Walter Sánchez Vázquez

Expediente 1585/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 8 actuaciones registradas, la última del 5 de agosto de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1585/2016
Año
2016
Actuaciones
8
Última actuación
05/08/2016

Partes del expediente

  • Walter Sánchez Vázquez
  • Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado
  • José Luis Palacios Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el oficio signado por la Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, por el que da cumplimiento a lo requerido en auto de doce de julio del año en curso (foja 18); sin que sea el caso emitir mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que en auto de catorce de julio del año en curso (fojas 44-48), se sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto y en auto dos de agosto de dos mil dieciséis (fojas 60-61), se declaró que causó estado el mismo.

  2. Principal

    Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, con fundamento en los artículos 86, de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la citada Ley, se acuerda: Como ninguna de las partes recurrió dentro del término legal el auto que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, se declara que ha causado estado para los efectos legales procedentes. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en que se sobreseyó fuera de audiencia y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el presente expediente, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente. 3. Dar vista a la parte quejosa, a fin de que acuda al local de este juzgado de Distrito dentro de un plazo de noventa días, a recoger la copia certificada del instrumento notarial veinticuatro mil quinientos ochenta y seis, volumen tricentésimo cuadragésimo segundo, pasado ante la fe del Notario Público Número Treinta y Dos del Estado de Guanajuato; lo anterior, de conformidad con los puntos Segundo, fracción XVIII, Capitulo I, y Décimo Primero, párrafo último, Capitulo Tercero, y Vigésimo, fracción III, Capitulo Quinto, apercibida que, en caso de no hacerlo, podrán ser destruidas junto con los expedientes.

  3. Principal

    CON ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCEROS INTERESADOS, EL AUTO DE ONCE DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Agréguese a los autos el escrito de la quejosa, por medio del cual amplía el recurso de revisión interpuesto por su autorizado en el presente asunto; con apoyo en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyase entre las partes copia del escrito de referencia. Asimismo, una vez que se envíen los escritos originales de agravios al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito en Turno, remítase el escrito de cuenta.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERA INTERESADA EL AUTO DE CATORCE DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, QUE DICE: Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el oficio de la Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, por el que remite copia certificada del laudo de siete de julio del año en curso, dictado en el expediente ***, de su índice, promovido por *** Documental a la que se le concede valor probatorio pleno, en términos de lo que establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2. Ahora, del escrito inicial de demanda se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado la omisión de dictar el laudo en el expediente *** En ese contexto, se toma en cuenta el contenido de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.) El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional, respecto de un acto que ya no afecta a la peticionaria de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos de dicho acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención, no es sólo la paralización del acto de autoridad, además es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del tomo IX-Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo expuesto se desprende que, para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Por otro lado, resulta indispensable acudir al contenido del artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los diversos 103 y 107 de la Constitución General de la República, que a la letra señala: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: . II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Del precepto transcrito se obtiene que los efectos que genera la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión, tratándose de actos de carácter omisivo, es obligar a la autoridad responsable a respetar la prerrogativa de que se trate y exigir de la misma su cumplimiento. Esto es, tratándose de actos omisivos de autoridades responsables, se entiende que han dejado de surtir sus efectos una vez que la autoridad lleva a cabo el acto que destruye la violación al derecho reconocido por la Constitución General. En la especie, los quejosos se duelen de la omisión por parte de la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, de dictar laudo dentro del juicio laboral ***, de su índice. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que el siete de julio del año en curso, dictó laudo definitivo en la controversia laboral de origen; es decir, en fecha posterior a la presentación de la demanda, la Junta responsable subsanó la dilación procesal que se le reclamaba. En ese sentido, deviene inconcuso que los efectos del acto reclamado consistente en la omisión por parte de la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, de dictar laudo en el juicio laboral ***, ha cesado en sus efectos, quedado insubsistente en forma total e incondicional el citado acto tildado de inconstitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí ninguna huella. Cobra aplicación, por identidad jurídica, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Luego, al haberse acreditado que cesaron los efectos del acto que por esta vía se reclamó, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que por su aplicación relacionada con la fracción V del numeral 63 del mismo ordenamiento, obliga a SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA. No obsta para decretar el sobreseimiento anterior, que en autos no conste que se haya emplazado a los terceros interesados ****, ya que a nada práctico conduciría, ante la notoriedad de la causa de sobreseimiento ya descrita, lo que implica que el sentido adoptado no le irroga ningún perjuicio. Tiene aplicación a lo anterior, la siguiente tesis: "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado(Novena Época, Registro: 196912, Instancia: Pleno, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, VII, Febrero de 1998, Materia(s): Común, Tesis: P. V/98, Página: 45)." Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con dos minutos del veintiocho de julio de dos mil dieciséis. Por otra parte, agréguese a los autos el escrito ***, apoderado de la tercera interesada *** Con apoyo en el artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo, se tiene a la citada sociedad por apersonada con el carácter de tercera interesada en el presente asunto. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que al efecto señala en esta ciudad. Asimismo, téngase por autorizado en términos amplios del numeral 12 de la Ley de Amparo vigente, a *** y en términos restringidos a que alude el numeral 12 de la Ley de Amparo vigente, a ***, toda vez que su cédula no se encuentra en el registro y consulta de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, en el entendido que una vez que se cumpla con tal requisito, podrá solicitar que se acuerde lo conducente. Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, expídanse las copias a que hace referencia, teniendo por autorizadas para recibirlas a las personas que indica, previa identificación y razón de recibo que se deje en autos, haciendo de su conocimiento que para tal efecto deberán acudir a este Juzgado dentro del horario de diez a trece horas, en día hábil. Toda vez que el apoderado de la citada tercera interesada exhibe la copia certificada del instrumento notarial veinticuatro mil quinientos ochenta y seis, volumen tricentésimo cuadragésimo segundo, pasado ante la fe del Notario Público Número Treinta y Dos del Estado de Guanajuato, previa certificación que al efecto se realice, procédase al resguardo de dicha documental en un sobre cerrado el cual se ordena glosar a los presentes autos. Finalmente, por lo que hace a la solicitud en relación a la devolución del citado documento, no ha lugar acordar de conformidad su petición, toda vez que con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, no es procedente la devolución de los documentos con que se acredite la personalidad, hasta en tanto se encuentre totalmente concluido el presente juicio de amparo; empero podrá expedirse a su costa cuando lo solicite, copia certificada de los documentos de que se trata, previa razón de recibo que se deje en autos.

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