Viridiana López Belmont
Expediente 242/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 7 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 242/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 19/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Viridiana López Belmont
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio suscrito por el secretario de acuerdos del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con el que devuelve el juicio de amparo 242/2021, tres discos compactos y un tomo de pruebas, así como testimonio de la resolución emitida en el toca R.P. 173/2021, en la cual resolvió revocar la sentencia recurrida y sobreseyó en este asunto; en consecuencia, acúsese recibo de estilo; realícense las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente; agréguense únicamente las constancias originales que obran en el cuaderno de antecedentes al cuaderno principal, para evitar la duplicidad de ellas y hágase del conocimiento de las partes. Se hace constar que este juicio carece de relevancia documental y que después de una búsqueda minuciosa en éste no se encontraron valores, ni documentos originales exhibidos por las partes. Por otra parte, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN al haberse negado la protección constitucional y carecer de relevancia documental. En cuanto al original del incidente de suspensión dado que fueron negadas las medidas cautelares, se decreta que -una vez transcurran tres años- es susceptible de destrucción, mismo destino que tendrá el duplicado del incidente de suspensión -una vez transcurra el término de seis meses-. Al resultar innecesaria la conservación de los discos compactos que remitió el Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, adscrito a la Unidad de Gestión Judicial 5, así como el tomo de pruebas enviado por la Octava Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, devuélvasele sin que haya necesidad de solicitar el acuse de recibo correspondiente, pues como tal se tendrá la constancia en la que obre el sello de recibido. Finalmente, con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia, ARCHÍVESE este juicio como asunto totalmente concluido. Notifíquese.
- Principal
Agréguese el oficio 3583/2021, suscrito por el secretario de acuerdos del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con el que acusa recibo de los autos del expediente del que deriva el cuaderno de antecedentes en que se actúa; original y copia del escrito mediante el cual interpuso recurso de revisión y formuló agravios la parte quejosa; un tomo de pruebas; y, tres disco compacto, informando que el citado medio de impugnación se admitió a trámite y quedó registrado con el número R.P. 173/2021, de su índice; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito de la quejosa********************, mediante el cual interpone recurso de revisión y expresa agravios contra la sentencia terminada de engrosar el ocho de septiembre de dos mil veintiuno, emitida en este juicio de derechos fundamentales; en esta tesitura, con apoyo en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 88 y 89 de la Ley de Amparo, con copia del citado ocurso córrase traslado a las partes y fórmese cuaderno de antecedentes. Una vez que el expediente se encuentre debidamente integrado, esto es, en cuanto obren en él las constancias de notificación a las partes de este proveído, remítanse al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en turno, los autos de este juicio, un tomo de pruebas, original del escrito de cuenta y copia para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la superioridad, así como disco compacto que contenga la resolución aludida, para la substanciación del citado recurso. Notifíquese; y personalmente a la parte tercero interesada, así como al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito vía electrónica.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 242/2021; y, RESULTANDO ÚNICO. Por acuerdo de cinco de abril de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo promovida oportunamente por.; tramitado el juicio, se celebró audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es competente para resolver el presente juicio conforme con lo dispuesto por los artículos 1°, fracción I, 37 y 107 de la Ley de Amparo y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General 3/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que adicionó el similar 3/2013. SEGUNDO. El acto reclamado consiste en la resolución de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, dictada en el toca SA 55/2020, que confirmó el auto de no vinculación a proceso decretado el diez de enero de dos mil veinte, dentro de la carpeta judicial 005/3096/2019, así como su ejecución. Lo cual, se atribuyó al magistrado unitario integrante de la Octava Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y a la Juez del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, adscrita a la Unidad de Gestión Judicial cinco, Adriana Ivett Morales Chávez, respectivamente, quienes al rendir su informe justificado, lo aceptaron; además, remitieron diversas documentales que integran los referidos expedientes y dvds, que contienen audiencias relacionadas con el acto que se reclama, que adquieren valor probatorio de conformidad con los normativos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por lo que se tiene plenamente probada su existencia.1 1 Sin que en el caso, deba tomarse en consideración el informe rendido por la representación social que en la demanda se señaló como responsable, habida cuenta que, como se dijo, en auto admisorio, no le recae ese carácter. TERCERO. En el caso, no se advierte que se actualice alguna causal de improcedencia; sin embargo, no pasa inadvertido que quien acude a solicitar el amparo contra la confirmación de un auto de no vinculación a proceso, sea la imputada, habida cuenta que como se expuso al resolver el juicio de amparo 216/2020 del índice de este juzgado, ese auto sí le genera agravio, pues de resultar fundado su argumento relativo a que el ofendido aquí tercero interesado, renunció a querellarse en su contra, pudo haberse decretado el sobreseimiento. CUARTO. Los antecedentes del acto reclamado son: 1. El diez de enero de dos mil veinte, la juez de control adscrita a la Unidad de Gestión Judicial Cinco, en audiencia inicial celebrada en la carpeta judicial 005/3096/2019, dictó auto de no vinculación a proceso en favor de ., imputada del delito de discriminación en agravio de . esencialmente por no advertir indicios razonables para considerar su existencia. De la audiencia de mérito, particularmente debe precisarse que durante su debate, la parte imputada sostuvo que la Fiscalía estaba impedida para iniciar e integrar la investigación de tal delito, justificando su argumento en el hecho que dentro de una relación laboral, entre el ofendido y una persona moral, cuya representación recae en la quejosa, aquél firmó un convenio de liquidación sosteniendo no reservarse acción o derecho que ejercer en contra de la empresa ni sus representantes, lo que asegura implica que renunció a querellarse en su contra, de ahí que considera se actualiza una causa de extinción de la acción penal y -por ende- de sobreseimiento. En cuanto a tal planteamiento, la juez de control consideró que, si una persona es víctima de un delito, puede ejercer las vías que correspondan para ejercer sus derechos, por lo que no era el momento para establecer si se actualizaba alguna causa de sobreseimiento y, por tanto, el Ministerio Público podría seguir investigando y determinar en su momento si vuelve a ejercer acción penal o bien, decretar el no ejercicio por actualizarse una causa de sobreseimiento. 2. Inconforme con lo anterior, la imputada interpuso recurso de apelación; de su escrito, se observa que reconoce que la determinación impugnada le resulta favorable, pero aduce que le causa agravio el razonamiento de la juez de control relativo a que se mantiene vigente el derecho de la parte ofendida a querellarse aun cuando haya firmado un convenio donde no se reservó acción o derecho que ejercer en su contra, lo que, a su consideración, debe tenerla por renunciada de la acción, de ahí que solicitó el sobreseimiento en la carpeta de investigación. 3. La autoridad responsable, por resolución de veinte de febrero de dos mil veinte, dictada en el toca SA 55/2020, determinó inadmisible el recurso de apelación, al sostener que el auto de no vinculación a proceso no le causaba agravio ni perjuicio alguno, al no trascender irreparablemente en la esfera jurídica de la imputada, ya que tenía como único efecto que la representación social continúe con la investigación de los posibles hechos delictuosos, sin que exista legislación o mandato constitucional que le otorgue el derecho de oponerse a su continuación. 4. En cumplimiento a la ejecutoria de amparo concedido en el juicio de amparo 216/2020 del índice de este juzgado, la responsable admitió el recurso de apelación propuesto y, el cuatro de marzo de dos mil veintiuno, se emitió la resolución que en este sumario se combate. En contra de esa determinación, la parte quejosa establece como conceptos de violación, en esencia que, es violatoria de lo previsto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no encontrarse debidamente fundada y motivada, ya que la responsable no resolvió sobre el argumento central vertido en el escrito de apelación, así como en la audiencia de alegatos aclaratorios. Lo anterior, porque se argumentó que el aquí tercero interesado renunció a formular querella, al haber firmado el convenio fuera de juicio ratificado el cuatro de octubre de dos mil diecisiete, el cual resulta un acuerdo de voluntades que tiene la finalidad de brindar seguridad jurídica, pues la frase que en él se contiene relativa a "no se reserva acción o derecho alguno que ejercitar con posterioridad en contra de Anasac México, S de RL de CV sus filiales o sus representantes legales", abarca todas las ramas del derecho existentes, tanto públicas como privadas, incluyendo la penal. Aunado a que, en ningún momento se estableció que el tercero interesado hubiera otorgado el perdón en el referido convenio fuera de juicio -como así lo interpretó la responsable-, sino que a través de ese convenio renunció a su derecho a formular querella, lo que equivale a extinguir la pretensión punitiva, pues se adecua a lo establecido en el artículo 94, fracción IV del Código Penal para el Distrito Federal, esto es "o por cualquier acto equivalente". Son infundados los conceptos de violación expresados. La responsable al emitir la resolución reclamada, por una parte puntualizó que los agravios no eran tendentes a inconformarse contra el hecho fáctico en que el ministerio público hizo descansar la imputación o con relación al propio auto de no vinculación decretado a favor de la aquí quejosa, sino a que la juez de control debió haber sobreseído el asunto, lo que no violenta derechos humanos. Por otra parte, al señalar que resultaban infundados los agravios hechos valer por la peticionaria de garantías, expuso medularmente que era en razón de que: La querella es un derecho al que no puede renunciar el ofendido, ya que en términos de lo dispuesto en el artículo 255 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es la pretensión punitiva del Estado, un requisito para iniciar la investigación de hechos que la ley señala como delito y, en su caso, se ejerza acción penal; La firma de un convenio laboral, no figura dentro de las formas de extinción de la pretensión punitiva, previstas en el artículo 94 del Código Penal de esta ciudad; El perdón a que se refiere la fracción IV de dicho numeral debe otorgarse ante el Ministerio Público o la autoridad jurisdiccional, no así en un convenio celebrado entre un patrón y su trabajador, en la que se resuelve una relación laboral entre ambos y existe una relación de subordinación, más no de igualdad entre las partes como en la materia penal; Se confunde la apelante, al considerar un convenio laboral como el perdón que debe otorgar la víctima, pues la manifestación contenida en dicho convenio, no se puede extender a otras materias, ya que se refiere a derechos y obligaciones de índole laboral y, que la víctima únicamente renunció al derecho de demandar a su patrón por esa vía. El criterio aislado invocado por la apelante de rubro "RENUNCIA DE DERECHOS PRIVADOS. NO ES VÁLIDA SI SE AFECTAN LOS DE TERCEROS Y EL INTERÉS PÚBLICO, Y SI NO SE ESTABLECE EN TERMINOS CLAROS Y PRECISOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 6° DEL CÓDIGO CIL PARA EL DISTRITO FEDERAL", representaba un sinsentido para la responsable, ya que lo discutido en la alzada versaba sobre materia penal. Así, concluyó que fue correcto que el a quo estimara que la existencia de un convenio signado entre las partes en el que la víctima señalara que no se reservaba acción o derecho alguno que ejercitar, no extinguía la pretensión punitiva. Además, agregó que la continuación de la investigación no podría ser vitalicia, ya que la representación social debía ajustarse a lo previsto tanto en el Código Penal como en el Código Nacional de Procedimientos Penales y, en caso, de que no formulara imputación de nueva cuenta, tendría que dar por concluido el asunto. Consideraciones que no transgreden derechos fundamentales, pues cumplen con los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias, así como el deber de fundamentación y motivación previsto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen la necesidad de que las resoluciones judiciales, como cualquier documento que busca demostrar su razonabilidad, sea clara sobre los temas tratados, así como demostrativa de los motivos y fundamentos del tribunal para confirmar, revocar o modificar la sentencia de primer grado. Cierto, contrario a lo que sostiene la quejosa, la responsable expuso las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tomó en consideración para sostener que, en el caso particular, no se surtían los supuestos normativos que prevén los requisitos de procedencia del perdón -como cualquier acto equivalente- mediante un convenio de naturaleza netamente laboral, considerando que su otorgamiento necesariamente debe realizarse ante el Ministerio Público o la autoridad jurisdiccional; proceso argumentativo que pone de manifiesto la adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. Asimismo, expreso las razones de porque esa documental (convenio laboral), no podía hacerse extensiva a otras materias como lo pretendía la recurrente, puesto que, en el mejor de los casos, únicamente la víctima había renunciado al derecho de demandar a su patrón por esa vía (laboral). Sin que sea óbice que la parte quejosa establezca que la responsable confundió el argumento en el sentido de que el aquí tercero interesado no otorgó perdón, sino que renunció a formular querella, al haber firmado el convenio fuera de juicio ratificado el cuatro de octubre de dos mil diecisiete, ya que contrario a lo sostenido, la responsable sí dio respuesta a tal argumento, en el sentido de que la querella es irrenunciable mediante ese convenio, a grandes rasgos, por ser un acto potestativo y unilateral que se lleva a cabo ante el Ministerio Público, por quien considera ha resentido las consecuencias de los hechos con apariencia de delito, para instarlo a la investigación y su persecución, por lo que no extinguía la pretensión punitiva; de ahí que lo argumentado por la responsable, no transgreda derechos fundamentales, al no acordar en los términos pretendidos por la quejosa, pues se aprecian los motivos torales que sustentan su determinación, por lo que se considera que se encuentra apegada a la legalidad y no contraría garantía alguna en su perjuicio. Por tanto, se niega la protección de la Justicia Federal solicitada, que se hace extensivo al acto de ejecución atribuido a la Juez del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, adscrita a la Unidad de Gestión Judicial cinco, Adriana Ivett Morales Chávez, toda vez que no se reclama por vicios propios. QUINTO. Las partes no se opusieron ni hicieron manifestación alguna para que se suprimieran sus datos personales en la consulta o publicación de la sentencia correspondiente, por lo que únicamente se suprimirán los datos sensibles que en su caso pueda contener la presente resolución. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo. se: RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a . respecto del acto reclamado y su ejecución, precisados en el considerando segundo, por las razones establecidas en su cuarto considerando. SEGUNDO. Se tiene a las partes conformes de que se incluyan sus nombres y datos personales en la consulta o en caso de hacerse pública esta sentencia. Notifíquese personalmente
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