Walter Alexander Pineda Guillén

Expediente 14/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
14/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
25/01/2018

Partes del expediente

  • Walter Alexander Pineda Guillén

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinticinco de enero de dos mil dieciocho. Visto, el oficio de cuenta signado por el Juez Tercero de Distrito en la Laguna, con sede en Torreón, Coahuila de Zaragoza, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto 2/2018, con número de orden 4/2018, de este índice; comunicación oficial enviada para notificar a la parte quejosa *******, el auto de ocho de enero del año en curso, dictado en el presente juicio de amparo. Al efecto se acuerda: Con sustento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según el numeral 2, agréguese a los autos para que obre como corresponda, para los efectos legales correspondientes; dese de baja en el libro de gobierno y en la estadística, acúsese el recibo de estilo vía fax.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diecisiete de enero de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que obre como corresponda: El telegrama de cuenta, signado por la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en la Laguna, con sede en Torreón Coahuila, por medio del cual acusa recibo del diverso 212/2018, del índice de este órgano jurisdiccional, de ocho de enero del año en curso, por el cual se le remitió por incompetencia el juicio de amparo 14/2018, promovido por Walter Alexander Pineda Guillén, e informa que aceptó la competencia declinada. Al efecto se acuerda: Con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2, glósese a los autos la comunicación de cuenta. Archivo Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. Valoración del expediente De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida de en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto de incompetencia; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Incidente de suspensión Se deja de proveer sobre el incidente de suspensión, toda vez que el presente juicio fue remitido por incompetencia. Registros correspondientes Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Primero, segundo párrafo, y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio, en la carátula del mismo y en el libro de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberán transferirse al Centro de Documentación y Análisis. Documentos y tomos para devolver a las partes Toda vez que no se advierten tomos ni documentos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por NNN, por propio derecho. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 14/2018-V, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ANALISIS DE LA COMPETENCIA. Ahora bien, este Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, no es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Por lo anterior, es necesario tomar en consideración que el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Expuesto lo anterior, debemos precisar que para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 37 de la Ley de Amparo vigente. En efecto, de la lectura del primer párrafo del artículo 37 transcrito surgen dos hipótesis distintas: 1) Aquélla en la que el acto está pendiente de ejecutarse; o 2) Aquélla en que la ejecución fue consumada o se está consumando, por lo que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio. Ahora, de esas mismas hipótesis pueden advertirse cuatro supuestos específicos en los que se establece la competencia del Juez de Distrito de acuerdo a: El lugar donde el acto deba tener ejecución; En donde trate de ejecutarse; En donde se ejecute; o, d) En donde se haya ejecutado. Bajo esa tesitura, debe mencionarse que: El lugar donde el acto deba tener ejecución es aquél en donde: a.1) el acto aún no ha sido ejecutado; y, a.2) en virtud de las circunstancias del acto, las autoridades responsables y el análisis de la demanda de amparo, conlleven necesariamente a la conclusión de que los actos señalados como reclamados habrán de tener ejecución en ese lugar y que indudablemente tiene que ejecutarse dentro de esa jurisdicción. b) El lugar en donde trate de ejecutarse es aquél donde la ejecución comenzó a llevarse a cabo con la finalidad de consumarla, pero que sin embargo, no se ejecutó en su totalidad, ello en virtud que del conjunto de los actos tendientes a consumar el acto, no fue posible el producir los efectos que eran objeto del acto de autoridad. c) El lugar en donde se haya ejecutado es aquél en donde la ejecución ya fue consumada en su totalidad y, por tanto, de manera instantánea fue perfeccionada dentro de esa jurisdicción y; sin embargo, puede dar cabida a dos tipos de actos en base a sus efectos. c1) Actos de Tracto Sucesivo. Que son aquellos en los que la autoridad actúa constantemente, repitiendo una y otra vez en el tiempo el acto reclamado, consumándose de momento a momento y perfeccionándose reiteradamente. c2) Actos que se consuman, pero que sus efectos se prolongan en el tiempo, que como su nombre lo indica, son actos que al ser ejecutados, se consuman una sola vez y no necesitan repetirse en el futuro, pero que sus efectos crean situación jurídica que se prolonga en el tiempo sin terminarse; d) En donde se ejecute, es aquél en donde la ejecución fue o está, siendo actualizada en el presente, al momento de la presentación de la demanda. En el caso particular, del análisis integral del escrito de demanda, se advierte que el quejoso aduce que promueve el amparo en contra de una apelación; asimismo, que el juez de la causa no le ha asignado un defensor de oficio que lo represente profesionalmente. Además, que de manera categórica señaló que tiene el carácter de sentenciado y se encuentra compurgando su pena en el Centro Federal de Reinserción Social, Número 14 CPS de Durango, residente en Gómez Palacio. De igual manera, se desprende que el quejoso manifestó que el juez de la causa dictó sentencia condenatoria, por veinte años de prisión, por el delito de privación ilegal de la libertad, que inconforme con ello, interpuso recurso de apelación, en el que Tribunal Unitario del Cuarto Circuito en Nuevo León, confirmó la sentencia condenatoria, y que desde entonces no ha promovido recurso a su favor. En tal virtud, es inconcuso que son actos después de concluido el juicio; por lo que, si se toma en cuenta que el sentenciado está privado de su libertad, es indudable que conforme a la primera regla de competencia contenida en el artículo 36 de la Ley de Amparo, dichos actos se seguirán ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, resulta competente para conocer del juicio de amparo el juez de distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario donde el sentenciado esté recluido. Aunado a lo anterior, no existen indicios de que la condena que compurga se ejecutará, o que ya trató de ejecutarse en este circuito judicial, por tanto de conformidad con lo dispuesto por el artículo 37, párrafo primero y 48 de la ley de la materia, este juzgado no es competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad además con lo dispuesto por los Acuerdos Generales 3/2013 y 16/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, de donde se desprende que el municipio de Gómez Palacio, Durango, se encuentra dentro de la jurisdicción territorial de los juzgados de Distrito en La Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila de Zaragoza, por lo que es a los Juzgados de aquella ciudad a quienes les compete conocer de la presente demanda de amparo. DECLARACIÓN DE INCOMPETENCIA. En ese sentido, con fundamento en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo vigente, este Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, se declara legalmente incompetente para conocer de la presente demanda y se declina la competencia a favor del Juez de Distrito en La Laguna, en Turno, con residencia en Torreón, Coahuila de Zaragoza; remitiéndole el presente juicio de amparo. Por lo anterior, solicítese atentamente al Juez de Distrito de referencia, tenga a bien, en caso de no existir inconveniente alguno, comunicar respecto de la aceptación o no de la competencia y acusar el recibo de estilo. Fórmese el cuadernillo de antecedentes relativo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Toda vez que el quejoso señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el lugar donde se encuentra recluido esto es en el Centro Federal de NNN, para que en auxilio y por comisión de este Juzgado, por conducto del actuario judicial de su adscripción se sirva notificar a la parte quejosa el presente proveído. Asimismo, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias, deberán habilitar días y horas inhábiles, en términos del artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente. Hecha la anterior diligencia lo devuelva a la brevedad posible. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES De conformidad con el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario o Secretarios adscritos a este juzgado puedan realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto, cumpliendo con ello el imperativo previsto en el artículo 17 Constitucional. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA De conformidad con los artículos 1, 5, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello; por tanto, no será objeto de publicación. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información particular clasificada, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley, o pueda ser elaborada una versión pública. Por tanto, para efectos de la publicación del expediente electrónico, se ordena al secretario que elabore en versión pública los acuerdos y resoluciones emitidos en el presente juicio, y la publique a través del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

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