Wendolyne Lujan Rojas
Expediente 643/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 17 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 643/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 11/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Wendolyne Lujan Rojas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, once de abril de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Lo anterior, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Devolución documentos originales Infórmese a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y hora hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia de no hacerlo en dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Del incidente de suspensión Ahora bien, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurra seis meses a esta fecha, previo cumplimiento del requisito antes citados y con fundamento en el artículo 20, fracción II inciso a) del Acuerdo General mencionado en párrafos que anteceden, procédase a la destrucción del duplicado y guardar únicamente el original. Asimismo, con apoyo en el artículo 18 fracción I inciso a) del multicitado Acuerdo General, el original del incidente de suspensión es susceptible de ser destruido, toda vez que, la suspensión provisional y definitiva se determinó negarlas. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con la Secretaria María del Rosario García Jiménez, que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, treinta de junio de dos mil veintiuno. De conformidad con los ordinales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, téngase por recibida la constancia de notificación realizada por la Actuaria de la adscripción de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, mediante la cual hace constar la imposibilidad que tiene de notificar a la parte tercero interesada Agente del Ministerio Público que interviene en la causa penal JCC/494/2020, la resolución de dieciocho de junio del año en curso, por el motivo que ahí expone. En consecuencia, con fundamento en el numeral 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se ordena hacer del conocimiento de dicha parte, la resolución de referencia y subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por medio de lista; sin perjuicio de que con posterioridad señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con la Secretaria María del Rosario García Jiménez, que autoriza y da fe. Doy fe. EN ACATAMIENTO A LO ORDENADO EN LÍNEAS QUE ANTECEDEN, SE PROCEDE A NOTIFICAR AL TERCERO INTERESADO AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO QUE INTERVIENE EN LA CAUSA PENAL JCC/494/2020 POR MEDIO DE LISTA LA SIGUINETE DETERMINACIÓN: Visto, para resolver el juicio de amparo 643/2020, promovido por Wendolyne Lujan Rojas, contra actos del Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Único Distrito Judicial del Estado de Morelos, con residencia en Cuautla, Morelos, y; R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el treinta y uno de agosto de dos mil veinte, ante el buzón judicial de la oficina de correspondencia común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por turno correspondió conocer a esta autoridad, Wendolyne Lujan Rojas solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por los actos siguientes: Autoridad responsable. Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Único Distrito Judicial del Estado de Morelos, con residencia en Cuautla, Morelos. Acto reclamado: ".El auto de fecha 06 de agosto del 2020, de la causa penal JCC/494/2020 derivado de la carpeta de investigación CT-UERV/3604/2020, donde solicite audiencia para impugnar omisiones y negligencias del Ministerio Público ante el Juez de control audiencia contemplada en el artículo 258 del CNPP." SEGUNDO. El uno de octubre de dos mil veinte, esta autoridad tuvo por subsanada la prevención formulada, admitió la demanda de amparo, la radicó con el número de expediente 643/2020, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 48 y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de las autoridades responsables: El acuerdo de seis de agosto de dos mil diecinueve (sic), emitido por la responsable en la carpeta penal JCC/494/2020, en contestación a la promoción 003010, de cinco de agosto de dos mil veinte, donde la quejosa solicita audiencia en términos del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al juez de control, para hacer de su conocimiento omisiones en que incurre el Agente del Ministerio Público investigador en la carpeta de investigación CT-UERV/3604/2020. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Único Distrito Judicial del Estado de Morelos, con residencia en Cuautla, Morelos, y remitió las documentales públicas que así lo acreditan consistentes en copia certificada de actuaciones de la causa penal JCC/494/2020, así como un disco compacto formato DVD, a las que se les concede pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia en su artículo 2º. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 305 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Así como, la jurisprudencia 226, sustentada por el propio Pleno del más Alto Cuerpo Colegiado de la Nación, publicada en la página 153, Tomo VI, Primera Parte, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, con el número de registro 394182, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Respecto del disco versátil digital (DVD) remitido por la aludida autoridad responsable, igualmente se tiene por desahogada por tratarse de videograbaciones de audiencias celebradas en procedimientos penales de corte acusatorio y oral, que adquieren la naturaleza jurídica de prueba documental pública. Es de invocarse al caso, el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 1a./J. 43/2013 (10a.), publicada a página 703, del Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Materia Común, Décima Época, para su rápida localización, con Registro 2004362, que establece: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CUARTO. Causales de improcedencia fundadas. Previamente al estudio del fondo del presente asunto, procede examinar las causales de improcedencia, sea que las hagan valer las partes o que operen de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo que establece el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Ahora bien, sobre el particular, esta autoridad de control constitucional advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en función de las siguientes consideraciones. Tal numeral establece como sigue: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." De la trascripción se colige, que el juicio biinstancial es improcedente cuando durante la tramitación de éste, cesan los efectos del acto que se reclama, pues no tendría razón de ser el mismo de desaparecer su objetivo, es decir, no tendría finalidad práctica alguna el ejercicio constitucional cuando las cosas hubieran vuelto al estado que tenían antes del surgimiento del acto reclamado. Entonces, para que se actualice esta causa de improcedencia, el acto impugnado debe ser revocado o destruido, así como todos y cada uno de los efectos que haya producido, ya que el alcance sería la restitución al quejoso en el goce del derecho violado, quedando éste en una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido. En apoyo a lo anterior, se invoca la tesis de la Segunda Sala, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 242, del Tomo VII, Abril de 1998, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Se expone tal aserto, ya que de las constancias que obran en autos, enviadas por la autoridad responsable Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Único Distrito Judicial del Estado de Morelos, con residencia en Cuautla, Morelos, que han sido valoradas con anterioridad, se advierte la causa penal JCC/494/2020, formada con motivo de la orden de cateo solicitada por el Agente del Ministerio Público que tramita la carpeta de investigación CT-UERV/3604/2020, donde en acuerdo de seis de agosto de dos mil diecinueve (sic), el juez de control responsable, dio respuesta por escrito a la promoción 003010, de cinco de agosto de dos mil veinte, donde la quejosa solicita audiencia para exponer omisiones del Agente del Ministerio Público, que acordó en los siguientes términos: ".Visto el escrito antes referido dígasele a la promovente que este juzgador se encuentra imposibilitado para señalar audiencia aún en auxilio judicial y/o control judicial, tomando en consideración que respecto de la inejecución de la orden de cateo concedida, la misma corresponde a una facultad exclusiva del agente del Ministerio Público, sin que la autoridad jurisdiccional, pueda obligar a ejecutarla, tomando en consideración que en los términos de la fracción 283 fracción IV (sic) del Código Nacional de Procedimientos Penales, sino se ejecuta la misma dentro el plazo de tres días la misma, quedara sin efecto legal. Por cuanto a los otros motivos de queja, se considera que no existe omisión por parte del Ministerio Público, ya que contrario a lo que argumenta la promovente, el agente del Ministerio Público se encuentra realizando actos de investigación tendientes a acreditar el hecho que la ley señala como delito y en su caso la probabilidad de que los investigados lo cometieron. Por lo tanto, toda vez que la presente carpeta, no obra acto procesal alguno al día de la data para dar intervención de los asesores jurídicos particulares, en razón, que en la misma no se ha ejercitado acción penal en contra de algún investigado. Por último, en relación a que los investigados puedan sustraerse a la acción de la justicia, su planteamiento no es acorde a la primera manifestación respecto a que dentro de la carpeta no se encuentra apersonados los investigados." Por otra parte, la responsable remitió disco versátil digital (DVD), que contiene la audiencia de solicitud de medida provisional, de veintiocho de octubre de dos mil veinte, llevada con la asistencia del Agente del Ministerio Público, asesores jurídicos particulares de la víctima y la defensa de los investigados, donde el juez de control abordó el tema de la inejecución de la orden de cateo autorizada al representante social en la carpeta penal JCC/494/2020, exponiendo el Agente del Ministerio Público que el motivo por el que no fue desahogada fue, por falta de desahogo de pruebas -infirme del Instituto de Crédito, como de la empresa Nissan Iragorri- y por consenso con su superior jerárquico; así el juez responsable una vez que escucho las exposiciones que de manera oral presentaron tanto los asesores de la víctima, Agente del Ministerio Público y defensa de los investigados, relacionados con la investigación del posible delito que motiva la carpeta de investigación CT-UERV/3604/2020, cerró el debate, y determinó que en cuanto a la medida provisional de entregar el vehículo automotor relacionado en la indagatoria, a la víctima hasta en tanto el Ministerio Público resuelva la carpeta de investigación, resulta improcedente, en consideración a que no está en etapa valorativa y no poder pronunciarse respecto a la materialidad del hecho delictivo o la adecuación a un hecho penal denunciado que aún está en etapa de investigación inicial o preliminar, pues de hacerlo estaría prejuzgado y supliendo un hecho de investigación que le corresponde al Ministerio Público al tener el monopolio de la acción penal, tampoco puede pronunciarse en cuanto a las alegaciones de la defensa que el acto imputado es de naturaleza civil o mercantil en cuanto al acto jurídico realizado, por no haberse concretado la compraventa en su totalidad, al no estar facultado para resolver en ese momento sobre la validez o invalidez del contrato de compraventa, precisando que el Agente del Ministerio Público está en una etapa de investigación inicial donde dentro de sus facultades puede abstenerse de continuar con la investigación, determinar un no ejercicio de la acción penal o puede ejercitar la acción penal ante un juez de control, así al estar en una etapa de investigación preliminar no está aún acreditado el hecho delictivo que la ley señale como delito al no estar ni siquiera en una vinculación a proceso, sino en una investigación desformalizada, por ello, requirió al agente del Ministerio Público que de acuerdo a sus atribuciones y facultades continúe con la investigación de los hechos para determinar el ejercicio de la acción penal o no, de manera pronta y eficaz, y por último dejó a salvo los derechos de las partes para que aporten datos de prueba al agente del Ministerio Público para que esté en aptitud de ejercer la acción penal contra quien resulte probable responsable, determinado la carpeta de investigación. Establecido lo anterior resulta evidente que, como se indicó, en la especie se actualiza la causa de improcedencia invocada, pues la aquí quejosa reclama en la instancia constitucional el acuerdo por escrito de seis de agosto de dos mil diecinueve (sic), que da respuesta a la solicitud de audiencia peticionada al juez de control, sin embargo, con las actuaciones señaladas en el párrafo que antecede, tal acto reclamado quedó superado al haber desahogado el veintiocho de octubre de dos mil veinte, audiencia de medida provisional para entregar el vehículo automotor a la víctima, donde el juez de control abordó el tema de la orden de cateo no diligenciada, y conminó al Agente del Ministerio Público a llevar a cabo las investigaciones que a su competencia corresponden relacionadas con el hecho delictuoso denunciado que dio origen a la carpeta de investigación, de ahí que resulta ocioso examinar la constitucionalidad de un acto de autoridad que dejó de tener vigencia, por lo que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal, y por ende, han cesado los efectos del acto reclamado. Bajo esa tesitura, es evidente que, en el caso, se surte la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ya que, al momento de la presentación de la demanda de amparo (treinta y uno de agosto de dos mil veinte), la autoridad responsable no había desahogado la audiencia de medida provisional solicitado por la víctima aquí quejosa lo que aconteció el veintiocho de octubre de dos mil veinte, en los términos precisados. Por tanto, si al momento de presentación de la demanda no se había desahogado la audiencia de medida provisional, la que se llevó a cabo el veintiocho de octubre de dos mil veinte, donde se abordaron los temas de disenso, es claro que los efectos del acto reclamado cesaron, y por tanto, se ha restituido a la parte quejosa en sus derechos fundamentales que estimó vulnerados como si hubiera obtenido un fallo protector. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII - febrero de 1998, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO." En tales condiciones, al haberse acreditado fehacientemente que opera la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente en el caso es sobreseer en el juicio de amparo, atento a lo dispuesto en el diverso 63, del referido ordenamiento legal. No pasa desapercibido para quien ahora resuelve, que en la audiencia de medida provisional de entregar el vehículo automotor a la víctima, fue diversa a la solicitada el cinco de agosto de dos mil veinte -actuación de la orden de cateo y omisiones del Ministerio Público- también lo es que, como se ha señalado el juez de control abordó el tema de la inejecución de la orden de cateo, instó al Ministerio Público expusiera los motivos que tubo para ello, así como que actuara de conformidad con las facultades propias de su encargo en la investigación de los hechos delictuosos denunciados. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Roberto Bravo Vargas, hasta hoy dieciocho de junio de dos mil veintiuno, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
- Principal
Visto, para resolver el juicio de amparo 643/2020, promovido por Wendolyne Lujan Rojas, contra actos del Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Único Distrito Judicial del Estado de Morelos, con residencia en Cuautla, Morelos, y; R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el treinta y uno de agosto de dos mil veinte, ante el buzón judicial de la oficina de correspondencia común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por turno correspondió conocer a esta autoridad, Wendolyne Lujan Rojas solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por los actos siguientes: Autoridad responsable. Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Único Distrito Judicial del Estado de Morelos, con residencia en Cuautla, Morelos. Acto reclamado: ".El auto de fecha 06 de agosto del 2020, de la causa penal JCC/494/2020 derivado de la carpeta de investigación CT-UERV/3604/2020, donde solicite audiencia para impugnar omisiones y negligencias del Ministerio Público ante el Juez de control audiencia contemplada en el artículo 258 del CNPP." SEGUNDO. El uno de octubre de dos mil veinte, esta autoridad tuvo por subsanada la prevención formulada, admitió la demanda de amparo, la radicó con el número de expediente 643/2020, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 48 y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de las autoridades responsables: El acuerdo de seis de agosto de dos mil diecinueve (sic), emitido por la responsable en la carpeta penal JCC/494/2020, en contestación a la promoción 003010, de cinco de agosto de dos mil veinte, donde la quejosa solicita audiencia en términos del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al juez de control, para hacer de su conocimiento omisiones en que incurre el Agente del Ministerio Público investigador en la carpeta de investigación CT-UERV/3604/2020. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Único Distrito Judicial del Estado de Morelos, con residencia en Cuautla, Morelos, y remitió las documentales públicas que así lo acreditan consistentes en copia certificada de actuaciones de la causa penal JCC/494/2020, así como un disco compacto formato DVD, a las que se les concede pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia en su artículo 2º. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 305 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Así como, la jurisprudencia 226, sustentada por el propio Pleno del más Alto Cuerpo Colegiado de la Nación, publicada en la página 153, Tomo VI, Primera Parte, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, con el número de registro 394182, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Respecto del disco versátil digital (DVD) remitido por la aludida autoridad responsable, igualmente se tiene por desahogada por tratarse de videograbaciones de audiencias celebradas en procedimientos penales de corte acusatorio y oral, que adquieren la naturaleza jurídica de prueba documental pública. Es de invocarse al caso, el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 1a./J. 43/2013 (10a.), publicada a página 703, del Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Materia Común, Décima Época, para su rápida localización, con Registro 2004362, que establece: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CUARTO. Causales de improcedencia fundadas. Previamente al estudio del fondo del presente asunto, procede examinar las causales de improcedencia, sea que las hagan valer las partes o que operen de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo que establece el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Ahora bien, sobre el particular, esta autoridad de control constitucional advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en función de las siguientes consideraciones. Tal numeral establece como sigue: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." De la trascripción se colige, que el juicio biinstancial es improcedente cuando durante la tramitación de éste, cesan los efectos del acto que se reclama, pues no tendría razón de ser el mismo de desaparecer su objetivo, es decir, no tendría finalidad práctica alguna el ejercicio constitucional cuando las cosas hubieran vuelto al estado que tenían antes del surgimiento del acto reclamado. Entonces, para que se actualice esta causa de improcedencia, el acto impugnado debe ser revocado o destruido, así como todos y cada uno de los efectos que haya producido, ya que el alcance sería la restitución al quejoso en el goce del derecho violado, quedando éste en una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido. En apoyo a lo anterior, se invoca la tesis de la Segunda Sala, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 242, del Tomo VII, Abril de 1998, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Se expone tal aserto, ya que de las constancias que obran en autos, enviadas por la autoridad responsable Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Único Distrito Judicial del Estado de Morelos, con residencia en Cuautla, Morelos, que han sido valoradas con anterioridad, se advierte la causa penal JCC/494/2020, formada con motivo de la orden de cateo solicitada por el Agente del Ministerio Público que tramita la carpeta de investigación CT-UERV/3604/2020, donde en acuerdo de seis de agosto de dos mil diecinueve (sic), el juez de control responsable, dio respuesta por escrito a la promoción 003010, de cinco de agosto de dos mil veinte, donde la quejosa solicita audiencia para exponer omisiones del Agente del Ministerio Público, que acordó en los siguientes términos: ".Visto el escrito antes referido dígasele a la promovente que este juzgador se encuentra imposibilitado para señalar audiencia aún en auxilio judicial y/o control judicial, tomando en consideración que respecto de la inejecución de la orden de cateo concedida, la misma corresponde a una facultad exclusiva del agente del Ministerio Público, sin que la autoridad jurisdiccional, pueda obligar a ejecutarla, tomando en consideración que en los términos de la fracción 283 fracción IV (sic) del Código Nacional de Procedimientos Penales, sino se ejecuta la misma dentro el plazo de tres días la misma, quedara sin efecto legal. Por cuanto a los otros motivos de queja, se considera que no existe omisión por parte del Ministerio Público, ya que contrario a lo que argumenta la promovente, el agente del Ministerio Público se encuentra realizando actos de investigación tendientes a acreditar el hecho que la ley señala como delito y en su caso la probabilidad de que los investigados lo cometieron. Por lo tanto, toda vez que la presente carpeta, no obra acto procesal alguno al día de la data para dar intervención de los asesores jurídicos particulares, en razón, que en la misma no se ha ejercitado acción penal en contra de algún investigado. Por último, en relación a que los investigados puedan sustraerse a la acción de la justicia, su planteamiento no es acorde a la primera manifestación respecto a que dentro de la carpeta no se encuentra apersonados los investigados." Por otra parte, la responsable remitió disco versátil digital (DVD), que contiene la audiencia de solicitud de medida provisional, de veintiocho de octubre de dos mil veinte, llevada con la asistencia del Agente del Ministerio Público, asesores jurídicos particulares de la víctima y la defensa de los investigados, donde el juez de control abordó el tema de la inejecución de la orden de cateo autorizada al representante social en la carpeta penal JCC/494/2020, exponiendo el Agente del Ministerio Público que el motivo por el que no fue desahogada fue, por falta de desahogo de pruebas -infirme del Instituto de Crédito, como de la empresa Nissan Iragorri- y por consenso con su superior jerárquico; así el juez responsable una vez que escucho las exposiciones que de manera oral presentaron tanto los asesores de la víctima, Agente del Ministerio Público y defensa de los investigados, relacionados con la investigación del posible delito que motiva la carpeta de investigación CT-UERV/3604/2020, cerró el debate, y determinó que en cuanto a la medida provisional de entregar el vehículo automotor relacionado en la indagatoria, a la víctima hasta en tanto el Ministerio Público resuelva la carpeta de investigación, resulta improcedente, en consideración a que no está en etapa valorativa y no poder pronunciarse respecto a la materialidad del hecho delictivo o la adecuación a un hecho penal denunciado que aún está en etapa de investigación inicial o preliminar, pues de hacerlo estaría prejuzgado y supliendo un hecho de investigación que le corresponde al Ministerio Público al tener el monopolio de la acción penal, tampoco puede pronunciarse en cuanto a las alegaciones de la defensa que el acto imputado es de naturaleza civil o mercantil en cuanto al acto jurídico realizado, por no haberse concretado la compraventa en su totalidad, al no estar facultado para resolver en ese momento sobre la validez o invalidez del contrato de compraventa, precisando que el Agente del Ministerio Público está en una etapa de investigación inicial donde dentro de sus facultades puede abstenerse de continuar con la investigación, determinar un no ejercicio de la acción penal o puede ejercitar la acción penal ante un juez de control, así al estar en una etapa de investigación preliminar no está aún acreditado el hecho delictivo que la ley señale como delito al no estar ni siquiera en una vinculación a proceso, sino en una investigación desformalizada, por ello, requirió al agente del Ministerio Público que de acuerdo a sus atribuciones y facultades continúe con la investigación de los hechos para determinar el ejercicio de la acción penal o no, de manera pronta y eficaz, y por último dejó a salvo los derechos de las partes para que aporten datos de prueba al agente del Ministerio Público para que esté en aptitud de ejercer la acción penal contra quien resulte probable responsable, determinado la carpeta de investigación. Establecido lo anterior resulta evidente que, como se indicó, en la especie se actualiza la causa de improcedencia invocada, pues la aquí quejosa reclama en la instancia constitucional el acuerdo por escrito de seis de agosto de dos mil diecinueve (sic), que da respuesta a la solicitud de audiencia peticionada al juez de control, sin embargo, con las actuaciones señaladas en el párrafo que antecede, tal acto reclamado quedó superado al haber desahogado el veintiocho de octubre de dos mil veinte, audiencia de medida provisional para entregar el vehículo automotor a la víctima, donde el juez de control abordó el tema de la orden de cateo no diligenciada, y conminó al Agente del Ministerio Público a llevar a cabo las investigaciones que a su competencia corresponden relacionadas con el hecho delictuoso denunciado que dio origen a la carpeta de investigación, de ahí que resulta ocioso examinar la constitucionalidad de un acto de autoridad que dejó de tener vigencia, por lo que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal, y por ende, han cesado los efectos del acto reclamado. Bajo esa tesitura, es evidente que, en el caso, se surte la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ya que, al momento de la presentación de la demanda de amparo (treinta y uno de agosto de dos mil veinte), la autoridad responsable no había desahogado la audiencia de medida provisional solicitado por la víctima aquí quejosa lo que aconteció el veintiocho de octubre de dos mil veinte, en los términos precisados. Por tanto, si al momento de presentación de la demanda no se había desahogado la audiencia de medida provisional, la que se llevó a cabo el veintiocho de octubre de dos mil veinte, donde se abordaron los temas de disenso, es claro que los efectos del acto reclamado cesaron, y por tanto, se ha restituido a la parte quejosa en sus derechos fundamentales que estimó vulnerados como si hubiera obtenido un fallo protector. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII - febrero de 1998, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO." En tales condiciones, al haberse acreditado fehacientemente que opera la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente en el caso es sobreseer en el juicio de amparo, atento a lo dispuesto en el diverso 63, del referido ordenamiento legal. No pasa desapercibido para quien ahora resuelve, que en la audiencia de medida provisional de entregar el vehículo automotor a la víctima, fue diversa a la solicitada el cinco de agosto de dos mil veinte -actuación de la orden de cateo y omisiones del Ministerio Público- también lo es que, como se ha señalado el juez de control abordó el tema de la inejecución de la orden de cateo, instó al Ministerio Público expusiera los motivos que tubo para ello, así como que actuara de conformidad con las facultades propias de su encargo en la investigación de los hechos delictuosos denunciados. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Roberto Bravo Vargas, hasta hoy dieciocho de junio de dos mil veintiuno, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
- Principal
TRANSCURRIDO EL TÉRMINO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, PARA QUE LA PARTE QUEJOSA, COMPARECIERA EN LAS INSTALACIONES DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL, A NOTIFICARSE PERSONALMENTE DE LA DETERMINACIÓN DE DIECIOCHO DE JUNIO; EN CONSECUENCIA, SE LE NOTIFICA LA DETERMINACIÓN ALUDIDA, POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN EL EXTERIOR DE LA SEDE DEL PODER JUDICIAL FEDERAL, DELEGACIÓN MORELOS, POR LA SITUACIÓN DE LA PANDEMIA COVID-19 QUE SE VIVE EN LA ACTUALIDAD; ASÍ COMO EN LA LISTA ELECTRÓNICA PUBLICADA EN EL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 29, DE LA LEY DE AMPARO, LA CUAL SEÑALA: Visto, para resolver el juicio de amparo 643/2020, promovido por Wendolyne Lujan Rojas, contra actos del Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Único Distrito Judicial del Estado de Morelos, con residencia en Cuautla, Morelos, y; R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el treinta y uno de agosto de dos mil veinte, ante el buzón judicial de la oficina de correspondencia común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por turno correspondió conocer a esta autoridad, Wendolyne Lujan Rojas solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por los actos siguientes: Autoridad responsable. Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Único Distrito Judicial del Estado de Morelos, con residencia en Cuautla, Morelos. Acto reclamado: ".El auto de fecha 06 de agosto del 2020, de la causa penal JCC/494/2020 derivado de la carpeta de investigación CT-UERV/3604/2020, donde solicite audiencia para impugnar omisiones y negligencias del Ministerio Público ante el Juez de control audiencia contemplada en el artículo 258 del CNPP." SEGUNDO. El uno de octubre de dos mil veinte, esta autoridad tuvo por subsanada la prevención formulada, admitió la demanda de amparo, la radicó con el número de expediente 643/2020, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 48 y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de las autoridades responsables: El acuerdo de seis de agosto de dos mil diecinueve (sic), emitido por la responsable en la carpeta penal JCC/494/2020, en contestación a la promoción 003010, de cinco de agosto de dos mil veinte, donde la quejosa solicita audiencia en términos del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al juez de control, para hacer de su conocimiento omisiones en que incurre el Agente del Ministerio Público investigador en la carpeta de investigación CT-UERV/3604/2020. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Único Distrito Judicial del Estado de Morelos, con residencia en Cuautla, Morelos, y remitió las documentales públicas que así lo acreditan consistentes en copia certificada de actuaciones de la causa penal JCC/494/2020, así como un disco compacto formato DVD, a las que se les concede pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia en su artículo 2º. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 305 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Así como, la jurisprudencia 226, sustentada por el propio Pleno del más Alto Cuerpo Colegiado de la Nación, publicada en la página 153, Tomo VI, Primera Parte, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, con el número de registro 394182, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Respecto del disco versátil digital (DVD) remitido por la aludida autoridad responsable, igualmente se tiene por desahogada por tratarse de videograbaciones de audiencias celebradas en procedimientos penales de corte acusatorio y oral, que adquieren la naturaleza jurídica de prueba documental pública. Es de invocarse al caso, el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 1a./J. 43/2013 (10a.), publicada a página 703, del Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Materia Común, Décima Época, para su rápida localización, con Registro 2004362, que establece: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CUARTO. Causales de improcedencia fundadas. Previamente al estudio del fondo del presente asunto, procede examinar las causales de improcedencia, sea que las hagan valer las partes o que operen de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo que establece el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Ahora bien, sobre el particular, esta autoridad de control constitucional advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en función de las siguientes consideraciones. Tal numeral establece como sigue: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." De la trascripción se colige, que el juicio biinstancial es improcedente cuando durante la tramitación de éste, cesan los efectos del acto que se reclama, pues no tendría razón de ser el mismo de desaparecer su objetivo, es decir, no tendría finalidad práctica alguna el ejercicio constitucional cuando las cosas hubieran vuelto al estado que tenían antes del surgimiento del acto reclamado. Entonces, para que se actualice esta causa de improcedencia, el acto impugnado debe ser revocado o destruido, así como todos y cada uno de los efectos que haya producido, ya que el alcance sería la restitución al quejoso en el goce del derecho violado, quedando éste en una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido. En apoyo a lo anterior, se invoca la tesis de la Segunda Sala, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 242, del Tomo VII, Abril de 1998, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Se expone tal aserto, ya que de las constancias que obran en autos, enviadas por la autoridad responsable Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Único Distrito Judicial del Estado de Morelos, con residencia en Cuautla, Morelos, que han sido valoradas con anterioridad, se advierte la causa penal JCC/494/2020, formada con motivo de la orden de cateo solicitada por el Agente del Ministerio Público que tramita la carpeta de investigación CT-UERV/3604/2020, donde en acuerdo de seis de agosto de dos mil diecinueve (sic), el juez de control responsable, dio respuesta por escrito a la promoción 003010, de cinco de agosto de dos mil veinte, donde la quejosa solicita audiencia para exponer omisiones del Agente del Ministerio Público, que acordó en los siguientes términos: ".Visto el escrito antes referido dígasele a la promovente que este juzgador se encuentra imposibilitado para señalar audiencia aún en auxilio judicial y/o control judicial, tomando en consideración que respecto de la inejecución de la orden de cateo concedida, la misma corresponde a una facultad exclusiva del agente del Ministerio Público, sin que la autoridad jurisdiccional, pueda obligar a ejecutarla, tomando en consideración que en los términos de la fracción 283 fracción IV (sic) del Código Nacional de Procedimientos Penales, sino se ejecuta la misma dentro el plazo de tres días la misma, quedara sin efecto legal. Por cuanto a los otros motivos de queja, se considera que no existe omisión por parte del Ministerio Público, ya que contrario a lo que argumenta la promovente, el agente del Ministerio Público se encuentra realizando actos de investigación tendientes a acreditar el hecho que la ley señala como delito y en su caso la probabilidad de que los investigados lo cometieron. Por lo tanto, toda vez que la presente carpeta, no obra acto procesal alguno al día de la data para dar intervención de los asesores jurídicos particulares, en razón, que en la misma no se ha ejercitado acción penal en contra de algún investigado. Por último, en relación a que los investigados puedan sustraerse a la acción de la justicia, su planteamiento no es acorde a la primera manifestación respecto a que dentro de la carpeta no se encuentra apersonados los investigados." Por otra parte, la responsable remitió disco versátil digital (DVD), que contiene la audiencia de solicitud de medida provisional, de veintiocho de octubre de dos mil veinte, llevada con la asistencia del Agente del Ministerio Público, asesores jurídicos particulares de la víctima y la defensa de los investigados, donde el juez de control abordó el tema de la inejecución de la orden de cateo autorizada al representante social en la carpeta penal JCC/494/2020, exponiendo el Agente del Ministerio Público que el motivo por el que no fue desahogada fue, por falta de desahogo de pruebas -infirme del Instituto de Crédito, como de la empresa Nissan Iragorri- y por consenso con su superior jerárquico; así el juez responsable una vez que escucho las exposiciones que de manera oral presentaron tanto los asesores de la víctima, Agente del Ministerio Público y defensa de los investigados, relacionados con la investigación del posible delito que motiva la carpeta de investigación CT-UERV/3604/2020, cerró el debate, y determinó que en cuanto a la medida provisional de entregar el vehículo automotor relacionado en la indagatoria, a la víctima hasta en tanto el Ministerio Público resuelva la carpeta de investigación, resulta improcedente, en consideración a que no está en etapa valorativa y no poder pronunciarse respecto a la materialidad del hecho delictivo o la adecuación a un hecho penal denunciado que aún está en etapa de investigación inicial o preliminar, pues de hacerlo estaría prejuzgado y supliendo un hecho de investigación que le corresponde al Ministerio Público al tener el monopolio de la acción penal, tampoco puede pronunciarse en cuanto a las alegaciones de la defensa que el acto imputado es de naturaleza civil o mercantil en cuanto al acto jurídico realizado, por no haberse concretado la compraventa en su totalidad, al no estar facultado para resolver en ese momento sobre la validez o invalidez del contrato de compraventa, precisando que el Agente del Ministerio Público está en una etapa de investigación inicial donde dentro de sus facultades puede abstenerse de continuar con la investigación, determinar un no ejercicio de la acción penal o puede ejercitar la acción penal ante un juez de control, así al estar en una etapa de investigación preliminar no está aún acreditado el hecho delictivo que la ley señale como delito al no estar ni siquiera en una vinculación a proceso, sino en una investigación desformalizada, por ello, requirió al agente del Ministerio Público que de acuerdo a sus atribuciones y facultades continúe con la investigación de los hechos para determinar el ejercicio de la acción penal o no, de manera pronta y eficaz, y por último dejó a salvo los derechos de las partes para que aporten datos de prueba al agente del Ministerio Público para que esté en aptitud de ejercer la acción penal contra quien resulte probable responsable, determinado la carpeta de investigación. Establecido lo anterior resulta evidente que, como se indicó, en la especie se actualiza la causa de improcedencia invocada, pues la aquí quejosa reclama en la instancia constitucional el acuerdo por escrito de seis de agosto de dos mil diecinueve (sic), que da respuesta a la solicitud de audiencia peticionada al juez de control, sin embargo, con las actuaciones señaladas en el párrafo que antecede, tal acto reclamado quedó superado al haber desahogado el veintiocho de octubre de dos mil veinte, audiencia de medida provisional para entregar el vehículo automotor a la víctima, donde el juez de control abordó el tema de la orden de cateo no diligenciada, y conminó al Agente del Ministerio Público a llevar a cabo las investigaciones que a su competencia corresponden relacionadas con el hecho delictuoso denunciado que dio origen a la carpeta de investigación, de ahí que resulta ocioso examinar la constitucionalidad de un acto de autoridad que dejó de tener vigencia, por lo que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal, y por ende, han cesado los efectos del acto reclamado. Bajo esa tesitura, es evidente que, en el caso, se surte la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ya que, al momento de la presentación de la demanda de amparo (treinta y uno de agosto de dos mil veinte), la autoridad responsable no había desahogado la audiencia de medida provisional solicitado por la víctima aquí quejosa lo que aconteció el veintiocho de octubre de dos mil veinte, en los términos precisados. Por tanto, si al momento de presentación de la demanda no se había desahogado la audiencia de medida provisional, la que se llevó a cabo el veintiocho de octubre de dos mil veinte, donde se abordaron los temas de disenso, es claro que los efectos del acto reclamado cesaron, y por tanto, se ha restituido a la parte quejosa en sus derechos fundamentales que estimó vulnerados como si hubiera obtenido un fallo protector. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII - febrero de 1998, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO." En tales condiciones, al haberse acreditado fehacientemente que opera la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente en el caso es sobreseer en el juicio de amparo, atento a lo dispuesto en el diverso 63, del referido ordenamiento legal. No pasa desapercibido para quien ahora resuelve, que en la audiencia de medida provisional de entregar el vehículo automotor a la víctima, fue diversa a la solicitada el cinco de agosto de dos mil veinte -actuación de la orden de cateo y omisiones del Ministerio Público- también lo es que, como se ha señalado el juez de control abordó el tema de la inejecución de la orden de cateo, instó al Ministerio Público expusiera los motivos que tubo para ello, así como que actuara de conformidad con las facultades propias de su encargo en la investigación de los hechos delictuosos denunciados. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Roberto Bravo Vargas, hasta hoy dieciocho de junio de dos mil veintiuno, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
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