Walterio Manuel Cruz Vinajera

Expediente 1086/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 10 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1086/2023
Año
2023
Actuaciones
10
Última actuación
07/09/2023

Partes del expediente

  • Walterio Manuel Cruz Vinajera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán; siete de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que a la parte a quien pudo causarle perjuicio la sentencia de veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, le transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que interpusiera recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria a la Ley de Amparo, para todos los efectos legales a que haya lugar, se declara que CAUSA EJECUTORIA la referida sentencia que sobreseyó en el presente asunto. En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En virtud de lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20 del Acuerdo General sin número de fecha dos de junio de dos mil veintitrés, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de junio de dos mil veintitrés, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis prevista en la fracción I, del citado precepto, al ser un juicio de amparo en el que se sobreseyó respecto de todos los actos. Así mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción III, del referido Acuerdo General, se hace la indicación que el cuaderno del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción en un plazo de tres años contado a partir del presente proveído que ordena el archivo, pues se negó la medida cautelar definitiva. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    VISTO, para resolver el juicio de amparo 1086/2023-IV-A, promovido por Edgar Aarón Rodríguez Palma, a favor del directo quejoso********************; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito presentado el doce de julio de dos mil veintitrés, recibido el mismo día por la Secretaria de Guardia de este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, Edgar Aarón Rodríguez Palma, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, a favor del directo quejoso********************, en contra de los actos que reclamó del Secretario, Comandante del Sector Norte y Comandante en turno de la Cárcel Pública, todos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. Por lo que en auto de doce de julio de dos mil veintitrés, se otorgó al quejoso la suspensión de plano en contra de los actos reclamados, consistentes en la incomunicación, privación de la libertad fuera de procedimiento, así como de tortura física y psicológica. SEGUNDO. En la misma fecha el quejoso ratificó la demanda promovida a su favor, y en proveído de doce de julio de dos mil veintitrés se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó su informe a las autoridades señaladas como responsables, se ordenó dar a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 35 y 37, de la Ley de Amparo, 48, en relación con el 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015 emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Precisión de actos. De conformidad con el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar los actos reclamados que constituyen la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento, además, en la tesis visible en la página 255, del Tribunal Pleno, Tomo XIX, abril de 2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se tiene que los actos reclamados consisten en: La incomunicación, privación de la libertad fuera de procedimiento (detención ilegal), así como tortura física y psicológica del directo quejoso; y, La retención del vehículo que conducía al momento de su detención y sus pertenencias. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado consistente en la incomunicación. Las autoridades responsables Secretario, Comandante del Sector Norte y Comandante en turno de la Cárcel Pública, todos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, por conducto del Director Jurídico de dicha Secretaría [Registro 11330], al rendir su informe justificado, negaron categóricamente la existencia del acto reclamado consistente en la incomunicación del directo quejoso, sin que la parte impetrante del amparo aportara prueba alguna que desvirtuara dicha negativa. En tales condiciones, ante la negativa respecto del citado acto reclamado, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y por identidad de criterio la jurisprudencia 310, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Compilación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 209, que textualmente dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan ésta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Existencia de diverso acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Secretario de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, únicamente por cuanto hace a la detención del directo quejoso y del vehículo (motocicleta), pues así lo manifestó al rendir su informe justificado (Registro 11488). Es aplicable la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, que dice: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Máxime que lo informado por la autoridad responsable en el sentido anotado, se corrobora con la constancia que anexó a su informe justificado. Constancia que tiene la calidad de documento público por haber sido expedida por funcionario en ejercicio de sus funciones, investido con fe pública, por lo que se le otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202, del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Resulta aplicable la jurisprudencia 226, visible en la página 153, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, cuyo rubro y texto literal dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". De igual forma, resulta ilustrativa, la tesis aislada sustentada por la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 150, Tomo CXXXV, Tercera Parte, Materia Común, Sexta Época, Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y contenido: "DOCUMENTOS PÚBLICOS. LO SON LOS OFICIOS PROVENIENTES DE AUTORIDAD RESPONSABLE. Los oficios son documentos públicos que hacen prueba plena de su contenido, hasta en tanto no se demuestre su falsedad. No es correcto el argumento de que un oficio carece de valor pleno, por el solo hecho de que la autoridad que lo giró es parte en el juicio de amparo, pues esa circunstancia no lo priva de su carácter de documento público. La adopción del criterio contrario, conduciría al absurdo de considerar que todos los documentos públicos expedidos por las responsables y presentados por ellas en los juicios de amparo, carecen de validez por el sólo hecho de provenir de parte interesada, quedando tales autoridades en un completo estado de indefensión, pues es lógico que para justificar sus actos, se remitan fundamentalmente a las constancias que obren en los expedientes relativos, y en las cuales apoyan los actos reclamados, no obstante que las mismas hayan emanado de las propias autoridades responsables, lo que, por otra parte, es normal." QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. Previo a analizar el fondo de la litis, se debe verificar la procedencia del juicio constitucional, cuyo estudio es de orden público y preferente a cualquier otra cuestión, conforme a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación la jurisprudencia publicada en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, Materia Común, visible a página 543, cuyo texto indica: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público, deben estudiarse previamente" En la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, por los motivos que a continuación se exponen. El precepto de la ley de la materia antes invocado, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [---] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; [.]". En el caso, el directo quejoso********************, ratificó la demanda de amparo promovida a su favor, reclamando de las autoridades responsables sustancialmente su detención y la del vehículo que conducía al momento de consumarse su detención. Sin embargo, de las constancia agregadas a los presentes autos, a se advierte que si bien el quejoso fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, también lo es que fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, residente en esta ciudad, por posibles hechos delictuosos, así como el vehículo que conducía al momento de su detención. Atento a lo anterior, en relación con los actos reclamados señalados, se generó un cambió en su situación jurídica, ya que el quejoso y el vehículo referido fueron puestos a disposición del Fiscal General del Estado, a quien le corresponde la investigación de los hechos posiblemente constitutivos de delito. Así las cosas, ello conduce a la actualización de la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVII, de la ley de la materia, de ahí que deben considerarse consumadas irreparablemente las posibles violaciones reclamadas en este juicio. Lo anterior, porque dicha situación no hace posible realizar un análisis de los actos reclamados, pues no puede decidirse sobre su legalidad sin afectar la nueva situación jurídica en la que se encuentra la parte amparista al haber sido puesta a disposición de la autoridad investigadora correspondiente, junto con el vehículo que conducía al momento de la detención. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio contenido en la tesis 2ª. CXI/96, visible en la página 219, Tomo IV, de diciembre de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Consecuentemente, el acto reclamado fue sustituido jurídica y procesalmente, ya que al momento de que las autoridades policiales pusieron a disposición del Fiscal correspondiente al quejoso, su privación de la libertad no estaba a potestad de la autoridad de seguridad pública, sino que quedó bajo la decisión de la autoridad fiscal investigadora, así como el vehículo afecto al asunto. Por tanto, es inconcuso que los actos atribuidos a las autoridades responsables, quedaron consumados formal e irreparablemente, al acontecer un cambio de situación jurídica. Apoya a lo anterior, por las razones que expone, la tesis II.2o.P.44 P (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 37, Diciembre de 2016, Tomo II, Materia(s): Común, Página: 1702 y Registro: 2013315, que señala: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA POR CESACIÓN DE EFECTOS DERIVADA DE LA SECUENCIACIÓN DE ETAPAS EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO, CON INDEPENDENCIA DE LA CONDICIÓN QUE GUARDE EL QUEJOSO EN CUANTO A SU LIBERTAD PERSONAL. Dada la naturaleza del procedimiento de tipo acusatorio seguido en México, para los efectos del amparo, la expresión "cambio de situación jurídica" no puede entenderse sólo desde la perspectiva de la condición del sujeto a quien se inicia un procedimiento penal (sujeto pasivo de la relación jurídico procesal en materia penal), esto es, dependiendo únicamente del carácter de indiciado, imputado, procesado o acusado, como otrora se aducía conforme al procedimiento tradicional, sino que también resulta del ineludible reconocimiento de la sustitución y secuenciación de los actos o etapas procesales del nuevo sistema, en sí mismas y con independencia de la condición que guarde el quejoso en cuanto a su libertad personal, pues la continuidad de las etapas del proceso actual no depende sólo de ello. Por tanto, si se transita de una fase de investigación no judicializada a una judicializada, como efecto del ejercicio de la acción procesal penal, es claro que los actos atribuidos a la autoridad ministerial quedan consumados formal e irreparablemente para los efectos del amparo, en virtud del cambio de la condición jurídica de las fases procesales subsecuentes." Asimismo, por analogía de razón, la tesis IV.2o.P.43 P, correspondiente a la Novena Época, aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXX, Octubre de 2009, página 1373 que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA CUANDO SE RECLAMAN ACTOS DENTRO DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA Y EL MINISTERIO PÚBLICO YA EJERCITÓ LA ACCIÓN PENAL (ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO). Cuando en un juicio de garantías biinstancial se reclaman actos materia de una averiguación previa y se demuestra que la autoridad responsable, agente del Ministerio Público, consignó los hechos ante un Juez, a quien solicitó el libramiento de la correspondiente orden de aprehensión, es incuestionable que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo y, por ende, debe sobreseerse en el juicio de garantías, toda vez que, al ejercitarse la acción penal quedaron consumadas de modo irreparable las posibles violaciones acaecidas en la etapa de investigación, porque la situación jurídica del impetrante ahora queda sometida a la potestad del Juez penal que tendrá a cargo la instauración de la causa respectiva. En consecuencia, ya no podrá analizarse en el amparo la constitucionalidad de dichos actos, sin afectar la nueva situación". En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, relativa al cambio de situación jurídica del quejoso, lo procedente es SOBRESEER en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63, de la citada ley. SEXTO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN" Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, 215, 216, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por********************, en contra de los actos que reclamó de las autoridades precisadas en el resultado primero de esta sentencia, por los motivos expuestos en el considerando tercero. SEGUNDO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por********************, en contra de los actos que reclamó de la autoridad precisada en el resultado primero de esta sentencia, por los motivos expuestos en el considerando quinto. TERCERO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. QUINTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese y regístrese

  3. Principal

    Mérida, Yucatán; veintiuno de julio de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese a estos autos el alegato ministerial número 388/2023, signado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, teniendo por vertidas las manifestaciones ahí expresadas, reservándose para ser tomado en consideración al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Por otra parte, en relación con su solicitud de copias certificadas, indíquesele que deberá estarse a lo acordado en el auto de radicación dictado en este juicio de amparo el doce de julio de dos mil veintitrés. Notifíquese y cúmplase.

  4. Incidental

    VISTO para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1086/2023-IV-B, promovido por********************, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Solicitud de la medida cautelar. En la correspondiente demanda de amparo,********************, solicitó la suspensión definitiva del acto que reclamó del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, Comandante en turno de la Cárcel Pública de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado; y Comandante en turno, del Sector Norte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán; todos con residencia en la ciudad. SEGUNDO. Formación del cuaderno incidental. Por acuerdo dictado en el juicio principal el doce de julio de dos mil veintitrés, se ordenó tramitar el incidente de suspensión y, en cumplimiento a ello, mediante proveído de la propia fecha, se abrieron los presentes autos. Asimismo, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental. C O N S I D E R A N D O : Primero. Fijación del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I, del artículo 146 de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa el acto reclamado por la parte quejosa, que hace consistir en: La retención del vehículo que conducía el quejoso al momento de su detención, y de sus pertenencias. SEGUNDO. Existencia del acto reclamado. Las autoridades responsables Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, Comandante en turno de la Cárcel Pública de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado; y Comandante en turno, del Sector Norte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán; todos con residencia en la ciudad, al rendir su informe previo por conducto del Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con residencia en esta ciudad [11487], señalaron que no es cierto el acto, sin embargo, con posterioridad realizaron manifestaciones de las cuales se evidencia su certeza, por lo que el acto se tiene por cierto. Apoya la anterior determinación, por similitud jurídica substancial, el criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible con número de registro IUS 211,004, consultable en la página 391, del Tomo XIV, correspondiente a Julio de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, Semanario Judicial de la Federación, que estatuye: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." TERCERO. Determinación en cuanto a la suspensión definitiva solicitada. Ahora bien, con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, por lo que ve a la suspensión definitiva solicitada en relación con los referidos actos reclamados, atendiendo a su naturaleza, debe estimarse que se tratan de actos consumados con efectos positivos, y por ende es sobre los efectos y consecuencias de los actos de la autoridad, que procede hacer el análisis sobre la procedencia o no de la medida cautelar solicitada. En este sentido, en primer lugar, debe atenderse si se reúnen los requisitos establecidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, el cual señala lo siguiente: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos Siguientes: Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado". Ahora bien, al analizar los requisitos señalados en relación con la suspensión, se obtiene lo siguiente: Que la solicite la quejosa, donde queda inmerso el concepto de demostración de la titularidad del derecho en controversia, para lo cual basta que se pruebe de manera indiciaria ese derecho, en atención a que la suspensión definitiva del acto reclamado se equipara a una medida cautelar, cuya finalidad es preservar las cosas en el estado que se encuentran al momento de concederse. En la especie, aunque la parte quejosa solicitó expresamente la suspensión definitiva en la demanda de amparo, se advierte que no se encuentra colmada la titularidad del derecho que defiende, por lo que SE NIEGA la suspensión definitiva que solicita, toda vez que no acredita su interés suspensional en relación con el vehículo marca Italika, modelo AT 110, de color Roja, con placas 15YW26 del Estado de Yucatán, que defiende, así como de sus pertenencias (las cuales no precisó en la demanda de amparo), dado que no exhibió prueba alguna que lo demuestre en forma presuntiva; lo cual era menester acreditar con la documentación conducente. Se afirma lo anterior, porque el quejoso no ofreció medio de convicción con el que acreditara, al menos en forma indiciaria, tener reconocido algún derecho legítimamente tutelado en relación con el vehículo relacionado con el acto reclamado; además de que tampoco precisa ni acredita la propiedad de las pertenencias que aduce le fueron retenidas. Pues no basta afirmar que se tiene ese derecho, sino que es menester acreditarlo, aun en la forma citada, lo que no realiza la parte quejosa, puesto que se limita a señalar en la demanda de amparo que el citado vehículo que conducía fue retenido junto con las pertenencias que poseía al momento de su detención, sin acreditar tener algún derecho legítimamente tutelado en relación con dichos bienes. Por lo que, al no haber justificado la parte quejosa el interés suspensional para solicitar la medida cautelar respecto de los citados actos reclamados, se debe NEGAR la suspensión definitiva, pues no se reúne el requisito que exige el artículo 128 fracción I de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, por identidad jurídica, la tesis del rubro y tenor literal siguiente: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. EL QUEJOSO DEBE ACREDITAR SER TITULAR DE UN DERECHO OBJETIVO TUTELADO POR LA LEY PARA PODER OBTENER LA. Es de explorado derecho que para obtener el otorgamiento de la medida cautelar definitiva, se requiere que los quejosos demuestren que son titulares de un derecho (propiedad, posesión, concesión, etc.); por tanto, si los recurrentes al formular la demanda de garantías que dio origen al incidente, se ostentaron como propietarios de algunos inmuebles, así como poseedores calificados de los terrenos que se dijeron afectados a través de la resolución agraria reclamada, manifestando que exhibían diversas documentales en vía de prueba, sin que de las constancias que integran el original del cuaderno incidental se advierta la existencia de éstas, de ahí que al no haber demostrado los quejosos la titularidad de un derecho objetivo tutelado por la ley, es lógico determinar que no acreditaron el interés jurídico que les asiste para obtener la suspensión definitiva del acto que reclaman". (Novena Época, Instancia: Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: I, Mayo de 1995, Tesis: XX.2 A, Página: 07). En consecuencia, respecto del acto señalado como reclamado, por las razones antes apuntadas, se debe NEGAR la suspensión definitiva solicitada. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 125, 128, 144, 146, 215, 216 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E : ÚNICO. SE NIEGA la suspensión definitiva a********************, en contra del acto reclamado a las autoridades responsables con sede en esta ciudad, por los motivos y para los efectos expuestos en el considerando tercero de esta interlocutoria. Notifíquese y cúmplase.

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