Virginia Marquez Salcedo
Expediente 521/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 521/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 07/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Virginia Marquez Salcedo
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, siete de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98, con relación al 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de nueve de junio de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por Virginia Márquez Salcedo, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2 Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y una vez que se encuentren agregadas la totalidad de las constancias, archívese este expediente como total y definitivamente concluido. Transferencia. Transferencia. Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el artículo 21, párrafo primero, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente acuerdo destrúyase dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del citado numeral y remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación del propio Consejo. Clasificación documental. Por otra parte, en cumplimiento a lo que establece el artículo 35, del Acuerdo General Conjunto señalado en el párrafo precedente, este expediente a criterio de este juzgador no es de relevancia documental, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio. Destrucción. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente es destruible, al ubicase en la hipótesis prevista en el artículo 21, párrafo primero, inciso d) del Acuerdo General citado. Finalmente, en caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales, en términos del artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se requiere a la parte oferente del mismo para que presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a la notificación del presente proveído. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del artículo 21, párrafo segundo, de ese Acuerdo. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. Notifíquese....MESA 1
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciocho de junio de dos mil veintiuno. Por recibida la razón del actuario adscrito a este juzgado, mediante la cual informa que se constituyó en el domicilio ubicado en vivienda B, lote condominal treinta y cuatro de la Privada Panamá, sobre la Avenida Simón Bolívar mz-23 del conjunto de tipo mixto, habitacional de interés social y popular industrial comercial y de servicios denominados "Las Américas", en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, en busca de la quejosa Virginia Márquez Salcedo, a efecto de notificarle el auto de nueve de junio de dos mil veintiuno, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo para llevar a cabo la diligencia encomendada por las razones que expone en la misma; en virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 27 y 29 de la Ley de Amparo, hágase la notificación del mencionado auto y de las subsecuentes, por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado. Notifíquese....mesa 1 --Naucalpan de Juárez, Estado de México, nueve de junio de dos mil veintiuno. Recepción de demanda. Vista la demanda de amparo promovida por Virginia Márquez Salcedo, por propio derecho, contra actos que reclama del Titular y Ejecutor ambos del Juzgado Primero Civil y de Extinción de Dominio de Primera Instancia de Ecatepec de Morelos, Estado de México, se acuerda: Registro. Fórmese expediente y regístrese en el libro de control de este juzgado con el consecutivo 521/2021, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva a cabo este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Estudio de la demanda. Previo a acordar lo que en derecho corresponda, conviene precisar que en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se establece la obligación que tiene este juzgador de examinar en su integridad la demanda de amparo, y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Los artículos precisados son del tenor literal siguiente: Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con lo expuesto por diversos tribunales de la Federación, éstos se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por los motivos que la informan, la Jurisprudencia VI.2o. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 80, Agosto de 1994, Octava Época, visible a página 64, cuyo rubro y texto, son: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo. Ahora, en el caso a estudio se actualiza la causal de improcedencia se encuentra prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, toda vez que no se promovió dentro del término que se señala en el artículo 17 de la Ley de Amparo; numerales cuyo texto es el siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]. Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días. [.]. De conformidad con los artículos transcritos, el término para la presentación de la demanda de amparo es de quince días contados a partir desde el día siguiente, al en que haya surtido efectos, conforme a la Ley del acto, la notificación a la parte quejosa de la resolución o acuerdo que reclame, al que haya tenido conocimiento de ellos o al que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Para arribar a la anterior consideración, conviene destacar que en la demanda de amparo promovida, se advierte que en esencia se señalan como actos reclamados: La orden de lanzamiento y desalojo forzoso de la vivienda B, lote condominal treinta y cuatro de la Privada Panamá, sobre la Avenida Simón Bolívar mz-23 del conjunto de tipo mixto, habitacional de interés social y popular industrial comercial y de servicios denominados "Las Américas", en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México; así como su ejecución. Ahora, de las propias manifestaciones de la parte quejosa, de sus antecedentes específicamente, se advierte que al menos desde el veintiuno de abril de dos mil veintiuno, se presentaron en su domicilio para tratar de llevar a cabo el lanzamiento reclamado; ello, porque de manera textual señaló: En días pasados, específicamente el día veintiuno de abril del presente año, aproximadamente a las doce horas con treinta minutos del día se presentaron en mi domicilio ubicado en la vivienda B, lote condominal treinta y cuatro de la Privada Panamá, sobre la Avenida Simón Bolívar mz-23 del conjunto de tipo mixto, habitacional de interés social y popular industrial comercial y de servicios denominados "Las Américas", en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, una persona que se identifica como empleado judicial y dice estar adscrito al JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DE PRIMERA INSTANCIA DE ECATEPEC DE MORELOS ESTADO DE MÉXICO, tocó la puerta que da al interior del inmueble le pregunta a mi nuera BARBARA MARTÍNEZ GÓMEZ, que si se encuentra la señora KARLA DEL HOYO GAMBOA, a lo cual le contesta que la persona buscada no vive en el domicilio desde hace nueve años a la fecha [.], manifestándole el actuario, que entonces no podría darle mayor información porque no era la persona buscada, pero que le avisaba que en algunos días más regresaría para ejecutar una orden de lanzamiento y/o desalojo en contra de las personas y muebles que estuvieran en el domicilio. Posteriormente, manifiesta que tuvo conocimiento del acto reclamado hasta el uno de junio de dos mil veintiuno, momento en el que de igual forma se presentó el actuario judicial para hacerle del conocimiento que existía una orden de lanzamiento que realizaría en próximos días. En ese sentido, se obtiene que al menos desde el veintiuno de abril de dos mil veintiuno, ya sabía de la existencia de una orden de lanzamiento y desalojo, siendo que incluso en posteriores días volvieron a su domicilio; empero, la fecha en que se está ostentando sabedora es cuando pasó por primera vez. Por tanto, se concluye que si la gobernada tuvo conocimiento de la orden de lanzamiento y desalojo desde el veintiuno de abril de dos mil veintiuno, y la demanda de amparo fue promovida hasta el tres de junio del presente año, se tiene que la misma fue presentada de manera extemporánea, pues transcurrió en exceso el plazo de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo. Por lo anterior, resulta que la presentación fue extemporánea en términos de lo dispuesto por los artículos 18 y 19 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a esta determinación, la Jurisprudencia P.J. 27/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo: III, Junio de 1996, Página: 57, cuyo texto es: DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA INTERPONERLA (ARTÍCULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. También cobra aplicación, la diversa tesis I.5o.T.166 L, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 706, Tomo X, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. DESECHAMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD. ES CORRECTO, DADO EL RECONOCIMIENTO DE LA FECHA DEL ACTO RECLAMADO, EN RELACIÓN CON LA PRESENTACIÓN DEL ESCRITO DE GARANTÍAS, AUNQUE SE HAYAN RECLAMADO ACTOS DIVERSOS Y POSTERIORES. Si el propio quejoso reconoce haber tenido noticia del acto reclamado en determinada fecha, y ante esa situación el Juez de Distrito estima que el amparo fue presentado fuera de tiempo, tal consideración es correcta, no obstante que el impetrante aludiera además a actos diversos y posteriores, ya que no existe razón para alterar lo decidido, tomando en cuenta que la demanda es desechada en su totalidad y, por su carácter indivisible, no es dable ordenar su aceptación parcial. En igual sentido es aplicable la tesis visible en la página 200, del Tomo VIII, Noviembre de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, que es del tenor literal siguiente: DEMANDA DE AMPARO, TÉRMINO PARA LA INTERPOSICIÓN DE LA. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE LA MATERIA. Es inexacto que conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, existan dos oportunidades para combatir un mismo acto de autoridad: al conocer su emisión y al conocer que se va a ejecutar; el precepto debe entenderse en el sentido que sólo se tiene un término de quince días, es decir, una oportunidad para reclamar el acto o resolución de la autoridad, pudiéndose solicitar la suspensión de éste para evitar su ejecución, resguardando de este modo la materia del amparo o que el amparo quede sin ella; ya que es cierto que existen dos oportunidades para promover el juicio de garantías, pero no contra actos o resoluciones de autoridad administrativa y en términos del artículo 21 de la ley en comento, sino cuando lo que se reclama es una ley o reglamento, casos en que puede impugnarse dentro de los treinta días siguientes a la entrada en vigencia de ésta (autoaplicativa) o dentro de los quince días siguientes al en que se tenga conocimiento del primer acto de aplicación (heteroaplicativa), conforme al artículo 22, fracción I y 73, fracción XII, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. En las condiciones anteriores, al ser manifiesta e indudable la causal de improcedencia invocada, con apoyo en lo previsto por el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, toda vez que no se promovió dentro del término que se señala en el artículo 17 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Sin que pase desapercibido que manifiesta una falta de notificación y en sus conceptos de violación argumenta una posible vulneración al derecho del debido proceso y defensa; sin embargo, de conformidad con el artículo 360 del Código Federal de Procedimientos Civiles, cuando una persona se afirma ante la autoridad jurisdiccional mal notificada o no notificada antes de promover algún medio de defensa como un incidente de nulidad, la notificación mal hecha u omitida surtirá sus efectos, como si estuviese hecha con arreglo a la ley. Domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa. Ahora bien, no ha lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala en su escrito de demanda, lo anterior, en atención a que se encuentra fuera de la residencia de este juzgado federal, por tanto, requiérasele para que dentro del término de tres días contados a partir de la notificación del presente proveído, señale un domicilio dentro de la residencia de este órgano jurisdiccional, apercibido que de no hacerlo así, las notificaciones que se le deban hacer, incluso las de carácter personal, se realizarán por medio de las listas que se publiquen en este juzgado, de acuerdo a lo previsto en los artículos 27 y 29 de la Ley de Amparo, sin ulterior acuerdo. Atento a lo anterior, se comisiona a un actuario adscrito a este juzgado, a fin de que se constituya en el domicilio ubicado en: vivienda B, lote condominal treinta y cuatro de la Privada Panamá, sobre la Avenida Simón Bolívar mz-23 del conjunto de tipo mixto, habitacional de interés social y popular industrial comercial y de servicios denominados "Las Américas", en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, y notifique el contenido del presente proveído a la parte quejosa, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley de Amparo. Ahora, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, la diligencia para llevar a cabo la notificación personal del presente acuerdo, deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que se lleven a cabo las diligencias encomendadas en el presente asunto. Autorizados. Por cuanto hace a las personas que hace referencia en su demanda, ténganse por autorizadas para el único efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a los profesionistas que refiere en su ocurso, hasta en tanto, acrediten haber registrado su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el artículo 12, párrafo segundo de la Ley de Amparo, en la inteligencia de que si ya lo hicieron, podrán válidamente promover en términos amplios del dispositivo legal invocado. Exhortación a migrar al juicio en línea. Ahora, conforme el artículo 1, fracción I, párrafo tercero del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este juzgador exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación del presente juicio de amparo a través del sistema de "juicio en línea", es decir, mediante el uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. A efecto de que el justiciable tenga mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la actuación mediante juicio en línea, el manual de uso actualizado se encontrará disponible en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Integración del expediente físico. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Devolución de documentos. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales, en términos de los capítulos séptimo y octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se requiere a la parte oferente del mismo para que presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin al presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos de los artículos 18 y 20, del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. Sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. Transparencia y acceso a la información pública. Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Notifíquese pesonalmente..MESA 1
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, nueve de junio de dos mil veintiuno. Recepción de demanda. Vista la demanda de amparo promovida por Virginia Márquez Salcedo, por propio derecho, contra actos que reclama del Titular y Ejecutor ambos del Juzgado Primero Civil y de Extinción de Dominio de Primera Instancia de Ecatepec de Morelos, Estado de México, se acuerda: Registro. Fórmese expediente y regístrese en el libro de control de este juzgado con el consecutivo 521/2021, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva a cabo este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Estudio de la demanda. Previo a acordar lo que en derecho corresponda, conviene precisar que en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se establece la obligación que tiene este juzgador de examinar en su integridad la demanda de amparo, y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Los artículos precisados son del tenor literal siguiente: Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con lo expuesto por diversos tribunales de la Federación, éstos se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por los motivos que la informan, la Jurisprudencia VI.2o. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 80, Agosto de 1994, Octava Época, visible a página 64, cuyo rubro y texto, son: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo. Ahora, en el caso a estudio se actualiza la causal de improcedencia se encuentra prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, toda vez que no se promovió dentro del término que se señala en el artículo 17 de la Ley de Amparo; numerales cuyo texto es el siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]. Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días. [.]. De conformidad con los artículos transcritos, el término para la presentación de la demanda de amparo es de quince días contados a partir desde el día siguiente, al en que haya surtido efectos, conforme a la Ley del acto, la notificación a la parte quejosa de la resolución o acuerdo que reclame, al que haya tenido conocimiento de ellos o al que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Para arribar a la anterior consideración, conviene destacar que en la demanda de amparo promovida, se advierte que en esencia se señalan como actos reclamados: La orden de lanzamiento y desalojo forzoso de la vivienda B, lote condominal treinta y cuatro de la Privada Panamá, sobre la Avenida Simón Bolívar mz-23 del conjunto de tipo mixto, habitacional de interés social y popular industrial comercial y de servicios denominados "Las Américas", en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México; así como su ejecución. Ahora, de las propias manifestaciones de la parte quejosa, de sus antecedentes específicamente, se advierte que al menos desde el veintiuno de abril de dos mil veintiuno, se presentaron en su domicilio para tratar de llevar a cabo el lanzamiento reclamado; ello, porque de manera textual señaló: En días pasados, específicamente el día veintiuno de abril del presente año, aproximadamente a las doce horas con treinta minutos del día se presentaron en mi domicilio ubicado en la vivienda B, lote condominal treinta y cuatro de la Privada Panamá, sobre la Avenida Simón Bolívar mz-23 del conjunto de tipo mixto, habitacional de interés social y popular industrial comercial y de servicios denominados "Las Américas", en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, una persona que se identifica como empleado judicial y dice estar adscrito al JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DE PRIMERA INSTANCIA DE ECATEPEC DE MORELOS ESTADO DE MÉXICO, tocó la puerta que da al interior del inmueble le pregunta a mi nuera BARBARA MARTÍNEZ GÓMEZ, que si se encuentra la señora KARLA DEL HOYO GAMBOA, a lo cual le contesta que la persona buscada no vive en el domicilio desde hace nueve años a la fecha [.], manifestándole el actuario, que entonces no podría darle mayor información porque no era la persona buscada, pero que le avisaba que en algunos días más regresaría para ejecutar una orden de lanzamiento y/o desalojo en contra de las personas y muebles que estuvieran en el domicilio. Posteriormente, manifiesta que tuvo conocimiento del acto reclamado hasta el uno de junio de dos mil veintiuno, momento en el que de igual forma se presentó el actuario judicial para hacerle del conocimiento que existía una orden de lanzamiento que realizaría en próximos días. En ese sentido, se obtiene que al menos desde el veintiuno de abril de dos mil veintiuno, ya sabía de la existencia de una orden de lanzamiento y desalojo, siendo que incluso en posteriores días volvieron a su domicilio; empero, la fecha en que se está ostentando sabedora es cuando pasó por primera vez. Por tanto, se concluye que si la gobernada tuvo conocimiento de la orden de lanzamiento y desalojo desde el veintiuno de abril de dos mil veintiuno, y la demanda de amparo fue promovida hasta el tres de junio del presente año, se tiene que la misma fue presentada de manera extemporánea, pues transcurrió en exceso el plazo de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo. Por lo anterior, resulta que la presentación fue extemporánea en términos de lo dispuesto por los artículos 18 y 19 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a esta determinación, la Jurisprudencia P.J. 27/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo: III, Junio de 1996, Página: 57, cuyo texto es: DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA INTERPONERLA (ARTÍCULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. También cobra aplicación, la diversa tesis I.5o.T.166 L, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 706, Tomo X, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. DESECHAMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD. ES CORRECTO, DADO EL RECONOCIMIENTO DE LA FECHA DEL ACTO RECLAMADO, EN RELACIÓN CON LA PRESENTACIÓN DEL ESCRITO DE GARANTÍAS, AUNQUE SE HAYAN RECLAMADO ACTOS DIVERSOS Y POSTERIORES. Si el propio quejoso reconoce haber tenido noticia del acto reclamado en determinada fecha, y ante esa situación el Juez de Distrito estima que el amparo fue presentado fuera de tiempo, tal consideración es correcta, no obstante que el impetrante aludiera además a actos diversos y posteriores, ya que no existe razón para alterar lo decidido, tomando en cuenta que la demanda es desechada en su totalidad y, por su carácter indivisible, no es dable ordenar su aceptación parcial. En igual sentido es aplicable la tesis visible en la página 200, del Tomo VIII, Noviembre de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, que es del tenor literal siguiente: DEMANDA DE AMPARO, TÉRMINO PARA LA INTERPOSICIÓN DE LA. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE LA MATERIA. Es inexacto que conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, existan dos oportunidades para combatir un mismo acto de autoridad: al conocer su emisión y al conocer que se va a ejecutar; el precepto debe entenderse en el sentido que sólo se tiene un término de quince días, es decir, una oportunidad para reclamar el acto o resolución de la autoridad, pudiéndose solicitar la suspensión de éste para evitar su ejecución, resguardando de este modo la materia del amparo o que el amparo quede sin ella; ya que es cierto que existen dos oportunidades para promover el juicio de garantías, pero no contra actos o resoluciones de autoridad administrativa y en términos del artículo 21 de la ley en comento, sino cuando lo que se reclama es una ley o reglamento, casos en que puede impugnarse dentro de los treinta días siguientes a la entrada en vigencia de ésta (autoaplicativa) o dentro de los quince días siguientes al en que se tenga conocimiento del primer acto de aplicación (heteroaplicativa), conforme al artículo 22, fracción I y 73, fracción XII, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. En las condiciones anteriores, al ser manifiesta e indudable la causal de improcedencia invocada, con apoyo en lo previsto por el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, toda vez que no se promovió dentro del término que se señala en el artículo 17 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Sin que pase desapercibido que manifiesta una falta de notificación y en sus conceptos de violación argumenta una posible vulneración al derecho del debido proceso y defensa; sin embargo, de conformidad con el artículo 360 del Código Federal de Procedimientos Civiles, cuando una persona se afirma ante la autoridad jurisdiccional mal notificada o no notificada antes de promover algún medio de defensa como un incidente de nulidad, la notificación mal hecha u omitida surtirá sus efectos, como si estuviese hecha con arreglo a la ley. Domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa. Ahora bien, no ha lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala en su escrito de demanda, lo anterior, en atención a que se encuentra fuera de la residencia de este juzgado federal, por tanto, requiérasele para que dentro del término de tres días contados a partir de la notificación del presente proveído, señale un domicilio dentro de la residencia de este órgano jurisdiccional, apercibido que de no hacerlo así, las notificaciones que se le deban hacer, incluso las de carácter personal, se realizarán por medio de las listas que se publiquen en este juzgado, de acuerdo a lo previsto en los artículos 27 y 29 de la Ley de Amparo, sin ulterior acuerdo. Atento a lo anterior, se comisiona a un actuario adscrito a este juzgado, a fin de que se constituya en el domicilio ubicado en: vivienda B, lote condominal treinta y cuatro de la Privada Panamá, sobre la Avenida Simón Bolívar mz-23 del conjunto de tipo mixto, habitacional de interés social y popular industrial comercial y de servicios denominados "Las Américas", en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, y notifique el contenido del presente proveído a la parte quejosa, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley de Amparo. Ahora, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, la diligencia para llevar a cabo la notificación personal del presente acuerdo, deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que se lleven a cabo las diligencias encomendadas en el presente asunto. Autorizados. Por cuanto hace a las personas que hace referencia en su demanda, ténganse por autorizadas para el único efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a los profesionistas que refiere en su ocurso, hasta en tanto, acrediten haber registrado su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el artículo 12, párrafo segundo de la Ley de Amparo, en la inteligencia de que si ya lo hicieron, podrán válidamente promover en términos amplios del dispositivo legal invocado. Exhortación a migrar al juicio en línea. Ahora, conforme el artículo 1, fracción I, párrafo tercero del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este juzgador exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación del presente juicio de amparo a través del sistema de "juicio en línea", es decir, mediante el uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. A efecto de que el justiciable tenga mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la actuación mediante juicio en línea, el manual de uso actualizado se encontrará disponible en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Integración del expediente físico. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Devolución de documentos. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales, en términos de los capítulos séptimo y octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se requiere a la parte oferente del mismo para que presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin al presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos de los artículos 18 y 20, del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. Sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. Transparencia y acceso a la información pública. Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Notifíquese pesonalmente..MESA 1
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