero cumpliendo con los requisitos constitucionales previstos por el artículo 16 Constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.4o.A. J/83, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, julio de 2010, página 1745, registro digital 164369, cuyo rubro y texto son: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO INDIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN DEBE PREFERIR LOS RELACIONADOS CON EL FONDO DEL ASUNTO A LOS FORMALES, O BIEN, ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO. La solución sustancial de los conflictos, en concordancia con los principios de congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias de amparo, contenidos en los artículos 77 y 78 de la ley de la materia, obliga al juzgador a analizar, en primer lugar, los conceptos de violación que puedan determinar la concesión de la protección federal con un efecto más amplio al que pudiese tener una violación formal. Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencia en el sentido de que el estudio de los conceptos de violación que determinen la concesión del amparo directo debe atender al principio de mayor beneficio (tesis P./J. 3/2005 visible en la página 5, Tomo XXI, correspondiente al mes de febrero de 2005, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN DEBE ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO, PUDIÉNDOSE OMITIR EL DE AQUELLOS QUE AUNQUE RESULTEN FUNDADOS, NO MEJOREN LO YA ALCANZADO POR EL QUEJOSO, INCLUSIVE LOS QUE SE REFIEREN A CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES."). En ese tenor, se estima que en los juicios de amparo indirecto deben analizarse los conceptos de violación relacionados con el fondo del asunto con preferencia a los formales, o bien, estudiarse en primer término los que pudiesen otorgar un mayor beneficio al quejoso." En efecto, asiste la razón a la parte quejosa, porque la determinación que constituye el acto reclamado en el juicio de amparo, vulnera en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la medida que carece fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe satisfacer, pues dichos dispositivos establecen: "Artículo 14. [.] Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho." "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. (.)". A su vez, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha emitido diversas jurisprudencias en las que define los conceptos de fundamentación y motivación; entre ellas, se encuentra la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 30, Tercera Parte, página 57, registro digital 238924, que establece: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, GARANTÍA DE. Para que la autoridad cumpla la garantía de legalidad que establece el artículo 16 de la Constitución Federal en cuanto a la suficiente fundamentación y motivación de sus determinaciones, en ellas debe citar el precepto legal que le sirva de apoyo y expresar los razonamientos que la llevaron a la conclusión de que el asunto concreto de que se trata, que las origina, encuadra en los presupuestos de la norma que invoca." Así, por fundamentación debe entenderse la cita del precepto o preceptos legales aplicables al caso concreto, en tanto que por motivación, el señalamiento en forma precisa de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en cuenta para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, o dicho de otro modo, que en el caso concreto se configure la hipótesis normativa citada. Además, la fundamentación y motivación de los actos de autoridad es una exigencia tendente a tratar de establecer sobre bases objetivas la racionalidad y la legalidad de aquéllos, a efecto de procurar eliminar, en la medida de lo posible, la subjetividad y la arbitrariedad de las decisiones de la autoridad; lo que además permite a los gobernados estar en condiciones de impugnar tanto los fundamentos del acto como los razonamientos que lo rigen. Sobre el tema, es aplicable la jurisprudencia 264, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, Séptima Época, Tomo I. Constitucional 3. Derechos Fundamentales Primera Parte - SCJN Décima Tercera Sección - Fundamentación y motivación, página 1239, registro digital 1011558, de rubro y texto siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Luego, la transgresión al artículo 16 constitucional, derivada de que las autoridades omitan fundar y motivar sus actos, constituye una violación de derechos fundamentales en alguna de las siguientes vertientes: a) De forma: cuando se trata de la falta total de fundamentación y/o motivación; y, b) De fondo: cuando lo que se presenta es una indebida o incorrecta fundamentación y/o motivación. El supuesto previsto en el inciso a) se produce cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se consideraron para subsumirlo en la hipótesis prevista en la ley. Mientras, la violación precisada en el inciso b) acontece cuando se invoca el precepto legal, pero éste no es aplicable por las características específicas del asunto, impidiendo su adecuación en la hipótesis normativa; o bien, cuando las razones que da la autoridad responsable como sustento del acto reclamado, son discordantes con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De manera que la falta de fundamentación y motivación, significa la carencia o ausencia absoluta de tales requisitos, y se traduce en una violación formal; mientras que la indebida o incorrecta fundamentación o motivación, entraña la inexacta o deficiente aplicación de normas, así como de los razonamientos formulados por la autoridad y resulta en una violación material o de fondo. En el caso, la parte quejosa reclama el acuerdo de doce de febrero de dos mil veinte, empero, para tener un conocimiento más amplio del asunto, se hace una reseña de lo acontecido en el juicio 161/2019, que son del tenor siguiente: El ocho de noviembre de dos mil diecinueve, el juez responsable dictó sentencia definitiva en el juicio ejecutivo mercantil 161/2019, condenado al demandado ahora quejoso a: ". TERCERO. Lo parte actora Adela Verónica Pacheco González, probó el ejercicio de lo acción cambiaria ejercitado contra de Saturnino Rodríguez Gutiérrez. quien no probó sus defensas ni excepciones; en consecuencia; se condenó al demandado a pagar a la parte actora o a quien sus derechos represente, la cantidad de $149,000,00 (ciento cuarenta y nueve mil pesos 00/100 M.N.), por concepto de suerte principal"... Mediante acuerdo de doce de diciembre de dos mil diecinueve, causó ejecutoria la sentencia definitiva. Por acuerdo de diez de enero del año dos mil veinte, el juez natural acordó la designación del actor, de perito valuador de los bienes muebles embargados, asimismo, dio vista a la parte demandada para que hiciera lo propio. Por acuerdo de veintiocho de enero de dos mil veinte, la responsable certificó que feneció el término legal para que el demandado ofreciera perito valuador, e hizo efectivo el apercibimiento teniendo por conforme con el dictamen que en su momento rinda el perito de su contra parte. Mediante acuerdo de siete de febrero de dos mil veinte, tuvo por rendido el dictamen del perito valuador, y dio vista por tres días al demandado para que manifestará lo que a su interés conviniera. El doce de febrero de dos mil veinte, la responsable dictó auto de adjudicación directa de los bienes embargados en lo que interesa dijo: ". Visto su contenido, tomando en consideración que mediante sentencia definitiva de ocho de noviembre de dos mil diecinueve, misma que causo ejecutoria por auto, doce de diciembre de dos mil diecinueve, la demandada Saturnino Rodríguez Gutiérrez, fue condenada al pago de la cantidad de S149,000.00 (.) por concepto de suerte principal y toda vez que los bienes embargados en diligencia de fecha cuatro de julio de dos mil diecinueve, consistentes en: 1.- UNA CAMIONETA FORD F250XLT, COLOR GRIS CON CAJA DE CARGA COLOR BLANCA PLACAS DE CIRCULACIÓN sj19144 DEL ESTADO DE PUEBLA; 2.- UNA CAMIONETA FORD F350XL, SUPER DUTTY COLOR BLANCA CON CAJA DE COLOR ROJA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA,Y 3.- UN CAMIÓN GNS (sic) GMC COLOR BEIGE CON CAJA DE CARGA DE REDILAS COLOR BLANCO CON PLACAS DE CIRCULACIÓN NW-13-869 DEL ESTADO DE MORELOS, se encuentran valuados en la cantidad de $100,330.72 (CIEN MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 72/100 M.N.); por tanto. dicha cantidad es menor a la cantidad que a la fecha adeuda la demandada en cita por concepto de suerte principal; en tal virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1410 del Código de Comercio. en relación directa con el artículo 1412 del Código antes citado, resulta procedente la adjudicación directa de dichos bienes, solicitada por la parte actora ADELA VERÓNICA PACHECO GONZÁLEZ; en consecuencia de lo anterior, se adjudican en ésta última suma los referidos bienes, ." Que resulta ser el acto reclamado. Como se advierte del acuerdo antes transcrito, la juez responsable determinó adjudicar de manera directa los bienes muebles embargados al ahora quejoso, a favor de la parte actora, en razón a que del dictamen de avalúo la suma del valor de los vehículos de referencia resulto inferior a la suerte principal, requiriendo al demandado ahora quejoso a exhibir los documentos de propiedad de los mismos, con el apercibimiento que de no hacerlo el juez lo haría en su rebeldía. Del acuerdo impugnado se advierte que la responsable funda su determinación en los numerales 1410 y 1412 del Código de Comercio dichos dispositivos son del tenor siguiente: "Artículo 1410.- A virtud de la sentencia de remate se procederá a la venta de los bienes retenidos o embargados, con el avalúo que cada parte exhiba dentro de los diez días siguientes a que sea ejecutable la sentencia. Si los valores determinados en cada avalúo no coincidieren, se tomará como base para el remate el promedio de ambos avalúos, siempre y cuando no exista una diferencia mayor al veinte por ciento entre el más bajo y el más alto. Si la discrepancia en el valor de los avalúos exhibidos por las partes fuera superior al porcentaje referido, el Juez podrá ordenar que se practique un tercer avalúo. En caso de que alguna de las partes deje de exhibir el avalúo se entenderá su conformidad con el avalúo exhibido por su contraria. El avalúo de los bienes retenidos o embargados será practicado por un corredor público, una Institución de crédito o perito valuador autorizado por el Consejo de la Judicatura correspondiente quienes no podrán tener el carácter de parte o de interesada en el juicio. Artículo 1412.- Postura legal es la que cubre las dos terceras partes del precio fijado por las partes a los bienes retenidos o embargados, o en su defecto, el establecido mediante el procedimiento previsto en el artículo 1410 de este ordenamiento, con tal de que sea suficiente para pagar el importe de lo sentenciado. Si en la primera almoneda no hubiere postura legal, se citará a una segunda, para lo cual se hará una sola publicación de edictos, conforme a lo dispuesto en el artículo 1411 de este Código. En la segunda almoneda se tendrá como precio el de la primera con deducción de un diez por ciento. Si en la segunda almoneda, no hubiere postura legal, se citará a la tercera en la forma que dispone el párrafo anterior, y de igual manera se procederá para las ulteriores, cuando se actualizare la misma causa hasta efectuar legalmente el remate. En cada una de las almonedas se deducirá un diez por ciento del precio que en la anterior haya servido de base. En cualquier almoneda en que no hubiere postura legal, el ejecutante tiene derecho a pedir la adjudicación de los bienes a rematar, por las dos terceras partes del precio que en ella haya servido de base para el remate, hasta el importe de lo sentenciado y, en su caso, entregará el remanente al demandado en los diez días hábiles siguientes a que haya quedado firme la adjudicación respectiva." De donde se desprende que los dispositivos legales en cita, no resultan acordes a la determinación para adjudicar los bienes embargados a favor de la parte actora de forma directa, pues el numeral 1412, se refiere a la postura legal para llevar a cabo el remate de los vehículos embargados, así tal proveído contraviene lo dispuesto por el artículo 16 constitucional, con relación al segundo de los supuestos antes precisados, debido a una indebida fundamentación y motivación. Pues, de su contenido, como se ha señalado, el dispositivo legal aplicado no se desprende de qué manera enlaza el acuerdo con el supuesto normativo de los numerales legales que citó para apoyar su determinación, así no se puede observar el fundamento legal que apoya su determinación, además para concluir con el apercibimiento de que en caso de no hacer la entrega de documentos la responsable lo hará en su rebeldía. Entonces, ante la ausencia de fundamentación y motivación del acto reclamado, se incumple con el requisito que todo acto de autoridad debe contener, vulnerándose así el derecho a la seguridad jurídica prevista por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 139/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, diciembre de 2005, página 162, registro digital 176546, de rubro y texto del tenor siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. En ese contexto, resulta incuestionable la transgresión a lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En las relatadas condiciones, con fundamento en la fracción I del artículo 77 de la Ley de Amparo, lo procedente será conceder la protección de la justicia federal al quejoso Saturnino Rodríguez Gutiérrez, para el efecto de que la autoridad responsable, realice lo siguiente: Deje insubsistente, la parte conducente del acuerdo impugnado en esta vía, de doce de febrero de dos mil veinte, relativo a la adjudicación directa de los bienes muebles embargados al quejoso; y, Emita una nueva determinación en la que, con libertad de jurisdicción, se pronuncie sobre la adjudicación directa solicitada, lo cual deberá estar debidamente fundada y motivada. Por lo expuesto, fundado se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Saturnino Rodríguez Gutiérrez, contra el acto que reclama a la autoridad, por los razonamientos jurídicos expuestos en la parte considerativa de esta resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Roberto Bravo Vargas, hasta hoy tres de noviembre de dos mil veintiuno, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

Quedan 1 actuación en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · 17,253 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano