Walter Oswbaldo Especiano Parada
Expediente 2075/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 11 actuaciones registradas, la última del 21 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 2075/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 21/05/2018
Partes del expediente
- Walter Oswbaldo Especiano Parada
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTIUNO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en este Órgano Jurisdiccional el once de abril del año en curso (fojas 163 a 172), el Secretario General de Acuerdos del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit, con sede en esta ciudad, manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de doce de ese mismo mes y año (foja 173), se dio vista a la parte quejosa con el referido oficio y anexo, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó a la aludida parte procesal el dieciocho siguiente (fojas 174 a 176); por tanto, el plazo de tres días otorgado transcurrió del veinte al veinticuatro de abril de este año; y en su oportunidad el quejoso realizó manifestaciones de su parte (fojas 177 a 181). Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución.". En ese sentido, mediante sentencia de tres de enero de dos mil diecisiete (fojas 46 a 51), se determinó sobreseer en el presente juicio de amparo. Luego, mediante ejecutoria de treinta y uno de octubre del año próximo pasado (fojas 118 a 130), emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, dentro del amparo en revisión 422/2017 de su índice, derivado del diverso 102/2017 de la estadística del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, se revocó la sentencia recurrida y en su lugar, se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos siguientes: "(.) procede conceder la protección de la Justicia Federal para efectos de que la autoridad responsable: Deje sin efectos la resolución reclamada. Atendiendo a las consideraciones aquí expuestas, de nueva cuenta analice el recurso de reconsideración y, con libertad de jurisdicción, determine lo que en derecho proceda." De lo anterior se colige, que los actos que debía realizar la autoridad responsable para cumplir con dicho fallo protector, son los siguientes: Dejar insubsistente la resolución de veintidós de septiembre de dos mil dieciséis dictada en el recurso de reconsideración 27/2016, en la que se declaró sin materia dicho medio de impugnación; y, Atendiendo las consideraciones expuestas en la ejecutoria emitida, con libertad de jurisdicción, acordar lo conducente. Ahora bien, por oficio y anexos presentados en la Oficialía de Partes de este Juzgado el diecinueve de enero del presente año (fojas 142 a 144), el Secretario General de Acuerdos del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó en lo que al caso interesa, que mediante acuerdo de once de enero de dos mil dieciocho, el Pleno de dicho Tribunal dejó insubsistente la resolución de veintidós de septiembre de dos mil dieciséis dictada en los autos del recurso de reconsideración 27/2016 de su índice, derivado del Juicio Contencioso SC-E-JCA 01/2016. Posteriormente, mediante libelo y anexo recibidos en este Órgano Jurisdiccional el once del mes próximo pasado (fojas 163 a 173), el Secretario General de Acuerdos de la citada autoridad responsable remitió copia certificada de la resolución emitida en el medio de impugnación de previa cita, el tres de abril de dos mil dieciocho, en la que el Tribunal responsable se avocó a resolver el fondo del recurso promovido, analizó los agravios vertidos por el recurrente, aquí quejoso, considerándolos inoperantes, infundados y fundados pero inoperantes; además, confirmó la resolución de veintinueve de marzo de dieciséis, dictada en el juicio de origen, a través de la cual se desechó de plano la ampliación de demanda formulada por el promovente de garantías. El aquí quejoso Walter Oswbaldo Especiano Parada manifestó que la ejecutoria no se encontraba cumplida; ello, porque la Sala del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit, con residencia en esta ciudad, estrictamente debió determinar lo que en derecho proceda, tal como lo estableció el Órgano Colegiado Auxiliar resolutor, es decir, considera que se debió admitir a trámite la ampliación de demanda que éste promovió en el juicio natural (fojas 177 a 181). Sin embargo, son infundados los motivos de inconformidad del agraviado, pues para tener por acatada la sentencia concesoria sujeta a cumplimiento, resulta suficiente que la autoridad responsable hubiere dejado insubsistente la resolución de veintidós de septiembre de dos mil dieciséis, dictada en el recurso de reconsideración 27/2016 de su estadística, derivado del Juicio Contencioso Administrativo SC-E-JCA 01/2016, en la cual se declaró sin materia el medio de impugnación en cuestión; y que hubiere emitido otra en el recurso de reconsideración que confirmó la determinación de veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, ya que el núcleo esencial de la aludida ejecutoria fue precisamente que se analizara el recurso de reconsideración con libertad de jurisdicción. De ahí que, al otorgarse plenitud de jurisdicción a la responsable para que emitiera el fallo correspondiente, significa que en el sumario constitucional no se tomó una decisión definitiva sobre el problema jurídico, por lo que no se le constriñe a realizar determinadas y precisas acciones, es decir, tiene libertad de decisión. En este tenor, si considera que la determinación de que se trata, en cuanto a la forma y fondo le causa alguna violación a sus derechos, deberá recurrirla a través del medio de impugnación respectivo. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO definitivo de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable; ello en atención a la ejecutoria emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, en la que se revocó la sentencia emitida por este Juzgado de Distrito, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la resolución dictada en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a realizar pronunciamiento alguno sobre el incidente de suspensión, en virtud de no haberse tramitado.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTIUNO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en este Órgano Jurisdiccional el once de abril del año en curso (fojas 163 a 172), el Secretario General de Acuerdos del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit, con sede en esta ciudad, manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de doce de ese mismo mes y año (foja 173), se dio vista a la parte quejosa con el referido oficio y anexo, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó a la aludida parte procesal el dieciocho siguiente (fojas 174 a 176); por tanto, el plazo de tres días otorgado transcurrió del veinte al veinticuatro de abril de este año; y en su oportunidad el quejoso realizó manifestaciones de su parte (fojas 177 a 181). Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución.". En ese sentido, mediante sentencia de tres de enero de dos mil diecisiete (fojas 46 a 51), se determinó sobreseer en el presente juicio de amparo. Luego, mediante ejecutoria de treinta y uno de octubre del año próximo pasado (fojas 118 a 130), emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, dentro del amparo en revisión 422/2017 de su índice, derivado del diverso 102/2017 de la estadística del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, se revocó la sentencia recurrida y en su lugar, se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos siguientes: "(.) procede conceder la protección de la Justicia Federal para efectos de que la autoridad responsable: Deje sin efectos la resolución reclamada. Atendiendo a las consideraciones aquí expuestas, de nueva cuenta analice el recurso de reconsideración y, con libertad de jurisdicción, determine lo que en derecho proceda." De lo anterior se colige, que los actos que debía realizar la autoridad responsable para cumplir con dicho fallo protector, son los siguientes: Dejar insubsistente la resolución de veintidós de septiembre de dos mil dieciséis dictada en el recurso de reconsideración 27/2016, en la que se declaró sin materia dicho medio de impugnación; y, Atendiendo las consideraciones expuestas en la ejecutoria emitida, con libertad de jurisdicción, acordar lo conducente. Ahora bien, por oficio y anexos presentados en la Oficialía de Partes de este Juzgado el diecinueve de enero del presente año (fojas 142 a 144), el Secretario General de Acuerdos del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó en lo que al caso interesa, que mediante acuerdo de once de enero de dos mil dieciocho, el Pleno de dicho Tribunal dejó insubsistente la resolución de veintidós de septiembre de dos mil dieciséis dictada en los autos del recurso de reconsideración 27/2016 de su índice, derivado del Juicio Contencioso SC-E-JCA 01/2016. Posteriormente, mediante libelo y anexo recibidos en este Órgano Jurisdiccional el once del mes próximo pasado (fojas 163 a 173), el Secretario General de Acuerdos de la citada autoridad responsable remitió copia certificada de la resolución emitida en el medio de impugnación de previa cita, el tres de abril de dos mil dieciocho, en la que el Tribunal responsable se avocó a resolver el fondo del recurso promovido, analizó los agravios vertidos por el recurrente, aquí quejoso, considerándolos inoperantes, infundados y fundados pero inoperantes; además, confirmó la resolución de veintinueve de marzo de dieciséis, dictada en el juicio de origen, a través de la cual se desechó de plano la ampliación de demanda formulada por el promovente de garantías. El aquí quejoso Walter Oswbaldo Especiano Parada manifestó que la ejecutoria no se encontraba cumplida; ello, porque la Sala del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit, con residencia en esta ciudad, estrictamente debió determinar lo que en derecho proceda, tal como lo estableció el Órgano Colegiado Auxiliar resolutor, es decir, considera que se debió admitir a trámite la ampliación de demanda que éste promovió en el juicio natural (fojas 177 a 181). Sin embargo, son infundados los motivos de inconformidad del agraviado, pues para tener por acatada la sentencia concesoria sujeta a cumplimiento, resulta suficiente que la autoridad responsable hubiere dejado insubsistente la resolución de veintidós de septiembre de dos mil dieciséis, dictada en el recurso de reconsideración 27/2016 de su estadística, derivado del Juicio Contencioso Administrativo SC-E-JCA 01/2016, en la cual se declaró sin materia el medio de impugnación en cuestión; y que hubiere emitido otra en el recurso de reconsideración que confirmó la determinación de veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, ya que el núcleo esencial de la aludida ejecutoria fue precisamente que se analizara el recurso de reconsideración con libertad de jurisdicción. De ahí que, al otorgarse plenitud de jurisdicción a la responsable para que emitiera el fallo correspondiente, significa que en el sumario constitucional no se tomó una decisión definitiva sobre el problema jurídico, por lo que no se le constriñe a realizar determinadas y precisas acciones, es decir, tiene libertad de decisión. En este tenor, si considera que la determinación de que se trata, en cuanto a la forma y fondo le causa alguna violación a sus derechos, deberá recurrirla a través del medio de impugnación respectivo. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO definitivo de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable; ello en atención a la ejecutoria emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, en la que se revocó la sentencia emitida por este Juzgado de Distrito, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la resolución dictada en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a realizar pronunciamiento alguno sobre el incidente de suspensión, en virtud de no haberse tramitado.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Téngase por recibido el escrito de cuenta signado por **, en su carácter de parte quejosa, mediante el cual realiza diversas manifestaciones en relación con el acatamiento dado a la sentencia concesoria de amparo por la autoridad responsable; por lo tanto, con fundamento en el ordinal 196 de la Ley de Amparo, ténganse por hechas las manifestaciones que hace valer, en la inteligencia de que las mismas se analizarán al momento de resolver sobre el cumplimiento aludido.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DOCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el ocurso de cuenta signado por el Secretario General de Acuerdos del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa haber dado cumplimiento a la ejecutoria emitida en el presente juicio de garantías; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el libelo y anexo de cuenta, así como con el diverso comunicado signado por la autoridad oficiante y anexos, recibidos en este Órgano Jurisdiccional el diecinueve de enero de este año (fojas 142 a 144), dése vista a la parte quejosa a efecto de que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, en relación con dicho cumplimiento, apercibida que de no hacer manifestaciones dentro del lapso concedido, este Órgano Jurisdiccional, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de garantías, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector.
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