Virginia González Ramos
Expediente 96/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 96/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 22/03/2018
Partes del expediente
- Virginia González Ramos
Actuaciones
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTIDÓS DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio y anexos recibidos en este órgano jurisdiccional (fojas 185 a 191), el Jefe del Departamento Jurídico Contencioso dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de veintisiete del mes próximo pasado (foja 192), se dio vista al quejoso con la referida comunicación y anexos, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó al promovente el cinco del mes y año en curso (fojas 193 a 195); por tanto, el plazo de tres días otorgado transcurrió del siete al nueve del presente mes y año. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Legislación de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución.". En ese sentido, mediante resolución dictada el treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete (fojas 110 a 125), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, en los términos siguientes: ".Por tanto, procede conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso ********************, para los efectos siguientes: a) Las autoridades responsables Secretario de Administración y Finanzas, Comité de Vigilancia y Director General, ambos del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, con residencia en esta ciudad, desincorporen de la esfera jurídica del gobernado el contenido del artículo 20, fracción II, y la tabla del numeral 21 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit y se abstengan de aplicarlo en su contra, hasta en tanto sea reformado el contenido de los mismos. b) Las autoridades responsables ejecutoras denominadas Comité de Vigilancia y Director General, ambos del Fondo de Pensiones del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, deberán dejar insubsistente el dictamen de pensión por retiro por edad y tiempo de servicio concedido con efectos a partir del uno de septiembre de dos mil catorce; y emitir uno nuevo en el cual den un trato igual al gobernado a aquel que señala la tabla que establece el arábigo 21 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, para el caso de las mujeres. c) El Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, deberá cubrir al quejoso el importe de su pensión, en los términos antes señalados, previo dictamen que se sirvan emitir las autoridades citadas en el párrafo anterior. Asimismo, deberá reintegrarle el pago retroactivo de las cantidades que dejó de percibir el quejoso con motivo de la normativa declarada inconstitucional; ello en razón de que la pensión debe otorgarse en los términos precisados en la presente sentencia, desde la fecha en que se generó el derecho a la misma, que fue el uno de septiembre de dos mil catorce.". De lo anterior se colige, que los actos que debían realizar las autoridades responsables, para cumplir con dicho fallo protector, son los siguientes: Desincorporar de la esfera jurídica del gobernado el contenido del artículo 20, fracción II y la tabla del numeral 21 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, dejar insubsistente el dictamen de uno de septiembre de dos mil catorce y emitir uno nuevo en el cual se dé un trato igual a la parte quejosa a aquel que señala la tabla que establece el arábigo 21 de la referida Ley para el caso de las mujeres; asimismo, deberán cubrir al quejoso el importe de su pensión previo dictamen que las autoridades responsables se sirvan emitir. Luego, en diverso proveído de treinta de noviembre de dos mil diecisiete, causó ejecutoria la sentencia de mérito; y, en consecuencia, se requirió a las autoridades responsables para que dentro del plazo de diez días la acataran (fojas 136 y 137). En cumplimiento a lo anterior, por oficios y anexos presentados en la oficialía de partes de este juzgado el trece, dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete y veintisiete de febrero del año en curso (fojas 154 a 156, 158 a 161 y 185 a 191), las autoridades responsables informaron que realizaron lo siguiente: Se desincorporó de la esfera jurídica del quejoso los preceptos declarados inconstitucionales. Se dejó sin efecto alguno el dictamen de pensión de retiro por edad y tiempo de servicio, otorgado a la parte quejosa el uno de septiembre de dos mil catorce y emitieron uno diverso en el cual se le da un trato igualitario al peticionario de garantías con un porcentaje del cien por ciento. Efectuaron la devolución a la parte quejosa de la cantidad retenida por concepto de pago de diferencias que se generó por cambio de porcentaje del dictamen de pensión, por medio de transferencia bancaria. De igual manera, mediante libelo presentado por Maribel Godínez Beltrán, en su carácter de autorizada de la parte quejosa, el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho (foja 196), manifestó su conformidad respecto al cumplimiento de la ejecutoria dictada en autos efectuado por las autoridades responsables, toda vez que, informó que se le notificó al quejoso el nuevo dictamen de pensión emitido a su favor, mediante el cual se le reconoce el porcentaje del cien por ciento indicado en el fallo protector concedido, así como que se le reintegró las diferencias reclamadas y generadas por la emisión del primer al segundo dictamen. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de la Materia; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. Finalmente, se tiene por recibido el ocurso de cuenta signado por la Administradora Desconcentrada de Recaudación Nayarit "1", con sede en esta ciudad, quien en atención al diverso 5179/2018, de nueve de febrero del año actual, informa que la multa impuesta en autos al Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, quedó controlada en dicha unidad administrativa con el número de resolución 5179/2018, la cual se encuentra en procedimiento de ejecución; en consecuencia, agréguese el libelo de cuenta para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTIUNO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el escrito de cuenta signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, mediante el cual presenta alegato ministerial; en consecuencia, se tiene por formulado el mismo, sin perjuicio de relacionarlo al verificarse la audiencia constitucional; lo anterior, con fundamento en el dispositivo 124 de la Ley de Amparo en vigor.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, NUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los presentes autos con vista a las partes, el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial número Sesenta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. Por otra parte, con fundamento en el precepto 75 de la ley de la materia, se tienen por recibidas las constancias certificadas remitidas por el Presidente oficiante, mismas que se ordena agregar en autos para que obren como corresponda.
- Principal
En veinticinco de enero de dos mil dieciocho, el suscrito Secretario hace constar y certifica: Que la notificación de la resolución terminada de engrosar el dieciocho del mes anterior (fojas 143 a la 154), se efectuó a la parte quejosa el veintidós siguiente, surtiendo sus efectos al día siguiente hábil, por lo que el término que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, le transcurrió del veintisiete de diciembre al diez del mes actual, mientras que para las restantes partes en exceso; y, sin que se haya hecho manifestación alguna tendente a recurrir la sentencia antes aludida, con lo que se da cuenta a la Juez. Conste. TEPIC, NAYARIT, VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la certificación que antecede, se aprecia que no se interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia engrosada el dieciocho del mes inmediato pasado, dentro del plazo de diez días que prevé el arábigo 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los preceptos 355 y 356, fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación citada en primer término, se declara que la referida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 192 de la Ley de la materia, requiérase a las autoridades responsables denominadas Segunda Sala Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad y Juez Mixto de Primera Instancia, residente en Compostela, Nayarit, para que dentro del plazo de CINCO DÍAS, siguientes al en que reciban el oficio correspondiente, den cumplimiento al fallo protector concedido de mérito. Luego, apercibidas que de no hacerlo con causa justificada, con fundamento en el numeral 258 de la ley de la materia, se les impondrá una medida de apremio consistente en multa, equivalente a cien días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México. En el entendido de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del acuerdo emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma disposiciones de diversos acuerdos generales en materia de desindexación del salario mínimo, así como mediante el cual se actualiza el Manual de Organización General del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. Asimismo, se les hace del conocimiento a las citadas autoridades que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este Órgano Jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo los Titulares respectivos dejaran el cargo que desempeñan, seguirán teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el ordinal 193 de la Ley citada. Por último, toda vez que ya no son necesarias las constancias relativas al acto reclamado, consistentes en los autos originales del juicio sucesorio 76/1997, en catorce tomos y el toca civil 115/2016, en un tomo, remitidas en su oportunidad por el Juez Mixto de Primera Instancia en Compostela, Nayarit y Segunda Sala Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit en esta ciudad, respectivamente, devuélvanse a las autoridades en comento, previo acuse de recibo que remitan de su recepción, a efecto de que den cumplimiento con lo requerido en el presente proveído. NOTIFÍQUESE. Así, lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante el Secretario Jesús Amador Casas, que autoriza y da fe. Jesf
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