Walter de la Garza Hernandez
Expediente 1375/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 1 actuación registrada, la última del 24 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1375/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 24/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Walter de la Garza Hernandez
Actuaciones
- Incidental
Visto lo de cuenta y como está ordenado en el acuerdo de esta fecha dictado en el cuaderno principal del juicio de amparo 1375/2019-VII-B, promovido por Walter de la Garza Hernández, contra de actos del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria; con apoyo en lo dispuesto por los artículos 128, 129, 138, fracción III, 139, 140 y 142, de la Ley de Amparo, tramítese por duplicado y separado este incidente de suspensión solicitado. AUDIENCIA INCIDENTAL Con fundamento en el artículo 138, fracción II, de la Ley de Amparo, se señalan las NUEVE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL DOS DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, para la celebración de la audiencia incidental. INFORME PREVIO Con fundamento en los artículos 138, fracción III, 140 y 142 de la Ley de Amparo, solicítese a la autoridad responsable su informe previo, que deberá rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas siguientes al en que reciba la notificación de este proveído, enviándole al efecto copia simple de la demanda de amparo. Apercibida que de omitir rendir su informe en ese plazo, con fundamento en el artículo 260, fracción I, del citado texto normativo, se le impondrá multa de cien a mil días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); medio de apremio que se individualizará en su oportunidad acorde a las circunstancias que la motiven, atendiendo a los elementos objetivos y subjetivos que para tal fin deban cubrirse. SUSPENSIÓN PROVISIONAL Del escrito inicial de demanda se aprecia que el quejoso señala como acto reclamado el siguiente: ? La resolución dictada en fecha veintiséis de noviembre del año dos mil diecinueve, relativo al procedimiento de responsabilidad administrativa número PRA/18/2018, en la que se impone una sanción consistente en una multa por el importe equivalente a veinticinco unidades de medida y actualización en contra del hoy quejoso, derivado de la carpeta de investigación administrativa 44/2018. Enseguida se provee, respecto a la suspensión provisional solicitada: Cabe señalar, que para proveer sobre la medida cautelar, 0corresponde al juzgador de amparo fijar los efectos y condiciones de la suspensión que se solicita. Es aplicable en lo conducente, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 182529, de la Novena Época, tomo XVIII, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en Diciembre de dos mil tres, visible a foja 98, cuyo rubro dice: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS". Ahora bien, en relación a lo dispuesto en los artículos 107 fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 128 de la Ley de Amparo, los cuales prevén que para conceder la suspensión deben cumplirse los siguientes requisitos: a) Que lo solicite el quejoso; y, b) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Conforme con los artículos invocados, el Juez de Distrito tiene la facultad para suspender la ejecución del acto reclamado si se dan los supuestos legales, atendiendo, además, a la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Adicionalmente, para conceder la suspensión se requiere que los actos o resoluciones reclamados causen una afectación o perjuicio a la esfera jurídica del solicitante de la medida y que con el otorgamiento de esta medida no se cause perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. El interés social se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien evitarle a aquélla algún mal, desventaja o trastorno. Por lo tanto, se considera que el interés social o el orden público se afectan cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Por tanto, con fundamento en lo establecido por el artículo 138, fracción I de la Ley de Amparo, es procedente conceder la suspensión provisional, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, esto es, para que sin suspender el procedimiento, no se ejecute el acto reclamado, es decir, para que no se haga efectiva la multa decretada en contra del quejoso Walter de la Garza Hernández, en el expediente PRA/18/2018, del índice de la autoridad responsable, derivado de la carpeta de investigación administrativa 44/2018. La medida cautelar tendrá vigencia, hasta en tanto se notifique a la autoridad responsable la resolución que recaiga sobre la suspensión definitiva que se dicte en el presente incidente de suspensión. En la inteligencia, de que esta medida no surtirá efecto legal alguno, en caso de que con anterioridad a esta fecha, se haya ejecutado tal acto. GARANTÍA La medida que se concede surte efectos desde luego, en términos del artículo 136 de la Ley de Amparo, pero dejará de surtirlos si la quejosa no otorga en el término de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que legalmente se le haga del presente proveído, garantía equivalente al monto de la multa que le fue impuesta y que se le pretende hacer efectiva a la quejosa, esto es, por el importe de veinticinco veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), a fin de garantizar el interés fiscal. La anterior consideración se apoya en las tesis I.15o.A.45 A y I.7o.A.86 A (10a.), de rubros: "MULTAS ADMINISTRATIVAS O NO FISCALES. DADO QUE NO GENERAN RECARGOS, LA GARANTÍA PARA QUE SURTA EFECTOS LA SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO, SÓLO DEBE COMPRENDER EL INTERÉS FISCAL, QUE EQUIVALE AL MONTO DE LA MULTA." "MULTAS ADMINISTRATIVAS NO FISCALES. PARA QUE SURTA EFECTOS LA SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, EL QUEJOSO DEBE GARANTIZAR EL INTERÉS FISCAL MEDIANTE SU PAGO EN CANTIDAD ACTUALIZADA." En la inteligencia de que si la garantía es exhibida en billete de depósito, éste deberá contener el nombre del quejoso en el apartado o rubro denominado "nombre del depositante", y la autorización expresa de éste al Secretario Técnico del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, para que solicite y reciba de la Institución depositaria la información necesaria que le permita el control de dicho billete de depósito, como está previsto en el artículo 883, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de enero de dos mil quince; y si fuera exhibida en póliza de fianza, la compañía afianzadora que resulte fiadora, deberá señalar domicilio en esta ciudad, para oír y recibir todo tipo de notificaciones relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la fianza, así como mencionar el nombre o nombres de las personas con representación legal para recibir a nombre de la propia compañía afianzadora, y por otra parte, que se someta expresamente a los órganos jurisdiccionales residentes en esta ciudad, para el caso de litigio. AUTORIDAD RESPONSABLE Mediante oficio notifíquese la radicación del presente juicio a la autoridad responsable, de conformidad con lo establecido en la fracción I, del artículo 28, de la Ley de Amparo, quienes están obligadas a recibir los oficios que se le dirija ya sea en su oficina, en su domicilio o en el lugar en que se encuentre. La notificación surtirá todos sus efectos legales, desde que se entregue el oficio respectivo, ya sea a la propia autoridad responsable o al encargado de recibir la correspondencia en su oficina, y si se negare a recibir dichos oficios se tendrá por hecha la notificación y será responsable de la falta de cumplimiento a lo ordenado por este Juzgado. DOMICILIO Y AUTORIZADO Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda, en el entendido que de no existir el mismo, encontrarse éste deshabitado o manifestar quien lo ocupe que no conoce a la parte promovente o a sus autorizados, se practicarán las notificaciones, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos que al efecto se publique en los estrados de este juzgado, lo anterior con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Asimismo, se tiene como su autorizado en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, a Rosa Miriam Sánchez Cruz, por contar con su cédula profesional debidamente registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal, se autorizan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el presente juicio de garantías. LEY DE TRANSPARENCIA En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. MEDIOS ELECTRÓNICOS Con apoyo en la circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, permítase a las partes y a sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente expediente mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como todos aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para los habitantes de la misma, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización de que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. La circunstancia de que se permita a las partes y a sus autorizados el uso de los ya citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que las partes o sus autorizados utilicen medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique que la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino que es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Página 2847, cuyo rubro es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Bajo ese contexto, la autorización que se solicita tendrá efectos exclusivamente en el presente juicio de amparo. DIGITALIZACIÓN Procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.
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