Virginia Sosa Medina
Expediente 346/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 9 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 346/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 21/09/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Virginia Sosa Medina
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
En veintiuno de septiembre de dos mil quince, el Secretario de Juzgado licenciado Jorge Martín Zamora González , CERTIFICA: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, para la parte quejosa transcurrió del dos al quince de septiembre de dos mil quince, con exclusión de cuatro días por ser inhábiles, sin que se haya interpuesto el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veinticuatro de agosto del año en curso por este Juzgado, dentro del juicio de amparo 346/2015.- DOY FE. En la misma fecha, se da cuenta al Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86, de la Ley de Amparo vigente, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada el día veinticuatro de agosto de dos mil quince, por este Juzgado Federal, en la cual se sobreseyó el presente juicio de garantías; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo vigente, se declara que dicha resolución ha CAUSADO EJECUTORIA; por lo que en su oportunidad de conformidad con el artículo 196, penúltimo párrafo, de la ley de la materia vigente, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Devuélvase a la autoridad responsable Tribunal Unitario Agrario Distrito Uno, por conducto de su Magistrada, las constancias que remitió en su informe, consistentes en el expediente agrario número 1045/2014. Por otro lado, con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el expediente en que se actúa es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en virtud de que se sobreseyó el presente juicio, además de que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firmó el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido del Secretario que autoriza, licenciado Jorge Martín Zamora González.- DOY FE. Marisol
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, a tres de septiembre de dos mil quince. Visto el escrito firmado por Jesús Vargas López; en atención a su contenido, como lo solicita, con fundamento en los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2° del ordenamiento legal invocado en segundo término, expídansele en tres tantos las copias certificadas que solicita, previa toma de razón que por su recibo se asiente en autos, autorizando para que en su nombre las reciban a quienes menciona. Notifíquese por lista a las partes. Así lo acordó y firmó el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido del Secretario que autoriza, licenciado Jorge Martín Zamora González.- DOY FE.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA QUEJOSA VIRGINIA SOSA MEDINA, LA SENTENCIA DICTADA EN FECHA VEINTICUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c), DE LA LEY DE AMPARO: "V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 346/2015; y, R E S U L T A N D O 1º. Demanda de Amparo. En escrito presentado el diez de marzo del año en curso, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, VIRGINIA SOSA MEDINA, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades, actos y por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos constitucionales que enseguida se precisan: Autoridades responsables: TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO CON SEDE EN LA CIUDAD DE GUADALUPE, ZACATECAS. Acto reclamado: "IV.- ACTO RECLAMADO.- RESOLUCIÓN EMITIDA POR EL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO.- La Resolución emitida por el Tribunal Unitario Agrario, en fecha veintitrés de enero del año dos mil quince, notificado a mi parte en fecha dieciséis de febrero de dos mil quince, dentro de los autos del expediente marcado con el número 1045/2014, por conducto de acuerdo de la misma fecha y año, del Tribunal Unitario Agrario del Primer Distrito en Zacatecas". Preceptos constitucionales que se estiman violados. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales violados lo contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2º. Trámite del procedimiento en el juicio de amparo. El once de marzo del año en curso, se ordenó la admisión se la demanda así como registro del expediente relativo bajo el número 346/2015; se pidió informe justificado a la autoridad señalada como responsable; se ordenó el emplazamiento del tercero interesado, se dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O: I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas es competente para resolver en definitiva el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo en vigor; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse actos emitidos por autoridad responsable residente en la demarcación territorial asignada a este Juzgado de la Federación. II. Precisión y existencia del acto reclamado. II. 1. Precisión. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente. Para tal efecto atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda, con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, prescindiendo de las calificativas sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las jurisprudencias de los rubros: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.". En ese sentido, de una lectura integral del libelo constitucional y anexos que forman un todo, se advierte que los actos reclamados en la presente instancia constitucional, consisten en: La resolución emitida por el Tribunal Unitario Agrario del Primer Distrito en Zacatecas, el veintitrés de enero de dos mil quince, en el expediente marcado con el número 1045/2014. II. 2. Inexistencia, certeza o presunción de los actos reclamados. Una vez determinado cuáles son los actos reclamados, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia o certeza de los mismos, tal y como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis del rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. RELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." II.2.1. Certeza. La Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Uno, autoridad señalada como responsable, en su informe justificado manifestó que es cierto el acto reclamado, lo que se corrobora con las constancias que remitió como justificación de sus actos, consistentes en el juicio agrario número 1045/2014. Al respecto, es aplicable el contenido de la Jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." III. Procedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia de los actos reclamados, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable, la tesis cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". En la especie, el suscrito Juez Federal advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, en relación con el diverso artículo 5º del propio ordenamiento legal. En efecto, el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo vigente establece: "El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; Por su parte el artículo 5º del ordenamiento legal en cita, en su parte conducente, establece: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o. de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; ..." Lo anterior es así, pues de las constancias que obran en autos, no se advierte que en relación con lo antes señalado, la quejosa haya acreditado su interés legítimo, entendiéndose por tal, aquella facultad de ejercitar la acción constitucional, la que únicamente está reservada a quienes resienten un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley misma, perjuicio que supone la existencia de un derecho subjetivo legítimamente tutelado a través de una o varias normas, que cuando es transgredido por la actuación de una autoridad o por la ley, faculta a su titular para acudir ante el ór gano jurisdiccional a solicitar el cese de dicha transgresión, ello es lo que constituye el interés legítimo que toma en cuenta la Ley de Amparo vigente para la procedencia del juicio de garantías. Ello se afirma si se atiende a las siguientes consideraciones: Del contexto integral de la demanda que dio origen al Juicio de amparo en que se actúa, se desprende que la quejosa hace consistir el acto reclamado en la resolución de veintitrés de enero de dos mil quince, dictada por el Tribunal responsable, en el expediente agrario 145/2014, por medio de la cual se declaró procedente la nulidad parcial del acta de asamblea de ejidatarios de uno de diciembre de dos mil once, relativa a la Delimitación, Destino y Asignación de Tierras Ejidales del núcleo agrario Zóquite municipio de Guadalupe, Zacatecas. Asimismo, se reconoce y asigna el solar número 6, manzana 25, zona 3, con superficie de 1881.82 metros cuadrados, a favor del aquí tercero interesado, Jesús Vargas López; y la inscripción ante la Delegación Estatal del Registro Agrario Nacional de la propia resolución, a efecto de que se le expida el título de propiedad correspondiente, previa cancelación del título de propiedad 1004566, generado a nombre de SAMUEL VARGAS CHÁVEZ. Por otra parte, de las constancias relativas al expediente agrario 1045/2014, se desprende que el mismo se formó con la demanda presentada ante el Tribunal Unitario Agrario Distrito Uno, el ocho de octubre de dos mil catorce, por el aquí tercero interesado, por medio de la cual demanda a su hijo Samuel Vargas Chávez, entre otras prestaciones, por la declaratoria y reconocimiento a la titularidad sobre el solar ubicado en la calle las margaritas número 49, colonia las Flores, de Zóquite, Guadalupe, Zacatecas (f. 1-5 del expediente agrario). Asimismo se advierte, que la demanda de mérito se amplió en contra de la Asamblea General de Ejidatarios del poblado de Zóquite, Guadalupe, Zacatecas, a quien se le reclamó la nulidad de la Asamblea de Delimitación, Destino y Asignación de Tierras Ejidales, de uno de diciembre de dos mil once, respecto del solar 6, manzana 25, de la zona 3, del ejido de "Zóquite", población de Guadalupe, Zacatecas (f. 17-21 del expediente agrario). De igual forma, que el veintisiete de octubre de dos mil catorce, se admitió la demanda y ampliación a que se alude, por lo que se mandó emplazar a los demandados (f.24), y que el ocho de diciembre de dos mil catorce, se llevó a cabo la audiencia respectiva, a la que comparecieron los demandados ya mencionados, los cuales presentaron sendos escritos por los que se allanaron a la demanda formulada en su contra (f. 32-35 del expediente aludido). Continuando el procedimiento por su trámite legal, el veintitrés de enero de dos mil quince, se dictó la resolución correspondiente (f.59-64) en la que sus puntos resolutivos del segundo al quinto, se determinó: "SEGUNDO.- El actor JESÚS VARGAS LÓPEZ, acreditó la acción de nulidad de actos y documentos conforme a lo razonado en la parte considerativa de la sentencia. TERCERA.- El codemandado físico SAMUEL VARGAS CHÁVEZ, así como la codemandada ASAMBLEA DE EJIDATARIOS del núcleo agrario de Zóquite, Municipio de Guadalupe, Zacatecas, por conducto de los integrantes del comisariado ejidal, se allanaron a las pretensiones del actor. CUARTO.- Procedente la nulidad parcial del acta de asamblea de ejidatarios de fecha uno de diciembre de de dos mil once, relativa a la Delimitación, Destino y Asignación de Tierras Ejidales del núcleo agrario Zóquite, Municipio de Guadalupe, Zacatecas, de conformidad con los razonamientos expuestos en el último considerando de esta resolución. QUINTO.- Se reconoce y asigna el solar número 6, manzana 25, zona 3, con superficie de 1881.82 metros cuadrados, a favor de JESÚS VARGAS LÓPEZ, conforme a los razonamientos insertados en el considerando último de esta sentencia, así como la inscripción ante la Delegación Estatal del Registro Agrario Nacional de la resolución, a efecto de que se le expida el título de propiedad correspondiente, previa cancelación del título de propiedad 1004566 generado a nombre de SAMUEL VARGAS CHÁVEZ." La sentencia anterior causó ejecutoria el doce de febrero de dos mil quince, por lo que se ordenó el archivo del expediente como asunto totalmente concluido (f. 69 del expediente agrario) Posteriormente, en escrito presentado ante el Tribunal responsable el doce de febrero de dos mil quince, compareció la quejosa solicitando se le tuviera como tercera interesada en el juicio agrario 1045/2014, a que se alude, porque según manifestó el demandado en el propio juicio, Samuel Vargas Chávez, quien es su esposo, así como la propia amparista, se encuentran en trámites de divorcio, cuyo procedimiento se lleva en el Juzgado Primero del Ramo Familiar de esta capital, en el cual se encuentra en litigio la propiedad demandada en dicho juicio agrario, acompañando al efecto copia simple de la cédula de notificación relativa al auto admisorio de demanda de divorcio necesario número 648/2014, promovido por el mencionado Samuel Vargas Chávez, en contra de la impetrante del amparo, así como la constancia expedida por la Registradora Integral del Registro Agrario Nacional Al mencionado escrito recayó acuerdo de diecisiete de febrero de dos mil quince, por el que se tuvieron por hechas las manifestaciones de la aquí quejosa; sin que pudieran ser tomadas en cuenta las mismas, porque el juicio en el que la propia quejosa pretendía actuar, para esa fecha era cosa juzgada y lo resuelto constituía la verdad legal, siendo esta última actuación que obra en el expediente agrario de mérito (f. 77 del expediente agrario). De lo anterior se advierte que la promovente del amparo se ostenta tercero extraña al procedimiento del que emana la sentencia reclamada, sin embargo, no demuestra que el acto reclamado de que se trata, lesione su interés jurídico, ya que de autos no se aprecia que hubiera acreditado con prueba idónea, derecho alguno respecto del bien inmueble materia de la sentencia reclamada, pues la única prueba que aportó en el presente juicio de garantías, lo constituye la documental que en fotocopia simple exhibió la peticionaria de garantías en sus escritos agregados a fojas de la 47 a la 50, así como la 56 a la 57 de autos, relativa al acuerdo de veintisiete de marzo de dos mil quince, dictado en el juicio civil ordinario de divorcio necesario 648/2014, en el que, a petición de la demandada en el mismo, aquí quejosa, se ordenó girar oficio al Delegado del Registro Agrario Nacional en esta ciudad, para que se abstenga de expedir o cancelar cualquier documento referente al solar número 6, manzana 25, zona 3, con superficie de 1881.82 metros cuadrados, en la localidad de Zóquite, Zacatecas. Documental que, con independencia del valor probatorio que pudiera otorgársele, por tratarse como ya se dijo, de fotocopia simple, no resulta suficiente para tener por acreditado el interés jurídico de la promovente del amparo, toda vez que el acuerdo que en el mismo se contiene, fue dictado con fecha posterior a la resolución reclamada. Sin que por otra parte, de las constancias que exhibió ante la responsable, se advierta la existencia de alguna que pueda ser útil para el efecto indicado. Se afirma lo anterior, toda vez que ante la mencionada responsable solamente exhibió copia simple de su credencial de elector, así como de la cédula de notificación a que se hizo referencia; copia simple de la constancia expedida por la Registradora Integral de la Delegación Estatal del Registro Agrario Nacional en la que se asentó que según se desprende del acta de la Asamblea relativa a la Delimitación, Destino y Asignación de Tierras Ejidales celebrada el uno de diciembre de dos mil once, en el poblado del Ejido denominado "ZÓQUITE", municipio de Guadalupe, Zacatecas, el solar 6, manzana 25, zona 3, localidad de Zóquite, con superficie de 1881.82 metros cuadrados, se asignó a Samuel Vargas Chávez; y copia simple de un plano. Las cuales, además de no contener dato alguno del que se desprenda que la quejosa tiene algún derecho en cuanto al solar materia del acto reclamado, no puede otorgárseles valor probatorio pleno, por carecer de la certificación a que se refiere el artículo 217 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación Supletoria de la Ley de Amparo en Vigor, puesto que en los autos no obra ninguna otra probanza que pudiera generar convicción de que el acto reclamado afecta realmente de manera directa o indirecta los derechos jurídicamente tutelados de la quejosa, ya que las documentales exhibidas por el tercero interesado son también solamente copias simples. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número XXVII.1o.(VIII Región) J/4 (10a.), consultable en la página 1807, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, de la Décima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, con número de registro 2003293, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO O INTERÉS LEGÍTIMO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA ACREDITARLO A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, CONSTITUCIONAL DE 6 DE JUNIO DE 2011.- Del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente a partir de la entrada en vigor de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 6 de junio de 2011, se advierte que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo. Luego, a partir de la indicada reforma, como requisito de procedencia del amparo se requiere que: a) El quejoso acredite tener interés jurídico o interés legítimo y, b) Ese interés se vea agraviado. Así, tratándose del interés jurídico, el agravio debe ser personal y directo; en cambio, para el legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo. Lo anterior, salvo los actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en los que continúa exigiéndose que el quejoso acredite ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) que se afecte de manera personal y directa". De igual forma, al respecto resulta aplicable el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia de rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. LAS COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, POR SÍ SOLAS, NO LO ACREDITAN. Conforme a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el valor probatorio de las fotografías de documentos, o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicios. Esta Suprema Corte, en diversas tesis de jurisprudencia, ha sostenido que el quejoso debe probar fehacientemente su interés jurídico, por ello debe estimarse que las copias fotostáticas sin certificación son insuficientes para demostrarlo, si no existe en autos otro elemento que, relacionado con aquéllas, pudiera generar convicción de que el acto reclamado afecta real y directamente los derechos jurídicamente tutelados del quejoso". Asimismo tiene aplicación la diversa jurisprudencia que dice: "COPIAS FOTOSTATICAS. SU VALOR PROBATORIO. Conforme a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, el valor probatorio de las fotografías de documentos o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicios y debe estimarse acertado el criterio del juzgador si considera insuficientes las copias fotostáticas para demostrar el interés jurídico de la quejosa". En esas condiciones, debe concluirse que la parte quejosa no acreditó que el acto de autoridad que reclama, efectivamente le hubiese causado perjuicio a la esfera de sus derechos y que por lo tanto carece de interés legítimo para intentar el presente juicio de amparo, porque al no haber acreditado en forma fehaciente que tiene algún derecho sobre el bien inmueble materia de la resolución reclamada, se concluye que no se acreditó el perjuicio, lesión o agravio cierto, en su esfera de derechos. Al respecto resulta aplicable, por las razones que la informan, la jurisprudencia sustentada por la extinta Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que enseguida se transcribe: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, QUE DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL. El artículo 4o. de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prescribe que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclaman. Es presupuesto, de consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados, en su caso, en un juicio de garantías, cause un perjuicio al quejoso o agraviado. Así lo ha estimado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus diversas tesis jurisprudenciales, la que ha llegado, incluso, a definir cuál es el alcance del concepto perjuicio, como podrá apreciarse si se consulta el Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Parte, página 239, en donde se expresa que: "El concepto perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, como la privación de cualquiera ganancia lícita, que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona". Este alto tribunal de la República, en otras ejecutorias que desenvuelven y precisan el mismo concepto, es decir, lo que debe entenderse por perjuicio, ha llegado a estimar que el interés jurídico de que habla la fracción VI, ahora V, del artículo 73 de la Ley de Amparo, "no puede referirse, a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados" (Tomo LXIII, página 3770 del Semanario Judicial de la Federación). Y es que la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere, como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan, ya sea estos posesorios o de cualquiera otra clase, como se sostiene, acertadamente, en la ejecutoria visible en la página 320, del Tomo LXVII del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época. Sin duda, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona, directamente, sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y es entonces cuando nace, precisamente, la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de garantías, conforme al criterio que sustenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria publicada en la página 2276, del Tomo LXX del mismo Semanario Judicial". Además, debe decirse que el interés legítimo es un elemento de procedibilidad, y por ende es de aquellos que deben encontrarse plenamente probados en el juicio y no inferirse a base de presunciones, cobra relevancia al respecto, aplicada por analogía, la jurisprudencia que a la letra dice: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." En las relatadas condiciones, al actualizare la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, en relación con el diverso artículo 5º del propio ordenamiento legal, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V de la vigente Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se impone decretar el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio de amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 75, 76, 124 y 217 de la Nueva Ley de Amparo se RESUELVE: ÚNICO. Se Sobresee en el presente juicio de amparo promovido por VIRGINIA SOSA MEDINA, contra la autoridad señalada como responsable, por los motivos expuestos en el considerando último de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Así lo resolvió y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, que actúa con la Secretaria que autoriza, licenciada María Concepción García Jacobo, hoy veinticuatro de agosto de dos mil quince, que lo permitieron las labores del Juzgado.- DOY FE. RAZÓN.- ESTA FOJA CORRESPONDE A LA ULTIMA DE LA SENTENCIA DE VEINTICUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE, DICTADA DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO 346/2015.- CONSTE."
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, a seis de julio de dos mil quince. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta firmado por la aquí quejosa; en atención a su contenido, téngasele por autorizando en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo vigente, a los licenciados Roberto Jiménez Estrada (cédula 6414269) y Vicente García Rentería (cédula 1339361), y como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle del Niño número 234 "A", en esta ciudad. En el entendido de que esta designación revoca cualquier otra hecha con anterioridad. Asimismo, se hace el acotamiento que el juicio de garantías 346/2015 se encuentra con audiencia celebrada, lo que significa que una vez emitida la resolución correspondiente deberá ser notificada a los profesionistas y domicilio señalados con anterioridad. NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE LISTA. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe.
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