Viridiana Xiomara Solis Trucios
Expediente 51/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 27 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 51/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 27
- Última actuación
- 07/07/2022
Partes del expediente
- Viridiana Xiomara Solis Trucios
Actuaciones
Las 4 más recientes de 27.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, siete de julio de dos mil veintidós. Autoridad informa. El Magistrado Titular de la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, informa que fueron devueltos a dicha Sala Unitaria los anexos I y II; sin embargo, el anexo I le corresponde al Ayuntamiento de San Gabriel Chilac, Puebla, no así a la autoridad oficiante. En virtud de lo anterior, se ordena la devolución del citado anexo a la autoridad respectiva, sin que haya necesidad de acusar recibo, toda vez que este lo constituirá la constancia de notificación respectiva. Cúmplase. Así lo acordó y firma Adriana Carmona Carmona, Jueza Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Alejandra Díaz Ordaz López, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintiocho de junio de dos mil veintidós. Causa estado sobreseimiento. Visto el estado procesal de los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto de seis de junio del presente año, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA QUEDADO FIRME. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; (...)". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Cuaderno incidental. Por otra parte, tomando en consideración que en el incidente de suspensión, se negó la medida cautelar provisional y la definitiva, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo en comento; por tanto, el cuaderno original es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el citado plazo de tres años que prevé el numeral en cita. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral 20, fracción II, inciso a) de dicho Acuerdo General, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruible una vez que transcurra el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones respectivas en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión para constancia. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó sobreseer fuera de audiencia el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Devolución de constancias. Finalmente, devuélvase al Ayuntamiento de San Gabriel Chilac, Puebla (anexo I) y la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla (anexo II), las constancias que remitieron en apoyo a su informe justificado, sin que haya necesidad de acusar recibo, toda vez que este lo constituirá la constancia de notificación. Notifíquese; vía electrónica a la parte quejosa y autoridades responsables.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, seis de junio de dos mil veintidós. Litis constitucional. Visto el escrito de demanda y sus aclaraciones, se advierten los datos siguientes: Parte quejosa. Viridiana Xiomara Solis Trucios, por su propio derecho. Tercero(s) interesado(s). Manifiesta bajo protesta de decir verdad que no existe. Autoridad(es) responsable(s). 1. Ayuntamiento de San Gabriel Chilac, 2. El C. Regidor de Industria y Comercio de San Gabriel Chilac, y 3. El C. Visitador y/o Inspector de Industria y Comercio del Municipio de San Gabriel Chilac. Acto(s) reclamado(s). 1. Ordenar la ejecución de clausura del espacio identificado como "Kyosko-Cafetería del parque Francisco I. Madero" en el municipio de San Gabriel Chilac, Puebla, sin previa orden. 2. La omisión de entrega del citatorio y del acta circunstanciada en el que se determinara la suspensión temporal o definitiva de la negociación de la quejosa. 3. El cumplimiento y ejecución de la clausura provisional. Sobreseimiento fuera de audiencia. De inicio, cabe señalar que de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden de público. En el caso, este órgano jurisdiccional advierte de oficio que se actualiza la hipótesis de improcedencia consagrada en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, que a la letra dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; (.)" Al analizar la causa de improcedencia invocada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció tres requisitos necesarios para su actualización, a saber: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de amparo; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia 144/2000, del Tribunal Pleno del Máximo Tribunal Constitucional de la Nación, de rubro y texto siguientes: ... Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo. Con el propósito de elucidar si se cumple con el primero de los requisitos -inciso a)-, referente a que el acto impugnado sea materia de otro medio de defensa, conviene precisar que, en el caso, la parte quejosa esencialmente reclama la orden y ejecución de la suspensión temporal de su negociación, sin que exista el acta circunstanciada correspondiente. Ahora, de las constancias remitidas por la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, consistente en el expediente 16/2022-JCA-04-11 de su índice, las cuales tienen pleno valor probatorio conforme al artículo 119, de la Ley de Amparo, se advierte que en el juicio de nulidad promovido por la parte quejosa, ésta impugnó las mismas cuestiones. Del análisis comparativo de la demanda de amparo que dio origen al presente juicio y del expediente 16/2022-JCA-04-11 del índice de la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, se tiene que existe identidad de parte quejosa, autoridad responsable y acto reclamado, como a continuación se expone: Expediente 16/2022-JCA-04-11, Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla Juzgado 7 Expediente 51/2022-II Parte quejosa Viridiana Xiomara Solis Trucios Viridiana Xiomara Solis Trucios Autoridades responsables 1. Municipio de San Gabriel Chilac, Puebla, y 2. Regiduría de Industria y Comercio del Ayuntamiento de San Gabriel Chilac, Puebla. 1. Ayuntamiento de San Gabriel Chilac. 2. C. Regidor de Industria y Comercio de San Gabriel Chilac. 3. C. Visitador y/o Inspector de Industria y Comercio del Municipio de San Gabriel Chilac. Actos reclamados 1. Colocación de sellos de suspensión al inmueble identificado como "kiosco del parque Francisco I. Madero" del municipio de San Gabriel Chilac, Puebla. 2. Omisión de expedir el acta circunstanciada correspondiente, que permitiera a la quejosa identificar las irregularidades de las actividades comerciales desarrolladas en el establecimiento. 1. Ordenar la ejecución de clausura del espacio identificado como "Kyosko-Cafetería del parque Francisco I. Madero" en el municipio de San Gabriel Chilac, Puebla, sin previa orden. 2. La omisión de entrega del citatorio y del acta circunstanciada en el que se determinara la suspensión temporal o definitiva de la negociación de la quejosa. 3. El cumplimiento y ejecución de la clausura provisional. La información contenida en el cuadro comparativo preinserto pone de manifiesto que entre el presente juicio de amparo y el diverso juicio contencioso administrativo 16/2022-JCA-04-11 del índice de la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, efectivamente existe identidad de parte quejosa, autoridades responsables y actos reclamados. Ello es así, pues si bien, prima facie, los actos impugnados en el juicio de nulidad y en este medio de control constitucional pueden parecer diversos, sólo difieren en cuanto a su denominación, ya que dimanan de una misma causa, a saber, el acta circunstanciada de veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, levantada con motivo de una diligencia de verificación de Protección Civil. Para corroborar lo anterior, resulta necesario traer a colación los antecedentes que informan el presente asunto y, en concreto, los actos que la quejosa reclama: Del oficio de treinta de diciembre de dos mil veintiuno, presentado por la Policía Municipal de San Gabriel Chilac, se desprende que a las 21:41 horas del veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, las autoridades recibieron información a través de una llamada telefónica [anónima] sobre una pareja consumiendo bebidas embriagantes en el establecimiento ubicado en el kiosco del Parque Francisco I. Madero. Unidades policiales, con apoyo de Protección Civil, acudieron al lugar y entrevistaron a dos personas, una de ellas menor de edad, quienes se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas. Al indicarles que no podían consumirlas en lugares públicos, ambas refirieron haberlas adquirido en el establecimiento operado por la quejosa. El veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, el Director de Protección Civil del Ayuntamiento Municipal de San Gabriel Chilac, Sabino Luis Germán Hernández, levantó el acta circunstanciada en la negociación de la quejosa, manifestando que esta se encontraba presente, pero se rehusó a identificarse y designar testigos, por lo que nombró a Jonathan Elvira Álvarez, quien se identificó con credencial de elector. Al describir los hechos, el Director hizo constar: "(.) Mediante llamada telefónica anónima a comandancia se hace el reporte de menores ingiriendo bebidas alcohólicas en un establecimiento conocido como "El Quiosco", donde por ordenes del inspector Fredy Rivera se procedió a la inspección y revisión del establecimiento en mención, en el cual se observó las salidas de emergencia, que contara extintor y las debidas medidas de protección empezamos a realizar nuestro dictamen correspondiente donde podemos enfatizar que encontramos caguamas llenas y vacías, botellas de tequila y demás bebidas embriagantes, además de cerciorarnos que sí estaba un menor ingiriendo bebidas alcohólicas en dicho inmueble, no se contaba con señalética de salidas de emergencia, no contaba con extintor ni botiquín y el cableado de luz estaba en pésimas condiciones. (.)" Asimismo, el encargado jurídico e inspector de la regiduría de industria y giros comerciales del ayuntamiento de San Gabriel Chilac, Fredy Odilón Rivera de los Santos, levantó un acta administrativa en presencia de la quejosa, sin que ésta se identificara ni designara testigos, de modo que designó a Jonathan Elvira Álvarez y declaró: "(.) Que mediante llamada telefónica realizada a la dirección de seguridad pública de San Gabriel Chilac, Puebla, se reporta que dos individuos se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas dentro de la Cafetería del Kiosko del Parque Francisco I. Madero del Municipio de San Gabriel Chilac, Puebla, es por lo cual se procede a verificar tal hecho, encontrándose efectivamente a dos personas, un joven menor de edad de nombre "Hugo N" y por la otra la de Sabina Montserrat Hernández Hernández, es por lo cual se procede a asegurar a dichos individuos y se trasladan a disposición del Juez Calificador y se realiza la inspección pertinente encontrándose dentro del citado lugar botellas de las denominadas Caguamas, tequila y otras bebidas alcohólicas, algunas se encuentran abiertas y otras cerradas, por lo cual se procede a la clausura provisional del lugar referido. (.)" Posteriormente, el siete de enero de dos mil veintidós, Viridiana Xiomara Solis Trucios promovió juicio contencioso administrativo en contra del Municipio de San Gabriel Chilac y la Regiduría de Industria y Comercio del Ayuntamiento de dicho municipio. En la misma fecha, la parte quejosa promovió el presente juicio de amparo contra las autoridades y por los actos previamente señalados. En su escrito, manifestó: "(.) En fecha 29 de diciembre de 2021, al mismo tiempo de generar un requerimiento la autoridad municipal de San Gabriel Chilac, Puebla, se me negó el acceso pues tenía un sello de suspensión temporal, sin notificarme formalmente y sin mediar orden de autoridad competente, dejándome en estado de indefensión. (.)" Como se aprecia, la parte quejosa está controvirtiendo actos que encuentran un origen común y único. En el juicio de nulidad, se duele de la imposición de sellos de clausura en su negociación y, en cierta parte, de la suspensión de la licencia de funcionamiento, pero ello deriva necesariamente, del acta circunstanciada de veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, levantada por el director de Protección Civil del Ayuntamiento de San Gabriel Chilac. En el apartado de procedencia de su demanda de nulidad, la parte quejosa refirió: "(.) El presente juicio de nulidad es procedente en términos de lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla; así como artículo 4 fracción I de la Ley orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, con el que se pretende impugnar el acto administrativo consistente en la omisión del procedimiento de visita de verificación y por consiguiente la imposición de la suspensión administrativa respecto del ingreso y/o clausura temporal o permanente, parcial o total del funcionamiento comercial del Kiosco del Parque Francisco I Madero de San Gabriel Chilac, Puebla., de la que suscribe VIRIDIANA XIOMARA SOLIS TRUCIOS como poseedora del mismo, siendo indudable que dicho acto causa diversos agravios a la hoy actora (.)" Luego, si la pretensión que busca en el juicio contencioso administrativo es, en lo medular, la nulidad del acta circunstanciada mencionada, resulta inconcuso que no puede impugnar simultáneamente actos que forman parte de un mismo procedimiento en distintos medios de defensa. En primer término, porque lo que se resuelva en el juicio de nulidad repercutirá, necesaria y lógicamente, en la sentencia que se pudiere llegar a dictar en el juicio en que se actúa; y en segundo, dado que existe la posibilidad de que las resoluciones que se emitan sean contradictorias. De ahí que se tenga por satisfecho el primer requisito. Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de amparo. Tocante al segundo requisito -inciso b)-, éste se satisface en la medida en que de las constancias remitidas por la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla se desprende que el juicio contencioso administrativo fue admitido a trámite el once de enero de dos mil veintidós y hasta la fecha no se cuenta con mayores constancias para corroborar que dicho procedimiento ha sido resuelto en definitiva. Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Atendiendo al requisito descrito en el inciso c), debe considerarse que la parte quejosa interpuso el recurso idóneo para impugnar la suspensión temporal de su negociación y la omisión de levantar el acta circunstanciada que diera cuenta de las irregularidades que llevaron a la clausura del inmueble, que además constituyen los actos reclamados en este juicio de amparo. Lo anterior, con fundamento en los artículos 3, 4, 14, fracción II, inciso c), 39, fracción II y 108 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla, así como del diverso 4, apartado A, fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, que prevén: Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla "ARTÍCULO 3. El juicio contencioso administrativo procede contra las resoluciones administrativas definitivas, actos administrativos y procedimientos que establece el artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla." "ARTÍCULO 4. El procedimiento que regula el presente ordenamiento, se regirá por los principios de legalidad, sencillez, celeridad, oficiosidad, eficacia, publicidad, transparencia, gratuidad, de mayor beneficio y buena fe." "ARTÍCULO 14. Son partes en el juicio contencioso administrativo: (.) II. Los demandados. Tendrán ese carácter: c) La autoridad o autoridades, en te´rminos del arti´culo 2 fraccio´n I de esta Ley, y (.)" "ARTÍCULO 39. Cuando se alegue que la resolución administrativa no fue notificada o que lo fue ilegalmente, siempre que se trate de las impugnables en el juicio contencioso administrativo, se estará a las reglas siguientes: (.) II. Si el actor manifiesta que no conoce la resolución administrativa que pretende impugnar, así lo expresará en su demanda, señalando la autoridad a quien le atribuye su notificación o su ejecución. En este caso, al contestar la demanda, la autoridad acompañará constancia de la resolución administrativa y de su notificación, mismas que el actor deberá combatir mediante ampliación de la demanda, (.)" "ARTÍCULO 108. La sentencia definitiva podrá: Reconocer la validez de la resolución impugnada; Declarar la nulidad de la resolución impugnada, y Indicar, cuando corresponda a la pretensión deducida, los términos conforme a los cuales deberá dictar su resolución la autoridad. En los casos en que la sentencia implique una modificación a la cuantía de la resolución administrativa impugnada, la Sala deberá precisar, el monto, el alcance y los términos de la misma para su cumplimiento. Tratándose de sanciones, cuando dicho Tribunal aprecie que la sanción es excesiva porque no se motivó adecuadamente o no se dieron los hechos agravantes de la sanción, deberá reducir su importe apreciando libremente las circunstancias que dieron lugar a la misma. Declarar la nulidad de la resolución impugnada y además: Reconocer al actor la existencia de un derecho subjetivo y condenar al cumplimiento de la obligación correlativa; Otorgar o restituir al actor en el goce de los derechos afectados; Declarar la nulidad del acto o resolución administrativa de carácter general, caso en que cesarán los efectos de los actos de ejecución que afectan al demandante, inclusive el primer acto de aplicación que hubiese impugnado. La declaración de nulidad no tendrá otros efectos para el demandante, salvo lo previsto por las Leyes de la materia de que se trate, y Reconocer la existencia de un derecho subjetivo y condenar a la autoridad al pago de una indemnización por los daños y perjuicios causados por sus servidores públicos. Si la sentencia obliga a la autoridad a realizar un determinado acto o iniciar un procedimiento, deberá cumplirse en un plazo de cuatro meses, contados a partir de que la sentencia quede firme. Si el cumplimiento de la sentencia entraña el ejercicio o el goce de un derecho por parte del demandante, transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior sin que la autoridad hubiere cumplido con la sentencia, el beneficiario del fallo tendrá derecho a una indemnización que la Sala que haya conocido del asunto determinará, atendiendo el tiempo transcurrido hasta el total cumplimiento del fallo y los perjuicios que la omisión hubiere ocasionado, sin menoscabo de lo establecido en el artículo 114 de esta Ley. El ejercicio de dicho derecho se tramitará vía incidental. Cuando para el cumplimiento de la sentencia, sea necesario solicitar información o realizar algún acto de la autoridad administrativa en el extranjero, se suspenderá el plazo a que se refiere el párrafo anterior, entre el momento en que se pida la información o en que se solicite realizar el acto correspondiente y la fecha en que se proporcione dicha información o se realice el acto. Transcurrido el plazo establecido en este precepto, sin que se haya dictado la resolución definitiva, precluirá el derecho de la autoridad para emitirla, salvo en los casos en que el particular, con motivo de la sentencia, tenga derecho a una resolución definitiva que le confiera una prestación, le reconozca un derecho o le abra la posibilidad de obtenerlo. En el caso de que se interponga recurso, se suspenderá el efecto de la sentencia hasta que se dicte la resolución que ponga fin a la controversia. La sentencia se pronunciará sobre la indemnización o pago de costas, solicitados por las partes, cuando se adecue a los supuestos del artículo 18 de esta Ley." Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla. "Artículo 4. El Tribunal tendrá competencia para conocer de: (.) A. Los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: I. Las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre la administración pública estatal o municipal con facultades de autoridad, y los particulares; (.)" Con base en las reproducciones que anteceden, es dable afirmar que el juicio de nulidad es un medio de defensa efectivo para impugnar los actos administrativos que la parte quejosa reclama en el presente juicio de amparo. Máxime que, en la sentencia que se dicte en el citado procedimiento, la Sala correspondiente podrá declarar la nulidad de los actos administrativos reclamados. Por tanto, mediante el juicio contencioso administrativo, la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla podrá declarar nulo el acto reclamado en este medio de control constitucional, lo que implica que constituye un instrumento idóneo y efectivo. Sobre el particular, se reitera que de declararse nulo el acto impugnado en este juicio de amparo a través del juicio de nulidad, ello impactaría necesariamente la sentencia que se llegare a emitir en el presente, al versar materialmente sobre los mismos puntos y sentido. Habida cuenta que la parte quejosa promovió el juicio de nulidad en contra de la suspensión temporal de su negociación y la omisión de levantar el acta circunstanciada correspondiente -actos que conforman la litis de esta acción constitucional- no es posible pronunciarse en este juicio de amparo sobre su regularidad constitucional, ya que irremediablemente se alteraría la materia del recurso ordinario interpuesto por la quejosa, incluso al grado de desvanecer dicha litis o, en su caso, que los fallos respectivos fueran contradictorios. No se soslaya la tesis aislada 2ª. CLVII/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica que las causas de improcedencia deben interpretarse de manera estricta, de modo que el juzgador debe optar por la que se acredite fehacientemente en el caso, proscribiendo se actualicen mediante simples presunciones. Sin embargo, en el caso concreto no se está realizando una interpretación amplia o análoga de la fracción XIX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, sino simplemente se estableció la identidad material de los actos impugnados en ambas vías, tanto en la constitucional como en la ordinaria. De tal suerte que, bajo ninguna circunstancia se amplía el supuesto previsto en la porción normativa en comento, sino únicamente se verificó el contenido de la demanda de nulidad remitida por la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, con el fin de precisar su coincidencia sustancial -mas no formal- con la demanda de este juicio constitucional, lo que produjo tener plenamente acreditada la causa de improcedencia de mérito, sin partir de meras presunciones o suposiciones. Conclusión: En ese orden de ideas, al actualizarse en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia objeto de estudio, se sobresee en el juicio de amparo indirecto fuera de audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sirve de fundamento a lo anterior, la siguiente tesis jurisprudencial de la Segunda Sala del Alto Tribunal: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Consecuentemente, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional programada para las once horas con cuarenta minutos del veinte de junio de dos mil veintidós. Anotaciones. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, treinta de mayo. Cumplimiento a requerimiento. La Magistrado Titular de la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, cumple el requerimiento que le fue formulado mediante proveído de diecinueve de mayo de dos mil veintidós, y al efecto remite la información y constancias solicitadas. Pruebas. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, téngasele como prueba la documental que anexa a su oficio de cuenta, que se admite y desahoga dada su propia y especial naturaleza, debiendo darse cuenta con ésta en la audiencia constitucional. Formación de anexo. Visto el volumen de las constancias remitidas, se ordena formar el legajo de pruebas II, para que obre por cuerda separada y para su mejor manejo y conservación, respetando folio, sello y rúbrica de la autoridad oficiante. Notifíquese, vía electrónica a la parte quejosa, así como a las autoridades responsables.
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