Vilma del Consuelo Peche Ceballos

Expediente 1761/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1761/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
27/10/2021

Partes del expediente

  • Vilma del Consuelo Peche Ceballos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintisiete de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto dictado en este juicio el siete de octubre de dos mil veintiuno; con fundamento en los artículos, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del artículo 2o de la citada Ley de Amparo, se declara que el expresado auto que SOBRESEE en estos autos fuera de audiencia, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, no obra documento original y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del citado Acuerdo General, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De igual manera, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Asimismo, el cuaderno original del incidente de suspensión derivado del expediente en que se actúa, en el que se negó la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, se ubica en la hipótesis a que se refiere el artículo 21, inciso c), del Acuerdo antes citado; por tanto, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte final del acuerdo antes citado. De igual modo, de conformidad con lo previsto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del acuerdo antes citado, se determina que el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente expediente, también ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere dicho precepto. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De igual manera, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Notifíquese.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, quince de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que de ellos se advierte que obran los oficios suscritos por el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con un anexo que adjuntó, y por el Actuario adscrito a dicha Junta, ambos con sede en esta ciudad, con los que informaron acerca del cumplimiento a la ejecutoria concesoria de amparo; asimismo, mediante proveído de veintiuno de septiembre del año en curso, se dio vista a las partes con los oficios y anexo señalado para que en el término de tres días hábiles, manifestara lo que a su derecho conviniera, sin que haya esbozado aserto alguno, por lo que al haber fenecido dicho plazo este órgano judicial a continuación determinará si está cumplido o no el fallo de amparo. En este sentido, se aprecia que por sentencia definitiva dictada en este juicio de amparo en que se actúa el veintiocho de abril del año en curso, en su primer único resolutivo le concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso WILLIAM ANDRES SOSA GONGORA. Mediante diverso proveído de veinticuatro de mayo del año en curso, se declaró que causó ejecutoria la citada resolución, requiriéndose a las autoridades responsables su debido cumplimiento. De manera que las responsables de mérito, estaban obligadas a acatar la resolución referida en el párrafo que antecede, en los términos siguientes: "Finalmente, en relación con la fecha lejana que reclamó el quejoso para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, fijada para el doce de julio del año en curso, a las doce horas, y dado que de la lectura del acuerdo de veintiséis de febrero del año que nos ocupa se advierte, que se programó hasta ese día, en atención a las medidas y acciones implementadas por el Gobierno del Estado de Yucatán, debido a la declaración de pandemia realizada por la Organización Mundial de la Salud, con motivo del virus SARS-COV-2, que produce la enfermedad denominada coronavirus, a fin de evitar aglomeraciones con base en las audiencias ya programadas, lo cual representa un hecho notorio para esta juzgadora, y teniendo en cuenta que tres de las empresas demandadas no han sido emplazadas, pues el domicilio donde se constituyó la actuaria para emplazarlas, no es donde están ubicadas, procede conceder la protección de la Justicia Federal contra el acto que se reclama de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, residente en esta ciudad, y actuaria de su adscripción, para los efectos siguientes: PRIMERO. La Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, residente en esta ciudad, se abstenga en lo subsecuente de estar difiriendo la audiencia de ley, bajo el pretexto de que las demandadas no han sido emplazadas a la controversia laboral de origen, con motivo de que su actuaria no se ha constituido al o los domicilios señalados para tal efecto. SEGUNDO. El doce de julio del año en curso, a las doce horas, celebre la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, a menos que por algún motivo diverso al que los demandados no fueron emplazados porque la actuaria no se constituyó a su o sus domicilios a emplazarlos, se tenga que diferir. TRES. De manera inmediata tome las medidas pertinentes a fin de investigar el o los domicilios de las demandadas del juicio laboral Elmex Superior, Sociedad Anónima de Capital Variable, Seguridad Privada Wafen SS, Sociedad Anónima de Capital Variable y Comercializadora de Motocicletas de Calidad, Sociedad Anónima de Capital Variable, para que éstas sean emplazadas al juicio laboral de origen. CUATRO. La actuaria adscrita a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, residente en esta ciudad, una vez que obre en autos los domicilios de las citadas demandadas, las emplace de inmediato a la controversia laboral de origen (.)". Así, de las constancias que obran en este sumario, se advierte que el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, y el Actuario adscrito a dicha Junta, ambos con sede en esta ciudad, manifestaron haber dado cumplimiento a la ejecutoria, pues remitieron copia certificada de la proveído de fecha doce de julio del año en curso, dictado en autos del juicio de origen en la cual difirió la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en virtud de que la parte demandada no ha sido emplazada al juicio laboral de origen, tal y como esta ordenado en los efectos de la sentencia; asimismo, señaló nueva fecha y hora para la celebración de la misma, esto es las doce horas con treinta minutos del día dieciséis de noviembre del año en curso; asimismo, giró los exhortos correspondientes a efecto de emplazar a la parte demandada; por tanto este Juzgado Federal, considera que la sentencia dictada en el presente juicio NO SE TIENE POR CUMPLIDA, con motivo de que hasta la fecha, las demandadas en el juicio laboral de origen, no han sido emplazadas. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, requiérase al Presidente y al Actuario, ambos adscritos a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, dentro de las tres días siguientes a la de su notificación de este acuerdo, remita a este Juzgado las gestiones que se encuentra realizando a fin de dar cumplimiento al fallo protector, a efecto de que este órgano jurisdiccional se encuentre en aptitud de resolver sobre el citado cumplimiento de la ejecutoria dictada en los presentes autos; apercibido que de no cumplir con lo anterior en el lapso señalado, se les impondrá una multa mínima de cien días de unidades de medida y actualización, conforme al numeral 258, en armonía con el diverso ordinal 238, ambos del citado ordenamiento legal en vigor; así como se remitirá este expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente para seguir el trámite de inejecución. NOTIFÍQUESE POR LISTA.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, siete de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Secretario de Acuerdos en funciones de Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, perteneciente al Poder Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y anexo que adjunta, consistente en constancias del expediente 44/2018, del índice de la responsable. En ese sentido, es menester traer a colación que el acto que la parte quejosa reclamó en su demanda de amparo, medularmente lo constituye la paralización por parte de la Junta responsable, al no dictar el término de alegatos, en el juicio reclamatorio laboral 44/2018. Ahora bien, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reitera, la parte quejosa reclama la paralización por parte de la Junta responsable, al no dictar el término de alegatos, en el juicio reclamatorio laboral 44/2018. Ahora bien, de las constancias remitidas por el Secretario de Acuerdos en funciones de Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, perteneciente al Poder Judicial del Estado de Yucatán, en ausencia del titular, con sede en esta ciudad, mismas que integran este juicio de amparo, se desprende que la responsable, en fecha uno de octubre del año en curso, dictó un proveído en el que concedió a las partes el término de tres días para que presenten sus alegatos. Dichas documentales, por su naturaleza pública, goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que la responsable dictó un proveído en el que concedió a las partes el término de tres días para que presenten sus alegatos, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Es así, porque la parte quejosa reclamó la violación al derecho de prontitud en la impartición de justicia a partir de la inactividad de la autoridad responsable de dictar el término de alegatos, en el juicio reclamatorio laboral 44/2018., dentro del plazo que la ley establece, lo que en el caso se subsana con el proveído en el que concedió a las partes el término de tres días para que presenten sus alegatos. Por lo tanto, es inconcuso que en la especie se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no obstante que en el momento en que promovió la parte quejosa el presente juicio, existía la paralización impugnada; sin embargo, tal como se ha señalado, la responsable dictó el proveído en el que concedió a las partes el término de tres días para que presenten sus alegatos, de ahí, que han cesado los efectos de la aludida paralización. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejo huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la citada ley, en contra del acto reclamado a la autoridad responsable, por los motivos anotados en los párrafos que preceden. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la causal de improcedencia que se actualizó, de conformidad con la jurisprudencia 1028, que se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." En consecuencia, se deja sin efectos la fecha y hora señalada para la audiencia constitucional, programada para las DIEZ HORAS CON QUINCE DEL ONCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  4. Incidental

    AUDIENCIA INCIDENTAL. En Mérida, Yucatán, a las nueve horas con cuarenta y siete minutos del cinco de octubre de dos mil veintiuno, estando en audiencia pública Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe, se procede a celebrar la correspondiente audiencia incidental, sin la asistencia de las partes. Por tanto, la Jueza declara abierta la audiencia. En este acto, la Secretaria da cuenta con el informe previo rendido por el Secretario de Acuerdos en funciones de Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, perteneciente al Poder Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, con número de registro 15414, de la Oficialía de Partes de este Juzgado. A lo que la Jueza acuerda: Agréguese a estos autos el informe previo de cuenta y con fundamento en el artículo 140 de la Ley de amparo, téngase por rendido el mismo, para que sea tomado en consideración como corresponda. Abierto el período de pruebas y alegatos, no se da cuenta con promoción alguna, por lo que se declaran cerradas dichas etapas; en tal virtud, no habiendo promociones pendientes de proveer, a continuación, la Jueza procede a dictar la siguiente resolución. Visto para resolver, el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número III-1761/2021, promovido por VILMA DEL CONSUELO PECH CEBALLOS, contra el acto que reclama del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, perteneciente al Poder Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; y, A N T E C E D E N T E S PRIMERO. PRESENTACIÓN. Por demanda de amparo presentada ante la Oficina de correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, que por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado Tercero de Distrito, VILMA DEL CONSUELO PECH CEBALLOS, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclama del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, perteneciente al Poder Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, consistente en: La omisión de la autoridad judicial responsable de no acordar lo conducente, respecto del memorial presentado el veinticinco de junio de dos mil diecinueve ante la misma, en autos del juicio reclamatorio laboral 44/2018 de su índice, en el que solicita que la responsable dicte el término de las partes para formular alegatos. SEGUNDO.- TRÁMITE DEL INCIDENTE Por auto de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, dictado en autos del juicio de amparo III-1761/2021, se dio trámite por cuerda separada al presente incidente de suspensión y por duplicado; se pidió a la autoridad responsable su informe previo; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Juzgadora Federal es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, Constitucionales; 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como los Acuerdos Generales 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número y jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, modificado por el 8/2013, y el 21/2020 relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. SEGUNDO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Con fundamento en el artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa el acto que VILMA DEL CONSUELO PECH CEBALLOS, reclamó de la autoridad señalada como responsable, y por el cual solicitó la suspensión definitiva. El acto reclamado consistente en: La omisión de la autoridad judicial responsable de no acordar lo conducente, respecto del memorial presentado el veinticinco de junio de dos mil diecinueve ante la misma, en autos del juicio reclamatorio laboral 44/2018 de su índice, en el que solicita que la responsable dicte el término de las partes para formular alegatos. TERCERO.- CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DEL ANÁLISIS DE LA SUSPENSIÓN. El Secretario de Acuerdos en funciones de Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, perteneciente al Poder Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, al rendir su informe previo, manifestó que es cierto el acto aquí reclamado, pero refiere que ya se avocó a responder el escrito de la parte quejosa; sin embargo, no acompañó constancias conducentes para acreditar dicha aseveración, en tal virtud, no es dable tener por inexistente el acto aquí reclamado, por lo que se tiene por cierto el mismo. Ahora bien, no obstante la certeza del acto reclamado, por lo que ve a la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa; no ha lugar a conceder dicha medida cautelar toda vez que dicho acto por su naturaleza, no requiere de ejecución material alguna, por lo que es improcedente otorgar respecto del mismo tal medida, en términos de la tesis bajo el rubro siguiente: "ACTOS DE OMISIÓN, IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL SOLICITADA EN CONTRA DE LOS. Si del análisis que de los actos reclamados hace el Juez de Distrito, advierte que se hacen consistir en una abstención u omisión por parte de las autoridades responsables en la realización de dichos actos, debe considerarse que la suspensión provisional solicitada al respecto es improcedente, en virtud de que de acuerdo con su naturaleza, no requieren de ejecución material alguna; por tanto, no pueden ser materia de la medida cautelar solicitada." Se afirma lo anterior ya que sólo puede ser suspendido lo que se viene desarrollando en forma positiva, en esas condiciones es incuestionable que no existe materia de suspensión cuando lo que se combate, como en el caso, son abstenciones de las autoridades señaladas como responsables. En efecto, la suspensión que tiene por objeto evitar la consumación del acto con el consecuente perjuicio irreparable para la quejosa; en ese sentido la abstención o acto negativo, por su naturaleza misma, entraña la imposibilidad de consumación y, por lo tanto, decretar la suspensión de los mismos, no produciría efecto alguno, máxime que de concederse sería dar efectos restitutorios o constitutivos, cuando su función, como ya se dijo, es únicamente la de conservar la materia de amparo. Por lo expuesto y considerado, con fundamento en el artículo 146 de la Ley de Amparo, se establecen los siguientes puntos resolutivos y la Jueza, R E S U E L V E: ÚNICO. SE NIEGA a VILMA DEL CONSUELO PECH CEBALLOS, la suspensión definitiva del acto que reclamó del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, perteneciente al Poder Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en los considerando tercero de la presente interlocutoria. Notifíquese.

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