Vladimir Chavez Villalobos y Otros.

Expediente 697/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
697/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
11/07/2018

Partes del expediente

  • Vladimir Chavez Villalobos y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; once de julio de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos décimos y vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintinueve de junio de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por el Juez Primero en Materia Civil del Distrito Judicial de San Cristóbal, con residencia en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por medio del cual devuelve sin diligenciar el despacho 234/2018, con orden 339/2018, del índice de este órgano de control constitucional, que se envió para notificar al quejoso ***, el contenido del acuerdo de cinco de junio del año en curso (fojas 6 a 15), por el que se desechó la demanda de amparo promovida por el quejoso. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de comunicaciones oficiales. Acúsese recibo. Por otra parte, visto el contenido de la razón actuarial de trece de junio del año en curso, signada por la actuaria adscrita al órgano jurisdiccional en comento, de la que se advierte que no fue posible notificar al quejoso ***, el contenido del acuerdo de cinco de junio de la presente anualidad, por los motivos que expone; en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, notifíquese por lista de acuerdos el presente proveído, así como el diverso de cinco de junio de la presente anualidad (fojas 6 a 15), así como las subsecuentes determinaciones, aún las de carácter personal, hasta en tanto subsane su omisión. Notifíquese.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; cinco de junio de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por ***, contra actos de las siguientes autoridades responsables: 1. General Brigadier Diplomado de Estado Mayor, Director del Centro de Adiestramiento Regional de la VII Región Militar, con sede en Rancho Nuevo, Chiapas. 2. Teniente Coronel de Infantería, Subdirector del Centro de Adiestramiento Regional de la VII Región Militar, con sede en Rancho Nuevo, Chiapas. 3. Agente del Ministerio Publico Militar del Centro de Justicia Militar del Sabino, con sede en Campo Militar "El Sabino", Chiapas. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 697/2018-3-A. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de amparo, estudiando en su orden si es procedente o no. Para determinar la improcedencia del juicio es necesario analizar si los actos reclamados se sitúan en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable; esto es, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis 2a.LXXI/2002 , sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tiene por rubro "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO." En el caso particular, el quejoso señala como acto reclamados los siguientes: "[.] De las autoridades señaladas como ORDENADORAS reclamo la orden que han girado a la ejecutora para que no se inicie carpeta de investigación derivada de la denuncia que presente en contra de las autoridades señaladas como ordenadoras, por conductas que el Código de Justicia Militar señala como delitos, por ende, la orden para que no se dicten las medidas de protección a que constitucionalmente tengo derecho ya que a la fecha la conducta ABUSIVA hacia mi persona subsiste, pues aun solicitando se dictaran las medidas de protección a mi favor como víctima, es la fecha en que no siquiera se ha iniciado la carpeta de investigación. De la autoridad señaladas como EJECUTORA reclamo la omisión de dar inicio a la carpeta de investigación respectiva, tomando como base la denuncia que por escrito presenté ante dicha autoridad en fecha 21 de mayo de 2018; denuncia en la que señalo a los Ciudadanos General Brigadier Diplomado de Estado Mayor ARISTEO TABOADA RIVERA y Teniente Coronel de Infantería EEUGENIO LUNA CASTAÑEDA, por ABUSO DE AUTORIDAD, así como la omisión de dictar las medidas de protección en mi favor como víctima del delito, a pesar de haberlas solicitado y de que se trata de una conducta que viene cometiendo reiteradamente". En ese sentido, por cuanto hace a las omisiones del Agente del Ministerio Público Militar de iniciar la carpeta de investigación, así como de dictar las medidas de protección a favor del quejoso en su carácter de víctima del delito, se tiene que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; preceptos que disponen: ***

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; cinco de junio de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por ***, contra actos de las siguientes autoridades responsables: 1. General Brigadier Diplomado de Estado Mayor, Director del Centro de Adiestramiento Regional de la VII Región Militar, con sede en Rancho Nuevo, Chiapas. 2. Teniente Coronel de Infantería, Subdirector del Centro de Adiestramiento Regional de la VII Región Militar, con sede en Rancho Nuevo, Chiapas. 3. Agente del Ministerio Publico Militar del Centro de Justicia Militar del Sabino, con sede en Campo Militar "El Sabino", Chiapas. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 697/2018-3-A. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de amparo, estudiando en su orden si es procedente o no. Para determinar la improcedencia del juicio es necesario analizar si los actos reclamados se sitúan en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable; esto es, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis 2a.LXXI/2002 , sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tiene por rubro "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO." En el caso particular, el quejoso señala como acto reclamados los siguientes: "[.] De las autoridades señaladas como ORDENADORAS reclamo la orden que han girado a la ejecutora para que no se inicie carpeta de investigación derivada de la denuncia que presente en contra de las autoridades señaladas como ordenadoras, por conductas que el Código de Justicia Militar señala como delitos, por ende, la orden para que no se dicten las medidas de protección a que constitucionalmente tengo derecho ya que a la fecha la conducta ABUSIVA hacia mi persona subsiste, pues aun solicitando se dictaran las medidas de protección a mi favor como víctima, es la fecha en que no siquiera se ha iniciado la carpeta de investigación. De la autoridad señaladas como EJECUTORA reclamo la omisión de dar inicio a la carpeta de investigación respectiva, tomando como base la denuncia que por escrito presenté ante dicha autoridad en fecha 21 de mayo de 2018; denuncia en la que señalo a los Ciudadanos General Brigadier Diplomado de Estado Mayor ARISTEO TABOADA RIVERA y Teniente Coronel de Infantería EEUGENIO LUNA CASTAÑEDA, por ABUSO DE AUTORIDAD, así como la omisión de dictar las medidas de protección en mi favor como víctima del delito, a pesar de haberlas solicitado y de que se trata de una conducta que viene cometiendo reiteradamente". En ese sentido, por cuanto hace a las omisiones del Agente del Ministerio Público Militar de iniciar la carpeta de investigación, así como de dictar las medidas de protección a favor del quejoso en su carácter de víctima del delito, se tiene que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; preceptos que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." El aludido precepto 61 de la ley en cita, en su fracción XXIII, establece la improcedencia del juicio de amparo en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Federal o de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Es decir, se contempla la posibilidad de que la improcedencia del juicio protector de derechos humanos, tenga apoyo en alguna disposición de la Carta Magna. Por su parte, el diverso numeral de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: "Artículo 20. [.] C. De los derechos de la víctima o del ofendido. [...] II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley. [.] VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño." Dicho precepto constitucional prevé los principios y directrices que regirán el proceso penal acusatorio, mismo que reconoce los derechos de las víctimas u ofendidos, entre los cuales destaca el derecho a impugnar a través de la vía jurisdiccional, entre otros actos, las determinaciones del Ministerio Público, así como las omisiones de investigar los delitos. Por tanto, constituye un derecho fundamental de la víctima u ofendido el impugnar las omisiones y determinaciones que el Ministerio Público puede emitir en la investigación de los delitos. ...

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