Virginia Méndez Campos
Expediente 87/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 87/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 02/02/2017
Partes del expediente
- Virginia Méndez Campos
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dos de febrero de dos mil diecisiete. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto de diecisiete de enero de dos mil diecisiete; en tal virtud, con fundamento en los artículos 286 y 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, según su artículo 2°, se declara que dicho auto por el cual se desechó la demanda de amparo, ha causado estado para todos los fines legales correspondientes. Háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo, ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes [SISE] y archívese el presente asunto como concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace constar que en su oportunidad el presente expediente, será susceptible de destrucción, siguiendo los lineamientos contenidos en el acuerdo de referencia. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de enero de dos mil diecisiete. EXPEDIENTE Y REGISTRO Con la demanda de amparo promovida por Virginia Méndez Campos, contra actos del Juez Primero Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla, Puebla; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado de Distrito bajo el número estadístico 87/2017-II; y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DESECHAMIENTO En primer término debe precisarse que de la lectura integral del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado, lo siguiente: .La TOTAL PARALIZACIÓN PROCESAL y/o TOTAL INACTIVIDAD PROCESAL, respecto de la Admisión, Substanciación y Resolución del RECURSO DE RECLAMACIÓN interpuesto en tiempo y forma en contra del auto de fecha veinte del mes de octubre del año dos mil dieciséis, promovido y presentado por la hoy quejosa, en mi carácter de parte actora, ante la Oficialía de Partes del citado Juzgado el día CATORCE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, dentro del juicio de nulidad del otorgamiento de poder general para pleitos y cobranzas y nulidad de venta de inmueble propiedad de la sociedad conyugal con número de expediente 359/2016, radicado ante el Juzgado Primero Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de la Ciudad de Puebla. Es decir, reclama la omisión del Juez Primero Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla, Puebla, de admitir a trámite el recurso de reclamación que interpuso en contra del proveído de veinte de octubre de dos mil dieciséis, dictado dentro del juicio de nulidad de otorgamiento de poder general para pleitos y cobranzas y nulidad de venta de inmueble propiedad de la sociedad conyugal número 359/2016. Precisado lo anterior, el suscrito advierte que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, esta última interpretada a contrario sentido, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Los numerales transcritos, interpretados conjuntamente, establecen que el juicio de amparo indirecto únicamente es procedente contra actos emitidos durante el juicio que tengan sobre las personas o cosas, una ejecución de imposible reparación. Así mismo, prevén que cuando los actos emitidos durante el trámite de un juicio no afecten en forma trascendente las personas, cosas o defensas de las partes, dichas actuaciones podrán ser reparadas por medio del juicio de amparo directo. De igual manera, a partir de la entrada en vigor de la nueva Ley de Amparo un acto dentro de juicio cuyos efectos son de imposible reparación y contra los cuales procede el amparo indirecto, es aquel que afecte de manera directa e inmediata derechos sustantivos del gobernado, como la vida, libertad, propiedad, posesión, papeles, etcétera; sin que la huella de tal afectación quede borrada aun obteniendo el quejoso sentencia definitiva favorable a su interés. Por lo que con esta aclaración de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Sobre este tópico, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar el contenido del artículo 107, fracción V, de la ley de la materia, advirtió que el legislador dispuso dos condiciones para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento. La primera, la exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos, lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos derechos afectados materialmente revistan la categoría de sustantivos, expresión opuesta a los derechos de naturaleza formal o adjetiva (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Por lo que cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un juicio, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos que reclama no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una omisión autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo: omisión de admitir a trámite el recurso de reclamación hecho valer por la quejosa. Ello, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8 constitucional. Sin embargo, debe tenerse presente que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del juicio en el que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Así, dicha Sala concluyó que tratándose de procedimientos procesales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca el asunto resuelva sobre la pretensión sometida a su consideración, por lo que es obligación del promovente sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones, de ahí que por regla general, no sea procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. Por lo que el criterio general es que la demanda de amparo que se interponga contra actos de naturaleza omisiva es notoriamente improcedente y debe desecharse de plano, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Las consideraciones arriba destacadas tienen sustento en la tesis 2a./J. 48/2016 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación el seis de mayo de dos mil dieciséis, de rubro y texto siguiente: AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. En la especie, la promovente del amparo acude a esta instancia a reclamar la omisión del Juez Primero Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla, Puebla, de admitir a trámite el recurso de reclamación que interpuso en contra del proveído de veinte de octubre de dos mil dieciséis, dictado dentro del juicio de nulidad de otorgamiento de poder general para pleitos y cobranzas y nulidad de venta de inmueble propiedad de la sociedad conyugal número 359/2016. Por lo que dicha omisión, al ser sometida a las consideraciones expresadas, no constituye un acto de imposible reparación, en tanto que no afecta de manera cierta e inmediata derechos sustantivos de la quejosa, a efecto de que pueda ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Lo anterior, porque tal omisión únicamente posterga la continuación del recurso de reclamación que interpuso la quejosa, lo cual constituye un acto de carácter intraprocesal que no puede considerase de imposible reparación, en tanto que, sus consecuencias (atender plazos y términos previstos en la legislación de la materia) no afecta derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber, la vida, libertad, propiedad, posesión, papeles, propiedades, etcétera, y por tanto, el tema de la impartición de justicia en plazos y términos previstos de la legislación ordinaria, solamente se trata de una violación de carácter adjetivo, en tanto esa trasgresión no impida el curso del juicio ni el ejercicio de un derecho. Lo que en el caso no ocurre, pues de acuerdo a los antecedentes narrados por la promovente no se advierte que exista una abierta dilación procesal o la paralización total del juicio, atento que el catorce de noviembre de dos mil dieciséis interpuso el recurso de reclamación en contra del proveído de veinte de octubre de dos mil dieciséis, dictado por el Juez Primero Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla, Puebla, dentro del juicio de nulidad de otorgamiento de poder general para pleitos y cobranzas y nulidad de venta de inmueble propiedad de la sociedad conyugal número 359/2016; en tales condiciones, el lapso entre aquél hecho y la fecha de presentación de la demanda (dieciséis de enero de dos mil dieciséis), no revela la existencia de una abierta dilación en el trámite del juicio que implique su paralización, pues a criterio del suscrito dicha hipótesis (abierta dilación) se actualiza después de tres meses de falta de actuación de la responsable, atento a las cargas de trabajo, por lo que en el caso se trata de un simple retardo que no deja sin defensa al quejoso, dado que no se trata de una afectación autónoma al juicio natural. Cabe citar al respecto la tesis IV.2º.C.55 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, publicada en la página 2677, del Tomo XXIX, Marzo de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO ES EL SIMPLE RETARDO EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. En tales condiciones, se desecha de plano la presente demanda de garantías al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, con relación al diverso 107, fracción V, en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito de cuenta y, por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Ricardo Castillo Aguirre, en virtud de haber acreditado tener inscrita su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, así como autorizadas en los términos restringidos que prevé el citado numeral a las diversas personas que para ese efecto señala, por así haberlo solicitado. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, así como en el diverso numeral 3 de la Ley de Amparo, se ordena integrar el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para lo cual, se digitalizará oportunamente y de manera legible las constancias de los juicios que se presenten de manera impresa, y se imprimirán las que se presenten de forma electrónica. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS, Y NOTIFICACIONES EN ZONA CONURBADA. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este asunto, se faculta a los Actuarios de la adscripción a practicar las notificaciones que se les ordenen en este juicio, aun en días y horas inhábiles en términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2. Sirve de apoyo en lo conducente la tesis 1a./J. 43/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 164473, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. EL QUEJOSO, TERCERO PERJUDICADO O PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO, PUEDEN SEÑALARLO EN LA ZONA METROPOLITANA O CONURBADA AL MUNICIPIO O CIUDAD DONDE EL JUEZ O TRIBUNAL QUE CONOZCA DEL ASUNTO TENGA SU LUGAR DE RESIDENCIA. RESERVA DE INFORMACIÓN Hágase saber a las partes, que de conformidad con los artículos 3º, 5º, 6º, 9º, 15 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, -que entró en vigor al día siguiente de su publicación- y 1º, fracción I, 14, 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, -aplicable al caso concreto de conformidad con el artículo 2º Transitorio del decreto por el que se expidió la ley en cita-, este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe de garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. De ahí que de conformidad con el artículo 6º de la Constitución, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares considerados como confidenciales. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE
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