Virginia Ramírez Ortíz
Expediente 992/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 23 actuaciones registradas, la última del 18 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 992/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 18/06/2019
Partes del expediente
- Virginia Ramírez Ortíz
- VIRGINIA RAMÍREZ ORTÍZ y Otros.
- KRISHNA XOCHIQUETZAL GARCÍA RODRÍGUEZ y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIECIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficios y anexos recibidos en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional, el quince y dieciséis de mayo del año en curso (fojas 119 a 121 y 123 a 125), la autoridad denominada Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, residente en esta ciudad, por conducto de su delegada, indicó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por acuerdo de diecisiete de mayo del año actual, se dio vista a la parte quejosa con los referidos oficios y sus anexos, para que manifestara lo que a sus intereses legales conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el referido numeral 196, segundo párrafo de la Ley en comento, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En ese tenor, por sentencia terminada de engrosar el veintiuno de junio de dos mil dieciocho (fojas 48 a 63), se determinó conceder a la parte quejosa Krishna Xochiquetzal García Rodríguez y Virginia Ramírez Ortiz, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: "[.] 1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 21 fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, en relación con los diversos 11, 12 y 13 de la citada ley; esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. 2) En consecuencia, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit devuelva las contribuciones erogadas por las amparistas con fundamento en las disposiciones anteriores, determinadas en el depósito bancario y la constancia de pago exhibida por la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con su informe justificado, cuyo pago fue realizado el once de abril de dos mil dieciocho, exceptuando algún descuento o estímulo que respecto de tal pago que se haya hecho a las quejosas; asimismo, a la cantidad que deba entregarse se incluirá la actualización fiscal correspondiente. [.] Lo anterior es así, ya que la inconstitucionalidad aducida incide en un elemento esencial de la contribución analizada y la restitución correspondiente sólo implica que la quejosa deje de pagar la tarifa que le fue aplicada, sin relevarla de la obligación de enterar la cuota fija mínima de doscientos ochenta pesos, por el acto jurídico que inscribió, sin las contribuciones adicionales, que al efecto establece el último párrafo de la fracción I del artículo 21 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, dado que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, que en el caso que nos ocupa, tal circunstancia se cumple al enterar la cantidad mínima que exige la contribución declarada inconstitucional. 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que las quejosas sean restituidas en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación de los preceptos declarados inconstitucionales, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto. [.]" De lo transcrito se colige, que los actos que debía realizar la autoridad responsable aludida en párrafos que anteceden, para cumplir con dicha sentencia, eran los siguientes: A) Se desincorporara de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 21, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciocho, en relación con los ordinales 11, 12 y 13, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no apliquen a la peticionaria de garantías en el presente ni en el futuro los mencionados preceptos legales; y B) Devolverle el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 pesos, respecto de la cantidad de $11,149.59 pesos, por el concepto de inscripción de documento público o privado, además de las diversas percepciones de "Fomento a la Educación", "Asistencia Social" e "Impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit", que se pagó el once de abril de dos mil dieciocho; las cuales debían ser actualizadas en términos de la ejecutoria de que se trata. En cumplimiento a ello, mediante oficios presentados en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito, el quince y dieciséis de mayo de dos mil dieciocho (fojas 119 y 123), el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, por conducto de su delegada, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, adjuntó copia de los cheques números 0001250 y 0001251, a nombre de las quejosas Krishna Xochiquetzal García Rodríguez y Virginia Ramírez Ortiz, cada uno por la cantidad de $5,655.43 pesos; sin que se advierta de autos que las promoventes del amparo lo hubieran recogido, aún y cuando fueron notificadas del acuerdo de diecisiete de mayo del año en que se actúa, donde se les daba vista con las misivas y anexos de previa cita, así como para que manifestaran lo conducente al cumplimiento dado por la responsable, bajo apercibimiento que de no hacerlo se analizaría sobre el cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos. Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que la parte quejosa al momento de realizar el trámite respectivo origen del acto reclamado, erogó la cantidad total de $11,149.59 pesos, menos la suma de $280.00 pesos, que corresponde a cuota mínima establecida para la inscripción de documento público o privado, da como resultado un total $10,869.59 pesos, cantidad sobre la cual la responsable debía de devolver debidamente actualizada. En ese tenor, tenemos que el monto de $10,869.59 pesos, numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el once de abril de dos mil dieciocho y el trece de mayo de dicha anualidad, se efectúo la devolución a la parte quejosa. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de febrero de dos mil dieciocho entre el índice para el mes de marzo de dos mil diecinueve; esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de marzo de dos mil dieciocho fue de 99.492; y para el mes de abril del año en curso de 103.531. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.040596. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad a devolver $10,869.59 pesos, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, a saber, $11,310.85 pesos; luego, al restar a la cantidad de previa mención, la diversa correspondiente a devolver $10,869.59 pesos, se desprende que el monto que corresponde al concepto de actualización es de $441.26 pesos. Así de las constancias que obran en autos se advierte que la citada autoridad responsable acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que, de la suma de los dos cheques generados a las quejosas devolvió la cantidad total de $11,310.86 pesos, por concepto de la devolución de los conceptos materia del presente juicio y su debida actualización. No pasa inadvertido que el monto que se debía devolver al quejoso era de $11,310.86 pesos; sin embargo, se le reintegró la diversa cantidad de $11,310.85 pesos, es decir, le entregaron $.01 centavos de más, pero dicha variante no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla a la autoridad responsable, en razón de que los gastos administrativos que realizarían tanto la quejosa a fin de devolverla, así como los que efectúe la autoridad responsable para obtener dicho monto, serían mayores al beneficio de obtener el numerario referido. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la aludida agraviada en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Sin que sea óbice lo anterior, que la parte quejosa no hubiera recogido el cheque de que se trata, irrelevante para considerar que el fallo protector no se encuentra cumplido, pues, en el caso el ente responsable ha mostrado su disposición para dar cumplimiento al requerimiento efectuado, contrario a la parte quejosa que no ha mostrado interés por que la sentencia de amparo quede debidamente cumplida; consecuentemente, este órgano jurisdiccional declara cumplida la ejecutoria de amparo; en la inteligencia, que dicho ente deberá tener a disposición el título nominativo correspondiente a favor de las promoventes, sin que puedan ser cancelados al haberse tenido por cumplida la sentencia dictada en autos. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía, la Tesis Aislada número III.3º. A.52 A, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, publicada en la página mil cuatrocientos cincuenta y cinco, Tomo XXI, Mayo de dos mil cinco, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señala: "DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS. CUANDO DERIVA DE UNA SENTENCIA DE AMPARO, BASTA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORME QUE EL QUEJOSO PODRÁ HACER EFECTIVO EL COBRO Y LO ACREDITE CON LAS CONSTANCIAS RELATIVAS PARA QUE AQUÉLLA SE CONSIDERE CUMPLIDA. Si en una ejecutoria de amparo se declara la inconstitucionalidad del artículo 109, fracción XI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en el ejercicio fiscal de 2003, y en virtud de ello se ordena la devolución del pago del gravamen realizado en forma indebida, el Juez debe tener por cumplida la sentencia de amparo si la responsable le manifiesta que el quejoso podrá hacer efectivo el cobro porque ya fue emitido el cheque; informa el número de registro y control (con el cual se podrá cobrar el pago de lo indebido); notifica todo esto al promovente, y además en autos obran las constancias que acreditan todo lo anterior, ya que sólo bastará que el referido contribuyente comparezca a hacer efectivo el cobro aludido para recuperar la suma que pagó por concepto del impuesto reclamado". Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido arábigo de la Ley de la materia, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en las fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo por un lado se sobreseyó y por otro, se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIECIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficios y anexos recibidos en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional, el quince y dieciséis de mayo del año en curso (fojas 119 a 121 y 123 a 125), la autoridad denominada Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, residente en esta ciudad, por conducto de su delegada, indicó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por acuerdo de diecisiete de mayo del año actual, se dio vista a la parte quejosa con los referidos oficios y sus anexos, para que manifestara lo que a sus intereses legales conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el referido numeral 196, segundo párrafo de la Ley en comento, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En ese tenor, por sentencia terminada de engrosar el veintiuno de junio de dos mil dieciocho (fojas 48 a 63), se determinó conceder a la parte quejosa Krishna Xochiquetzal García Rodríguez y Virginia Ramírez Ortiz, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: "[.] 1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 21 fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, en relación con los diversos 11, 12 y 13 de la citada ley; esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. 2) En consecuencia, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit devuelva las contribuciones erogadas por las amparistas con fundamento en las disposiciones anteriores, determinadas en el depósito bancario y la constancia de pago exhibida por la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con su informe justificado, cuyo pago fue realizado el once de abril de dos mil dieciocho, exceptuando algún descuento o estímulo que respecto de tal pago que se haya hecho a las quejosas; asimismo, a la cantidad que deba entregarse se incluirá la actualización fiscal correspondiente. [.] Lo anterior es así, ya que la inconstitucionalidad aducida incide en un elemento esencial de la contribución analizada y la restitución correspondiente sólo implica que la quejosa deje de pagar la tarifa que le fue aplicada, sin relevarla de la obligación de enterar la cuota fija mínima de doscientos ochenta pesos, por el acto jurídico que inscribió, sin las contribuciones adicionales, que al efecto establece el último párrafo de la fracción I del artículo 21 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, dado que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, que en el caso que nos ocupa, tal circunstancia se cumple al enterar la cantidad mínima que exige la contribución declarada inconstitucional. 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que las quejosas sean restituidas en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación de los preceptos declarados inconstitucionales, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto. [.]" De lo transcrito se colige, que los actos que debía realizar la autoridad responsable aludida en párrafos que anteceden, para cumplir con dicha sentencia, eran los siguientes: A) Se desincorporara de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 21, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciocho, en relación con los ordinales 11, 12 y 13, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no apliquen a la peticionaria de garantías en el presente ni en el futuro los mencionados preceptos legales; y B) Devolverle el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 pesos, respecto de la cantidad de $11,149.59 pesos, por el concepto de inscripción de documento público o privado, además de las diversas percepciones de "Fomento a la Educación", "Asistencia Social" e "Impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit", que se pagó el once de abril de dos mil dieciocho; las cuales debían ser actualizadas en términos de la ejecutoria de que se trata. En cumplimiento a ello, mediante oficios presentados en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito, el quince y dieciséis de mayo de dos mil dieciocho (fojas 119 y 123), el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, por conducto de su delegada, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, adjuntó copia de los cheques números 0001250 y 0001251, a nombre de las quejosas Krishna Xochiquetzal García Rodríguez y Virginia Ramírez Ortiz, cada uno por la cantidad de $5,655.43 pesos; sin que se advierta de autos que las promoventes del amparo lo hubieran recogido, aún y cuando fueron notificadas del acuerdo de diecisiete de mayo del año en que se actúa, donde se les daba vista con las misivas y anexos de previa cita, así como para que manifestaran lo conducente al cumplimiento dado por la responsable, bajo apercibimiento que de no hacerlo se analizaría sobre el cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos. Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que la parte quejosa al momento de realizar el trámite respectivo origen del acto reclamado, erogó la cantidad total de $11,149.59 pesos, menos la suma de $280.00 pesos, que corresponde a cuota mínima establecida para la inscripción de documento público o privado, da como resultado un total $10,869.59 pesos, cantidad sobre la cual la responsable debía de devolver debidamente actualizada. En ese tenor, tenemos que el monto de $10,869.59 pesos, numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el once de abril de dos mil dieciocho y el trece de mayo de dicha anualidad, se efectúo la devolución a la parte quejosa. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de febrero de dos mil dieciocho entre el índice para el mes de marzo de dos mil diecinueve; esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de marzo de dos mil dieciocho fue de 99.492; y para el mes de abril del año en curso de 103.531. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.040596. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad a devolver $10,869.59 pesos, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, a saber, $11,310.85 pesos; luego, al restar a la cantidad de previa mención, la diversa correspondiente a devolver $10,869.59 pesos, se desprende que el monto que corresponde al concepto de actualización es de $441.26 pesos. Así de las constancias que obran en autos se advierte que la citada autoridad responsable acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que, de la suma de los dos cheques generados a las quejosas devolvió la cantidad total de $11,310.86 pesos, por concepto de la devolución de los conceptos materia del presente juicio y su debida actualización. No pasa inadvertido que el monto que se debía devolver al quejoso era de $11,310.86 pesos; sin embargo, se le reintegró la diversa cantidad de $11,310.85 pesos, es decir, le entregaron $.01 centavos de más, pero dicha variante no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla a la autoridad responsable, en razón de que los gastos administrativos que realizarían tanto la quejosa a fin de devolverla, así como los que efectúe la autoridad responsable para obtener dicho monto, serían mayores al beneficio de obtener el numerario referido. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la aludida agraviada en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Sin que sea óbice lo anterior, que la parte quejosa no hubiera recogido el cheque de que se trata, irrelevante para considerar que el fallo protector no se encuentra cumplido, pues, en el caso el ente responsable ha mostrado su disposición para dar cumplimiento al requerimiento efectuado, contrario a la parte quejosa que no ha mostrado interés por que la sentencia de amparo quede debidamente cumplida; consecuentemente, este órgano jurisdiccional declara cumplida la ejecutoria de amparo; en la inteligencia, que dicho ente deberá tener a disposición el título nominativo correspondiente a favor de las promoventes, sin que puedan ser cancelados al haberse tenido por cumplida la sentencia dictada en autos. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía, la Tesis Aislada número III.3º. A.52 A, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, publicada en la página mil cuatrocientos cincuenta y cinco, Tomo XXI, Mayo de dos mil cinco, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señala: "DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS. CUANDO DERIVA DE UNA SENTENCIA DE AMPARO, BASTA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORME QUE EL QUEJOSO PODRÁ HACER EFECTIVO EL COBRO Y LO ACREDITE CON LAS CONSTANCIAS RELATIVAS PARA QUE AQUÉLLA SE CONSIDERE CUMPLIDA. Si en una ejecutoria de amparo se declara la inconstitucionalidad del artículo 109, fracción XI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en el ejercicio fiscal de 2003, y en virtud de ello se ordena la devolución del pago del gravamen realizado en forma indebida, el Juez debe tener por cumplida la sentencia de amparo si la responsable le manifiesta que el quejoso podrá hacer efectivo el cobro porque ya fue emitido el cheque; informa el número de registro y control (con el cual se podrá cobrar el pago de lo indebido); notifica todo esto al promovente, y además en autos obran las constancias que acreditan todo lo anterior, ya que sólo bastará que el referido contribuyente comparezca a hacer efectivo el cobro aludido para recuperar la suma que pagó por concepto del impuesto reclamado". Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido arábigo de la Ley de la materia, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en las fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo por un lado se sobreseyó y por otro, se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el oficio DJC/1982/2019 y anexos de cuenta presentados por la Delegada de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, mediante los cuales informa el cumplimiento dado al fallo protector; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, dese vista a la parte solicitante del amparo, con el oficio y anexo de cuenta, para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibida que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea. Del mismo modo, del análisis de los documentos aludidos, no se aprecia que la parte quejosa haya acudido ante las autoridades responsables a fin de que le hicieran entrega de los cheques emitidos en cumplimiento al fallo protector; sin embargo, ello no resulta impedimento para tener por cumplida la sentencia de amparo, pues sólo bastará que el peticionario de garantías acuda hacer efectivo el cobro del título nominativo, a fin de recuperar la suma con motivo de la concesión de amparo. Es aplicable, la tesis III.3º.A.52 A, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, Novena Época, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, mayo de dos mil cinco, página mil cuatrocientos cincuenta y uno, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS. CUANDO DERIVA DE UNA SENTENCIA DE AMPARO, BASTA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORME QUE EL QUEJOSO PODRÁ HACER EFECTIVO EL COBRO Y LO ACREDITE CON LAS CONSTANCIAS RELATIVAS PARA QUE AQUÉLLA SE CONSIDERE CUMPLIDA. ...." NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIECISÉIS DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la delegada de la autoridad denominada Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a través del cual comunica que generó y dejó a disposición los cheques de depósito números 0001250 y 0001251, de trece de mayo del año en curso, cada uno valioso por la cantidad de $5,655.43 pesos, a nombre de las quejosas Krishna Xochiquetzal García Rodríguez y Virginia Ramírez Ortiz, como lo acredita con las documentales que adjunta; asimismo, comunica que se encuentra realizando las gestiones necesarias para notificar a la parte quejosa que se encuentran a su disposición los títulos de crédito antes referidos, lo que hará del conocimiento de este Juzgado una vez que los mismos sean entregados a dicha parte procesal. En consecuencia, con sustento en el artículo 193 de la Ley de Amparo, agréguense a sus autos el oficio de cuenta y anexos que se acompañan, y ténganse por hechas las manifestaciones que refiere dicha autoridad; en la inteligencia de que se estará a la espera del total cumplimiento a la sentencia protectora de garantías. NOTIFÍQUESE.
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