Wainer Otoniel Sanchez Hernández

Expediente 964/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 7 actuaciones registradas, la última del 17 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
964/2017
Año
2017
Actuaciones
7
Última actuación
17/01/2018

Partes del expediente

  • Wainer Otoniel Sanchez Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    SE DECLARA QUE EL MISMO HA QUEDADO FIRME PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES.. SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO...

  2. Principal

    Tomando en consideración que el autorizado de la parte quejosa mediante escrito de dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez y de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales, con residencia en Cintalapa de Figueroa, bajo protesta de decir verdad manifiesta que cesaron los efectos del acto reclamado dado que la responsable le dio la oportunidad de nombrar abogado dentro de la carpeta de investigación, de la cual dimana el acto reclamado. Analizados todos los datos que se desprenden del juicio de amparo y que sirven para obtener una completa interpretación de la voluntad de la parte quejosa y examinar la constitucionalidad de los actos que aparezcan probados, sin sujetarse al rigorismo de que precisa y solamente sea tomando como actos reclamados los que como tal se hayan expresado en el capítulo especial de la demanda, concatenando a la información con que se cuenta, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; esto es, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, pues esta improcedencia se justifica con la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos. Tiene aplicación la Jurisprudencia cuyo rubro y texto textualmente señalan lo siguiente: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis cuyo rubro y texto son: AMPARO, CONFESIÓN EN EL. Es indudable que en el juicio de amparo no se admite la prueba de confesión, porque el artículo que la prohíbe, quiere vedar la que se provoca por medio de posiciones; pero esto no quiere decir que no tenga eficacia probatoria la confesión que, de manera espontánea, hagan las partes en sus memoriales y sólo puede dejarse de considerar eficaz, si hay prueba de mayor fuerza que la desvirtúe. En el caso concreto, la parte quejosa en su escrito inicial de demanda señaló como acto reclamado la negativa de recibirlo en comparecencia para nombrar abogado particular, sin embargo, mediante el escrito de cuenta, bajo protesta de decir verdad, manifiesta que han cesado los efectos del acto reclamado, en virtud de que la autoridad responsable le permitió la oportunidad de nombrar abogado dentro de la carpeta de investigación origen de tales actos, renunciando este a su propio derecho. Lo anterior, nos permite sostener que sobreviene de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia del presente juicio de amparo, prevista en el artículo 61, fracción XXI, numerales de la Ley de Amparo, pues atento a lo trascrito en párrafos precedentes, la autoridad responsable Fiscal del Ministerio Público Conciliador Uno de la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa, con sede en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, permitió nombrar abogado que le había solicitado el quejoso renunciando este a su derecho; lo cual fue llevado a cabo posterior a la presentación de la demanda de amparo; mismo que se acredita mediante escrito que obra en el presente juicio del escrito de dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, presentado por el autorizado del quejoso, por ende; cesaron los efectos del acto reclamado. Por lo expuesto, se sobresee fuera de audiencia, respecto del acto reclamado consistente la negativa de recibirlo en comparecencia para nombrar abogado particular, toda vez, que la causal de improcedencia en mención, es notoria y manifiesta. Por consiguiente se deja sin efectos la audiencia fijada para el NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL CUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ocho de noviembre de dos mil diecisiete. Visto, el oficio de cuenta signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, residente en esta ciudad, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria dictada por ese Tribunal en el recurso de queja 159/2017 y devuelve los autos originales del juicio de amparo 964/2017. Al efecto se acuerda: Por lo que hace en la ejecutoria de cuenta el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se declara fundado el recurso de queja. SEGUNDO. Se revoca el auto recurrido. TERCERO. Se ordena al juzgado de distrito del conocimiento proveer lo conducente en relación con la admisión de la demanda, en términos de lo dispuesto en los artículos 112, 113, 114 y 115 de la Ley de Amparo, siempre y cuando no advierta la actualización de diversa causal de improcedencia." Glósese únicamente las actuaciones originales que obren en el cuaderno de antecedentes y acúsese recibo de estilo. En esa tesitura, en cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Colegiado en mención; al efecto, provéase lo conducente. ACTOS RECLAMADOS. Así, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es obligación de este Juzgador, realizar la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, por lo que de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa reclama: La negativa de permitirle la consulta del expediente cuyo número refiere desconocer. La negativa de recibirlo en comparecencia para nombrar abogado particular. DESECHAMIENTO PARCIAL DE LA DEMANDA Ahora bien, respecto del acto reclamado en el inciso A), consistente en la negativa de permitirle la consulta del expediente cuyo número refería desconocer; tomando en consideración que el autorizado de la parte quejosa mediante escrito de treinta de octubre de dos mil diecisiete, bajo protesta de decir verdad manifestó que habían cesado los efectos del acto reclamado dado que tuvo acceso y le fue posible consultar la carpeta de investigación de la cual dimana el acto reclamado. Analizados todos los datos que se desprenden del juicio de amparo y que sirven para obtener una completa interpretación de la voluntad de la parte quejosa y examinar la constitucionalidad de los actos que aparezcan probados, sin sujetarse al rigorismo de que precisa y solamente sea tomando como actos reclamados los que como tal se hayan expresado en el capítulo especial de la demanda, concatenando a la información con que se cuenta, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; esto es, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, pues esta improcedencia se justifica con la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos. Tiene aplicación la Jurisprudencia cuyo rubro y texto textualmente señalan lo siguiente: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis cuyo rubro y texto son: AMPARO, CONFESIÓN EN EL. Es indudable que en el juicio de amparo no se admite la prueba de confesión, porque el artículo que la prohíbe, quiere vedar la que se provoca por medio de posiciones; pero esto no quiere decir que no tenga eficacia probatoria la confesión que, de manera espontánea, hagan las partes en sus memoriales y sólo puede dejarse de considerar eficaz, si hay prueba de mayor fuerza que la desvirtúe. En el caso concreto, la parte quejosa en su escrito inicial de demanda señaló como acto reclamado la negativa de acceso al expediente cuyo número desconocía, sin embargo, mediante diverso de treinta de octubre de dos mil diecisiete, bajo protesta de decir verdad, su autorizado manifestó ante este juzgado que habían cesado los efectos del acto reclamado, en virtud de que la autoridad responsable le había permitido el acceso al referido expediente y pudo consultar la carpeta de investigación origen de tales actos. Lo anterior, nos permite sostener que sobreviene de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia del presente juicio de amparo, prevista en el artículo 61, fracción XXI, numerales de la Ley de Amparo, pues atento a lo trascrito en párrafos precedentes, la autoridad responsable Fiscal del Ministerio Público Conciliador Uno de la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa, con sede en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, permitió el acceso al expediente que le había solicitado el quejoso; lo cual fue llevado a cabo posterior a la presentación de la demanda de amparo; mismo que se acredita mediante copia certificada que obra en el presente juicio del escrito de treinta de octubre de dos mil diecisiete, presentado por el propio quejoso, por ende; cesaron los efectos del acto reclamado. Por lo expuesto, se desecha de plano la demanda de amparo, respecto del acto reclamado consistente la negativa de permitirle la consulta del expediente cuyo número refería desconocer el quejoso, toda vez, que la causal de improcedencia en mención, es notoria y manifiesta. ADMISION PARCIAL DE LA DEMANDA Ahora bien, por lo que hace al acto precisado en el inciso B), con fundamento en el artículo 103, fracción I y 107 fracciones I, XII y XV, de la constitución Federal; 1 fracción I, 107, 108, 115 y 116 de la ley amparo, se tiene por presentada y admitida la demanda de amparo. AUTORIDAD RESPONSABLE Fiscal del ministerio público Conciliador Uno, de la Unidad Integral de investigación y Justicia Restaurativa, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, dependiente de la Fiscalía General del Estado. APERTURA DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Sin tramitarse el incidente de suspensión por no haber sido solicitado. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO. Con fundamento en el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, con copia del escrito de demanda, dese la intervención legal que le compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se fijan las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL CUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO. En términos del artículo 117 de la ley normativa del juicio de garantías pídase a las autoridades responsables su informe justificado, que deberán rendir dentro del término de quince días, siguientes al en que reciban el oficio de notificación, y con la debida anticipación que permita su conocimiento a la parte quejosa, apercibidas que si el informe no se rinde en el término señalado, y si esta circunstancia trae como consecuencia que se llegue a diferir la audiencia constitucional, se les impondrá en la sentencia respectiva, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, multa de cien a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización contemplada en los párrafos sexto y séptimo del Apartado B, del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con independencia de lo anterior, a falta de éste, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo de la quejosa acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1º de la ley de la materia. Requiérase a las autoridades responsables para que al rendir su informe justificado y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, conforme al artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, remitan copias autorizadas, legibles y completas de las constancias que tomaron en consideración para emitirlo, apercibidas que de no hacerlo así, se les impondrá, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, multa de cien a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización contemplada en los párrafos sexto y séptimo del Apartado B, del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. OBLIGACIÓN DE INFORMAR LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 64, del ordenamiento legal invocado, se conmina a las partes, para que, en el supuesto de que hubiere alguna causal de improcedencia en el presente juicio, sea por haber cesado los efectos del acto reclamado o por haber ocurrido causas notorias de sobreseimiento, lo hagan saber así a este juzgado, pues de no cumplir con esa obligación, con fundamento en el artículo 251 de la Ley de Amparo, se les impondrá multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, contemplada en los párrafos sexto y Séptimo del Apartado B, del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO INTERESADO. Tomando en cuenta que la parte quejosa manifiesta que ignora si existe tercero interesado en el presente asunto, se reserva proveer respecto del mismo, hasta en tanto las autoridades responsables rindan su informe justificado. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Toda vez que en proveído de treinta de agosto del año en curso se acordó lo conducente, se deja de proveer al respecto. PRUEBAS. Del escrito inicial de la demanda se advierte que parte la quejosa no ofreció probanza alguna.

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del numeral 2°, agréguese a los autos para que obre como corresponda, tomando en consideración que el Tribunal Colegiado en Materia Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, admitió a trámite el recurso de queja formulado por el promovente, el cual se registró con el número 159/2017, remítase el oficio de cuenta para que esté en aptitud de pronunciarse al respecto, dejándose copia certificada en el presente cuadernillo. Sin que sea óbice a lo anterior, que el escrito de cuenta, se encuentre dirigido al amparo indirecto 159/2017, ya que de la papeleta anexa del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; así como del contenido del referido, se advierte que corresponde al presente juicio de amparo indirecto.

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