Virginio Solano López
Expediente 498/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 498/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 20/05/2019
Partes del expediente
- Virginio Solano López
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinte de mayo de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto de veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, dictado en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto de mérito, para todos los fines legales correspondientes, háganse las anotaciones en el libro respectivo y archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DESTRUCCIÓN en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que sin decidir en lo principal lo dio por concluido, en el entendido de que el presente asunto se tramitó sin incidente de suspensión. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales".
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de abril de dos mil diecinueve. Visto, con conocimiento de las partes, agréguese a los autos el informe justificado rendido por la Actuaria de la Junta Especial número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, para que surta sus efectos legales procedentes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 9º, de la Ley de Amparo, téngase a la citada autoridad responsable, designando delegados de su parte. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en el caso se actualiza una causa de improcedencia manifiesta e indudable que da lugar a sobreseer en el juicio. Para así considerarlo, es necesario precisar que de la lectura integral del escrito de demanda se advierte que Virginio Solano López, acude a esta instancia constitucional a inconformarse contra el acto de la Actuaria adscrita a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, consistente en la omisión de emplazar al juicio laboral a la parte demandada. Ahora bien, la autoridad responsable Actuaria de la Junta Especial número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, al rendir su informe justificado manifestó que no es cierto el acto que se le reclama, toda vez que con fecha diez de abril de dos mil diecinueve, emplazó a la parte demandada SAS AUTOMOTIVE SYSTEMS & SERVICES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, dentro del expediente laboral D-6/63/2019. Para corroborar lo anterior, la autoridad responsable remitió copia certificada de diversas constancias que obran en el expediente D-6/63/2019, las cuales tienen pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, entre las que se encuentran el emplazamiento realizado a la parte demandada SAS AUTOMOTIVE SYSTEMS & SERVICES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, dentro del expediente laboral D-6/63/2019. El precepto reproducido prevé como causa de improcedencia del juicio de amparo, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal la destrucción de todos los efectos del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje ahí alguna huella. En la especie, se considera actualizada la causa de improcedencia invocada porque si la pretensión de la parte quejosa al ejercer la acción constitucional era que la Actuaria de la Junta Especial número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, emplazara a la parte demandada SAS AUTOMOTIVE SYSTEMS & SERVICES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE dentro del expediente laboral D-6/63/2019, aquélla se vio satisfecha en la medida en que mediante diligencia de diez de abril de dos mil diecinueve, se efectuó el indicado emplazamiento. Por consiguiente, se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el pleno goce del derecho que le había sido violado, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere invadido su esfera jurídica, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó alguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional, de tal manera que los efectos de la omisión reclamada han cesado, razón por la que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse fuera de audiencia el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de ese ordenamiento. Así entonces, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con once minutos del dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, pues en el caso a estudio surgió una causa notoria e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna, y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de abril de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos el oficio del Juez Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, por el que informa que se dejó insubsistente la orden de arresto decretada en contra de José Luis Galaviz Romero, de lo que toma conocimiento el suscrito juez para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, visto el estado que guardan los autos de este juicio de amparo, de los que se aprecia que mediante proveído de quince de abril de dos mil diecinueve, se dio vista a las partes para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento que dice la autoridad responsable dio al fallo protector, sin que lo hubieran hecho, de acuerdo a la certificación de cuenta, se provee: Se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado auto de quince de abril de dos mil diecinueve y, por tanto, este juzgado de distrito procede resolver de oficio, si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En ese contexto se tiene que por sentencia de siete de diciembre de dos mil dieciocho, se concedió al quejoso José Luis Galaviz Romero, la protección constitucional solicitada, contra actos del Juez Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, para el efecto de que realizara lo siguiente "1. Deje insubsistente la orden de arresto por treinta y seis horas decretada en contra de José Luis Galaviz Romero, en su carácter de Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Cuyoaco, Puebla. 2. Con libertad de jurisdicción pero sólo en el caso de ser necesario, es decir, si a la fecha en que cause ejecutoria esta sentencia, no se han llevado a cabo los descuentos salariales ordenados en autos del juicio de origen, determine lo que conforme a derecho corresponda sobre la obligación impuesta al Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Cuyoaco, Puebla, para cumplimentar sus mandamientos en relación a los descuentos salariales a cargo del demandado y, en caso de considerar aplicable la medida de apremio de arresto, deberá cumplir con la motivación adecuada en los aspectos destacados en el presente fallo, esto es, que en uso de su arbitrio judicial razone y pormenorice los motivos que tenga para imponer la misma y fijar la duración precisa." En cumplimiento a lo anterior, el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, mediante el oficio recibido el doce de abril del presente año, remitió copia certificada de las constancias de las que se advierte que a través del acuerdo emitido el veintidós de marzo de dos mil diecinueve, dejó insubsistente la orden de arresto por treinta y seis horas decretada en contra de José Luis Galaviz Romero, en su carácter de Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Cuyoaco, Puebla; así como del oficio SSP/07/000566/2019 de dieciséis de enero del presente año, signado por el Director General de Asuntos Jurídicos y Representante Legal del Secretario de Seguridad Pública del Estado, en el que ordena dejar insubsistente la orden de arresto decretada contra el aquí quejoso, en el auto de tres de octubre de dos mil dieciocho. Del examen de las documentales antes citadas, las que de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, tienen pleno valor probatorio, se desprende que la autoridad responsable, DIO CUMPLIMIENTO AL FALLO PROTECTOR. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y cuarto de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA, y se ordena el ARCHIVO del presente asunto como totalmente concluido. En esa tesitura, háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo, ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes y glósese el original del incidente de suspensión. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV de Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que se concedió la protección constitucional. Acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General relativo, y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, es susceptible de DEPURACIÓN pues se concedió la medida cautelar solicitada en forma provisional y definitiva. De conformidad con lo dispuesto en la fracción III del punto Vigésimo del Acuerdo referido, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, el duplicado del cuaderno incidental deberá ser DESTRUIDO, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto Vigésimo cuarto del Acuerdo normativo. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales". Finalmente, glósese copia autorizada del presente proveído al cuaderno incidental para los efectos legales conducentes.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dos de abril de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que obran las constancias de la notificación realizada a las partes del proveído veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, por el que se hace del conocimiento de las partes el recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada dentro del presente juicio. En consecuencia, fórmese expedientillo de antecedentes. Con fundamento en los artículos 84, 88 y 89, de la Ley de Amparo, con el escrito original de expresión de agravios y con una copia simple del mismo para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al tribunal revisor que corresponda conocer del recurso de revisión interpuesto, remítanse los presentes autos, y un anexo de pruebas, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, en turno, a fin de que sustancie el mismo. NOTIFÍQUESE.
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