Vladimir Chávez Villalobos

Expediente 918/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 14 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
918/2021
Año
2021
Actuaciones
14
Última actuación
30/03/2022

Partes del expediente

  • Vladimir Chávez Villalobos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, así como el estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes recurrieran la sentencia terminada de engrosar el siete de marzo de dos mil veintidós, mediante la cual se negó el amparo, sin que se hayan inconformado; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la ley de la materia, para todos los efectos legales correspondientes, se declara que ha causado ejecutoria; por tanto, dése el aviso correspondiente a las partes y háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno. Se hace constar que este juicio carece es de relevancia documental y que después de una búsqueda minuciosa no se encontraron valores ni documentos originales exhibidos por las partes. Al resultar innecesaria la conservación del tomo de pruebas remitido por la autoridad responsable, devuélvasele sin que haya necesidad de solicitar el acuse de recibo correspondiente, pues como tal se tendrá la constancia en la que obre el sello de recibido. Finalmente, con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia, ARCHÍVESE este juicio como asunto totalmente concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    S E N T E N C I A VISTOS para resolver, los autos del juicio de amparo 918/2021; y, RESULTANDO ÚNICO. El veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, Roberto Rafael Rodríguez Hernández, defensor particular del quejoso ..., presentó oportunamente demanda de amparo, que por acuerdo de veintinueve siguiente se admitió; seguido su trámite, se celebró audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado de Distrito es competente para resolver el presente juicio conforme con lo dispuesto por los artículos 103 fracción I y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I, 37 y 107 de la Ley de Amparo y 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General 3/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que adiciona el similar 3/2013. SEGUNDO. El acto reclamado lo constituye la orden de reaprehensión de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, dictada por el Juez Militar de Ejecución de Sentencias, adscrito a la Primera Región Militar, dentro de la carpeta de ejecución 65/2020, y su ejecución que atribuyó al Segundo Comandante de la Policía Ministerial Militar y al Director de la Prisión Militar de la Primera Región, todos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Las autoridades responsables al rendir sus respectivos informes justificados aceptaron los actos reclamados y lo acreditaron con la copia certificada de diversas constancias de la mencionada carpeta de ejecución que anexaron a sus informes; documentales que adquieren valor probatorio pleno en términos de los normativos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por lo que se tiene por probado. TERCERO. No se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia. CUARTO. Los antecedentes que dieron origen al acto reclamado sustancialmente son los siguientes: El tres de enero de dos mil veinte, el Tribunal Militar de Juicio Oral de la Primera Región Militar, dictó sentencia condenatoria en la causa penal TMJOIRM/74/2019, contra el aquí quejoso por el delito de insubordinación, previsto en el artículo 283 en relación con el 284, fracción I, y sancionado en el diverso 285, fracción I, todos del Código de Justicia Militar, imponiéndole la pena privativa de libertad de un año seis meses de prisión. Inconforme, la defensa del justiciable interpuso recurso de apelación, que correspondió conocer al Tribunal Superior Militar, formándose el toca TP1-008/2020, el cual el veintiuno de febrero de dos mil veinte, fue resuelto por unanimidad en el sentido de confirmar la sentencia recurrida. En cumplimiento a lo anterior, mediante oficio SJ-868 de cinco de marzo de dos mil veinte, emitido por el Juez Militar de Ejecución de Sentencias, adscrito a la Primera Región Militar, en la referida carpeta de ejecución, revocó la libertad del quejoso y ordenó su comparecencia con la finalidad de comunicarle dicha determinación y que de manera voluntaria debía internarse en la Prisión Militar de la Primera Región Militar, con el fin de cumplir la pena de prisión que le fue impuesta; en la inteligencia que de no cumplir con lo anterior, continuaría controlado por el Centro de Adiestramiento Regional de la VII Región Militar (Rancho Nuevo, Chiapas) hasta en tanto se cumplimentara la orden de reaprehensión correspondiente. Comunicación que le fue notificada personalmente al quejoso en esa fecha. El siete de marzo de dos mil veinte, el Tribunal Superior Militar recibió la demanda de amparo directo promovida por la defensa de .., contra la sentencia de veintiuno de febrero de dos mil veinte, dictada dentro del toca TP1-008/2020, la cual por razón de turno correspondió conocer al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, quedando registrado bajo el número D.P. 47/2020, de su índice, que por sentencia de doce de noviembre de dos mil veinte, por unanimidad negó el amparo solicitado por el justiciable. El treinta de septiembre de dos mil veintiuno, una vez que el Tribunal Superior Militar comunicó al Juez Militar de Ejecución de Sentencias, adscrito a la Primera Región Militar el archivo definitivo del referido juicio de amparo directo, y a efecto de continuar con el procedimiento de ejecución de la sanción impuesta al aquí quejoso, y ante su negativa de internarse voluntariamente en la Prisión Militar de la Primera Región Militar, ordenó su reprehensión, la cual fue ejecutada el cinco de octubre del año próximo pasado. (acto reclamado). QUINTO. En sus conceptos de violación, el quejoso sustancialmente sostiene que el acto reclamado viola en su perjuicio los artículos 1°, 14, 16, 20, 22 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que debió ser citado a comparecer de manera voluntaria ante la autoridad judicial militar responsable para el inicio de la etapa de ejecución penal. Asimismo, la sentencia por la cual fue condenado no se encuentra firme, toda vez que aun cabe un medio de impugnación y esta dentro del plazo para su interposición. Es infundado lo alegado por el quejoso, atento a las siguientes consideraciones: Los artículos 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen diversas garantías, entre ellas, la de legalidad, conforme a la cual, la actuación de las autoridades debe estar adecuada y suficientemente fundada y motivada, así como efectuada dentro del marco de sus facultades legales; de seguridad jurídica, que se constituye como una prerrogativa para los gobernados de conocer, dentro del texto de la ley, cuáles son los elementos con que cuenta para hacer valer sus derechos frente a la autoridad y cuáles son las consecuencias de su inobservancia; así como los derechos con que toda persona imputada cuenta. En el caso no se advierte que la autoridad judicial militar responsable al emitir el acto reclamado, contravenga alguno de los citados preceptos constitucionales, habida cuenta que el auto combatido fue emitido en virtud del incumplimiento del aquí quejoso a lo ordenado por dicha autoridad el veintisiete de febrero de dos mil veinte, por el cual, revocó su libertad y ordenó su comparecencia con la finalidad de comunicarle dicha determinación y que de manera voluntaria debía internarse en la Prisión Militar de la Primera Región Militar, a efecto de cumplir la pena de prisión de un año seis meses que le fue impuesta, con motivo de su responsabilidad penal en la comisión del delito de insubordinación; en la inteligencia que de no hacerlo, continuaría controlado por el Centro de Adiestramiento Regional de la VII Región Militar (Rancho Nuevo, Chiapas) hasta en tanto se cumplimentara la orden de reaprehensión correspondiente. En efecto, la autoridad militar judicial responsable señaló que el aquí quejoso gozó de su libertad durante su proceso, la cual dejó de surtir efectos al momento en que la sentencia condenatoria dictada en su contra causó ejecutoria, lo cual le fue notificado personalmente, otorgándole el plazo de veinticuatro horas para internarse voluntariamente en la mencionada prisión militar, sin haber dado cumplimiento, de ahí que resultara procedente ordenar su reaprehensión a efecto de ejecutar la referida resolución. Establecido lo anterior, debe decirse que contrario a lo afirmado por el quejoso en sus conceptos de violación, conforme a las constancias que integran el presente sumario se desprende la existencia del oficio SJ-868 de cinco de marzo de dos mil veinte, emitido por el Juez Militar de Ejecución de Sentencias, adscrito a la Primera Región Militar, en la citada carpeta de ejecución, mediante el cual comunicó al justiciable que revocó su libertad y ordenó su comparecencia con la finalidad de comunicarle dicha determinación y que de manera voluntaria debía internarse en la Prisión Militar de la Primera Región Militar, con el fin de cumplir la pena de prisión que le fue impuesta, lo que en la especie no aconteció. Asimismo, como ya ha sido mencionado en párrafos que preceden, y contrario a lo aseverado, la sentencia condenatoria que le fue dictada el tres de enero de dos mil veinte, por el Tribunal Militar de Juicio Oral de la Primera Región Militar, fue confirmada por el Tribunal Superior Militar e inclusive esta última fue materia de análisis vía juicio de amparo directo, que correspondió conocer al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que le negó la protección constitucional. De ahí que resulte inconcuso que la referida sentencia condenatoria dictada en su contra se encuentra firme y deba ser ejecutada y cumplimentada en sus términos. Por lo anterior, resulta válido señalar que la autoridad responsable cumplió con la regularidad constitucional que le exigen los mencionados artículos constitucionales pues ajustó su actuación a disposiciones normativas de carácter general, como lo es el Código de Justicia Militar, y precisó las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tomó en consideración, para ordenar la reaprehensión del quejoso. Asimismo, debe decirse que en el presente caso no hay una violación a los artículos 1° y 133 constitucional, los cuales establecen que todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la Carta Magna, sino también por aquellos previstos en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, así como que estos serán la Ley Suprema de la Unión, toda vez que dicha circunstancia no significa que, al ejercer la función jurisdiccional, se dejen de observar los diversos principios constitucionales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la propia norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función; lo que en la especie acontece, pues, como ya ha sido analizado, la responsable respetó sus garantías al resolver la cuestión planteada. Finalmente, tampoco se advierte violación al artículo 22 constitucional, ya que esencialmente se refiere a los actos prohibidos, los cuales no guardan relación alguna con la materia de la presente contienda constitucional. SEXTO. El quejoso no se opuso a la publicación de datos sensibles, por tal motivo deberán suprimirse sus datos personales en la consulta o publicación de la sentencia correspondiente. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo se: RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ..., en términos del considerando quinto de esta resolución. SEGUNDO. Se tiene a las partes conformes de que se incluyan sus datos personales, en la consulta o publicación de esta determinación, en los términos del último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL

  4. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, se advierte que en proveído de tres de enero de la anualidad, se tuvo por recibido en correo institucional la resolución combatida en formato Word, que en este juicio se reclama. En el auto citado, se ordenó la extracción de dicha resolución y se ordenó su almacenamiento en disco compacto, en ese sentido, con fundamento en el artículo 117 del ordenamiento de la materia, póngase a la vista de las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. Para dar tiempo a lo anterior se difiere la audiencia constitucional señalada en autos, y en su lugar se fijan las DOCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDOS. Notifíquese.

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