Vladimir Stanlin Gómez Vollalobos
Expediente 1228/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 6 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1228/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 20/12/2019
Partes del expediente
- Vladimir Stanlin Gómez Vollalobos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinte de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, este órgano de control constitucional, de oficio, se pronuncia sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria, tomando en consideración las constancias que obran en autos. Previo al análisis del cumplimiento dado por la autoridad responsable, es necesario establecer que los efectos y alcances de la ejecutoria de amparo en comento fueron los siguientes: "I. Deje insubsistente la determinación de veintidós de enero de dos mil diecinueve dictada en el expediente administrativo número ****, en la que no admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto contra el desechamiento de demanda. II. En su lugar, emita otro tomado en cuenta los lineamientos señalados en esta sentencia, en el sentido que no es permitido retomar las consideraciones que dieron lugar a la no admisión del recurso de revisión intentado, pero de existir diversa causa de improcedencia del medio de impugnación, queda expedita su facultad para proveer lo conducente, es decir, con libertad de jurisdicción".****Ahora, mediante auto de veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve (fojas 199 y 200), causó ejecutoria la sentencia dictada en este juicio y se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Chiapas, Ponencia "C", con residencia en esta ciudad. Posteriormente, mediante proveído de cinco de diciembre del año en curso (foja 207), se dio vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días manifestara lo que a su interés conviniera, en relación al acuerdo de once de julio de dos mil diecinueve, remitido por la autoridad responsable, en el que intentó dar cumplimiento a la ejecutoria, en los siguientes términos: "- - - - Téngase por recibido el oficio antes descrito y en merito a lo contenido en la resolución de amparo de fecha 07 siete de noviembre de 2019 do mil diecinueve, se procede a dejar insubsistente el auto de veintidós de enero del presente año, emitido en el juicio contencioso administrativo número ****, procediéndose a emitir el mismo en los siguientes términos: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Se tiene por recibido el escrito signado por ****, en su carácter de administración único de la empresa Construcciones Stalin, Sociedad AAnonima de Capital Variable de 17 diecisiete de enero de 2019 dos mil diecinueve, constante de 17 diecisiete fojas, al que anexa 04 cuatro tantos de copias simples del aludido escrito para correr traslado, por medio del cual viene a interponer recurso de revisión en contra del proveído de 12 doce de noviembre de 2018 dos mil dieciocho, pronunciado por esta ponencia. Al efecto, esta ponencia advierte la imposibilidad de que el recurso de revisión sea sustentado por los siguientes motivos; ciertamente el inciso a) de la fracción I del artículo 173 de la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas, señala que el recurso de revisión procederá contra las resoluciones que desechen la demanda, sin embargo, este Tribunal como se encuentra referido en el numeral 3 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Chiapas, conoce únicamente de los juicios contenciosos administrativos, más no así de los recursos de revisión, por lo que es evidente que en aquellos casos en los cuales este órgano jurisdiccional haya conocido de dichos juicios, se encuentra entonces legalmente impedido para sustentar los recursos de revisión, puesto que es patente en el caso de que esta autoridad intentara analizar los aludidos recursos de revisión promovidos en contra de las determinaciones adoptadas por el mismo Tribunal, los magistrados se encontrarían impedidos para conocer de los mismos tal y como señala la fracción XIV del artículo 5 de la Ley Orgánica ya citada. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Entonces, advirtiendo la imposibilidad de sustentar el recurso de revisión en contra de las resoluciones emitidas por los integrantes de este Tribunal, y siguiendo la hermenéutica jurídica así como la supremacía de leyes, resulta pertinente adoptar la indicación contenida en el párrafo primero del artículo 105 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Chipas, esto es, que al ser el presente Tribunal la máxima autoridad jurisdiccional en la materia, no cabe recursos alguno en contra de las determinaciones dictadas por este órgano colegiado, y que la jurisdicción y competencia, como lo señala la Ley orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Chiapas, es únicamente respecto a los juicios promovidos contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos señalados en el artículo 3 de dicho cuerpo de leyes; procediéndose entonces a DESECHAR el recurso de revisión interpuesto por ****, en su carácter de administración único de la empresa Construcciones Stalin, Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra del acuerdo de fecha 12 doce de noviembre de 2018 dos mil dieciocho. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cabe referírsele al ahora recurrente, que la anterior circunstancia es causante de incertidumbre jurídica respecto del ente del Estado que conocerá y resolverá dicho recurso de revisión, sin embargo, para ellos resulta pertinente atender el supuesto de excepción que prevé el párrafo final del artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, el cual da oportunidad al recurrente de promover el juicio de amparo para combatir la sentencia reclamada, ello por cuanto la procedencia del recurso se encuentra sujeta a interpretación adicional, estimándose así puesto que dicha procedencia deriva de la creación del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Chiapas y sus diversos ordenamientos, y ante ello el recurrente carece de la certeza jurídica de la procedencia del recurso de revisión, porque hasta el momento aunque en la normatividad estén contemplados, no se encuentran totalmente conformados los órganos de este Tribunal, lo que impide la atención del recurso de revisión respecto de las propias determinaciones adoptadas, y por lo tanto, queda expedito el derecho del recurrente para hacerlo valer en la vía y forma que corresponda, ellos en atención al derecho de audiencia constitucional con que cuentan las partes de un juicio. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Respecto a las anteriores circunstancias narradas, resulta pertinente citar que el Juzgado Quinto de Distrito de amparo y Juicos Federales en el Estado de Chiapas, con domicilio en esta Ciudad, ha determinado al resolver el juicio de amparo 1162/2019, que aun y cuando se determinase la procedencia del juicio de amparo para efectos de tramitar el recurso de revisión, no podría concederse materialmente la intención de la eventual sentencia protectora a favor del quejoso (dictar una resolución de fondo en el recurso de revisión), ello en atención al impedimento referido en el artículo 5, fracción XIV, de la ley Orgánica del Justicia Administrativa para el Estado de Chiapas, traduciéndose en consecuencias en una imposibilidad jurídica para que se produzcan los efectos restitutorios de la sentencia de amparo.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - Así mismo, en el caso en particular nos encontramos que en la resolución que se pretende combatir es de aquellas que como lo refiere la fracción I del artículo 170 de la Ley de Amparo, ponen fin al juicio; por ende, es de concluirse que derivado de todos los motivos anteriormente expuestos, se reafirmen las razones de la no admisión del recurso de revisión interpuesto en contra del auto de fecha 12 doce de noviembre de 2018 dos mil dieciocho. - - - - - - - - - - - - - - - - -" Ahora bien, respecto al cumplimiento de las ejecutorias, el normativo 196 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 196. Cuando el órgano judicial de amparo reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. En los casos de amparo directo la vista será de diez días donde la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento. Dentro del mismo plazo computado a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de su afectación por el cumplimiento, podrá comparecer la persona extraña a juicio para defender su interés. Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla". De lo anterior se desprende que, a fin de determinar si en este caso la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria de amparo, debe analizarse en su integridad la resolución que constituye la materia del cumplimiento, a efecto de verificar que las obligaciones hayan sido correctamente cumplidas pues incluso, es factible en el nuevo esquema de cumplimiento que el órgano que conoció del juicio de amparo, se pronuncie sobre un posible cumplimiento defectuoso o excesivo. Precisado lo anterior, este ordenador jurídico estima que en el caso no se encuentra cumplida la ejecutoria de amparo, toda vez que la autoridad responsable en auto de dos de diciembre de dos mil diecinueve, si bien, por un lado dejó insubsistente la determinación de veintidós de enero del año en curso, por otro, fue omisa en emitir un pronunciamiento que atendiera el segundo lineamiento pronunciado en la ejecutoria de este juicio de amparo, es decir, pronunciar un proveído en el que se abstuviera de retomar las consideraciones que dieron lugar a la no admisión del recurso de revisión intentado. Efectivamente, en el fallo que se dictó en esta instancia constitucional se determinó que la autoridad responsable en observancia al debido proceso, debe considerar que, funcionando en Pleno, es procedente que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Chiapas, tramite y resuelva el recurso de revisión intentado por el quejoso, al margen de los argumentos que sostiene en el propio escrito de revisión, so pena de actualizarse causa de improcedencia legal que determine lo contrario. Luego, si la autoridad responsable, al pronunciar el acuerdo de dos de diciembre de dos mil diecinueve, dejó insubsistente el acto reclamado, empero, nuevamente desechó el recurso de revisión interpuesto por el quejoso, aduciendo medularmente la existencia de una incertidumbre jurídica respecto del ente del Estado que debe conocer y resolver dicho medio de impugnación, es evidente que reiteró las manifestaciones vertidas en el acto reclamado. Circunstancia que impide tener por cumplida la ejecutoria de amparo, dado que el magistrado responsable nuevamente utilizó los argumentos que dieron origen a la actuación impugnada, en contravención a la sentencia ejecutoriada que se pronunció en este sumario constitucional. Ahora, es necesario precisar, que la ejecución y cumplimiento de las sentencias de amparo es considerada de orden público e interés social y debe atenderse, por parte del órgano jurisdiccional de amparo, para el efecto de salvaguardar la seguridad jurídica del gobernado en sus instituciones jurídicas. Por tanto, se debe verificar que la sentencia se encuentre cumplida, tal como fue propuesta en la ejecutoria, en razón de que una sentencia al ser ejecutoriada, constituye cosa juzgada, la cual se convierte en una norma jurídica individualizada y su cumplimiento no puede quedar suspendido. En ese orden, pretender que los efectos de toda sentencia de amparo sean iguales para todos los casos, como lo hace valer la responsable, implicaría negar la naturaleza del juicio de amparo como el instrumento más importante de protección de los derechos fundamentales, ya que no toda violación a los derechos fundamentales es igual, por lo que el efecto de una sentencia de amparo debe caracterizarse por una ductilidad que permita tutelar de la manera más efectiva posible los derechos de las personas. Debido a lo anterior, cada uno de los órganos jurisdiccionales competentes para conocer del juicio de amparo, en sus respectivas competencias, deberán evaluar cada caso en concreto, identificando el derecho fundamental que fue violentado, para así ponderar los efectos que tal violación constitucional acarrearía en aras de restituir el goce del derecho transgredido. Ahora bien, los efectos y alcances de las sentencias emitidas varían acorde al proceso en el cual se emiten, y según la violación constitucional que se advierta en el caso en concreto. Así, como las pretensiones de los reclamantes, la naturaleza y objeto del proceso, las cuales marcan la pauta de las consecuencias de la sentencia emitida: ya sea la declaración de una inconstitucionalidad, el reconocimiento de la lesión a un derecho fundamental, y el restablecimiento del mismo. Por lo anterior, este juzgador determina que no existe imposibilidad del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Chiapas, Ponencia "C", con residencia en esta ciudad, para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pues contrario a lo estimado por la autoridad responsable, impera sobre el Pleno de dicho tribunal, la facultad de resolver el recurso de revisión interpuesto en contra de la determinación emitida por el magistrado titular de la ponencia "C", que negó el trámite del recurso de revisión. Criterio que se encuentra sustentado en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo 584/2019-XI, del índice de este órgano jurisdiccional, en la cual, la responsable dio cabal cumplimiento a lo requerido en los siguientes términos: "Al efecto, respecto al recurso de revisión, promovido en contra del proveído de fecha 11 once de octubre del año próximo pasado, con fundamento en el artículo 173 de la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas, se procede a dar trámite al mismo, en consecuencia por conducto del actuario judicial adscrito a esta ponencia, notifíquesele a parte actora del presente juicio para que en el término de 03 tres días en que sea legalmente notificado, manifieste a lo que sus intereses legales corresponda, apercibido que en caso de no hacerlo se tendrá por precluido su derecho, hecho que sea lo anterior o habiendo transcurrido el termino, provéase lo conducente siguiendo las reglas del procedimiento de recurso de revisión contemplado en el numeral antes invocado. Por lo anterior y en cumplimiento al oficio antes citado remítase copia certificada del presente proveído al juzgado tercero de distrito de amparo y juicios federales en el estado de Chiapas, ello en cumplimiento a la sentencia emitida en el juicio de amparo 584/2019-IX". (Lo resaltado es propio). Lo anterior se invoca como hecho notorio, de conformidad con lo dispuesto por la tesis de jurisprudencia 16/2018, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la Décima época, libro 55, tomo I, junio de 2018, página 10, con registro electrónico 2017123, cuyo rubro y texto son los siguientes: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente". Por lo tanto, se evidencia que no existe una imposibilidad de sujetarse a lo establecido en la ejecutoria de amparo. No pasa desapercibido para el este ordenador jurídico la ejecutoria del juicio de amparo directo 138/2019, del índice del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con sede la ciudad, emitida el trece de junio del año que transcurre, sin embargo, no es el caso adoptar similar consideración sustentada en ese fallo, en principio, porque el supuesto analizado en ese sumario constitucional parte de uno diverso al actualizado en el caso, es decir, el acto reclamado que ahí se analizó constituye un proveído dictado por el magistrado instructor del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Chiapas que declaró la caducidad de la instancia, acto que si bien constituye una actuación que debe impugnarse mediante el recurso de revisión, también es una resolución definitiva que hace procedente el amparo directo; y aunado a ello, dicho razonamiento no se trata de una normativa o criterio jurisprudencial que sea vinculante a este órgano juzgador, dado que no constituye una jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación, o sea de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en Salas y de los Tribunales Colegiados de Circuito, en términos del artículo 216 de la Ley de Amparo. En esas condiciones, requiérase a la autoridad responsable Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Chiapas, Ponencia "C", con residencia en esta ciudad; para que dentro del plazo de tres días hábiles contado a partir de que reciba el oficio que al efecto se envíe, remitan copia certificada de las constancias que acrediten el cumplimiento total de la ejecutoria de amparo, para los efectos que en síntesis son los siguientes: Dejar insubsistente la determinación de dos de diciembre de dos mil diecinueve dictada en el expediente administrativo número ****, y en su lugar, emita otro tomado en cuenta los lineamientos señalados en la sentencia de amparo, en el sentido que no es permitido retomar las consideraciones que dieron lugar a la no admisión del recurso de revisión intentado, pero de existir diversa causa de improcedencia del medio de impugnación, queda expedita su facultad para proveer lo conducente, es decir, con libertad de jurisdicción. Con el apercibimiento que de no hacerlo así o de no informar el impedimento que tengan para ello, este Juzgado se pronunciará sobre el incumplimiento, les impondrá una multa por el equivalente a la suma de cien Unidades de Medida y Actualización, la que asciende a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), esto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 260, fracción II, en relación con el 238 de la Ley de Amparo, y tomando como base el valor inicial diario equivalente a $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional), conforme a lo establecido en lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecinueve, relativo a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, en términos de lo dispuesto en el artículo 238, en relación con los diversos 192, 193 y 258, de la ley de la materia. Ahora bien, hágase entrega de la referida solicitud a la autoridad responsable el seis de enero de dos mil veinte, tomando en consideración el oficio JLCyA/SGAyCC/0998/2019 signado por la Secretaria General de Acuerdos y Conflictos Colectivos y Secretaria del Pleno de la JLCyA, con sede en esta ciudad, por el cual informó a este órgano de control constitucional, que suspenderían labores debido al segundo periodo vacacional, comprendido del dieciséis de diciembre del año en curso al tres de enero de dos mil veinte. En tal virtud, envíese el oficio correspondiente el primer día hábil en que la autoridad responsable reanude sus labores. Tiene aplicación a lo anterior la tesis 16/94, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava época, junio de 1994, página 14, materia común, con número de registro 205453, que dice: "PERIODO VACACIONAL DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL RESPONSABLE. CONSTITUYE UN HECHO NOTORIO QUE PUEDE SER INVOCADO DE OFICIO POR EL JUZGADOR DE AMPARO. ...". Ahora bien, hágase entrega de la referida solicitud a la autoridad responsable el seis de enero de dos mil veinte, tomando en consideración el oficio TJA/SGAyP/C/010/2019 signado por el actuario habilitado en funciones de Secretario General de Acuerdos y del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, por el cual informó a este órgano de control constitucional, que suspenderían labores del diecinueve de diciembre del año en curso al tres de enero de dos mil veinte. En tal virtud, envíese el oficio correspondiente el primer día hábil en que la autoridad responsable reanude sus labores. Tiene aplicación a lo anterior la tesis 16/94, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava época, junio de 1994, página 14, materia común, con número de registro 205453, que dice: "PERIODO VACACIONAL DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL RESPONSABLE. CONSTITUYE UN HECHO NOTORIO QUE PUEDE SER INVOCADO DE OFICIO POR EL JUZGADOR DE AMPARO. ...". Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la citada Ley, se acuerda: Como la parte quejosa no recurrió dentro del plazo legal, la sentencia dictada en este asunto, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales conducentes. Con fundamento en lo dispuesto por el numeral 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días hábiles contado a partir de que reciban el oficio que al efecto se envíe, remitan copia certificada de las constancias que acrediten el cumplimiento a la sentencia dictada en este juicio, en la que se concedió el amparo a la parte quejosa, para los efectos siguientes: "I. Deje insubsistente la determinación de veintidós de enero de dos mil diecinueve dictada en el expediente administrativo número TJA/JCA/669-C/2018, en la que no admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto contra el desechamiento de demanda. II. En su lugar, emita otro tomado en cuenta los lineamientos señalados en esta sentencia, en el sentido que no es permitido retomar las consideraciones que dieron lugar a la no admisión del recurso de revisión intentado, pero de existir diversa causa de improcedencia del medio de impugnación, queda expedita su facultad para proveer lo conducente, es decir, con libertad de jurisdicción". Con el apercibimiento que de no hacerlo así o de no informar el impedimento que tengan para ello, este Juzgado se pronunciará sobre el incumplimiento, les impondrá una multa por el equivalente a la suma de cien Unidades de Medida y Actualización, que arroja la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientas cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), tomando como base el valor inicial diario equivalente a $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional), conforme a lo establecido en lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecinueve, relativo a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, en términos de lo dispuesto en el artículo 238, en relación con el diverso 258, de la ley de la materia. No obstante lo anterior, en caso de que no cumpla con la ejecutoria de amparo dentro del plazo concedido, dado que el Tribunal responsable no tiene superior inmediato a quién requerirle que la conmine a cumplir con la ejecutoria en comento, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, para la substanciación del incidente de inejecución de sentencia, pues la omisión en que incurre se traduce en contumacia de dar cumplimiento a la sentencia en comento; ello, dado que las ejecutorias, son de orden público y los alcances de exigir el cumplimiento de la sentencia tiene por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Notifíquese; mediante oficio a la autoridad responsable
- Principal
Por lo expuesto, fundado y con apoyo además, en los artículos 73, 74, 75, 77, 124 y 217, de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE AL QUEJOSO***SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE,***a través de su administrador único ***, contra el acto que reclamó del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad; en términos y para los efectos de los considerandos quinto y sexto de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento del Expediente (SISE), acorde con lo ordenado en los dos últimos considerandos de este fallo. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; ocho de octubre de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte que en siete de octubre del año en curso (fojas 179 y 180), se puso a la vista de las partes el contenido de las constancias remitidas por la autoridad responsable Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Chiapas, con domicilio en esta ciudad. En tales condiciones, toda vez que no ha transcurrido el término de ocho días para que las partes se impongan del contenido de las constancias de trato y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes, conforme lo establece el numeral 117 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL SIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga lugar su verificativo. Tiene aplicación la jurisprudencia 21/2008 , del texto y rubro siguiente: "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO. ...". Notifíquese.
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