Viviana García Hernández
Expediente 1671/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1671/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 17/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Viviana García Hernández
- Director Local de Zacatecas de la Comisión Nacional del Agua, Con Sede En Guadalupe, Zacatecas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
El diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, Norma Jessica Solis Muñoz, secretaria del juzgado Primero de Distrito en el estado certifica: Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existe documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió para la parte quejosa del veintinueve de noviembre al doce de diciembre del año en curso, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintiséis de noviembre de la presente anualidad, dentro del juicio de amparo 1671/2018. Que dentro de dicho juicio no se tramitó incidente de suspensión. No existen pruebas por devolver a las autoridades responsables. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra la sentencia dictada en este juicio el veintiséis de noviembre del año en curso, en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el citado numeral 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente expediente como asunto concluido. Consecuentemente, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en razón de que se decretó el sobreseimiento en el presente asunto. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del citado acuerdo general, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo resolvió Iván Ojeda Romo Juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Norma Jessica Solis Muñoz, secretaria de juzgado quien autoriza y da fe. cindy*
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las diez horas con cincuenta minutos del veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, hora y fecha señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de derechos 1671/2018, se encuentra en audiencia pública Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistido de Juan García Trejo, secretario que autoriza y da fe; sin contar con la asistencia de las partes. Abierta la audiencia, el secretario da lectura de la demanda de amparo, del informe justificado rendido por la responsable jefa de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Dirección Local de la Comisión Nacional del Agua, con sede en Guadalupe, Zacatecas (fojas 12 a 43), así como de las demás constancias que obran en los presentes autos. A lo que el juez determina: Téngase hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. En el periodo de pruebas, el secretario da cuenta al juez con la documental exhibida por la parte quejosa a su escrito inicial de demanda, así como las que adjuntó la citada responsable a su informe justificado. A lo que el juez provee: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las probanzas de referencia, las cuales serán tomadas en consideración al momento de resolver el presente juicio de amparo. En el periodo de alegatos, el secretario da cuenta con los vertidos por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, presentados el veintitrés de octubre de dos mil dieciocho. A lo que el juez determina: En términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse reproducidos los argumentos referidos y perdido el derecho de las demás partes para formularlos. En consecuencia, no existiendo más diligencias pendientes por desahogar, se levanta la presente acta en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, y se procede al estudio de las constancias relativas para dictar la sentencia que en derecho corresponda. VISTOS, para resolver en definitiva, los autos del juicio de amparo 1671/2018, promovido por Viviana García Hernández; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de demanda. Mediante escrito presentado el diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Zacatecas Viviana García Hernández, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto y autoridad que enseguida se describe. Autoridad responsable: Director Local de Zacatecas de la Comisión Nacional del Agua, con sede en Guadalupe, Zacatecas. Acto reclamado: La omisión por parte de la autoridad responsable director Local en Zacatecas de la Comisión Nacional del Agua, con residencia en Guadalupe, de darle contestación a su solicitud de expedirle una nueva concesión de aprovechamiento de aguas subterráneas, que solicitó mediante formato CNA-01-004, a la cual se le asignó el expediente ZAC-L-2110-28-07-17. Acto que, a su parecer, es violatorio de los derechos contenidos en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. En auto de veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 5 a 7), se registró la demanda con el número 1671/2018 y se admitió a trámite; asimismo, se solicitó el informe con justificación a la autoridad responsable; se ordenó dar la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en esta misma fecha, al tenor del acta que antecede; por lo que se procede a dictar la resolución correspondiente. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que el acto reclamado se atribuye a autoridad que reside en el territorio en el que ejerce jurisdicción este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado que constituye el objeto de la litis efectivamente planteada en este juicio de garantías, consiste en: La omisión por parte de la autoridad responsable director Local en Zacatecas de la Comisión Nacional del Agua, con residencia en Guadalupe, de darle contestación a su solicitud de expedirle una nueva concesión de aprovechamiento de aguas subterráneas, que solicitó mediante formato CNA-01-004, a la cual se le asignó el expediente ZAC-L-2110-28-07-17. Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia P./J.40/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La Jefa de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Dirección Local de la Comisión Nacional del Agua, con sede en Guadalupe, Zacatecas, manifestó que era cierta la existencia del acto reclamado, consistente en la omisión de darle contestación a su solicitud de expedirle una nueva concesión de aprovechamiento de aguas subterráneas; asimismo, que ello se debe a las cargas de trabajo con las que cuenta su representada y a la actualización al sistema informático-digital denominado "Conagua@ Digital", misma que era necesaria para darle mayor celeridad y certeza a los diversos trámites y servicios solicitados ante la Comisión a su cargo. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Previamente al estudio de los conceptos de violación y para la plena comprensión del problema jurídico planteado, resulta necesario relatar los antecedentes del acto reclamado. El veintiocho de julio de dos mil diecisiete, la parte quejosa, solicitó ante el centro Integral de Servicios de la Dirección Local Zacatecas de la Comisión Nacional del Agua, una concesión de aprovechamiento de aguas subterráneas mediante formato CNA-01-004, al cual le fue asignado el expediente número ZAC-L-2110-28-07-17. La omisión de respuesta de la solicitud anterior constituye la materia de la litis constitucional. QUINTO. Procedencia del juicio. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador antes de analizar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido por el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia número 1ª /J.3/99 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es visible en la página 13 del tomo IX relativo al mes de enero de 1999, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya transcripción es como sigue: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito." Este Juzgado de Distrito, de oficio, advierte que en el juicio en que se actúa se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual en lo conducente establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . . . XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La fracción transcrita establece que el juicio de amparo es improcedente cuando los efectos del acto reclamado hubieran cesado. Para considerar lo anterior, es necesario que, ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos los efectos hayan desaparecido en forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera concedido el amparo. En otras palabras, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no haya quedado huella alguna. Lo anterior, encuentra su razón en la circunstancia de que sería ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos en la esfera jurídica del solicitante del amparo, ni los surtirá. De lo anterior, se sigue que el aspecto relevante para la causa de improcedencia en comento, lo constituye los efectos del acto reclamado y no así la subsistencia formal de éste. En ese sentido, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional. Ahora bien, para verificar si se actualiza el motivo de improcedencia en comento, no se requiere analizar la legalidad del diverso acto que revoca o sustituye al acto reclamado, sino únicamente determinar los efectos que aquél genera, ya que efectuar tal estudio implicaría examinar la legalidad de un acto diverso al reclamado. Es sustento de lo considerado por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, Novena Época, junio de mil novecientos noventa y nueve, página treinta y ocho, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". De la demanda de derechos se advierte que Viviana García Hernández, reclama la omisión por parte de la autoridad responsable director Local en Zacatecas de la Comisión Nacional del Agua, con residencia en Guadalupe, de darle contestación a su solicitud de expedirle una nueva concesión de aprovechamiento de aguas subterráneas, que solicitó mediante formato CNA-01-004, a la cual se le asignó el expediente ZAC-L-2110-28-07-17. Así, del análisis de las constancias que integran el presente juicio de amparo, en particular, del informe justificado de la autoridad responsable, se desprende que a la presentación de la demanda de amparo la responsable no había emitido escrito en contestación a lo solicitado por la parte quejosa. Luego, junto con el informe de referencia la autoridad responsable remite las documentales con las que acredita haberle dado contestación al quejoso mediante oficio 932.01.-1671/2823 de veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, el cual según se advierte de los anexos, fue recibido por dicho promovente mediante cédula de notificación de dos de octubre del año en curso con previo citatorio, manifestando que con ello se dio respuesta a su solicitud de veintiocho de julio de dos mil diecisiete, contenida en el expediente ZAC-L-2110-28-07-17, derivado de la solicitud de expedición de título de concesión, anexando las constancias respectivas; documentales que además cuentan con valor probatorio, al tratarse de documentos públicos certificados y por contar con los signos que hacen presumir su autenticidad, relativos al sello de la autoridad responsable, sin que se hubiera demostrado su falsedad; lo anterior, en términos de los artículos 197, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia. De manera que es patente que, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (diecinueve de septiembre del año en curso), la autoridad responsable dio contestación a lo solicitado por el quejoso y que corresponde el acto reclamado en el presente juicio de amparo. Es aplicable la jurisprudencia número 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1917-2000, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Lo anterior, implica que ya fue emitida la respuesta a la solicitud presentada y notificado a la parte quejosa; contestación que resulta congruente con lo solicitado. De lo anterior se colige que se dio respuesta a la parte quejosa, por lo que fue restituida en el pleno goce del derecho que estimó vulnerado en su perjuicio; por ende, debe concluirse que en el caso a estudio cesaron los efectos del acto impugnado en esta instancia constitucional. En las condiciones apuntadas, al haberse actualizado la causa de improcedencia analizada, con en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER en el presente juicio de garantías promovido por Viviana García Hernández. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Viviana García Hernández, contra el acto que reclamó de la jefa de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Dirección Local de la Comisión Nacional del Agua, con sede en Guadalupe, Zacatecas; por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el estado, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado quien autoriza y da fe. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las diez horas con cincuenta minutos del veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, hora y fecha señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de derechos 1671/2018, se encuentra en audiencia pública Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistido de Juan García Trejo, secretario que autoriza y da fe; sin contar con la asistencia de las partes. Abierta la audiencia, el secretario da lectura de la demanda de amparo, del informe justificado rendido por la responsable jefa de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Dirección Local de la Comisión Nacional del Agua, con sede en Guadalupe, Zacatecas (fojas 12 a 43), así como de las demás constancias que obran en los presentes autos. A lo que el juez determina: Téngase hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. En el periodo de pruebas, el secretario da cuenta al juez con la documental exhibida por la parte quejosa a su escrito inicial de demanda, así como las que adjuntó la citada responsable a su informe justificado. A lo que el juez provee: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las probanzas de referencia, las cuales serán tomadas en consideración al momento de resolver el presente juicio de amparo. En el periodo de alegatos, el secretario da cuenta con los vertidos por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, presentados el veintitrés de octubre de dos mil dieciocho. A lo que el juez determina: En términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse reproducidos los argumentos referidos y perdido el derecho de las demás partes para formularlos. En consecuencia, no existiendo más diligencias pendientes por desahogar, se levanta la presente acta en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, y se procede al estudio de las constancias relativas para dictar la sentencia que en derecho corresponda. VISTOS, para resolver en definitiva, los autos del juicio de amparo 1671/2018, promovido por Viviana García Hernández; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de demanda. Mediante escrito presentado el diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Zacatecas Viviana García Hernández, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto y autoridad que enseguida se describe. Autoridad responsable: Director Local de Zacatecas de la Comisión Nacional del Agua, con sede en Guadalupe, Zacatecas. Acto reclamado: La omisión por parte de la autoridad responsable director Local en Zacatecas de la Comisión Nacional del Agua, con residencia en Guadalupe, de darle contestación a su solicitud de expedirle una nueva concesión de aprovechamiento de aguas subterráneas, que solicitó mediante formato CNA-01-004, a la cual se le asignó el expediente ZAC-L-2110-28-07-17. Acto que, a su parecer, es violatorio de los derechos contenidos en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. En auto de veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 5 a 7), se registró la demanda con el número 1671/2018 y se admitió a trámite; asimismo, se solicitó el informe con justificación a la autoridad responsable; se ordenó dar la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en esta misma fecha, al tenor del acta que antecede; por lo que se procede a dictar la resolución correspondiente. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que el acto reclamado se atribuye a autoridad que reside en el territorio en el que ejerce jurisdicción este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado que constituye el objeto de la litis efectivamente planteada en este juicio de garantías, consiste en: La omisión por parte de la autoridad responsable director Local en Zacatecas de la Comisión Nacional del Agua, con residencia en Guadalupe, de darle contestación a su solicitud de expedirle una nueva concesión de aprovechamiento de aguas subterráneas, que solicitó mediante formato CNA-01-004, a la cual se le asignó el expediente ZAC-L-2110-28-07-17. Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia P./J.40/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La Jefa de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Dirección Local de la Comisión Nacional del Agua, con sede en Guadalupe, Zacatecas, manifestó que era cierta la existencia del acto reclamado, consistente en la omisión de darle contestación a su solicitud de expedirle una nueva concesión de aprovechamiento de aguas subterráneas; asimismo, que ello se debe a las cargas de trabajo con las que cuenta su representada y a la actualización al sistema informático-digital denominado "Conagua@ Digital", misma que era necesaria para darle mayor celeridad y certeza a los diversos trámites y servicios solicitados ante la Comisión a su cargo. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Previamente al estudio de los conceptos de violación y para la plena comprensión del problema jurídico planteado, resulta necesario relatar los antecedentes del acto reclamado. El veintiocho de julio de dos mil diecisiete, la parte quejosa, solicitó ante el centro Integral de Servicios de la Dirección Local Zacatecas de la Comisión Nacional del Agua, una concesión de aprovechamiento de aguas subterráneas mediante formato CNA-01-004, al cual le fue asignado el expediente número ZAC-L-2110-28-07-17. La omisión de respuesta de la solicitud anterior constituye la materia de la litis constitucional. QUINTO. Procedencia del juicio. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador antes de analizar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido por el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia número 1ª /J.3/99 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es visible en la página 13 del tomo IX relativo al mes de enero de 1999, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya transcripción es como sigue: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito." Este Juzgado de Distrito, de oficio, advierte que en el juicio en que se actúa se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual en lo conducente establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . . . XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La fracción transcrita establece que el juicio de amparo es improcedente cuando los efectos del acto reclamado hubieran cesado. Para considerar lo anterior, es necesario que, ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos los efectos hayan desaparecido en forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera concedido el amparo. En otras palabras, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no haya quedado huella alguna. Lo anterior, encuentra su razón en la circunstancia de que sería ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos en la esfera jurídica del solicitante del amparo, ni los surtirá. De lo anterior, se sigue que el aspecto relevante para la causa de improcedencia en comento, lo constituye los efectos del acto reclamado y no así la subsistencia formal de éste. En ese sentido, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional. Ahora bien, para verificar si se actualiza el motivo de improcedencia en comento, no se requiere analizar la legalidad del diverso acto que revoca o sustituye al acto reclamado, sino únicamente determinar los efectos que aquél genera, ya que efectuar tal estudio implicaría examinar la legalidad de un acto diverso al reclamado. Es sustento de lo considerado por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, Novena Época, junio de mil novecientos noventa y nueve, página treinta y ocho, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". De la demanda de derechos se advierte que Viviana García Hernández, reclama la omisión por parte de la autoridad responsable director Local en Zacatecas de la Comisión Nacional del Agua, con residencia en Guadalupe, de darle contestación a su solicitud de expedirle una nueva concesión de aprovechamiento de aguas subterráneas, que solicitó mediante formato CNA-01-004, a la cual se le asignó el expediente ZAC-L-2110-28-07-17. Así, del análisis de las constancias que integran el presente juicio de amparo, en particular, del informe justificado de la autoridad responsable, se desprende que a la presentación de la demanda de amparo la responsable no había emitido escrito en contestación a lo solicitado por la parte quejosa. Luego, junto con el informe de referencia la autoridad responsable remite las documentales con las que acredita haberle dado contestación al quejoso mediante oficio 932.01.-1671/2823 de veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, el cual según se advierte de los anexos, fue recibido por dicho promovente mediante cédula de notificación de dos de octubre del año en curso con previo citatorio, manifestando que con ello se dio respuesta a su solicitud de veintiocho de julio de dos mil diecisiete, contenida en el expediente ZAC-L-2110-28-07-17, derivado de la solicitud de expedición de título de concesión, anexando las constancias respectivas; documentales que además cuentan con valor probatorio, al tratarse de documentos públicos certificados y por contar con los signos que hacen presumir su autenticidad, relativos al sello de la autoridad responsable, sin que se hubiera demostrado su falsedad; lo anterior, en términos de los artículos 197, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia. De manera que es patente que, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (diecinueve de septiembre del año en curso), la autoridad responsable dio contestación a lo solicitado por el quejoso y que corresponde el acto reclamado en el presente juicio de amparo. Es aplicable la jurisprudencia número 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1917-2000, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Lo anterior, implica que ya fue emitida la respuesta a la solicitud presentada y notificado a la parte quejosa; contestación que resulta congruente con lo solicitado. De lo anterior se colige que se dio respuesta a la parte quejosa, por lo que fue restituida en el pleno goce del derecho que estimó vulnerado en su perjuicio; por ende, debe concluirse que en el caso a estudio cesaron los efectos del acto impugnado en esta instancia constitucional. En las condiciones apuntadas, al haberse actualizado la causa de improcedencia analizada, con en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER en el presente juicio de garantías promovido por Viviana García Hernández. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Viviana García Hernández, contra el acto que reclamó de la jefa de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Dirección Local de la Comisión Nacional del Agua, con sede en Guadalupe, Zacatecas; por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el estado, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado quien autoriza y da fe.
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Zacatecas, Zacatecas, veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, Juan García Trejo, secretario de juzgado Certifico: Que se encuentran fijadas las nueve horas con treinta minutos de este día para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo. Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con una promoción registrada con el folio 21476. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a veintitrés de octubre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y tomando en consideración que por auto de ocho de octubre del año en curso, se tuvo por rendido el informe justificado de la autoridad responsable jefa de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Dirección Local de la Comisión Nacional del Agua, con sede en Guadalupe, Zacatecas; por tanto, a fin de dar oportunidad a que transcurra el término de ocho días a que refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido del informe justificado de mérito; SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para hoy, y se fijan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. En apoyo de lo anterior se invoca la Tesis aislada 2006279, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1451, Libro 5, Abril de 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. A FIN DE NO DEJAR EN ESTADO DE INDEFENSIÓN AL QUEJOSO PROCEDE DE OFICIO SU DIFERIMIENTO CUANDO NO MEDIE EL PLAZO MÍNIMO PARA QUE CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO Y PUEDA ALEGAR O PROBAR LO CONDUCENTE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO).El artículo 117 de la Ley de Amparo establece a la autoridad responsable las obligaciones siguientes: a) rendir el informe con justificación; b) hacerlo en un plazo de quince días; c) exponer las razones y fundamentos para la improcedencia del juicio, o bien, la constitucionalidad o legalidad del acto de autoridad; y, d) acompañar las constancias necesarias para apoyarlo. También destaca que el informe rendido fuera del plazo será tomado en cuenta, siempre que el quejoso haya estado en posibilidades de conocerlo. De lo anterior se colige que el legislador privilegió el conocimiento del informe por parte del quejoso, pues estableció un plazo mínimo de ocho días entre la fecha en que se le dio vista y la celebración de la audiencia, que en caso de no respetarse, permite diferir o suspender la audiencia constitucional, según proceda, a petición de parte. Ahora bien, de la interpretación sistemática de este precepto se concluye que el Juez Federal debe actuar de oficio cuando no se respeta dicho plazo, porque le corresponde velar por la correcta sustanciación del juicio de amparo y que, además, se justifica porque el contenido del informe justificado puede influir en forma determinante en el sentido del fallo; en consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, procede diferir de oficio la audiencia constitucional para que tenga conocimiento de dicho informe y pueda alegar o probar lo conducente dentro de los plazos correspondientes y, con ello, favorecer el acceso a la justicia y el principio de igualdad procesal entre las partes. Finalmente, agréguese a los autos para que obre como corresponda la promoción de cuenta, signada por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado; y en atención a su contenido, con fundamento en lo previsto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngasele por formulados los alegatos que a su parte corresponden, sin perjuicio de hacer relación de ellos nuevamente en la audiencia constitucional respectiva. Por cuanto hace a su solicitud en el sentido de que se le expida copia simple de la resolución que se dicte en el presente asunto, dígasele que una vez que se pronuncie el indicado fallo, le será expedida la copia de mérito. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Olivia
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El ocho de octubre de dos mil dieciocho, se da cuenta con la promoción registrada con el folio 20456. Conste. Zacatecas, Zacatecas, ocho de octubre de dos mil dieciocho. Glósese al sumario para que obre como corresponda la promoción de cuenta, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene rendido el INFORME JUSTIFICADO de la autoridad responsable jefa de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Dirección Local de la Comisión Nacional del Agua, con sede en Guadalupe, Zacatecas; sin perjuicio de hacer relación nuevamente en el desahogo de la audiencia respectiva. Con su contenido, dese vista a las partes para que hasta antes de celebración de la audiencia constitucional manifiesten lo que a su interés legal convenga. Asimismo, con fundamento en lo establecido por el artículo 119 de la ley de la materia, téngase a la oficiante ofreciendo como pruebas las que alude en la promoción que se provee, que dada su propia y especial naturaleza se tienen por admitidas y desahogadas, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente y valorarlas en la etapa procesal que corresponda. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Brenda
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