Wasly Nuñez Calderón

Expediente 1487/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1487/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
23/07/2018

Partes del expediente

  • Wasly Nuñez Calderón

Actuaciones

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTITRÉS DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Téngase por recibido el oficio enviado electrónicamente por el Actuario Judicial adscrito al Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con sede en Zapopan y anexo que se acompaña, consistente en la evidencia criptográfica del archivo magnético del comunicado en cuestión, a través del cual comunica que en autos de exhorto 9/2018 de su índice, se dictó un acuerdo con fecha diecisiete de julio de dos mil dieciocho, el cual, entre otras cuestiones, manifiesta su imposibilidad por cumplir con lo solicitado mediante proveído de dos de julio de la presente anualidad (fojas 136 y 137), relativo al emplazamiento de la parte tercera interesada "Autotransportes Medina de Puerto Vallarta" Sociedad Anónima de Capital Variable y Salvador Beltrán, por conducto de su representante legal; por lo tanto, agréguese, así como sus anexos para los efectos legales correspondientes; acúsese el recibo de estilo. Por tanto, con fundamento en el ordinal 27, fracción II, en relación con el 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco en turno, con residencia en Zapopan, a efecto de que en auxilio y por comisión de este juzgado, ordene a quien corresponda, con copia simple de la demanda de amparo y del auto admisorio, emplace al juicio de amparo 2068/2017 en que se actúa, a los terceros interesados de previa mención, en el domicilio ubicado en calle Brasil, número 1410, colonia 5 de Diciembre, en Puerto Vallarta, Jalisco. De igual manera, requiéraseles para que en el momento mismo de la notificación o dentro del término de TRES DÍAS, señalen domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad; bajo apercibimiento que de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal se les verificarán por medio de lista que se publica en los estrados este Juzgado, de conformidad con lo dispuesto por el dispositivo 27, fracción II de la Ley de Amparo. Se faculta al juez exhortado, para que en caso de que se entere de diverso domicilio donde puedan ser notificados los terceros interesados de referencia, se constituya en éste y lleve a cabo la diligencia sin necesidad de ulterior acuerdo o bien, remita el exhorto a la autoridad competente. Dése vista a los citados terceros, con el informe justificado rendido por la responsable, de conformidad con el artículo 117 de la ley de la materia. Se invoca por analogía, el criterio siguiente: "INFORMES JUSTIFICADOS DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. OMISION DEL JUEZ DE DISTRITO DE DAR VISTA A LAS PARTES, NECESARIA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO. Es criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 3/91, publicada en la página número 13 de la Gaceta 44 del Semanario Judicial de la Federación, que el texto del artículo 149 de la Ley de Amparo, vigente a partir de las reformas de 15 de enero de 1988, prevé como requisitos necesarios para el diferimiento o suspensión de la audiencia constitucional, los siguientes: 1.- Que el informe justificado se rinda cuando menos con ocho días de anticipación a la celebración de la audiencia constitucional; 2.- Que el quejoso o el tercero perjudicado soliciten se difiera o se suspenda la audiencia, y 3.- Que el Juez ejerciendo su potestad decisoria, acuerde diferirla o suspenderla, caso en el cual, las partes, deberán estar atentas al arribo de tales informes, para tener oportunidad de solicitar el diferimiento o suspensión de la audiencia constitucional, pues de no solicitarlo, el Juez oficiosamente puede válidamente tomarlos en cuenta, aun cuando se hayan recibido con menos de ocho días anteriores a la celebración de la citada audiencia, como se dispone por la tesis jurisprudencial de mérito. Ese criterio no es aplicable para el caso de que el Juez de Distrito, reciba los informes justificados, con anterioridad a la celebración de la audiencia, pues en tal caso, debe acordarlos y dar vista con ellos a las partes, pues de lo contrario, si lo reserva hasta el día señalado para la celebración de dicha audiencia, tal proceder, coloca a los interesados en la imposibilidad de conocer su contenido y poder hacer uso de los derechos que la Ley de Amparo les concede, y de actualizarse esa hipótesis, lo procedente es ordenar que se reponga el procedimiento del juicio constitucional, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo." (Tesis sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, Marzo de 1996, página 954). Por otro lado, visto el escrito presentado por la parte quejosa presentado a este órgano jurisdiccional el cinco de julio del presente año (foja 141), mediante el cual, hace del conocimiento que ha llegado a un convenio con los terceros interesados de previa mención, dentro del juicio de origen 570/2011 del índice de la Junta Especial Número Cuatro de Conciliación y Arbitraje, con sede en Mezcales, Nayarit. Por tanto, es necesario saber el estado procesal que guarda actualmente del juicio de origen de referencia; en consecuencia, con base en el precepto 75, párrafo tercero de la ley en comento, en relación con el 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su arábigo 2°, requiérase a la Junta Especial Número Cuatro de Conciliación y Arbitraje, con sede en Mezcales, Nayarit, para que dentro del término de TRES DÍAS, siguientes a la notificación que se realice con el oficio correspondiente, remita las constancias necesarias o en su caso copias certificadas, legibles, ordenadas y foliadas de las constancias que acrediten tal circunstancia, es decir si existe un acuerdo entre la parte aquí quejosa y la tercera interesada, así como cualquier documental que guarde relación con el acto reclamado dentro del presente sumario constitucional, toda vez que resultan indispensables para resolver conforme a derecho el presente juicio. Se le apercibe que en caso de ser omiso, se le impondrá una medida de apremio consistente en multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México, de conformidad con lo que establece el ordinal 260, fracción II y 238 de la actual Ley de Amparo. En el entendido de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a la ahora denominada Unidad de Medida y Actualización, en términos del transitorio tercero del acuerdo emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma disposiciones de diversos acuerdos generales en materia de desindexación del salario mínimo, así como mediante el cual se actualiza el Manual de Organización General del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. Resulta aplicable por analogía la Tesis I.13o. A. 1.K emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página mil ciento trece, Tomo XIII, Materia Común, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, abril de dos mil uno, que a la letra señala: "PRUEBAS. LA OBLIGACIÓN DEL JUEZ DE AMPARO DE RECABARLAS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 78 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO SE LIMITA A LAS QUE SE HUBIEREN RENDIDO ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, SINO QUE EXISTE OBLIGACIÓN DE RECABAR AQUELLAS QUE SE HAYAN TOMADO EN CUENTA PARA LA EMISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De la interpretación lógica y sistemática del artículo 78 de la Ley de Amparo, en relación con el 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se desprende que en tratándose de actos que no constituyan resoluciones recaídas a procedimientos en los que los particulares hayan tenido la obligación o la posibilidad de rendir pruebas, la primera disposición citada debe ser entendida como el deber por parte del Juez de Distrito, de recabar todas las pruebas que obren en poder de la responsable y que hayan sido tomadas en cuenta para la emisión del acto reclamado, o bien, aquellas en las que consten los efectos del mismo, sin que lo anterior deba entenderse como una suplencia de la queja, ya que, por un lado, subsiste para el quejoso la carga de la prueba acerca de la existencia del acto reclamado, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, y por otra, una vez que el juzgador cuente con todos los elementos que guarden relación con el acto reclamado, éste deberá analizarse estrictamente a la luz de los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa, salvo que se esté en alguno de los supuestos del artículo 76 bis de la ley de la materia. De no ser así, dicha disposición carecería de eficacia legal en todos aquellos casos en los que el acto reclamado no se hubiera emitido con base en pruebas aportadas por el quejoso a la autoridad, dificultando con ello la debida apreciación del acto reclamado, lo cual constituye el propio fin del juicio de garantías."

  2. Principal

    Tepic, Nayarit, veintinueve de junio de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos de los cuales se advierte que el veintiuno de junio de este año la parte quejosa realizó diversas manifestaciones en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, y toda vez que según se advierte de la certificación asentada por el secretario de este juzgado, ha transcurrido el término que se concedió para tal efecto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y la Jurisprudencia cuyo rubro es: *** emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y registrada con el número 26/2000. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: *** En virtud de lo anterior, este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales el Estado de Nayarit, procede a pronunciarse sobre el cumplimiento de que se trata en los términos siguientes: El veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la audiencia constitucional en el presente juicio, la que concluyó con el dictado de la sentencia respectiva el treinta de abril siguiente, en la que, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados por *** respecto de los actos atribuidos al Congreso, Gobernador, así como al Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas, todos del Gobierno del Estado de Nayarit, con sedes en esta ciudad, para los efectos siguientes:*** La referida devolución deberá incluir su correspondiente actualización en términos de la jurisprudencia 2ª./J.13/2008 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable la pagina 592, del tomo XXVII, febrero de 2008, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 170268, que establece.." En ese contexto, de la sentencia definitiva de mérito se advierte que la concesión de amparo fue para que la autoridad responsable referida, esencialmente, realizara lo siguiente: Devolviera a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de *** respecto de la cantidad de *** que pagó por diversos conceptos. En el entendido de que la cantidad remanente a devolver deberá encontrarse debidamente actualizada. En atención a lo anterior, mediante el comunicado presentado en la oficialía de partes de este juzgado federal el catorce de junio de dos mil dieciocho, registrado con el número de folio 16053, el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, informó que el cinco de junio de la presente anualidad realizó una transferencia bancaria a favor de la parte quejosa valiosa por la cantidad *** cantidad que en su momento erogó loa solicitante del amparo con motivo de la aplicación de los normativos tildados de inconstitucionales en el presente juicio de amparo más su actualización fiscal respectiva, y al efecto remitió copia de dicha transacción bursátil. Sin embargo, de la fecha del reporte de transferencia antes referido se advierte que dicho movimiento bursátil se llevó a cabo el doce de este mes y año, por lo cual será dicha fecha la que se tome como cierta. Ahora, atendiendo a los efectos de la sentencia protectora del amparo, los cuales han quedado precisados con anterioridad, se advierte el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, pues desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa la porción normativa reclamada y les devolvió la contribución principal erogada por éstos, así como lo relativo a la actualización fiscal correspondiente. Lo anterior es así, dado que la quejosa erogó a favor de la administración pública estatal, por los derechos e impuestos en comento, la citada cantidad de por los siguientes conceptos:*** Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que a dicha cantidad se le tenía que descontar la diversa suma de *** que corresponde a cuota mínima establecida para la inscripción de documentos públicos o privados en que se transmita la propiedad de un inmueble y la de otros contratos, títulos o documentos de cualquier clase, por lo que al ser el parámetro base para un caso similar, en la que no se aplica el cobro de los impuestos adicionales que prevén los artículos 13, 14, 16 y 21, fracciones I, XVIII y XL de la mencionada Ley de Ingresos, es la que debía de cubrir la promovente del amparo y no otra. Entonces, realizando la operación aritmética correspondiente, se advierte que la autoridad responsable en cita tenía que devolver el monto de *** por lo que se desprende que la obligación tributaria principal ha sido devuelta. Sin embargo, como se expuso, en la ejecutoria en análisis se determinó que la cantidad anterior debía devolverse con la actualización correspondiente, la que se encuentra contemplada en el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, se advierte que el pago de la quejosa se realizó el uno de diciembre de dos mil diecisiete y, como se asentó anteriormente, el doce de junio de dos mil dieciocho la autoridad responsable realizó una transferencia bancaria a favor de la parte quejosa, por la cual la autoridad responsable citada pretendía devolver la contribución reclamada en su totalidad; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de diciembre de dos mil diecisiete al mes de junio este año. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de octubre de dos mil diecisiete entre el índice para el mes de mayo de dieciocho, al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado; esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Esto es así, tomando en consideración que el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de junio de dos mil dieciocho, aun no se publica en el Diario Oficial de la Federación, pues dicho movimiento bursátil se llevó a cabo el doce de junio de la presente anualidad (foja 122), por lo que es evidente que al momento en que se realizó la transferencia de fondos referida todavía no se publicaba el citado índice para el mes de junio, entonces, de conformidad con el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit, que establece, entre otras cuestiones, que en los casos en que el índice referido del mes anterior al más reciente del período, no haya sido publicado por el Banco de México, la actualización de que se trate se realizará aplicando el último índice mensual publicado; por tanto, en el caso en concreto se tomará en cuenta el diverso correspondiente al mes de mayo del año en cita. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de octubre de dos mil diecisiete fue de *** y para el mes de mayo de este año fue de *** de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.02374. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho e impuestos en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizado a la fecha de su pago, esto es la cantidad de *** por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de *** Así de las constancias que obran en autos se advierte que la citada autoridad responsable acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que, por una parte, el recaudador responsable devolvió a la quejosa la cantidad $11,576.52 (once mil quinientos setenta y seis pesos con cincuenta y dos centavos 52/100 moneda nacional) por concepto de la devolución de los conceptos materia del presente juicio y su actualización y, por otra, manifestó que se abstendría de aplicarle los normativos tildados de inconstitucionales en la sentencia emitida en autos. No pasa inadvertido que el monto que el recaudador responsable devolvió a la quejosa es de *** sin embargo, éste debía reintegrar la diversa de ** de más, pero dicho excedente no tiene relevancia económica, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla a la autoridad responsable, en razón de que los gastos administrativos que realizarían tanto la quejosa a fin de devolverla, así como los que efectué la autoridades responsables, a fin de obtener dicho monto, serían mayores al beneficio de devolver el numerario referido. Por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad capital DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; en esa virtud, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, en virtud de lo ya expuesto archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Entonces, de conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente, en la inteligencia, que este juzgado estima que no contienen valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse; por lo que una vez que transcurran los cinco años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, una vez que transcurran los cinco años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del citado Acuerdo, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; de la misma manera, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes.

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