Virgilio Hernandez Meneses

Expediente 1283/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1283/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
11/12/2017

Partes del expediente

  • Virgilio Hernandez Meneses

Actuaciones

  1. Principal

    IV. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto dictado en este juicio el quince de noviembre del año en curso; con fundamento en los artículos, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del artículo 2o de la citada Ley de Amparo, se declara que el expresado auto que SOBRESEE en estos autos fuera de audiencia, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el punto Décimo Primero del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. Igualmente, en cumplimiento al Punto Vigésimo primero del Capítulo Quinto del citado Acuerdo General Conjunto, se determina que el presente juicio de garantías en el que se sobreseyó fuera de audiencia, y no se tramitó el incidente de suspensión relativo por no haberse solicitado, se ubica dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del punto referido, y por tanto, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del Primer Párrafo del Punto Vigésimo primero del acuerdo antes citado. Finalmente, en cuanto al valor jurídico, no lo tiene el presente juicio de garantías.

  2. Principal

    IV. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Juez Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta Ciudad y anexo que acompaña. Ahora bien, se trae a colación que el acto que el aquí quejoso reclamó en su demanda de amparo, consistió en la omisión de contestar sus peticiones realizadas en memorial de veintisiete de julio del año en curso, en las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria número 435/1996, del índice del Juzgado Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad de Mérida. En consecuencia, del análisis de las constancias que se anexan, en relación con dicho acto, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta a la peticionaria de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reclama a la Juez Primero de lao Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad de Mérida, la omisión de contestar sus peticiones realizadas en memorial de veintisiete de julio del año en curso, en las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria número 435/1996. Ahora bien, de las constancias que remitió la Juez responsable se advierte que con fecha veintidós de septiembre del año en curso, la responsable dio contestación a las peticiones realizadas por el quejoso y le hizo saber que el expediente se encontraba a su disposición para su consulta en la secretaria de este Juzgado, y antes de resolver acerca del oficio que solicitaba fuera remitido al Oficial número Quince del Registro Civil, a fin de que procediera a realizar la inscripción de su divorcio, dio vista personalmente a Adriana del Rocío Loria Rosado, alias Adriana del Rocío Loria Rosario, por el termino de tres días, para que expresara lo que a su derecho conveniera, tal y como se advierte a (foja 19) del cuaderno de amparo. Asimismo, en fecha seis de noviembre del año en curso, se accedió a lo solicitado por que aquí quejoso y ordeno girar oficio al Oficial Quinto del Registro Civil, para que hiciera las anotaciones correspondientes; tal y como se advierte a (foja 23), misma resolución que fue notificada el ocho de noviembre del presente año, mediante el Diario Oficial del Gobierno del Estado a (foja 24). Dicha documental, por su naturaleza pública, goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la Juez responsable, al haberse demostrado que en autos del expediente 435/1996 de origen, se emitió un acuerdo en relación a la petición, solicitada por el aquí quejoso y cuya omisión reclamó, el cual ya fue hecho de su conocimiento, tal y como se advierte de las propias constancias que remitió la responsable en vía de justificación de sus actos; de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Es así, porque la parte quejosa reclamó la violación al derecho de prontitud en la impartición de justicia a partir de la inactividad de la autoridad responsable para contestar las peticiones realizadas por el quejoso en las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria número 435/1996. Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo en vigor, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efectos la fecha y hora de la audiencia constitucional señalada para las diez horas con once minutos del cinco de diciembre del año en curso. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro.

  3. Principal

    IV. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Juez Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta Ciudad y anexo que acompaña. Ahora bien, se trae a colación que el acto que el aquí quejoso reclamó en su demanda de amparo, consistió en la omisión de contestar sus peticiones realizadas en memorial de veintisiete de julio del año en curso, en las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria número 435/1996, del índice del Juzgado Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad de Mérida. En consecuencia, del análisis de las constancias que se anexan, en relación con dicho acto, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta a la peticionaria de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reclama a la Juez Primero de lao Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad de Mérida, la omisión de contestar sus peticiones realizadas en memorial de veintisiete de julio del año en curso, en las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria número 435/1996. Ahora bien, de las constancias que remitió la Juez responsable se advierte que con fecha veintidós de septiembre del año en curso, la responsable dio contestación a las peticiones realizadas por el quejoso y le hizo saber que el expediente se encontraba a su disposición para su consulta en la secretaria de este Juzgado, y antes de resolver acerca del oficio que solicitaba fuera remitido al Oficial número Quince del Registro Civil, a fin de que procediera a realizar la inscripción de su divorcio, dio vista personalmente a Adriana del Rocío Loria Rosado, alias Adriana del Rocío Loria Rosario, por el termino de tres días, para que expresara lo que a su derecho conveniera, tal y como se advierte a (foja 19) del cuaderno de amparo. Asimismo, en fecha seis de noviembre del año en curso, se accedió a lo solicitado por que aquí quejoso y ordeno girar oficio al Oficial Quinto del Registro Civil, para que hiciera las anotaciones correspondientes; tal y como se advierte a (foja 23), misma resolución que fue notificada el ocho de noviembre del presente año, mediante el Diario Oficial del Gobierno del Estado a (foja 24). Dicha documental, por su naturaleza pública, goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la Juez responsable, al haberse demostrado que en autos del expediente 435/1996 de origen, se emitió un acuerdo en relación a la petición, solicitada por el aquí quejoso y cuya omisión reclamó, el cual ya fue hecho de su conocimiento, tal y como se advierte de las propias constancias que remitió la responsable en vía de justificación de sus actos; de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Es así, porque la parte quejosa reclamó la violación al derecho de prontitud en la impartición de justicia a partir de la inactividad de la autoridad responsable para contestar las peticiones realizadas por el quejoso en las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria número 435/1996. Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo en vigor, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efectos la fecha y hora de la audiencia constitucional señalada para las diez horas con once minutos del cinco de diciembre del año en curso. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro.

  4. Principal

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