Virginia Salgado Martinez
Expediente 1142/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1142/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 16/08/2022
Partes del expediente
- Virginia Salgado Martinez
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, dieciséis de agosto de dos mil veintidós. Causa estado sobreseimiento fuera de audiencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos y al advertirse que no se interpuso recurso de revisión en contra del auto de catorce de julio de dos mil veintidós, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA QUEDADO FIRME. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido...". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó sobreseer fuera de audiencia el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, catorce de julio de dos mil veintidós. Informe justificado. Agréguese el oficio del Director de Investigación adscrito a la Dirección General de Inteligencia e Investigación de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación -en su denominación correcta- atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su informe justificado. Vista a las partes. Con el contenido del informe de cuenta dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga dentro del plazo de ocho días, contados a partir de la notificación del presente acuerdo, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Delegados y domicilio. En términos de lo dispuesto por los artículos 9 y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de la autoridad responsable a las personas que menciona y por señalado el domicilio para oír y recibir notificaciones que indica en el comunicado que se provee. Comunicación no oficial. Por otro lado, en atención lo dispuesto en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, y a fin de mejorar la comunicación -no procesal- con las partes en el presente juicio de amparo, se toma conocimiento de la dirección de correo electrónico y número celular que proporciona en el informe de cuenta. Pruebas. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, téngase como prueba de la responsable, la documental que anexa a su oficio de cuenta, así como la instrumental pública de actuaciones y la presuncional legal y humana, mismas que se admiten y desahogan dada su propia y especial naturaleza, debiendo darse cuenta con éstas en la audiencia constitucional. Notificaciones electrónicas. En ese contexto, vista la certificación de cuenta, de la que se aprecia que después de haber realizado una búsqueda minuciosa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se localizó el nombre de usuario MrMorales y Mtro.Osorio correspondiente a ...; de conformidad con lo establecido en los artículo 26, fracción IV, y 30 de la Ley de Amparo, así como en términos del numeral 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se le autoriza a: A) Consultar el expediente electrónico vía internet; B) Promover a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de su firma electrónica; y, C) Notificarse de las resoluciones en forma electrónica, a través del módulo dispuesto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. No obstante lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64, tercer párrafo, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se le informa que de existir una falla o la imposibilidad técnica de consultar el texto íntegro del acuerdo a notificar, se ordenará que la notificación del proveído de que se trate se realice mediante oficio. Uso de medios electrónicos. Se autoriza el uso de medios electrónicos y digitales, en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009, con excepción de la documentación o información reservada o confidencial, en el entendido de que la información que se obtenga con la reproducción de las constancias, estará sujeta a lo dispuesto en los artículos 3, 11, fracción VI, 110, fracción XI y 113, fracciones I y III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 6, y 8, fracción VI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo de 2016 y 4 de mayo de 2015, respectivamente. Notifíquese, y vía electrónica a la parte quejosa y a la autoridad responsable Director General de Asuntos Jurídicos y Representante Legal del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla y representante de la Comisión del Servicio de Carrera Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla.
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) SIGUIENTE (S) RESOLUCIÓN(ES) QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): San Andrés Cholula, Estado de Puebla, catorce de julio de dos mil veintidós. Informe justificado. El Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla rinde su informe justificado. Atento a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado de la autoridad oficiante. Delegados. En términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, se tiene como delegados de la referida autoridad a las personas que designa en su nombre. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por presentada la prueba documental que anexa la autoridad responsable a su oficio de mérito. Litis constitucional. De las constancias de autos, se advierten los siguientes datos. Parte quejosa. Virginia Salgado Martínez, por propio derecho. Tercero interesado. Ayuntamiento del Municipio de Tehuacán, Puebla. Autoridad responsable. 1 Presidente del Tribunal de Arbitraje en el Estado de Puebla. 2. Tribunal de Arbitraje en el Estado de Puebla. Acto reclamado. La omisión de dar contestación al escrito de dos de enero de dos mil veinte, en el cual la parte quejosa solicita la revocación y cambio de apoderados legales; así como el escrito de doce de julio de dos mil veintiuno, en el juicio laboral D-270/2019. Sobreseimiento. De acuerdo con en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. En el caso, este órgano jurisdiccional advierte de oficio, que se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos sean destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la cual hacer un pronunciamiento de fondo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del tomo IX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de 1999, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ÉSTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera resulta aplicable, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 241, del tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a abril de 1998, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Es útil también la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a febrero de 1998, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Igualmente, es aplicable el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, del tomo VI, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a noviembre de 1997, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Bajo esa óptica jurídica, conviene señalar que la parte quejosa reclama la omisión de dar contestación al escrito de dos de enero de dos mil veinte, en el cual solicita la revocación y cambio de apoderados legales, así como el escrito del dos de julio de dos mil veintiuno, presentados en el juicio laboral D-270/2019; sin embargo, de las constancias remitidas por la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado y de las constancias enviadas, se advierte lo siguiente: Por acuerdo del cuatro de julio de la presente anualidad, se acordaron los escritos de fecha dos de enero de dos mil veinte y del dos de julio de dos mil veintiuno; y se ordenó emplazar a la parte demandada, dando continuidad a la tramitación de la demanda laboral; y, Mediante cedula de notificación del siete de julio de dos mil veintidós, se notificó a la parte actora dicho auto. Por ende, las omisiones reclamadas cesaron en sus efectos; toda vez que la autoridad responsable ya se pronunció respecto de los escritos presentados por la parte quejosa, dando trámite y seguimiento a su juicio laboral. Por tanto, se concluye que en el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por tanto, debe SOBRESEERSE EN EL JUICIO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de esta ley Sirve de fundamento, la jurisprudencia 2ª/J 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes. "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Se deja sin efectos la audiencia constitucional. En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las nueve horas del veintiuno de julio de dos mil veintidós, por lo tanto, una vez que cause estado el presente proveído, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva a cabo en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintitrés de junio de dos mil veintidós. Cumple requerimiento. Agréguese a los autos el oficio del Encargado de la Dirección del Hospital Regional Puebla del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento efectuado el diez de junio de dos mil veintidós, informa lo siguiente: a) Que la parte quejosa sí acudió a la cita programada el diez de junio de dos mil veintidós, a fin de ser valorada. b) Que aún hace falta un estudio médico más; sin embargo, no se pudo llevar a cabo dado que la parte quejosa fue hospitalizada por un padecimiento. Con fundamento en los artículos 61, 62, 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tienen por recibidas las constancias de cuenta de las cuales este órgano jurisdiccional toma conocimiento para los efectos legales conducentes, que serán tomadas en cuenta en el momento procesal oportuno. Con lo anterior, se da vista a la parte quejosa para que manifieste a lo que su interés legal convenga. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que anexa la autoridad responsable a su oficio de cuenta, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza. Sin que sea óbice a lo anterior el dar cuenta con ellas en la audiencia constitucional. Información confidencial. Por otra parte, dado que al juez constitucional le corresponde evitar que la información confidencial se use de manera incorrecta, se disponen las siguientes medidas de seguridad: a) Que la información remitida por la autoridad responsable en su informe de cuenta deberá permanecer como información confidencial identificado como anexo III y bajo resguardo en este órgano jurisdiccional; b) Que la información que adjuntó la autoridad responsable, solo podrá ser consultada por la parte quejosa o su apoderado legal, quien únicamente podrá usarla en su defensa y deberá mantener su contenido bajo estricta confidencialidad. c) Para tal efecto, la parte quejosa podrá consultar la información de que se trata en las instalaciones de este juzgado federal, sin que esto implique la posibilidad de transmitir, copiar, fotografiar, escanear o reproducir por cualquier medio dicha información. Requerimiento En ese aspecto, es dable requerir a la autoridad responsable para que, en el término de tres días contado a partir de que reciba el oficio que contenga la transcripción del presente proveído, informe lo siguiente: a) Si ya señaló nueva fecha para que sea valorada la parte quejosa. b) Si la causa por la que fue hospitalizada la parte quejosa altera de alguna forma el tratamiento a seguir a fin de que se realice la operación que ya le fue autorizada. c) Si derivado de la hospitalización de la parte quejosa, se ha iniciado un tratamiento médico a fin de seguir con su evolución, y salvaguardar su integridad. Apercibimiento. Apercibido que, de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa de 100 veces la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en lo establecido en los preceptos 260, fracciones II y IV de la Ley de Amparo. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla · 8,646 expedientes
- Virginia Martínez Jiménez1884/2019
- Virginia Pérez Bolás1248/2021
- Virginia Perez Juarez899/2021
- Virginia Rosales Rivera988/2022
- Virginia Rosales Rivera315/2022
- Virginia Rosales Rivera2399/2019
- Virginia Vergara Rodriguez1035/2022
- Viridiana Belmont Yañez1279/2021
- Viridiana Belmont Yañez526/2021
- Viridiana Castillo Macuil14/2019
- Viridiana Martínez Salas764/2020
- Viridiana Xiomara Solis Trucios51/2022