Walter de la Garza Hernandez
Expediente 749/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 749/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 29/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Walter de la Garza Hernandez
Actuaciones
- Principal
Agréguese a estos autos el oficio de cuenta que remite el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, en el que se comunica que por acuerdo de veintidós de julio de dos mil diecinueve, dicho órgano jurisdiccional aceptó la competencia declinada por este juzgado para conocer de la demanda de amparo y la radicó con expediente 1395/2019. Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese el presente cuaderno de antecedentes como asunto concluido. Ahora, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que este juzgado Federal se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo; además no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo dispone el Punto Vigésimo, fracción I, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran seis meses, deberá procederse a su destrucción.
- Principal
MESA IV.- SE REMITE INCOMPETENCIA.
- Principal
MESA IV.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
MESA IV.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE PROMOVENTE WALTER DE LA GARZA HERNÁNDEZ, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN PRIMERA INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, SÍNTESIS DEL AUTO DE DIEZ DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE: Vista la demanda de amparo promovida por Walter de la Garza Hernández, por su propio derecho, contra actos del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria; fórmese el expediente respectivo, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el número 749/2019-IV-A. INCOMPETENCIA Las cuestiones competenciales son de orden público y, por ende, de estudio preferente, toda vez que atañen a las facultades que la ley otorga a los Juzgadores para conocer y resolver los asuntos que les son turnados dentro del ámbito de su competencia; por tanto, antes de decidir sobre la admisión de la demanda de amparo que nos ocupa es menester analizar tal cuestión, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 y 48, de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo que nos ocupa, por las razones siguientes: En principio, es necesario precisar que el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Dicho dispositivo legal, contiene reglas de competencia basadas en la posibilidad de ejecución material del acto reclamado, de tal suerte que si éste es susceptible de ser ejecutado, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción haya de efectuarse tal ejecución, y para el caso de que el acto reclamado no requiera de ella materialmente, será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que haya dictado la resolución reclamada, o en su caso, ante el cual se presente la demanda. Así, del artículo trascrito se advierte que, se establecen tres reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber: a) Será competente el juez de distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Lo expuesto permite establecer, que la competencia de los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo parte de la apreciación del acto reclamado a la luz de las hipótesis señaladas, por lo que es importante distinguir la actualización de cada una de ellas, pues las dos primeras reglas de competencia aludidas exigen ejecución material y se diferencian con lo establecido en la tercera, porque esta última no la requiere; y lo que distingue a las reglas competenciales que demanda que el acto reclamado tenga ejecución material no es que ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que éste ocurra en la jurisdicción de uno o varios jueces de Distrito. Lo anterior obedece a la regla general de competencia contenida en la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Federal, que prevé que en el juicio de amparo promovido contra actos de autoridad, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en el que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, porque la autoridad responsable de la ejecución de éste, será la encargada de afectar la esfera de derechos del gobernado. El propósito del legislador fue hacer del juicio de amparo un medio de control constitucional asequible al gobernado, estableciendo reglas que lo facilitaran, contando con mejores medios y posibilidades de defensa para atender y vigilar el desenvolvimiento del juicio; por eso, tratándose de la competencia de los jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, debe tomarse en consideración el lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado, debido a que al ejercer el Juzgador jurisdicción en el lugar donde tendrá ejecución el acto reclamado, cuenta con facultades para el desempeño de su función al determinar no sólo el derecho de las partes, con el objeto de dirimir sus conflictos y controversias, y emitir decisiones con autoridad de cosa juzgada, sino para que se agilice el eventual cumplimiento y ejecución de providencias procesales o en su caso de una sentencia en la que se haya concedido el amparo y protección de la Justicia de la Unión. En esa tesitura, en el caso concreto, la hipótesis de competencia que aquí interesa es la precisada en el inciso a), particularmente en lo relativo a que será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se va ejecutar el acto reclamado, que en el caso lo constituye la resolución de cuatro de junio de dos mil diecinueve, dictada en el procedimiento de responsabilidad administrativa PRA/25/2018, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, en la cual sustancialmente, se impuso al aquí quejoso una sanción administrativa consistente en una multa por el importe equivalente a treinta (30) Unidades de Medida y Actualización, por haber incurrido en una falta administrativa no grave en el ejercicio de sus funciones. Lo anterior, atendiendo a razones de práctica, vinculadas con la eficacia y prontitud en el despacho de los asuntos, así como a la efectividad y cercanía de los medios para lograr el cumplimiento, que en su caso se requiera, de la sentencia que culmine el proceso, lo cual es acorde a lo ordenado en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente por el derecho a la jurisdicción. Ahora, conviene precisar que en términos generales, por "ejecución", se ha entendido aquella actividad de adecuación del entorno fáctico a la exhortación judicial; la actividad del órgano jurisdiccional tendente a dejar las cosas en el sitio en que se encontrarían de no haber existido incumplimiento. En otras palabras, la fuerza ejecutiva constituye la posibilidad que tiene un juez de poner en marcha un aparato coactivo capaz de llevar a efecto los términos de sus resoluciones, incluso prescindiendo de la voluntad del obligado. Con base en esas premisas, una decisión jurisdiccional implica un principio de ejecución material cuando, ante el incumplimiento del obligado, sea necesaria la realización efectiva del mandato jurídico, a través de un conjunto de actos judiciales dirigidos a ese fin, a efecto de que lo ordenado por el juzgador encuentre lugar en la realidad. Ahora bien, de un análisis integral de la demanda de amparo, se conoce que, de manera destacada, el quejoso reclama lo siguiente: La resolución de cuatro de junio de dos mil diecinueve, dictada en el procedimiento de responsabilidad administrativa PRA/25/2018, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, en la que, se impuso al aquí quejoso una sanción administrativa consistente en una multa por el importe equivalente a treinta (30) Unidades de Medida y Actualización, por haber incurrido en una falta administrativa no grave en el ejercicio de sus funciones". Tales circunstancias, ponen de manifiesto que la autoridad responsable, dentro del citado procedimiento administrativo seguido en contra del aquí quejoso Walter de la Garza Hernández, el cuatro de junio dos mil diecinueve, lo sancionó administrativamente imponiéndole una multa por el importe equivalente a treinta (30) Unidades de Medida y Actualización, por haber incurrido en una falta administrativa no grave en el ejercicio de sus funciones cuando se desempeñó como Juez adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Madero. De lo antes expuesto, se sigue que esa sanción administrativa se ejecutará en el lugar en el que tiene su domicilio y se encuentra adscrito en la actualidad el funcionario público de que se trata, esto es, el quejoso Walter de la Garza Hernández, a saber, en la Ciudad de Xicoténcatl, Tamaulipas, pues así lo manifestó bajo protesta de decir verdad en su escrito de demanda, donde expuso; "actualmente, al momento de la presentación de la presente de demanda de amparo me encuentro adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial, con residencia en Xicoténcatl, Tamaulipas." En ese orden de ideas, se advierte que este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para tramitar y resolver el presente juicio de amparo en términos del primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, por lo que no es dable que este Juzgado, se avoque al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado al tenor de los conceptos de violación planteados por la parte quejosa, dada la ausencia del apuntado presupuesto procesal necesario para la validez del juicio. Lo anterior, ya que dicho precepto alude a la ejecución material como criterio único para asignar competencia por territorio a los jueces de Distrito que conozcan de los juicios de amparo; por ende, la citada expresión debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material ya sea por sí mismos o sus efectos conlleven a esa situación, es decir, la ejecución no atiende sólo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real. Apoya lo expuesto, la tesis jurisprudencial de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 68/2015 (10a) visible a página 916, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 19, junio de 2015, tomo I, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA DETERMINACIÓN DE CONCLUSIÓN DEL SERVICIO POR SEPARACIÓN DE UN SERVIDOR PÚBLICO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN DONDE SE EJECUTA EL MANDATO." De lo anterior, se advierte que la Segunda Sala del Alto Tribunal sostuvo que no debe atenderse al lugar en donde se emitió la determinación de conclusión del servicio por separación de un servidor público, pues no puede considerarse como acto de ejecución de dicho mandamiento, acto que, si bien legitima para promover el juicio de amparo, no puede servir de base para fijar la competencia del Juez de Distrito que deba conocer del mismo, pues para ello debe atenderse al lugar en que ha tenido ejecución o deba tener ejecución el acto reclamado, esto es, en el lugar en donde desempeña el cargo al servidor público o realiza sus funciones propias. Por tanto, la competencia para conocer del juicio de amparo en que se actúa, debe fincarse a favor del Juez de Distrito que ejerce jurisdicción en el lugar en donde se materialice la sanción impuesta, es decir, la multa, pues es ahí donde se ejecuta y produce consecuencias en el mundo fáctico. De ahí que, si el impetrante de amparo se encuentra adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial, con residencia en Xicoténcatl, Tamaulipas, es inconcuso que, corresponde al Juzgado de Distrito con jurisdicción en dicha localidad conocer del presente asunto, en razón de que la multa impuesta tendrá efectos de ejecución material en esa Ciudad, pues es en aquél lugar en donde se encuentra adscrito el aquí quejoso. En mérito de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 37, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto cuarto, fracción XIX, último párrafo, del Acuerdo general 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en relación con el diverso Acuerdo 22/2016, del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, este órgano se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo que nos ocupa. Por tanto, fórmese cuaderno de antecedentes y remítase los autos originales a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas con sede en Ciudad Victoria, para que a su vez lo haga llegar al órgano jurisdiccional que corresponda, a fin de que se encuentre en condiciones de acordar lo procedente; a quien se le solicita que, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la recepción de la demanda de amparo de que se trata, informe si acepta o no la competencia declinada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, en el entendido que de no existir, encontrarse deshabitado o manifestar quien lo ocupe que no conoce al promovente, se practicarán las notificaciones, aún las de carácter personal por lista de acuerdos, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Asimismo, se tiene como autorizada en términos de la parte final, segundo párrafo del artículo 12, de la Ley de Amparo, a Rosa María Sánchez Cruz, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, en virtud de no acreditar ante este órgano encontrarse debidamente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal, se autorizan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el presente juicio de amparo. LEY DE TRANSPARENCIA En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. MEDIOS ELECTRÓNICOS Con apoyo en la circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, permítase a las partes y a sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente expediente mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como todos aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para los habitantes de la misma, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización de que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. La circunstancia de que se permita a las partes y a sus autorizados el uso de los ya citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que las partes o sus autorizados utilicen medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique que la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino que es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Página 2847, cuyo rubro es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Bajo ese contexto, la autorización que se solicita tendrá efectos exclusivamente en el presente juicio de amparo. DIGITALIZACIÓN Procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.
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