Walter Frank Kronthal Gutiérrez

Expediente 87/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
87/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
15/02/2019

Partes del expediente

  • Walter Frank Kronthal Gutiérrez

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; quince de febrero de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días hábiles que concede el artículo 98 de la ley de la materia, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de queja contra el proveído veintinueve de enero de dos mil diecinueve (fojas 12 a 17), en el que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2, se declara que ha causado estado dicho auto; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y con base en lo establecido por el numeral 214 de la ley en la materia, se ordena el archivo de este asunto como totalmente concluido, en virtud de que no existe actuación pendiente por realizar. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.

  2. Principal

    CON ESTA FECHA SE LE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE VEINTINUEVE DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, QUE EN LO MEDULAR DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintinueve de enero de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por ********* contra actos de las siguientes autoridades responsables: 1. Fiscal de Asuntos Relevantes, dependiente de la Fiscalía General del Estado, con residencia esta ciudad; y, 2. Fiscal del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Asuntos Relevantes, dependiente de la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 87/2019-VIII. DESECHAMIENTO Ahora bien, una vez que es analizada la demanda de amparo de que se trata, este juzgado advierte de oficio que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en los numerales 112 y 113 de la citada legislación, procede desechar de plano la demanda de amparo. Para tal efecto es indispensable precisar el contenido de las normas invocadas, las cuales son del literal siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato". "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De los numerales transcritos se observa, que dentro de las veinticuatro horas siguientes a partir de que fue recibida la demanda de amparo por el Órgano de Control Constitucional, dictará el auto de desechamiento, en su caso, cuando concurran los siguientes requisitos: a) Que exista un motivo de improcedencia; y b) Que sea manifiesto y también indudable. Lo manifiesto, se materializa cuando se advierte en forma patente, absolutamente y clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios, de ampliación a la misma cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable, es la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en la hipótesis de estudio. En el caso, se aprecia que el promovente del amparo reclama en esta vía constitucional literalmente lo siguiente: "ACTO RECLAMADO: La FALTA DE NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DEL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL de fecha 03 tres de diciembre de 2018 dos mil dieciocho, de la Averiguación Previa *********** Analizado el contexto de la demanda, se llega a la consideración de que el juicio que ahora se promueve es improcedente, conforme a lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que establece literalmente lo siguiente: "Artículo 61. El Juicio de amparo es improcedente: XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismoEn términos del numeral transcrito, el juicio de amparo es improcedente cuando a pesar de la subsistencia jurídica del acto reclamado, éste no surte efecto legal o material por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo. De este modo, para que se actualice la causa de improcedencia de que se trata, es necesario que concurran los siguientes requisitos: 1) Que el acto reclamado subsista. 2) Pero no pueda surtir efecto legal o material alguno, porque ha dejado de existir el objeto o materia del mismo. Ahora bien, como se aprecia en el capítulo de antecedentes del escrito inicial de demanda el quejoso, manifiesta que: "ANTECEDENTES DE LOS ACTOS RECLAMADOS 1. Mediante escrito de fecha 05 de Abril del 2015, suscrito por el hoy quejoso, presente formal querella por los delitos de DESPOJO, DAÑOS ROBO Y LOS QUE RESULTEN, cometido mi agravio e instruida en contra de QUIEN O QUIENES RESULTEN RESPONSABLES, de hechos ocurridos INMUEBLE ubicado en CARRETERA CHAMULA KILOMETRO DOS, perteneciente al Municipio de SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, del Estado de CHIAPAS. 2. Por lo que se radicó la Averiguación Previa número ********** 3. Con fecha 03 tres de diciembre de 2018, el Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Asuntos Relevantes decreto el No Ejercicio de la Acción Penal. Aduciendo que no se acredita la existencia de un hecho que la ley señala como delito, mismo Acuerdo que NO me fue notificado". Por otra parte, en el capítulo de conceptos de violación, de manera específica en el segundo concepto, manifiesta lo siguiente: "Se viola en mi perjuicio la garantía de irretroactividad contenida en el artículo 14 constitucional que prohíbe que, por virtud de que una nueva ley, puedan afectarse situaciones o derechos constituidos conforme a una ley anterior, y me deja en completo estado de indefensión, respecto a mi calidad de propietario del predio rustico segregado del predio; Corazón de María, ubicado en carretera que conduce a Chamula kilómetro, esquina privada los Ocotitos del municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, pues tengo el carácter de propietario a tenor del instrumento público que anexo para acreditar mi legítimo interés en mi carácter de quejoso en el presente juicio La falta de notificación de la resolución del ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINA EL NO EJERCICIO DE LA ACCION PENAL, y la violación a los principios que deben imperar para que el acto de molestia que se combate sea válido y legítimo, me ha dejado en completo estado de indefensión, pues coarta mi derecho de acceso a la defensa legal que cada gobernado debe tener frente al imperio de autoridad. Si bien es cierto de las documentales que las responsable acompañaron a su informe con justificación en el amparo radicado bajo el índice 1497/2018 en el Juzgado Tercero de Distrito y Juicios Federales, y por medio del cual tuve conocimiento del acto que hoy se combate,, el notificador responsable mediante oficio ********** de fecha 04 de diciembre de 2018, levanta una razón en la que literalmente señala: "Lizbeth Ramos García, a 04 de diciembre del 2018. Presente Por medio de la presente le informo a usted que siendo las 13 horas del día antes mencionado me traslade a la calle ********** esta calle no existe Por lo que hago de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Firma ********** Suponiendo sin conceder, que no existiera la calle, como señaló el notificador, el Ministerio Público se encontraba en la obligación de notificarme por medio de edictos tal y como lo señalaba el artículo (87 del Código de Procedimientos Penales, insisto el cual debió aplicar al emitir su acto de molestia, al desconocer mí domicilio". Por otra parte, se advierte que el promovente de amparo manifiesta bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento de la notificación de la resolución de la cual se duele, con motivo de que se le dio vista, con el informe justificado de la autoridad responsable, en el diverso juicio de amparo 1497/2018, del índice de este órgano jurisdiccional. Para una mejor comprensión de los motivos que sustentan esta resolución, es pertinente relatar los antecedentes que informan el asunto, que se advierten de las constancias remitidas por la autoridad responsable Fiscal del Ministerio Publico Titular de la Mesa de Tramite Rezago de la Fiscalía de Asuntos Relevantes, con sede en esta ciudad en el diverso juicio de amparo 1497/2018 de la estadística de este Juzgado, consistentes en copias certificadas de la averiguación previa *********** a las cuales obran por separado en un cuaderno de pruebas , a las que se les otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, por remisión expresa del numeral 2o., de la Ley de Amparo, permiten observar lo siguiente: 1. Mediante la resolución de tres de diciembre de dos mil dieciocho, en la que se decretó el no ejercicio de la acción penal por exclusión de delito en el rubro de la atipicidad; y, 2. El cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, la Subdirectora de Asuntos Relevantes autorizó la propuesta de consulta de no ejercicio de la acción penal por exclusión de delito en el rubro de la atipicidad. Lo anterior se cita como hecho notorio sin que sea necesario agregar copia a los autos. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia VI.1o.P. J/25 , sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, de rubro y texto: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO. Por hechos notorios para un tribunal, deben entenderse aquellos que conozcan por razón de su actividad jurisdiccional. En ese sentido, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, los Magistrados de Tribunal de Circuito y los Jueces de Distrito pueden válidamente invocar de oficio, como un hecho notorio, las ejecutorias que se hayan emitido anteriormente, a fin de poder resolver un asunto en específico, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes, ya que esa es una facultad que la propia ley les confiere y que desde luego es de su conocimiento". De igual forma, tiene apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia P./J. 16/2018 , sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente". Ahora bien, en relación a que el acto reclamado subsista, se advierte que la omisión o indebida notificación de la determinación de no ejercicio de la acción penal se encuentra subsistente jurídicamente, por lo que se satisface el supuesto enunciado como inciso 1) en párrafos anteriores. Respecto del inciso 2), a saber, que no pueda surtir efecto el objeto o materia del mismo, debe tomarse en cuenta que las peticiones del quejoso van encaminadas a tener oportunidad de controvertir la resolución multicitada. En ese sentido, como se dijo, el acto que por esta vía se impugna, consistente en la omisión de notificar o indebida notificación practicada, de la resolución de no ejercicio de la acción penal, con motivo de impugnar la citada determinación, no puede surtir efectos, dado que el entorno que causaba agravio al peticionario de amparo ya cambió, pues la Subdirectora de Asuntos Relevantes autorizó la propuesta de consulta de no ejercicio de la acción penal por exclusión de delito en el rubro de la atipicidad. Por lo que, el agravio original inmerso en la omisión o indebida notificación cuestionada ya no tiene vigor. Se afirma lo anterior, pues a pesar de que subsiste el acto reclamado, a nada práctico llevaría la eventual admisión de la demanda de amparo, en virtud de que ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, en virtud de que esa determinación fue superada con motivo de la emisión de la autorización de la propuesta de consulta de no ejercicio de la acción penal por exclusión de delito en el rubro de la atipicidad, por parte del superior jerárquico del fiscal responsable; y ante ello a nada practico conllevaría la posible concesión de amparo. Pues el motivo esencial del presente controvertido es la oportunidad de controvertir la determinación del ejercicio de la acción penal de tres de diciembre de dos mil diecinueve; determinación que se encuentra jurídicamente superada, como se ha indicado con la diversa resolución de cuatro de ese mismo mes y año; circunstancias que tornan improcedente el estudiar por esta vía. En consecuencia de lo anterior, al advertirse en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 107 fracción V, ambos de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la ley en la materia. Lo anterior es así, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, contenido en la página 1631, tomo XX, septiembre de 2004, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". Asimismo, es aplicable el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Segundo Circuito, publicado en la página 618, tomo V, mayo de 1997, del Semanario Judicial de la Federación, Novena época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO POR CAUSA NOTORIA Y MANIFIESTA DE IMPROCEDENCIA. ÉSTA DEBE ESTAR PLENAMENTE PROBADA. Para desechar una demanda de amparo por causa notoria y manifiesta de improcedencia se requiere que la causal sea indudable, esto es, que esté plenamente demostrada, pues en caso contrario, es indispensable admitir la demanda a trámite, para que en el curso del procedimiento se dilucide si efectivamente se actualiza o no la causal, pues no debe olvidarse que las causales de improcedencia deben estar debidamente acreditadas por ser denegatorias de justicia, y si al acordar sobre la admisión de la demanda tal causal no está fehacientemente probada, y pese a ello se desecha aquélla, se estaría privando al afectado de su derecho a instar el juicio constitucional sin posibilidad de prueba al respecto". Sirve de apoyo, por las razones que informa, la jurisprudencia 181/2006, con registro 173858, visible en la página 189, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XXIV, diciembre de 2006, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que al efecto señala en esta ciudad; asimismo, autoriza para tales efectos las personas que indica y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********** Y *********** HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; además, de que el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo impone el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, para el caso de que en este juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Con fundamento en los artículos 1, 6, 8, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial para garantizar el respeto a la privacidad; hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en la sentencia respectiva, en el entendido que de no realizar manifestación alguna serán omitidos y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente al promovente.

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