Virginia Sánchez Gómez
Expediente 857/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 857/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Virginia Sánchez Gómez
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, doce de agosto de dos mil veintidós. Escrito del quejoso. Por recibido el escrito signado por Virginia Sánchez Gómez, con el carácter de albacea a bienes de la sucesión de Francisco Javier Illescas Díaz, por medio del cual solicita la devolución de los documentos exhibidos en la presentación de la demanda de amparo, por conducto de las personas autorizadas. Devolución de los documentos Por lo anterior, se hace de conocimiento del promovente que por auto de uno de diciembre de dos mil veinte, se acordó lo conducente respecto a la devolución de los documentos. En ese contexto, se le hace saber que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3° del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se encuentra a su disposición en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre Servicios jurisdiccionales, sistema Agenda OJ, en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles de cada órgano jurisdiccional, para que el público en general pueda generar una cita para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos; Tania Ramos Loera 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d6.c0 13/11/22 13:19:08 2 JUZGADO OCTAVO EXP. 857/2022. deberá acceder a dicho portal y realizar las gestiones relativas para la obtención de una cita ante este juzgado, para así poder asistir a este órgano jurisdiccional y recoger de manera personal los documentos y las copias indicadas, en el entendido que dichas documentales le serán entregadas si las labores de éste juzgado así lo permiten, por lo que de no ser posible la entrega de la totalidad de las constancia en la data que fuera citado, tendrá que solicitar nuevamente fecha para la entrega de las faltantes. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, uno de diciembre de dos mil veinte. Causa estado. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y visto el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98, con relación al 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de trece de noviembre de dos mil veinte, por el que se desecha la demanda de amparo promovida por Virginia Sánchez Gómez, en calidad de albacea de la sucesión a bienes de Francisco Javier Illescas Díaz, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2. Integración del expediente, anotaciones y archivo. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y una vez que se encuentren agregadas la totalidad de las constancias, archívese este expediente como total y definitivamente concluido Transferencia. Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el artículo 21, párrafo primero, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente acuerdo destrúyase dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del citado numeral y remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación del propio Consejo. Clasificación documental. Por otra parte, en cumplimiento a lo que establece el artículo 35, del Acuerdo General Conjunto señalado en el párrafo precedente, este expediente a criterio de este juzgador no es de relevancia documental, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio. Valoración de expediente. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente es destruible, al desecharse la demanda de amparo, hipótesis prevista en el artículo 21, párrafo primero, inciso d) del Acuerdo General citado. Disposición de documentos. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales, en términos del artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se requiere a la parte oferente del mismo para que presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a la notificación del presente proveído. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del artículo 21, párrafo segundo, de ese Acuerdo. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. NOTIFÍQUESE..MESA 7
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, trece de noviembre de dos mil veinte. Recepción de demanda. Por recibida la demanda de amparo promovida por Virginia Sánchez Gómez, con el carácter de albacea a bienes de la sucesión de Francisco Javier Illescas Díaz, contra actos que reclama del Juez Segundo Civil del Tribunal Superior de la Ciudad de México y otras autoridades. Registro de demanda. Fórmese expediente y regístrese en el libro de control de este juzgado con el consecutivo 857/2020, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva a cabo este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Estudio de la demanda. Previo a acordar lo que en derecho corresponda, conviene precisar que en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se establece la obligación que tiene este juzgador de examinar en su integridad la demanda de amparo, y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Los artículos precisados son del tenor literal siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con lo expuesto por diversos tribunales de la Federación, éstos se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En este sentido, a fin de explicar el concepto de motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se trae a colación la jurisprudencia I.6o.C. J/19 del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, cuyo rubro y texto a la letra dicen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Ahora bien, de un análisis integral de la demanda de amparo, este juzgador advierte que se configura de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que al respecto establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. ." Cabe destacar el contenido del artículo 17 del cuerpo de leyes en cita, que en su primer párrafo establece: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo." Atendiendo a la estricta literalidad de los preceptos transcritos con anterioridad, se colige que se reputa consentido de manera tácita el acto reclamado, cuando, entre otros supuestos, no se promueva el juicio de garantías dentro del término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que el período temporal de mérito se computará, a saber, de la siguiente manera: a) Desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que se reclama. b) Al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o, c) Al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Sostiene lo así expuesto, en lo conducente, la tesis emitida por la entonces Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de da Nación, publicada en la página 353, Tomo 205- 216, Séptima Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO, TÉRMINO PARA PRESENTAR LA, CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días, que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, pues si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan "que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día", como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, de ello se sigue que, si el Juez de Distrito, con base en esa manifestación, realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal proceder es correcto, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa de la fecha en que tuvo conocimiento el acto reclamado." En ese tenor se advierte que por regla general, el término para interponer la demanda de amparo en contra del acto que se reclama, es el previsto en el artículo 17 de la Ley de la Materia, esto es, de quince días contados a partir de que, entre otros supuestos, "Al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o,..." Asimismo, es menester hacer notar que en la especie dadas las particularidades del caso en estudio, ya reseñadas, es claro que el acto reclamado no se ubica en alguna de las hipótesis de excepción a que se refiere el artículo 22 del ordenamiento legal en cita. Por tanto, cierto es que la actualización de la causal de improcedencia en comento, deriva de las siguientes circunstancias: - Virginia Sánchez Gómez, en calidad de albacea de la sucesión a bienes de Francisco Javier Illescas Díaz, señala como acto reclamado la orden de lanzamiento forzoso de su casa habitación, sin ser parte del juicio especial hipotecario 1349/2019, promovido por Maricela Carranza Castillo, en contra de María de Jesús Pérez Avilés, radicado en el Juzgado Segundo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y de cual la quejosa manifiesta haber tenido conocimiento el diez de enero del dos mil veinte. En ese tenor, es de apreciarse que la quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado desde el diez de enero del dos mil veinte, por lo que, conforme a lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley de Amparo, ha transcurrido en exceso el término que alude dicho artículo. En efecto, si el juicio de amparo se promovió el once de noviembre del año en curso, ante la Oficialía de Partes de los Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, turnado en esa misma fecha a este Juzgado de Distrito, tal y como se advierte del sello de recepción correspondiente, tenemos que transcurrió con exceso el término de quince días a que se refiere el aludido artículo 17 de la Ley de Amparo, toda vez que se insiste, la parte quejosa tuvo pleno conocimiento acto que reclama desde el diez de enero de dos mil veinte, ya que así lo manifestó bajo protesta de decir verdad, por lo que es innegable, que a partir de dicha fecha, se encontraba en posibilidad de acudir a esta instancia constitucional; sin que se óbice señalar que conforme a lo establecido en los Acuerdos Generales 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativos a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, en la que se declaró la suspensión de labores de todos los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, y como consecuencia se determinó que no correrían plazos ni términos procesales del dieciocho de marzo al dos de agosto del año que transcurre, en cumplimiento a los acuerdos; por lo que el quejoso a partir de la reanudación de labores, esto es el tres de agosto del año en curso, estuvo en aptitud de combatir el acto que por esta vía reclama. De ahí que es evidente que entre ambas fechas, transcurrieron más de quince días para la presentación de la demanda de amparo, por lo que es indudable que ésta se presentó de manera extemporánea y, ante tal circunstancia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso que nos ocupa, el criterio sustentado por el Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, en la tesis XVII.6 P (10a.), con número de registro 2005667, publicada en la página 2312 del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Tomo III, febrero de 2014, Materia Común, Penal, Décima Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO CONTRA EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SI ÉSTE SE DICTÓ DURANTE LA VIGENCIA DE LA LEY DE AMPARO ABROGADA Y EL JUICIO SE PROMOVIÓ CON POSTERIORIDAD AL 3 DE ABRIL DE 2013, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO PRO PERSONA Y AL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA, DEBE PRESCINDIRSE DEL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTARLA, ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 18 DE LA LEY DE LA MATERIA VIGENTE, ASÍ COMO DE SU ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO, PÁRRAFO SEGUNDO. Conforme al artículo 170, fracción I, último párrafo, de la Ley de Amparo, el proceso penal inicia con el auto de vinculación a proceso; acto que, en términos del numeral 22, fracción II, de la ley de la materia, vigente hasta el 2 de abril de 2013, no tenía un plazo para su impugnación a través del juicio constitucional, y que ahora, acorde con los artículos primero, tercero, quinto, párrafo segundo y décimo transitorios, de la nueva ley, le son aplicables los plazos previstos en su artículo 18, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación del acto o resolución que se reclame. Sin embargo, en atención al principio pro persona, establecido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe interpretarse el orden normativo favoreciendo en todo tiempo a las personas otorgando la protección más amplia, lo que implica prescindir de aquellas que los restrinjan. Asimismo, el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce el derecho fundamental de acceso a la justicia; consecuentemente, si dicho auto de vinculación a proceso se dictó durante la vigencia de la mencionada ley abrogada, y el juicio se promueve con posterioridad a la citada fecha, en atención al principio y derecho mencionados, debe prescindirse del cómputo del plazo para la presentación de la demanda de amparo establecido en el aludido artículo 18, así como de su artículo quinto transitorio, párrafo segundo, ya que es a partir de la entrada en vigor de esa nueva legislación, en que el quejoso tiene conocimiento de los nuevos plazos para promover su demanda. Estimar lo contrario, en la mayoría de los casos, implicaría un vencimiento del plazo, inclusive antes de su entrada en vigor; lo cual atenta contra el derecho de acceso a la justicia del quejoso, porque ni siquiera se le permitiría ejercer su derecho a promover el juicio de amparo, al aplicarle una regla procesal que materializa en ineficaz su pretensión. Así como el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en la tesis I.2o.P.23 P (10a.), con número de registro 2004447, publicada en la página 2549 del Semanario Judicial de la Federación, Libro XXIV, Tomo 3, Septiembre de 2013, Materia Común, Penal, Décima Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. TRATÁNDOSE DEL AUTO DE FORMAL PRISIÓN DEBE PRESENTARSE DENTRO DEL PLAZO DE 15 DÍAS, CONFORME A LA NUEVA LEY DE AMPARO, AUN CUANDO SU DICTADO SE HAYA REALIZADO DURANTE LA VIGENCIA DE LA ANTERIOR. De acuerdo con el artículo 170, fracción I, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, el proceso penal inicia con el auto de vinculación a proceso o con el auto de formal prisión; en tanto, los artículos primero, tercero, quinto, párrafo segundo y décimo transitorios de esta ley, disponen que los actos que se hubieren dictado o emitido con anterioridad a la ley, que a su entrada en vigor no hubiere vencido el plazo para la presentación de la demanda conforme a legislación abrogada, les serán aplicables los plazos de la vigente contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación del acto o resolución que se reclame. De ahí que, si la formal prisión se emitió con anterioridad a la entrada de la nueva Ley de Amparo, y que a su inicio en vigor no había fenecido el término para instar el juicio de garantías conforme a la ley abrogada, la cual preveía que en tratándose de actos restrictivos de libertad, el juicio de amparo se podía promover en cualquier tiempo, es incuestionable que de acuerdo al quinto transitorio, debe atenderse al plazo de quince días que prevé el numeral 17 de la ley de la materia vigente, por no ubicarse en alguno de los casos de excepción que éste contempla; por ende, si la demanda de garantías se presenta durante la vigencia de la actual ley de la materia y fuera del plazo que la misma prevé, aun cuando la resolución reclamada se haya emitido con anterioridad, es incontrovertible su extemporaneidad. Se desecha demanda. Por lo antes expuesto, al ser manifiesta e indudable la causal de improcedencia invocada, con apoyo en lo previsto por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por Virginia Sánchez Gómez, en calidad de albacea de la sucesión a bienes de Francisco Javier Illescas Díaz. Domicilio de la quejosa. Por otro lado no ha lugar, a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala, pues las listas es una forma de notificar a las partes, no propiamente un domicilio para que aquéllas las señalen como domicilio procesal, por ello, mientras no señale un domicilio en la residencia de este órgano jurisdiccional, las notificaciones que se le deban hacer, incluso las de carácter personal, se le realizarán a través de las listas que se publiquen en este juzgado, de acuerdo a lo previsto en los artículos 27 y 29 de la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Autorizados. Por cuanto hace a los profesionistas y personas que hace referencia en su demanda, ténganse por autorizadas para el único efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a los profesionistas que refiere en su ocurso, hasta en tanto, acrediten haber registrado su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el artículo 12, párrafo segundo de la Ley de Amparo, en la inteligencia de que si ya lo hicieron, podrán válidamente promover en términos amplios del dispositivo legal invocado. Exhortación a las partes para continuar la tramitación del juicio mediante del uso de su Firel o E.firma (antes Fiel). Ahora, de conformidad con el artículo 1, fracción I, párrafo tercero del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este juzgador exhorta a la parte quejosa, para que, de ser posible, continúe la tramitación del presente juicio de amparo a través del sistema de "juicio en línea", es decir, mediante el uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. A efecto de que los justiciables tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la actuación mediante juicio en línea, el manual de uso actualizado se encontrará disponible en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda Para ello, conforme a ese Acuerdo General, las partes o sus representantes, a través de una promoción electrónica desde el Portal de Servicios en Línea, deberán: 1. Solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones; y 2. Proporcionar el nombre de usuario respectivo. En el entendido de que la actuación por este medio requiere de la utilización de una Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (FIEL o e.firma), a fin de que a través del mismo puedan notificarse de las resoluciones jurisdiccionales emitidas por este Juzgado de Distrito, así como enviar digitalmente promociones al mismo. Por lo tanto, en caso de no contar con usuario en dicho portal, es posible generar una mediante el uso de alguna de las firmas mencionadas, para lo cual se hace de su conocimiento el manual actualizado de uso en la liga electrónica ya precisada. Y, de no ser posible lo anterior, por no contar con alguna firma electrónica, en términos del artículo 2º, fracción XIX del invocado Acuerdo General, proporcionen algún correo electrónico al que se le puedan hacer llegar subsecuentes comunicaciones, así como el nombre y teléfono de la persona responsable del mismo, a fin de estar en posibilidad de confirmar la recepción de cualquier comunicación que les sea enviada por este medio. Con la precisión de que, lo anterior no implica que esa información (correo electrónico y número telefónico), sustituya los requisitos precisados con anterioridad, para la tramitación del juicio en línea, sino que facilitará el contacto con las partes. En ese orden de ideas, en atención a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, a efecto de resguardar la integridad de los servidores públicos que realicen las notificaciones derivadas del presente acuerdo, se les autoriza para que prioritariamente éstas se hagan a través de medios electrónicos, con la razón actuarial correspondiente. Integración del expediente físico. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Devolución de documentos. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales, en términos de los capítulos séptimo y octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se requiere a la parte oferente del mismo para que presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin al presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos de los artículos 18 y 20, del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. Sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. Transparencia y acceso a la información pública. Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Notifíquese.
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