Walter Garcia Rosales
Expediente 1647/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 9 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1647/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 11/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Walter Garcia Rosales
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Mérida, Yucatán, once de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia firmada el veintiuno de octubre de dos mil veintidós, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que NEGÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN de la Justicia Federal a la parte quejosa, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Sin que sea óbice para esta autoridad juzgadora decretar que ha causado ejecutoria la resolución señalada en líneas que anteceden, el hecho de que aún no obre en autos la tarjeta de acuse de recibo relativa al oficio por medio del cual se notificó la resolución de que se trata a la autoridad responsable foránea, ya que la misma sólo podría causar perjuicio a la parte quejosa, toda vez que fue ésta quien directamente promovió la demanda de amparo contra el acto que consideró violatorio de sus derechos fundamentales, y hasta el día de hoy no interpuso el recurso pertinente que la Ley de Amparo prevé para revocar o modificar los actos dictados por las autoridades señaladas como responsables. Ahora bien, en relación a las autoridades responsables, debe decirse que el artículo 87 de la Ley de Amparo, contempla que éstas sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de cada una de ellas se haya reclamado, hipótesis que no se cumple en el presente asunto, toda vez que es una sentencia en la que se negó el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, y que por tanto, no afecta el interés que pudieran tener las autoridades responsables en que sus actos subsistan. Es aplicable al caso, por analogía, la tesis aislada en Materia Común XI.3°.4 K, visible en la página 706, del Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, misma que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO. Tomando en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio, con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación; y que cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de amparo, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. Al segundo, porque las cosas quedan en el estado que se encontraban antes de promover el juicio, y a la última, porque no vincula su actuación en algún sentido, ni juzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que el primero es el único que está legitimado para interponer el recurso de revisión contra un fallo de sobreseimiento." Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración. Lo anterior, al ser un juicio de amparo negado y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el numeral 15 de citado Acuerdo General. Finalmente, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario y el expediente electrónico coinciden en su totalidad. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
NOT ELECT VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 1647/2022-II-B, promovido por WALTER GARCÍA ROSALES, en contra del acto que reclama a la Unidad de Investigación y Litigación Progreso, de la Dirección de Investigación y Atención Temprana de la Fiscalía General del Estado; con sede en Progreso, Yucatán; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el cuatro de julio de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado con sede en esta ciudad, la cual por razón de turno correspondió conocer a este Órgano de Control Constitucional, compareció WALTER GARCÍA ROSALES, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto que reclama a la Unidad de Investigación y Litigación Progreso, de la Dirección de Investigación y Atención Temprana de la Fiscalía General del Estado; con sede en Progreso, Yucatán. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de seis de julio de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda; se dio la intervención legal que le compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se solicitó a la responsable su informe justificado, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en la ciudad de Mérida, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49 y 56 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado en esta instancia, debiendo para tales efectos analizar en su integridad la demanda de amparo, examinando no sólo el capítulo que contiene el acto reclamado, sino además, lo expresado por la parte quejosa a manera de conceptos de violación. Lo anterior, cumpliendo con lo establecido en la jurisprudencia identificada con el número de registro P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Atento a lo anterior, para estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, se advierte que la parte quejosa acude a esta instancia a reclamar: El acuerdo de catorce de junio de dos mil veintidós, dictado en la carpeta de investigación UNATD-11-GD/2002/2021. TERCERO. Certeza de actos. Es cierto el acto reclamado a la Unidad de Investigación y Litigación Progreso, de la Dirección de Investigación y Atención Temprana de la Fiscalía General del Estado; con sede en Progreso, Yucatán, pues así lo manifestó el rendir su informe por conducto de su Fiscal Supervisor en turno, lo que además se corrobora con las constancias que la señalada autoridad remitió a este juzgado En tal virtud deberán tenerse por existentes al tenor de lo señalado en la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Inexistencia de causales de improcedencia. En el caso a estudio, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de Amparo, en vigor, por lo que procede el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa los que se tienen aquí por reproducidos, toda vez que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción. Al respecto, tiene aplicación la Jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Estudio de la litis constitucional. Resultan infundados los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, motivo por el cual deberá negársele la protección de la justicia federal que solicita. Para arribar a lo anterior, conviene relacionar las constancias que la autoridad responsable envió a este órgano de control constitucional, relativas a la carpeta de investigación UNATD-11-GD/2002/2021, del que emana el acto reclamado, a las que se les confiere pleno valor probatorio conforme a lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de las que se advierten, en lo que aquí interesa, los siguientes antecedentes: 1. Que en fecha diez de noviembre de dos mil veintiuno, el aquí quejoso Walter García Rosales, interpuso denuncia y/o querella en contra de Ferney Esteban Chalé, por posibles hechos delictuosos cometidos en su agravio, al señalar que era propietario de un predio veraniego ubicado en la calle veintitrés número cien, por dieciséis y dieciocho, en Telchac Puerto, Yucatán, y al efecto exhibió el documento respectivo, y que debido a la pandemia, había dejado cerrado su predio, pero que al regresar al mismo se percató que había una persona en su interior, el cual responde al nombre de Ferney Esteban Chalé, el cual se negó a desalojar el inmueble; que en el interior del predio habían diversos objetos de valor y muebles, y que habían intentado la mediación, pero que el denunciado no daba la cara. 2. Entrevistas a los testigos Laura Isabel Perera Castillo y Felipe De Jesús Cano Ocaña, quienes de manera coincidente señalaron que conocían a Walter García Rosales, y les constaba que era propietario del inmueble veraniego ubicado en la calle veintitrés número cien, por dieciséis y dieciocho, en Telchac Puerto, Yucatán, y que aproximadamente el quince de enero de dos mil diecinueve, habían sido contratados por éste, para que se encargaran de la limpieza del predio; que al llegar al predio se dieron cuenta que la casa estaba cerrada con candado y cadena, y que al poco tiempo llegó una persona que responde al nombre de Ferney Esteban Chalé alias "Saca Punta", quien los amenazó con una coa que tenía en la mano, por lo que se retiraron por temor y le hablaron al propietario, el cual intentó recuperar su predio en varias ocasiones, pero Ferney Esteban Chalé, lo amenazaba con machete. 3. Escrito de Walter García Rosales, por medio del cual solicitó al fiscal investigador diversas medidas de protección previstas en el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 4. A dicho escrito recayó el auto de catorce de junio de dos mil veintidós, mismo que constituye el acto reclamado. En dicha determinación, el fiscal investigador responsable estimó que no accedía a la aplicación de la medida de protección consistente en que se ordene el reingreso de la víctima a su domicilio, ya que si bien era cierto que la naturaleza de los hechos investigados podría encuadrar en el ilícito de despojo de cosa inmueble realizado sobre un predio veraniego, también era cierto que el solicitante no habitaba el predio es cuestión al momento en que se cometió el delito, pues así lo había referido en su denuncia, no justificando la existencia de un hecho delictivo por el cual se investigaba. En esas circunstancias se hacía del conocimiento del solicitante que de acuerdo con la fracción I del artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el imputado no tenía comunicación con él, ya que el denunciante era quien acudía al domicilio materia de la litis, y que ahora la posesión del mismo la detentaba dicho indiciado. Asimismo reiteró que el denunciante no habitaba como tal el predio en cuestión al momento en el que se suscitó el hecho, ni había sido trasladado a un refugio o albergue temporal, por lo que no era posible pedirle al indiciado que se limite a asistir al predio del denunciante Walter García Rosales, ya que éste no tenía la posesión del predio. Por último señaló la responsable, que a fin de salvaguardar la integridad física del denunciante, en caso de que el indiciado acudiera de manera personal al domicilio que ahora habita, se le otorgaban las medidas de protección consistentes en la vigilancia en el domicilio de la víctima u ofendido, protección policial para aquella, y el auxilio inmediato por parte de las instituciones policiales al domicilio donde se encuentre dicha víctima u ofendido. Por tal motivo giró el oficio correspondiente al Secretario de Seguridad Pública del Estado, para que en un término de sesenta días elementos a su cargo dieran cumplimiento a las medidas de protección decretadas. En sus conceptos de violación, el quejoso señala en esencia que como adulto mayor, se encuentra en un grupo vulnerable, que no cuenta con ingresos más que los que recibe de un programa social del Gobierno federal, y en atención a sus problemas de salud y a que tiene derecho a que se le otorgue la mayor protección de la ley, es que solicitó las medidas que le fueron negadas, además de que necesita vivir en un lugar más tranquilo como lo es la playa. Que la responsable debió considerar lo previsto en la fracción VI del apartado C del artículo 20 Constitucional, ya que es su derecho solicitar las medidas de protección y la restitución de sus derechos. Que las fracciones I, II, III, VI, VII y VIII del artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales permiten el otorgamiento de las medidas de seguridad como las que pidió, estableciendo nada más para su otorgamiento, que se haga de forma fundada y motivada siempre que se estimen idóneas para garantizar la seguridad de la víctima u ofendido. Señala también que no debe perderse de vista que el artículo 40 de la Ley General de Víctimas, dispone que cuando la víctima se encuentre amenazada en su integridad personal o en su vida existan razones fundadas para pensar que esos derechos están en riesgo, las autoridades adoptarán de manera inmediata las medidas necesarias para evitar que la víctima sufra algún daño o lesión, estableciéndose como base para su otorgamiento los principios de protección, necesidad, proporcionalidad, oportunidad y eficacia. Que aunado a lo anterior, también debe considerarse los preceptos de la Convención Americana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, en relación a la seguridad física, económica y social del adulto mayor y la máxima protección judicial efectiva de la persona mayor. Lo anterior es infundado por lo siguiente. En efecto, para resolver el problema jurídico planteado, debe partirse del contenido del numeral 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual contempla las medidas de protección que dicha legislación prevé, la autoridad competente para decretarlas y los requisitos de procedencia de las mismas, siendo esta norma la que en realidad interesa en relación con el tema en estudio, la cual, para fines de claridad en esta sentencia, se transcribe: Artículo 137. Medidas de protección El Ministerio Público, bajo su más estricta responsabilidad, ordenará fundada y motivadamente la aplicación de las medidas de protección idóneas cuando estime que el imputado representa un riesgo inminente en contra de la seguridad de la víctima u ofendido. Son medidas de protección las siguientes: I. Prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima u ofendido; II. Limitación para asistir o acercarse al domicilio de la víctima u ofendido o al lugar donde se encuentre; III. Separación inmediata del domicilio; IV. La entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima que tuviera en su posesión el probable responsable; V. La prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima u ofendido o a personas relacionados con ellos; VI. Vigilancia en el domicilio de la víctima u ofendido; VII. Protección policial de la víctima u ofendido; VIII. Auxilio inmediato por integrantes de instituciones policiales, al domicilio en donde se localice o se encuentre la víctima u ofendido en el momento de solicitarlo; IX. Traslado de la víctima u ofendido a refugios o albergues temporales, así como de sus descendientes, y X. El reingreso de la víctima u ofendido a su domicilio, una vez que se salvaguarde su seguridad. Dentro de los cinco días siguientes a la imposición de las medidas de protección previstas en las fracciones I, II y III deberá celebrarse audiencia en la que el juez podrá cancelarlas, o bien, ratificarlas o modificarlas mediante la imposición de las medidas cautelares correspondientes. En caso de incumplimiento de las medidas de protección, el Ministerio Público podrá imponer alguna de las medidas de apremio previstas en este Código. En la aplicación de estas medidas tratándose de delitos por razón de género, se aplicarán de manera supletoria la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. El precepto reproducido constituye la norma habilitante, esto es, la que otorga competencia al fiscal para resolver lo concerniente a las medidas de protección, pues la autoridad facultada por el legislador federal para decretar dichas medidas de protección es únicamente el Ministerio Público (durante la etapa de investigación inicial). Además, los requisitos de procedencia de esas medidas son los siguientes: a) Que el Ministerio Público estime que el imputado representa un riesgo inminente en contra de la seguridad de la víctima u ofendido. b) Que la medida sea idónea y determinación en la que se ordene se encuentre fundada, motivada y sea dictada bajo su más estricta responsabilidad. Ahora, en relación con las medidas de protección, si bien la legislación de la materia no proporciona una definición, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que éstas son actos de urgente aplicación, las cuales se dictarán: 1. En función del interés superior de la víctima de violencia. 2. Cuando se encuentre en riesgo la integridad física o psicológica, la libertad o seguridad de la víctima directa y de las víctimas indirectas; y, 3. Bajo una vigencia limitada. Respecto al último punto, esa duración se prevé en el artículo 139 de la legislación de la materia, y será una máxima de sesenta días naturales, prorrogables hasta por treinta días (en suma, noventa días naturales). Por tanto, conforme a la definición proporcionada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la razón que justifica la aplicación de las medidas de protección es la urgencia, esto es, la medida está supeditada a que se encuentre en riesgo inminente en virtud de un hecho que la ley señale como delito: a) La integridad física o psicológica, o ambas, b) La libertad o, c) La seguridad de la víctima y de las víctimas indirectas. Establecido lo anterior, es claro que no le asiste razón al quejoso, ya que la determinación adoptada por la responsable se encuentra ajustada a derecho. En efecto, tal y como lo indicó la responsable, de las constancias que integran la carpeta de investigación, se advierte que el predio motivo del hecho que podría constituir el delito de despojo, no se encontraba habitado por el denunciante cuando se suscitaron los hechos, pues narró que con motivo de la pandemia dejó cerrado su predio, y que al regresar para verificar su estado, se percató que una persona que responde al nombre de Ferney Esteban Chalé, ya se había metido al mismo. Lo que se corrobora con lo manifestado por los testigos, quienes de manera coincidente señalaron al momento de ser entrevistados, que habían sido contratados por el denunciante Walter García, para que limpiaran la casa y recogieran la basura, y que cuando llegaron ya había un sujeto en su interior, el cual los amenazó con una coa, y que esa persona responde al nombre de Ferney Esteban Chalé. Por tanto, tal y como lo consideró la responsable, en el caso no procede la aplicación de la medida de protección referente al reingreso de la víctima al domicilio materia de la controversia del juicio de origen, ya que como se puso de manifiesto en párrafos que anteceden, las medidas deben decretarse en función del interés superior de la víctima de violencia, cuando se encuentre en riesgo su integridad física o psicológica, su libertad o seguridad ya sea de la víctima a directa y de las víctimas indirectas; y bajo una vigencia limitada. Lo que en el caso no sucede en relación con la medida de reingreso al domicilio que se solicitó, pues al haberse introducido de manera furtiva el indiciado cuando el predio no estaba habitado, no puso en riesgo a quien se dice propietario de ese inmueble por esa acción. Sino que en todo caso, el riesgo que podría sufrir el denunciante, podría actualizarse en el supuesto de que éste acudiera al predio materia de la controversia de origen y tratara de recuperar su posesión. De ahí que resultare correcto lo establecido por la autoridad ministerial en el sentido de otorgar las medidas de protección en favor del denunciante, a fin de salvaguardar su integridad física, en caso de que el indiciado acudiera de manera personal al domicilio que ahora habita, pues en ese supuesto sí podría vulnerase su integridad física o seguridad. No se soslaya lo manifestado por el quejoso en el sentido de que debido a su edad y su estado de salud, le resulta conveniente vivir en la playa, y por esa razón solicitó el reingreso a su domicilio. Sin embargo, esas razones, que dicho sea de paso, no se acreditaron en los autos de la carpeta de origen, ya que no aportó prueba alguna el querellante en ese sentido, no son acordes con la finalidad que corresponde a las medidas de protección, siendo ésta el prevenir, interrumpir o impedir la consumación de acciones que impliquen riesgo contra la víctima u ofendidos, a través del otorgamiento de una orden dictada por la autoridad competente, en apego a las formalidades que deben revestir los mandamientos de autoridad, en términos del artículo 16 Constitucional. En esas condiciones, al resultar infundados los conceptos de violación hechos valer por el quejoso, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada. SEXTO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a WALTER GARCÍA ROSALES, en contra del acto que reclamó a la Unidad de Investigación y Litigación Progreso, de la Dirección de Investigación y Atención Temprana de la Fiscalía General del Estado; con sede en Progreso, Yucatán, por lo motivos precisados en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese.
- Principal
ELECT Mérida, Yucatán, siete de octubre de dos mil veintidós. Visto: toda vez que de las constancias que obran en autos, se desprende que se encuentra transcurriendo el término de ocho días hábiles con relación a la vista que se dio del oficio y su anexo que se relacionan en el proveído de veintinueve de septiembre del año en curso, correspondiente al Fiscal Supervisor en turno, de la Unidad de Investigación y Litigación, con sede en Progreso Yucatán. Por tal motivo, se difiere la audiencia constitucional que está señalada para este día y se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y DOS MINUTOS DEL VEINTIUNO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, como nueva hora y fecha para su celebración. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J.54/2000, publicada en la página 5 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril del dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 191,995, del IUS Intranet, con el rubro siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO.". Notifíquese.
- Principal
ELECTR.Mérida, Yucatán, veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. Visto: agréguese a los autos el oficio sin número de la Fiscal Supervisor en turno, de la Unidad de Investigación y Litigación, con sede en Progreso Yucatán, así como el anexo que en copia certificada al mismo acompaña, en relación con la solicitud formulada por acuerdo de veintinueve de agosto último. Al efecto se tiene por cumplido el requerimiento de mérito por parte de dicha autoridad, para los efectos legales conducentes. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes y relaciónense en la audiencia constitucional. Notifíquese y cúmplase.
Quedan 5 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · 11,514 expedientes
- Walmer Antonio Peraza Cruz780/2022
- Walter Adhemar Sosa Camejo937/2020
- Walter Armando Dorantes Cool727/2021
- Walter Cuauhtemoc Fuentes Vazquez678/2022
- Walter Emilio Manzanero Criollo1946/2021
- Walter Francisco Lubcke Argaez533/2021
- Walter Ivan Cruz Fernández2742/2022
- Walter Orlando Carmenate Velasco1529/2022
- Walter Roberto Canchen García537/2021
- Walter Romualdo Paz Bacab362/2021
- Walterio Manuel Cruz Vinajera1086/2023
- Warner Perez Arana519/2017