Vladimir Alexander Pérez Pérez
Expediente 221/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 14 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 221/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 21/07/2017
Partes del expediente
- Vladimir Alexander Pérez Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, veintiuno de julio de dos mil diecisiete. Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, con fundamento en los artículos 86, de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la citada Ley, se acuerda: Como ninguna de las partes recurrió dentro del término legal el auto que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, se declara que ha causado estado para los efectos legales procedentes. Atento al dispositivo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo que se sobreseyó fuera de audiencia y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL CONTENIDO DEL ACUERDO DE VEINTINUEVE DE LOS CORRIENTES QUE EN SU PARTE MEDULAR DICE "Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintinueve de junio de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio del Consejero Jurídico del Gobernador, Titular del Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada de la resolución de doce de mayo del año en curso, emitida en autos del expediente de responsabilidad administrativa ******, de su índice, dando así cumplimiento a lo requerido en proveído de veintiuno del mes en curso (fojas 96 y 97). Ahora de las constancias remitidas por la responsable, en apoyo a su informe justificado se advierte que mediante oficio ***** de veintisiete de marzo del año en curso (foja 28), signado por el Director de Archivo General y Notarias del Estado del Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal, residente en esta ciudad, dio contestación a lo solicitado por el quejoso en su escrito recibido por la referida responsable el veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, lo que constituye el acto reclamado en este juicio. En proveído de veinte de abril del año en curso (fojas 32 y 33), se dio vista a la parte quejosa para efecto de que manifestara si ampliaba su demanda respecto de la contestación dada a su petición planteada ante la responsable, así como respecto de la autoridad Director de Archivo General y Notarias del Estado del Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal, residente en esta ciudad, manifestando al respecto su deseo de no ampliarla; sin embargo, en relación a las diversas manifestaciones hechas por el quejoso se solicitó a la responsable, copias certificadas del expediente *****, y finalmente las relativas a la audiencia y lo resuelto en dicho procedimiento. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de lo que establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2. Ahora, del escrito inicial de demanda se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado la omisión de dar contestación a lo solicitado mediante escrito presentado ante la responsable el veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, en el que solicitó se diera inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa en contra del licenciado *****, Notario Público Número setenta del estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez. En ese contexto, se toma en cuenta el contenido de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional, respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos de dicho acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención, no es sólo la paralización del acto de autoridad, además es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De lo expuesto se desprende que, para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de cuatro extremos, a saber: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Por otro lado, resulta indispensable acudir al contenido del artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los diversos 103 y 107 de la Constitución General de la República, que a la letra señala: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Del precepto transcrito se obtiene que los efectos que genera la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión, tratándose de actos de carácter omisivo, es obligar a la autoridad responsable a respetar la prerrogativa de que se trate y exigir de la misma su cumplimiento. Esto es, tratándose de actos omisivos de autoridades responsables, se entiende que han dejado de surtir sus efectos una vez que la autoridad lleva a cabo el acto que destruye la violación al derecho reconocido por la Constitución General. En la especie, el quejoso se duele de la omisión por parte del Consejero Jurídico del Gobernador, Titular del Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal, con sede en esta ciudad, de dar contestación a lo solicitado mediante escrito presentado ante la responsable el veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, en el que solicitó se diera inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa en contra del *****, Notario Público Número setenta del estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez. Ahora bien, de las constancias que remitió la autoridad responsable Consejero Jurídico del Gobernador, Titular del Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal, con sede en esta ciudad, se advierte que mediante oficio *****de veintisiete de marzo del año en curso (foja 28), signado por el Director de Archivo General y Notarias del Estado del Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal, residente en esta ciudad, dio contestación a lo solicitado por el quejoso en su escrito recibido por la referida responsable el veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, lo que constituye el acto reclamado en este juicio. Asimismo, que el procedimiento de responsabilidad administrativa ***** originado por el expediente ***** fue resuelto como se advierte de la copia certificada de la resolución con que se da cuenta. En esas circunstancias, al ser resuelto el procedimiento administrativo de responsabilidad relativo al expediente *****, deviene inconcuso que los efectos del acto reclamado consistente en la omisión de dar contestación a lo solicitado mediante escrito presentado ante la responsable el veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, en el que el quejoso solicitó se diera inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa en contra del licenciado *****, Notario Público Número setenta del estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, ha cesado en sus efectos. Ello, al haber quedado insubsistente en forma total e incondicional el citado acto tildado de inconstitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, con fundamento en el numeral 63, fracción V, de dicho ordenamiento, procede decretar el SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA en este juicio de amparo. Lo anterior, toda vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterio firme en el sentido de que resulta procedente decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, cuando dentro del desarrollo del procedimiento de amparo, subyace una causal de improcedencia de forma notoria y manifiesta, puesto que ante esa circunstancia probada resulta innecesario continuar con la substanciación del proceso, cuya conclusión, invariablemente será en el mismo sentido. Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las once horas con treinta minutos del doce de julio de dos mil diecisiete. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintinueve de junio de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio del Consejero Jurídico del Gobernador, Titular del Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada de la resolución de doce de mayo del año en curso, emitida en autos del expediente de responsabilidad administrativa ******, de su índice, dando así cumplimiento a lo requerido en proveído de veintiuno del mes en curso (fojas 96 y 97). Ahora de las constancias remitidas por la responsable, en apoyo a su informe justificado se advierte que mediante oficio ***** de veintisiete de marzo del año en curso (foja 28), signado por el Director de Archivo General y Notarias del Estado del Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal, residente en esta ciudad, dio contestación a lo solicitado por el quejoso en su escrito recibido por la referida responsable el veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, lo que constituye el acto reclamado en este juicio. En proveído de veinte de abril del año en curso (fojas 32 y 33), se dio vista a la parte quejosa para efecto de que manifestara si ampliaba su demanda respecto de la contestación dada a su petición planteada ante la responsable, así como respecto de la autoridad Director de Archivo General y Notarias del Estado del Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal, residente en esta ciudad, manifestando al respecto su deseo de no ampliarla; sin embargo, en relación a las diversas manifestaciones hechas por el quejoso se solicitó a la responsable, copias certificadas del expediente *****, y finalmente las relativas a la audiencia y lo resuelto en dicho procedimiento. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de lo que establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2. Ahora, del escrito inicial de demanda se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado la omisión de dar contestación a lo solicitado mediante escrito presentado ante la responsable el veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, en el que solicitó se diera inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa en contra del licenciado *****, Notario Público Número setenta del estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez. En ese contexto, se toma en cuenta el contenido de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional, respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos de dicho acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención, no es sólo la paralización del acto de autoridad, además es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De lo expuesto se desprende que, para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de cuatro extremos, a saber: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Por otro lado, resulta indispensable acudir al contenido del artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los diversos 103 y 107 de la Constitución General de la República, que a la letra señala: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Del precepto transcrito se obtiene que los efectos que genera la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión, tratándose de actos de carácter omisivo, es obligar a la autoridad responsable a respetar la prerrogativa de que se trate y exigir de la misma su cumplimiento. Esto es, tratándose de actos omisivos de autoridades responsables, se entiende que han dejado de surtir sus efectos una vez que la autoridad lleva a cabo el acto que destruye la violación al derecho reconocido por la Constitución General. En la especie, el quejoso se duele de la omisión por parte del Consejero Jurídico del Gobernador, Titular del Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal, con sede en esta ciudad, de dar contestación a lo solicitado mediante escrito presentado ante la responsable el veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, en el que solicitó se diera inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa en contra del *****, Notario Público Número setenta del estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez. Ahora bien, de las constancias que remitió la autoridad responsable Consejero Jurídico del Gobernador, Titular del Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal, con sede en esta ciudad, se advierte que mediante oficio *****de veintisiete de marzo del año en curso (foja 28), signado por el Director de Archivo General y Notarias del Estado del Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal, residente en esta ciudad, dio contestación a lo solicitado por el quejoso en su escrito recibido por la referida responsable el veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, lo que constituye el acto reclamado en este juicio. Asimismo, que el procedimiento de responsabilidad administrativa ***** originado por el expediente ***** fue resuelto como se advierte de la copia certificada de la resolución con que se da cuenta. En esas circunstancias, al ser resuelto el procedimiento administrativo de responsabilidad relativo al expediente *****, deviene inconcuso que los efectos del acto reclamado consistente en la omisión de dar contestación a lo solicitado mediante escrito presentado ante la responsable el veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, en el que el quejoso solicitó se diera inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa en contra del licenciado *****, Notario Público Número setenta del estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, ha cesado en sus efectos. Ello, al haber quedado insubsistente en forma total e incondicional el citado acto tildado de inconstitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, con fundamento en el numeral 63, fracción V, de dicho ordenamiento, procede decretar el SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA en este juicio de amparo. Lo anterior, toda vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterio firme en el sentido de que resulta procedente decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, cuando dentro del desarrollo del procedimiento de amparo, subyace una causal de improcedencia de forma notoria y manifiesta, puesto que ante esa circunstancia probada resulta innecesario continuar con la substanciación del proceso, cuya conclusión, invariablemente será en el mismo sentido. Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las once horas con treinta minutos del doce de julio de dos mil diecisiete. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintiuno de junio de dos mil diecisiete. Visto el estado de autos, de la copia certificada del acuerdo de dos de mayo del año en curso (foja 90), relativa al procedimiento de responsabilidad administrativa *****, se advierte que el Director del Archivo General y Notarías del Estado, residente en esta ciudad, instruyó glosar el testimonio de todo lo actuado en el citado procedimiento y remitir a la autoridad responsable Consejero Jurídico del Gobernador, Titular del Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal, residente en esta ciudad, para que emita la resolución correspondiente. Por tanto, de conformidad con el artículo 75 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérase al Consejero Jurídico del Gobernador, Titular del Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días contado a partir del siguiente al que surta efectos la notificación del presente proveído, informe a este juzgado el estado que guarda el procedimiento de responsabilidad administrativa *****, y remita copia certificada de las constancias relativas, toda vez que son necesarias para la debida integración del presente juicio. Finalmente, se apercibe que de no hacerlo, se le impondrá una multa por el equivalente a la suma de cincuenta unidades de medida y de actualización, la que asciende a la cantidad de $3,774.50 (tres mil setecientos setenta y cuatro pesos 50/100 moneda nacional), tomando como base el valor inicial diario equivalente a $75.49 (setenta y cinco pesos 49/100 moneda nacional), conforme lo dispone el artículo Segundo Transitorio, del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de enero de dos mil diecisiete, en relación con los ordinales 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. En virtud de lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fija como nueva fecha para su celebración las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DOCE DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE. NOTIFÍQUESE.
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