Viridiana Vázquez Arguello
Expediente 1566/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1566/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/12/2019
Partes del expediente
- Viridiana Vázquez Arguello
Actuaciones
- Principal
R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido ****, contra los actos reclamados de la autoridad precisada en el resultando primero, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento del Expediente (SISE), acorde con lo ordenado en los considerandos cuarto y quinto de este fallo. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; cuatro de diciembre de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable 1. Primera Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, por conducto del Magistrado Presidente. De conformidad con el numeral 117 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Finalmente, con apoyo en los preceptos 119 y 123, de la ley de la materia, se tiene por ofrecida la documental que remite la autoridad de cuenta, y tomando en consideración el volumen de la misma, para su mejor manejo se ordena abrir por separado un anexo de pruebas, respetando el sello, el folio y la rúbrica que contiene; el cual queda en la Secretaría de este Juzgado, en donde las partes pueden enterarse de su contenido; mismo que será valorado al momento de emitir el fallo correspondiente. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintidós de noviembre de dos mil diecinueve. Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con dos copias simples de la demanda de amparo, tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1119/2019, promovido por ***, por propio derecho, contra actos de las siguientes autoridades: 1. ***, Secretario General de Gobierno, con residencia en esta ciudad. 2. ***, Subsecretario de Servicios y Gobernanza Política, con residencia en esta ciudad. 3. ***, Directora de Archivo General y Notarias del Estado, con residencia en esta ciudad. 4. Director de la Policía Especializada en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad. SOLICITUD DE INFORME PREVIO Con apoyo en los artículos 125, 128, 138, 140, 142 y 143 de la ley de la materia, pídase a las autoridades señaladas como responsables su INFORME PREVIO, el cual deberán rendir por duplicado dentro del plazo de cuarenta y ocho horas siguientes al en que queden notificadas del presente acuerdo, remitiéndoles para ello copia simple de la demanda. En dicho informe deberán precisar si son o no ciertos los actos reclamados que se les atribuyen, además de los datos que tengan a su alcance y permitan al órgano jurisdiccional establecer el monto de las garantías correspondientes. Se solicita a las autoridades responsables remitan su informe previo por cualquier medio a disposición de las oficinas públicas de comunicaciones, o bien, mediante fax, sin perjuicio de hacerlo posteriormente por el conducto oficial correspondiente, ello con la finalidad de celebrar la audiencia incidental evitando diferimientos, así como para una pronta y expedita administración de justicia, como lo dispone el numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es menester señalar que la falta de informe previo tiene por consecuencia que se presuma cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, para el solo efecto de resolver sobre la suspensión definitiva, y si las autoridades responsables incurren en tal omisión se les impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización en términos de lo que establece la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil dieciséis; lo anterior, con fundamento en los artículos 238 y 260, fracción I, de la Ley de Amparo. AUDIENCIA INCIDENTAL Con fundamento en el artículo 138, fracción II, de la Ley de Amparo, se fija como fecha para la celebración de la audiencia incidental, las NUEVE HORAS CON TRECE MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. No habrá necesidad de emitir oficio a las autoridades responsables para notificarles el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinación no tendría la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio; por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia incidental, la fecha y hora acordadas nuevamente para ese efecto, las podrán consultar en la página de internet http:www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes [aplicable la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) número de registro 2002576]. IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL Para determinar la procedencia de la medida cautelar, se debe tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 128, 138 y 139 de la Ley de Amparo, los cuales disponen que para conceder la suspensión deben cumplirse los siguientes requisitos: a) que el acto reclamado, de acuerdo a su naturaleza, sea susceptible de suspenderse; b) que exista solicitud del quejoso (petición de parte e interés suspensional); y, c) que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Cubiertos los anteriores requisitos, debe llevarse a cabo: d) un análisis ponderado del caso concreto bajo la apariencia del buen derecho, consistente en determinar, hipotéticamente, con base en un conocimiento superficial del caso, la existencia del derecho cuestionado y las probabilidades de que la sentencia de amparo declare la inconstitucionalidad del acto, sin dejar de lado el peligro en la demora y los perjuicios de difícil reparación que la negativa de esa medida pudieran ocasionar a la quejosa, pues sólo analizando en su conjunto tales aspectos, podrá ponderarse finalmente su situación concreta frente al perjuicio que la medida cautelar puede ocasionar al interés social. En el caso concreto no se cumplen los enunciados requisitos, pues el acto reclamado se hace consistir esencialmente en: ? El acuerdo de veintinueve de agosto de dos mil diecinueve dictado en el cuadernillo de antecedentes *** del índice de la Secretaría General de Gobernación, por el que decreta la suspensión del ejercicio de la función notarial que desempeñaba el quejoso. a) Que el acto reclamado, de acuerdo a su naturaleza, sea susceptible de suspenderse. En efecto, el acuerdo impugnado es de naturaleza positiva y de inminente ejecución, en virtud de que se presenta con la imposición de obligaciones al individuo que se traducen en la decisión y ejecución de un hacer de la autoridad, esto es, implica una acción, una orden, una privación o una molestia. Por tanto, de acuerdo a sus características es un acto susceptible de suspenderse. b) Que exista solicitud del quejoso. En el caso existe petición de suspensión y además la solicita quien resulta agraviado con el acto reclamado, pues según lo expuesto en la demanda, el quejoso es el titular de la Notaría Pública Ochenta y Dos en el Estado de Chiapas, con residencia en Frontera Comalapa, Chiapas, y como tal, se trata de la persona que resentirá una afectación en su esfera jurídica, al no continuar ejerciendo como notario público, bajo la patente que le fue otorgada por el Estado. c) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. El orden público y el interés social, como bien se sabe, no constituyen nociones que puedan configurarse a partir de la declaración formal contenida en la ley en que se apoya el acto reclamado. Por el contrario, ha sido criterio constante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que corresponde al Juez examinar la presencia de tales factores en cada caso concreto. En la especie, se considera que dicho requisito de procedencia no está acreditado, ya que, en caso de concederse la medida cautelar contra el acto reclamado consistente en la suspensión del ejercicio de la función notarial, se causaría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público. En relación con el término "interés social", se entiende como sinónimo de "interés público", ya que ambos se refieren a la satisfacción de las necesidades de una colectividad. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Segunda Sala, en su conformación anterior, define los conceptos de "orden público" e "interés social", en la Jurisprudencia del rubro siguiente: "SUSPENSIÓN, NOCIONES DE ORDEN PUBLICO Y DE INTERÉS SOCIAL PARA LOS EFECTOS DE LA". En la jurisprudencia citada se manifestó que el análisis de las nociones de "orden público" e "interés social", no es ajeno a la función del juzgador, ya que éste deberá apreciar su existencia en los casos concretos que se le sometan para su fallo; sin embargo, el examen de la ejemplificación que se contiene en el artículo 129, para indicar cuándo, entre otros casos, se sigue ese perjuicio o se realizan esas contravenciones, así como de los que a su vez señala la Suprema Corte en su jurisprudencia, pues revela que se puede razonablemente colegir; en términos generales, que se producen esas situaciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. De ahí que se estime que de concederse la medida cautelar solicitada respecto de los efectos y consecuencias de los actos reclamados, se estaría afectando el orden público, resultando improcedente conceder la suspensión. Lo anterior es así, toda vez que independientemente que pudiesen ocasionarse daños y perjuicios de difícil reparación a la parte quejosa, si no se reúnen todos los requisitos que señala el artículo 128 de la Ley de Amparo, no procede otorgar la medida suspensional. Lo expuesto anteriormente, tiene sustento en la fracción X del dispositivo constitucional 107, que establece que para conceder la suspensión deberá tomarse en cuenta la naturaleza de la violación alegada, lo que supone la necesidad de realizar un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho esgrimido, con miras a otorgar la medida cautelar para evitar daños y perjuicios de difícil reparación al quejoso y conservar viva la materia del juicio, si con ello no se lesionan el interés social y el orden público, lo cual podrá resolver la sensibilidad del Juez de Distrito, ante la realidad del acto reclamado, pues si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso, deberá negar la suspensión solicitada, ya que la preservación del orden público y el interés de la sociedad están por encima del interés particular afectado. Ahora, en el caso en concreto, el auto |reclamado es la suspensión de la función notarial que ejercía el quejoso. Ahora bien, de la lectura de la demanda constitucional, se advierte que la suspensión combatida, tiene su existencia a raíz de del auto decretado por el Secretario General de Gobierno del Estado de Chiapas, dentro del cuadernillo de antecedentes ***, en el que decretó suspenderle la función notarial de la Notaría Pública Ochenta y dos del Estado, de la cual es titular. En ese sentido, atendiendo a que la institución del notariado, es una función de orden público, la cual está bajo el control, dirección y dependencia del Ejecutivo, su creación, organización, funcionamiento, nombramiento, suspensión o remoción de los encargados de esa función, están regidos por la ley del notariado. Por tanto, si la naturaleza de los servicios públicos desempeñados por dichos notarios, y la defensa de los intereses del público, cuyos actos autorizan constantemente, exigen que en un momento dado se tomen medidas urgentes y rápidas para evitar perjuicios a la colectividad, es indudable que tal medida sólo puede tomarla dicho ejecutivo, a cuyo exclusivo cargo y dirección está encomendada la institución notarial. Tal razonamiento cobra fortaleza, pues de acuerdo a lo que establece la Ley del Notariado del Estado de Chiapas, en los artículos 8° y 9°, disponen que el notariado en el estado de Chiapas es de orden público, lo ejerce el Ejecutivo estatal, delegándolo a profesionales del derecho, en virtud de la patente que para tal efecto les otorga, denominándolos notarios; y que el notario es el profesional del derecho al que el Ejecutivo otorgó la patente, para el ejercicio de la función del notariado, quien esta investido de fe pública para autenticar y dar forma, a los instrumentos en que se consignen actos y hechos jurídicos, conforme a las leyes. Para ello, dentro del régimen disciplinario establecido dentro de la Ley del Notariado del Estado, en sus artículos 88, se disponen las infracciones que puede cometer los Notarios públicos, por las cuales se puede suspender en el ejercicio de la función notarial. Por tanto, dada la naturaleza de los actos que los fedatarios autorizan constantemente, se insiste, es indispensable que sus actuaciones sean vigiladas por las autoridades facultadas, a fin de evitar perjuicios a la colectividad. Así, partiendo que de acuerdo a lo relatado por el accionante, el acto aquí atribuido (suspensión) podría derivar de alguna de las infracciones contenidas en la disposición antes citada, en las que el fedatario pudo haber cometido en el ejercicio de sus funciones, es evidente que la colectividad tiene interés a que se realice un escrutinio a los servicios públicos desempeñados por dicho fedatario, a través de la instancia a la cual la normativa faculta para ello. Se dice lo anterior, pues partiendo de la narrativa de los antecedentes del escrito inicial, se aprecia con claridad que al aquí accionante del juicio de amparo, se le inició un proceso penal en su contra, en el que se decretó en su contra auto de formal prisión por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de fraude especifico, falsificación de documentos y asociación delictuosa, injustos que pueden estar relacionados con la función notarial que éste desempeñaba; de modo que, impera en el presente caso, el interés que la sociedad tiene de que la función notarial se realice cumpliendo con las disposiciones que la rigen bajo estrictas medidas de vigilancia a fin de evitar causar perjuicios a la colectividad. Apoya a lo antes considerado, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 106/2002-SS, que dio lugar a la jurisprudencia 2a./J.144/2002 , cuyo rubro es: "NOTARIO PÚBLICO. NO PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS TENDENTES A CANCELAR EL FÍAT, PUES DE OTORGARSE SE AFECTARÍAN DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO)." En consecuencia, se niega la suspensión provisional solicitada. OTRAS OBLIGACIONES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. a) Se requiere a las autoridades responsables para que en el plazo de cuarenta y ocho horas que se les otorgó para rendir su informe previo, remitan copia certificada de las constancias que permitan conocer la naturaleza del acto reclamado. b) Informen si a la parte quejosa le ha sido resuelta alguna suspensión definitiva en diverso juicio de amparo en contra del mismo acto reclamado. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el que indica en su escrito de demanda. En consecuencia, toda vez que el quejoso ***, se encuentra recluido en el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados Número 14 "El Amate", con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, comisiónese al Actuario judicial de la adscripción, a fin de que notifique personalmente en el lugar de su reclusión al aludido quejoso el presente proveído. Asimismo, con fundamento en el artículo 12, con relación al artículo 24, segundo párrafo, de la ley de la materia, a ***, ya que no cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en el entendido que una vez que cumpla con tal requisito, podrá solicitar que se acuerde lo conducente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. ESPECIFICACIONES VARIAS El artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, establece entre las obligaciones del quejoso, la de señalar con precisión a las autoridades responsables; en consecuencia, se apercibe a la parte quejosa que si las autoridades responsables no existen con la denominación que indican en su demanda, sin mayor trámite se tendrán por inexistentes y se suspenderá toda comunicación con las mismas y, en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contrario o que se corrija el señalamiento en la denominación de las autoridades responsables; tomando en consideración que le corresponde a la parte quejosa estar pendiente de la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y al principio de celeridad procesal. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx., respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.
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